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La CGR presentó ante la Asamblea Legislativa el dictamen sobre los informes del cierre del ciclo de la rendición de cuentas pública, según lo dicta la Constitución Política, la Ley de Administración Financiera y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cada 1 de mayo, mismos que se encuentran disponibles en nuestro Sitio Web www.cgr.go.cr, en el apartado denominado: Rendición de cuentas de la Hacienda Pública.

Los dictámenes son los siguientes:

Dictamen sobre la Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República correspondiente al ejercicio económico 2023, DFOE-FIP-IAA-00005-2024.

Dictamen del Informe Anual 2023 Resultados del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, DFOE-FIP-IAA-0002-2024.

Dictamen del Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados Ejercicio Económico 2023 del Gobierno de la República, DFOE-FIP-IAA-00003-2024.

Informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2023, DFOE-FIP-IAA-00004-2024.

En dicha memoria anual, se aporta un documento de Opiniones y Sugestiones bajo el título "Gestión de los servicios públicos municipales: Despertar y Aprender en tiempos de cambio", a propósito de la llegada de nuevas autoridades al régimen municipal.

A partir de este jueves 2 de mayo inicia el periodo de presentación de la Declaración Jurada de Bienes Anual 2024 (DJB 2024) ante la CGR, cuyo plazo vence el miércoles 22 de mayo. Con el cambio de autoridades en los gobiernos locales, este año deben presentar sus declaraciones iniciales y finales los alcaldes, vicealcaldes y regidores, tanto los nuevos funcionarios elegidos para desempeñar el cargo a partir de este año como quienes dejan el puesto.

La obligación legal de presentar dicha declaración patrimonial recae sobre un aproximado de 21.000 funcionarios públicos, según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422. Es importante indicar que estas declaraciones (DJB) no son documentos de acceso público y, por ende, no podemos facilitar dicha información a ningún particular. El proceso de declaración es totalmente electrónico con un proceso de autogestión de la clave y la CGR ofrece asesoría para el trámite a través de las siguientes vías:

Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

Centro de llamadas: 905 DECLARE (905-3325273) / 2501-8150

Videollamadas (previa coordinación)

Servicio de atención en línea tipo WebChat disponible a lo largo de nuestro Sitio Web.

Durante el plazo estipulado estaremos informando sobre el avance en el cumplimiento de este requisito legal.

La CGR presentó hoy los resultados del Índice de Capacidad de Gestión de las Instituciones Públicas (ICG), instrumento que tiene como objetivo determinar el nivel de capacidad de gestión a partir de la información suministrada de forma voluntaria por las instituciones. El índice permite calcular indicadores que fueron definidos a partir del marco regulatorio y buenas prácticas aplicables identificadas, con el propósito de promover mejoras que posibiliten a la Administración el fortalecimiento de su capacidad de gestión y consecuentemente la generación de valor público. Esta edición contó con la participación de 290 instituciones.

A continuación resumen de resultados generales:

La CGR emitió un informe de auditoría sobre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales. Resulta relevante la revisión del tema considerando que los planes de inversión vigentes ascienden a más de ₡801 mil millones y que dentro de las competencias del AyA, se encuentra garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales, para atender las necesidades actuales y futuras del país y se impulse el desarrollo sostenible con mejores condiciones sociales, económicas y de salud para la población.

El informe concluye que el AyA no ha sido eficaz ni eficiente en la gestión de este portafolio de proyectos, limitando la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida.

A continuación se detallan los hallazgos más relevantes:

Deficiente atención de las comunidades más vulnerables. Únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable. (Índice de Desarrollo Social 2023)

Retrasos en la conclusión de un 57% de los proyectos que debían finalizar en enero 2024, afectando a 2.8 millones de personas en todo el país. Afectaciones importantes como construcción de alcantarillados sanitarios, eliminación del déficit actual de agua potable, entre otros.

Diseño y gestión incipiente del portafolio, que dificulta la resolución de problemáticas apremiantes, las cuales permitirían atender los retos asociados por ejemplo a desigualdad en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, conflictos sociales por el uso del agua, entre otros.

Deficiencias en la gestión de la información afectan la administración del tiempo, costo y alcance del portafolio. Se encontraron discrepancias importantes en datos registrados para proyectos de 3 y hasta 6 años; y las diferencias totales en los costos reales reportados ascendieron a ₡103 mil millones para agua potable y ₡137 mil millones para saneamiento.

La gestión del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios.