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A partir de este jueves 2 de mayo inicia el periodo de presentación de la Declaración Jurada de Bienes Anual 2024 (DJB 2024) ante la CGR, cuyo plazo vence el miércoles 22 de mayo. Con el cambio de autoridades en los gobiernos locales, este año deben presentar sus declaraciones iniciales y finales los alcaldes, vicealcaldes y regidores, tanto los nuevos funcionarios elegidos para desempeñar el cargo a partir de este año como quienes dejan el puesto.

La obligación legal de presentar dicha declaración patrimonial recae sobre un aproximado de 21.000 funcionarios públicos, según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422. Es importante indicar que estas declaraciones (DJB) no son documentos de acceso público y, por ende, no podemos facilitar dicha información a ningún particular. El proceso de declaración es totalmente electrónico con un proceso de autogestión de la clave y la CGR ofrece asesoría para el trámite a través de las siguientes vías:

Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

Centro de llamadas: 905 DECLARE (905-3325273) / 2501-8150

Videollamadas (previa coordinación)

Servicio de atención en línea tipo WebChat disponible a lo largo de nuestro Sitio Web.

Durante el plazo estipulado estaremos informando sobre el avance en el cumplimiento de este requisito legal.

La CGR presentó hoy los resultados del Índice de Capacidad de Gestión de las Instituciones Públicas (ICG), instrumento que tiene como objetivo determinar el nivel de capacidad de gestión a partir de la información suministrada de forma voluntaria por las instituciones. El índice permite calcular indicadores que fueron definidos a partir del marco regulatorio y buenas prácticas aplicables identificadas, con el propósito de promover mejoras que posibiliten a la Administración el fortalecimiento de su capacidad de gestión y consecuentemente la generación de valor público. Esta edición contó con la participación de 290 instituciones.

A continuación resumen de resultados generales:

La CGR emitió un informe de auditoría sobre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales. Resulta relevante la revisión del tema considerando que los planes de inversión vigentes ascienden a más de ₡801 mil millones y que dentro de las competencias del AyA, se encuentra garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales, para atender las necesidades actuales y futuras del país y se impulse el desarrollo sostenible con mejores condiciones sociales, económicas y de salud para la población.

El informe concluye que el AyA no ha sido eficaz ni eficiente en la gestión de este portafolio de proyectos, limitando la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida.

A continuación se detallan los hallazgos más relevantes:

Deficiente atención de las comunidades más vulnerables. Únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable. (Índice de Desarrollo Social 2023)

Retrasos en la conclusión de un 57% de los proyectos que debían finalizar en enero 2024, afectando a 2.8 millones de personas en todo el país. Afectaciones importantes como construcción de alcantarillados sanitarios, eliminación del déficit actual de agua potable, entre otros.

Diseño y gestión incipiente del portafolio, que dificulta la resolución de problemáticas apremiantes, las cuales permitirían atender los retos asociados por ejemplo a desigualdad en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, conflictos sociales por el uso del agua, entre otros.

Deficiencias en la gestión de la información afectan la administración del tiempo, costo y alcance del portafolio. Se encontraron discrepancias importantes en datos registrados para proyectos de 3 y hasta 6 años; y las diferencias totales en los costos reales reportados ascendieron a ₡103 mil millones para agua potable y ₡137 mil millones para saneamiento.

La gestión del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios.

Dadas las declaraciones de esta mañana en conferencia en Limón, por parte del Poder Ejecutivo, resulta imprescindible aclarar por parte de la CGR:

1. Sobre “El proyecto de construcción de la marina y terminal de cruceros de Limón” debemos informar que la CGR no ha emitido ningún criterio específico ni producto de fiscalización sobre el proyecto mencionado.


2. En relación con JAPDEVA, se recibió una denuncia presentada por particulares contra esa entidad por la emisión del Reglamento de Alianzas Estratégicas, argumentando que dicho instrumento violenta las normas de contratación pública al crear nuevas excepciones a las legalmente establecidas. Cabe recordar que, por disposición de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley General de Control Interno, existe el deber legal de resguardar la identidad del denunciante y no es posible dar copia a terceros de dicha denuncia.


3. Conforme las competencias de la Contraloría y en razón del análisis realizado, sobre el reglamento y sin referirse a ningún proyecto particular, se emiten los oficios Nro. 12176 (DFOE-DEC-2218) del 8 de septiembre de 2023 y Nro. 05668 (DFOE-DEC-2717) del pasado 22 de marzo, en donde se le recordó a JAPDEVA:
   • Su obligación de regular reglamentariamente y recurrir a la figura de alianzas estratégicas conforme los límites establecidos por el ordenamiento, de tal forma que no podrá ser utilizada para suplir infraestructura, conforme las mismas normas que autorizan la excepción de alianzas estratégicas, y el marco normativo preexistente en cuanto a concesiones y alianzas público privadas.
   • Su obligación de valorar la procedencia de recurrir a cualquier figura habilitada para efectos de suplir bienes, servicios y servicios de construcción; conforme el principio constitucional de licitación.
   • Su obligación de velar porque las alianzas estratégicas y las alianzas público privadas sean siempre utilizadas dentro de los alcances de nuestro marco normativo.
   • Que la procedencia una alianza estratégica, como una opción para la Administración no exime de observar los sistemas de contratación pública y control interno.


4. Las acciones o la aplicación del reglamento citado son responsabilidad de JAPDEVA, reiterando que el “proyecto de construcción de la marina y terminal de cruceros de Limón” no ha sido objeto de análisis en la gestión de la denuncia mencionada y, por lo tanto, no es la Contraloría General de la República la responsable de las decisiones que haya tomado al respecto las autoridades correspondientes de gestionar dichos proyectos.

La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cuyo propósito fue determinar si las acciones implementadas ante indicios de conductas presuntamente irregulares, prevención y atención de delitos se realiza conforme el marco normativo y de buenas prácticas aplicables. Acciones preventivas en esta materia son esenciales para salvaguardar el interés público y la integridad de las instituciones públicas, aspectos que en el ICE reviste de mayor importancia en función de la cuantía de recursos públicos que administra y el volumen de sus compras públicas. Estas acciones aseguran el uso eficiente de los fondos públicos, promueven la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la gestión pública y refuerzan el estado de derecho y la justicia, mejorando la percepción y competitividad de Costa Rica a nivel internacional. El período de análisis fue del 1/1/2022 y el 31/12/2023.

¿Qué encontramos?:

La alta dirección del ICE está en deuda en acciones, tanto normativas como de buenas prácticas, en materia de prevención de hechos irregulares. Algunos hallazgos a este respecto:

Prevención Detección de conductas irregulares	Denuncias y mecanismos En relación a conductas irregulares
Carece de un modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control. Tampoco se cuenta con dependencia encargada de supervisar este proceso según establece la Ley N.° 9699 y su reglamento.	No se comunica de forma efectiva la existencia de canales de denuncia, forma de uso y derechos al presentar una gestión de este tipo.
No se dirigen esfuerzos hacia el desarrollo de una cultura organizacional que priorice la prevención, detección y manejo de conductas presuntamente irregulares.	Tampoco se asegura que estos canales sean accesibles y visibles.
Ausencia de estrategia de capacitación para todos los funcionarios y partes interesadas, en temas relacionados con la prevención de fraudes, corrupción y delitos.	Carencia de procedimientos de control para atención de denuncias, investigaciones o gestión disciplinaria; que aseguren la prevención de conflictos de interés y protección de la confidencialidad del denunciante e información relevante para sustentar la apertura de procedimientos o procesos judiciales.
No se identifican y evalúan de manera formal los riesgos asociados a fraude, corrupción y otros delitos.	No existen medidas para proteger al denunciante y testigos contra represalias. Tampoco existen procedimientos para comunicar resultados a los denunciantes.
Desactualización de normativa y procedimientos relacionados a ética y prevención de conductas presuntamente irregulares; tampoco están alineados al cambio organizacional.	Ausencia de sistemas de control adecuados para el manejo y protección de información vinculada a denuncias, investigaciones y procedimientos administrativos.
Inexistentes mecanismos y controles para supervisar plazos de caducidad y prescripción en procedimientos disciplinarios. Falta de registros para el seguimiento de plazos y sistemas de alerta ante posibles vencimientos.

La CGR emitió un informe de auditoría del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sobre la formulación y seguimiento de la planeación estratégica institucional (PEI), formulada para el periodo 2024-2030. Resulta relevante ya que este Ministerio está encargado de vigilar, proteger la soberanía nacional, conservar el orden público, velar por la seguridad de los habitantes, entre otros. Se analizaron las prácticas y tareas ejecutadas para la formulación, el alineamiento, el seguimiento, la transparencia y la rendición de cuentas; concluyendo que el Ministerio no cumple con los elementos que forman parte del marco normativo y buenas prácticas aplicables para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica institucional.

Hallazgos relevantes:

El PEI vigente muestra una declaratoria de valor público que fue tomada del PEI anterior (2019-2023), y en ninguno de los casos deriva de un análisis que asegure la atención de los problemas y demandas ciudadanas con las acciones por realizar.

El PEI vigente no refleja la vinculación de los objetivos, metas e indicadores con lo establecido en la Política Nacional de Seguridad Pública - Costa Rica Segura Plus 2023-2030, que permita medir el aporte en la consecución de los objetivos planteados en ese instrumento.

El Ministerio no dispone de un plan de adquisiciones de mediano plazo que promueva el análisis de las necesidades cuantitativas y cualitativas de bienes institucionales para cumplir con sus objetivos.

No se llevó a cabo un análisis sistemático en el seguimiento del PEI anterior (2019-2023) que permita determinar que la información es suficiente para la toma de decisiones en relación a la formulación del PEI actual.

El MSP no cuenta con un sistema de seguimiento para verificar el avance en el cumplimiento del PEI vigente, lo que provoca limitaciones para la toma de decisiones oportuna que impulse el cumplimiento de la estrategia, el uso eficiente de los recursos, la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de resultados.

La CGR resolvió tres recursos de apelación interpuestos por la empresa TÜV Rheinland Certio, S.L., Consorcio Applus CR y Consorcio DEKRA en contra del acto que declaró desierta la Licitación Mayor 2023LY-000002-0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), para la prestación del servicio de inspección técnica vehicular a nivel nacional.

Para contextualizar: el COSEVI determinó dos ofertas inelegibles en dicho concurso y, aunque contaba con una oferta elegible, declaró desierto el concurso (no adjudicó a ninguna oferta), lo cual fue anulado por la CGR en la medida que al menos una oferta adicional podría ser potencialmente elegible y ello permitiría continuar con la segunda etapa del concurso.

¿Qué se resolvió en los recursos?

Recurso interpuesto por el Consorcio DEKRA: se declara sin lugar en tanto no desvirtuó el incumplimiento de la capacidad financiera que se requería para el periodo 2022, pues no era posible modificar responsabilidad fijada en el acuerdo consorcial.

Recurso interpuesto por la empresa TÜV Rheinland Certio, S.L.: se declara parcialmente con lugar para que se revise la experiencia técnica aportada y el cumplimiento del requisito de 25 millones de inspecciones integrales.

Recurso interpuesto por el Consorcio Applus CR: se declara sin lugar en tanto los estudios de mercado reclamados correspondían a segunda etapa y considerando que la anulación del acto podría permitir el concurso para la operación de la inspección técnica vehicular.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde al COSEVI atender lo resuelto respecto a la experiencia técnica aportada por uno de los miembros del grupo de interés económico de TÜV Rheinland Certio, S.L. y determinar si se cumple con lo requerido como experiencia técnica. En caso de que dicha empresa resulte elegible, la Administración podrá proceder con la segunda etapa del concurso, ya que el Consorcio Applus CR mantiene su elegibilidad para resultar seleccionado. Este proceso está en manos de la Administración exclusivamente.

La Contralora General Marta Acosta Zúñiga, expone en este momento ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, respecto de los expedientes legislativos:

No. 24.100 Interpretación auténtica de los artículos 66 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, Ley No. 9986.

No. 24.099 Reforma de los artículos 66 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, Ley No. 9986.

La CGR resolvió 2 recursos de apelación interpuestos por los Consorcio E-PASS y DSI DPS SIGNE IQUANTICS en contra del acto de adjudicación de la Licitación Mayor 2023LY-000025-0001000001, promovida por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para la la adquisición de tags pasivos RFID y servicios para marchamo digital.

El INS adjudicó al Consorcio PC Central Neology esta licitación (por un monto para las líneas 1 y 2 de: $5.531.350,00 y para las líneas No. 3, 4 y 5: de cuantía inestimable) y dos consorcios (que no resultaron adjudicados) apelaron dicho acto de adjudicación ante la CGR, siendo que una de las apelaciones lleva razón en sus argumentos por lo que la CGR anula entonces el acto de adjudicación. El proceso licitatorio se devuelve entonces únicamente a la etapa de evaluación de las ofertas elegibles (última etapa del proceso de compra).

¿Cómo se resolvieron los recursos?

Recurso interpuesto por el Consorcio E-PASS: se declara con lugar, por cuanto su oferta fue declarada elegible por parte del INS y logra acreditar un incumplimiento del consorcio adjudicatario PC Central Neology, en cuanto se omitió cotizar aspectos requeridos por el INS para la línea No.5 lo que implicó un precio incierto.

Recurso interpuesto por el Consorcio DSI DPS SIGNE IQUANTICS: se declara sin lugar, por confirmarse el incumplimiento señalado por el INS en cuanto a la falta de cotización de un producto terminado para cada una de las etiquetas requeridas en las líneas No. 1, 2, 3 y 4.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde al INS atender la resolución y determinar si procede el dictado de un nuevo acto final, asunto que es de su entera responsabilidad.

La CGR realizó una auditoría en la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud (MS) con el objetivo de determinar si el servicio de vigilancia epidemiológica efectuado por dicha Dirección cumple razonablemente con el marco normativo y técnico aplicable para anticipar necesidades actuales y futuras de la población, considerando la atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad. El análisis consideró las acciones realizadas para el direccionamiento, funcionamiento y mejora continua del servicio, entre el 1 de enero de 2020 y hasta el 30 de junio de 2023.

Hallazgos del estudio:

El MS no cumple con la mayoría de aspectos significativos del marco normativo para el servicio de vigilancia epidemiológica y los procedimientos internos de trabajo no se han actualizado desde 2007 ni se han adaptado a los desafíos del entorno post pandemia COVID 19.

No fue posible determinar acciones de direccionamiento para la ejecución de programas activos de vigilancia.

La integridad, confidencialidad y seguridad de la información generada por la vigilancia epidemiológica se compromete dado que se realiza manualmente por parte de múltiples actores y el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Automatizado (SINAVISA) carece de identificación y documentación de 3176 permisos a usuarios.

Se identificó que de los 61 tipos de reportes sobre estadísticas e información de eventos de salud que pueden generarse, solo 5 muestran la información y los restantes 56 emiten un error que imposibilita desplegarla.

No consta que se analice la totalidad de los eventos de salud de notificación obligatoria ni se efectúan análisis epidemiológicos para describir el perfil epidemiológico de la población y sus tendencias.

La CGR recibió hoy a la Presidencia de la República en una reunión de trabajo, sobre distintos temas.

A continuación se resume la nota de respuesta al Presidente sobre la reunión solicitada:

• La reunión se efectuará el jueves 01 de febrero, 2:00 pm, piso 13 de la CGR.
• Habrá transmisión en directo desde el canal oficial de la CGR en Youtube: https://www.youtube.com/cgrcostarica
• La reunión fue solicitada por el Presidente y en la sala de la reunión participan únicamente las personas indicadas por el Presidente.
• Sobre los temas, ver la nota de respuesta dadas las restricciones legales aplicables.
• Sobre la dinámica habitual de estas reuniones, se indica: los solicitantes expondrán los asuntos indicados de previo, y la Contralora y su equipo gerencial atenderán lo que proceda conforme nuestras competencias, sin que esta reunión tenga capacidad resolutiva. Debemos recordar que los criterios oficiales de la Contraloría se vierten sobre gestiones puntuales tramitadas conforme el procedimiento formal y no de forma verbal en ninguna instancia presencial.

Se comparte la nota de respuesta de la Contralora General a solicitud de reunión del Presidente de la República.

Informamos de oficio dadas las consultas de prensa al respecto.

La CGR facilita a continuación una serie de información, recursos y enlaces a sistemas, producto de sus distintos procesos de fiscalización, que pueden resultar de interés para el análisis de la realidad de los Gobiernos Locales. Además se disponen dos infografías sobre el ciclo presupuestario de las Municipalidades y el ciclo de competencias de la CGR en relación a las municipalidades, así como un video con temas municipales de la Gerente del área de fiscalización de Desarrollo Local de la CGR, Vivian Garbanzo Navarro.

La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) respecto del cumplimiento del Título III de la Ley No. 9635 y la Ley No. 2166, en relación al reconocimiento de sobresueldos y dietas en dicha institución, y si esta gestión se apega al marco normativo aplicable. Al respecto se analizaron los siguientes rubros: antigüedad, dedicación exclusiva, carrera profesional, prohibición, plus de notariado, sobresueldos para profesionales en salud y las dietas, todo ello para el periodo comprendido del 1 de enero 2022 al 30 de junio 2023.

A continuación principales hallazgos:

Reconocimiento "carrera profesional". Se continuó otorgando puntos por el factor de experiencia laboral de carácter profesional, lo cual se encuentra restringido en el art. 40 de la Ley No. 2166. Al menos CRC 1.171,37 millones en los últimos cuatro años, pagados de más.

Dedicación exclusiva. 2772 contratos suscritos sin plazo, previo a la entrada en vigencia de la ley, se mantienen a tiempo indefinido; 43 de estos casos tampoco registran fecha de inicio.

Carrera profesional. Se encontraron 177 inconsistencias en la base de datos donde el último grado académico de la persona funcionaria muestra bachiller, con un porcentaje de 55% sobresueldo reconocido, siento lo correcto para ese grado académico 20%.

Nominalización de sobresueldos. Se detectaron errores que implicaron posibles sumas pagadas de más de al menos CRC 2,02 millones, montos que incluso podrían ser mayores, y que a futuro van a seguir creciendo si no se ajusta el cálculo a la normativa aplicable.

Anualidad. La fórmula de cálculo para anualidades reconocidas y ganadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley No. 9635 no corresponde a la definida en esta Ley; se incluyó un factor de corrección a la anualidad que ajusta indefinidamente el monto que reciben las personas funcionarias. Esto expone a la administración a riesgos de generar pagos de más.