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Durante el año 2023, en el caso costarricense se invirtió en materia de contratación pública un monto de ¢3.002.296.012.065 (tres billones dos mil doscientos noventa y seis millones doce mil sesenta y cinco colones), el cual representa un 6,38% del Producto Interno Bruto (PIB) del país para ese año. De ahí que, resulta frecuente discutir sobre la eficiencia y eficacia en la inversión de esos recursos y cómo obtener el mejor valor por dinero desde una lectura de sostenibilidad ambiental y social que en forma inclusiva asegure el cumplimiento de objetivos de política pública en forma transparente y oportuna.

Tanto lo cuantioso de la inversión realizada como los objetivos que persigue la compra pública, hace indispensable la existencia de un modelo de control del sistema, que resulte articulado, sinérgico y oportuno en el ejercicio de las competencias de los diferentes actores; como es el caso de las entidades de fiscalización superior (EFS´s), las instancias que conocen los recursos especiales interpuestos en vía administrativa, la propia Administración desde el control interno y el rol de los tribunales de justicia.

Partiendo de ese enfoque, la Contraloría General ha estimado oportuno generar un espacio para la discusión abierta y constructiva sobre la eficacia del modelo de control en el caso costarricense y a la vez intercambiar buenas prácticas iberoamericanas que permitan trazar una visión común que garantice la consecución de resultados de valor público para la sociedad.