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El área de Fiscalización de Servicios Económicos de la CGR realizó una auditoría para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la colocación de recursos del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE), mediante la cartera de créditos vigente al 31 de diciembre de 2017, la cual se encontraba compuesta por 14.689 operaciones, formalizadas tanto por operadores financieros como por agentes colocadores acreditados por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), regulados o no regulados por la SUGEF; y con un saldo principal de ₡108.662,7 millones de colones.

El FINADE cuenta con un patrimonio autónomo de ₡163.159,2 millones -al 30 de septiembre de 2017- y fue creado en la Ley del SBD como un instrumento operativo para financiar e impulsar proyectos productivos que permitan la inclusión financiera y económica de los beneficiarios del SBD.

Resutados del estudio

De una muestra de 166 operaciones crediticias, con un saldo principal de ₡10.588,1 millones, al 31 de diciembre de 2017:

• En 153 expedientes de crédito (92%) se evidencia el incumplimiento de al menos una condición requerida para su otorgamiento.

• En un 13% de los casos no documentó suficientemente la capacidad de pago del deudor.

• El 43% de los casos analizados no cuentan con información suficiente que permita concluir sobre la viabilidad del proyecto financiado.

• En 28% de los casos la información del expediente resultó ser insuficiente para demostrar la condición del deudor como beneficiario del SBD.

• Un 11% de los créditos incumplió al menos una de las condiciones financieras relacionadas con tasa de interés, límite máximo de financiamiento, plan de inversión y plazo máximo de financiamiento.

• En un 45% no se comprobó que se efectuara el análisis e identificación de los posibles grupos de interés económico del deudor.

• En un 80% no se demostró el seguimiento que debe realizar el operador financiero sobre el financiamiento y el proyecto respectivo.

• Existen 1.198 operaciones de crédito por un monto aproximado de ₡3.400 millones, con tasas de interés otorgadas al beneficiario final que exceden la tasa de interés aprobada por el Consejo Rector en el respectivo programa de crédito, llegando incluso a ser del 43,90%.

La CGR dará seguimiento a las disposiciones correctivas emitidas en el informe.

El Área de Desarrollo Local emitió el informe DFOE-DL-IF-15-2018, el cual tuvo como objetivo evaluar la razonabilidad de los controles y buenas prácticas establecidos en el proceso de contratación administrativa de la Municipalidad de Limón.

A ese municipio se le asigna una significativa cantidad de recursos públicos que para el periodo comprendido entre el 2016 y 2017 fue de ¢3.485,78 millones equivalentes a 397 procedimientos adjudicados a 173 proveedores.

La CGR revisó una muestra de expedientes de contratación administrativa por ¢1.318,99 millones, que equivalen al 38% de monto total de procedimientos adjudicados en los años 2016 y 2017. Estos fueron los principales hallazgos:

Omisión de pasos indispensables en la selección de ofertas:

Falta de requisitos en ofertas presentadas por los proveedores:

Se giran disposiciones para corregir la problemática detectada en el informe a las autoridades competentes.

 

El Área de Servicios de Infraestructura de la CGR emitió un informe de auditoría sobre el diseño e implementación de mecanismos efectivos para promover una gestión administrativa transparente en el proceso de otorgamiento y control del servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad de taxi en el Consejo de Transporte Público –CTP-.

A mayo de 2018, el CTP tiene concesionadas 11.189 placas para el servicio público modalidad taxi, con vencimiento en el 2024, y cuya prestación debe procurar la satisfacción de una necesidad colectiva de transporte, que impacta directamente al usuario y a la ciudadanía en general. Se resumen de seguido los hallazgos del estudio:

	Ausencia de procedimientos/actividades para controlar el uso de las concesiones en cuanto a calidad del servicio público y enfoque al usuario, pues no se evalúan ni propicia mejoras en la prestación del servicio pese a las obligaciones de los concesionarios, características definidas para las unidades de trabajo, causales de sanción y caducidad de las concesiones plasmadas en los contratos.
	Carencia de respaldo documental que permita valorar la trazabilidad del proceso desde la adjudicación inicial y la renovación de las concesiones de placas de taxi, producto de la ausencia de regulación interna, debilidades e insuficiencia de esta información, así como una deficiente gestión de archivo.
	Falta de transparencia institucional dado que no se han implementado en su totalidad los lineamientos emitidos por el Poder Ejecutivo para el acceso a la información y apertura de datos, así como la definición de acciones para fortalecer una gestión transparente, incluyendo mecanismos establecidos para el control ciudadano.