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Ante múltiples consultas sobre la posibilidad de aplicar el artículo 209 del Reglamento de Contratación Administrativa como solución temporal (mientras está en curso una licitación internacional) para el contrato de tobilleras electrónicas para privados de libertad bajo ese régimen, lo que requiere la Administración -Ministerio de Justicia y Paz- para su implementación es el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• El contrato debe haber concluido pero requerirse suministros o servicios adicionales de igual naturaleza.
• El contratista debe aceptar el contrato adicional.
• El nuevo contrato se debe desarrollar sobre las bases del precedente.
• Se deben mantener los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las obligaciones anteriores No obstante se pueden presentar mejoras en esas condiciones en que se ejecutó el contrato anterior.
• En todo caso, el monto del nuevo contrato no puede ser mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas.
• En los contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. De tal forma que ese es un elemento a considerar según el contrato original.
• No debe haber transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir de esta fecha.
• Se debe determinar que el contratista no haya incurrido en ningún incumplimiento grave.
• Se debe incluir en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se justifica el nuevo contrato.

Estas condiciones deben estar determinadas por la Administración así como el resto de requisitos legalmente procedentes como: contar con el contenido presupuestario para cubrir las nuevas obligaciones, verificar que se mantenga el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, pagos de tributos, que no existan prohibiciones, ampliar garantías de cumplimiento, entre otros.

El uso del artículo 209 no se tramita ni requiere autorización de la Contraloría General de la República y queda bajo entera responsabilidad de la Administración la verificación de todo lo anteriormente indicado. No nos referiremos adicionalmente a este tema dado que queda en manos de la Administración.

La CGR estará realizando la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos 2021, del 8 al 24 de febrero. Esta será aplicada por funcionarios de la Institución, vía telefónica, a personas mayores de 18 años, y de forma anónima. El objetivo es conocer la percepción de la ciudadanía sobre la eficiencia de un conjunto de servicios públicos tales como: transporte público, servicios de electricidad, agua, conectividad a internet, servicios municipales, seguridad pública, educación pública, salud pública (EBAIS, clínica y hospitales) servicio de justicia, servicio de bonos de vivienda y gestión financiera.

La persona que aplica la entrevista se identificará claramente como funcionaria de la institución, pero si se tiene dudas al respecto, el ciudadano puede verificar la información sobre la aplicación de la encuesta en nuestra dirección electrónica www.cgr.go.cr, donde encontrará incluso el cuestionario que se está aplicando, o bien plantear cualquier consulta al teléfono 2501-8000.

Garantizamos que la información será resguardada de forma segura y confidencial, en tanto se procesan los datos, posterior a esto la información será eliminada.

La CGR autorizó al Ministerio de Educación Pública para contratar de manera directa el servicio de transporte, de rutas de transporte de estudiantes, para el período lectivo 2021, por un monto límite de ¢3.894.351.864 millones de colones, según monto fijado por el propio presupuesto de la Administración. Dicha autorización fue notificada a la administración el jueves 04 de febrero.

La CGR emitió un oficio de respuesta a la gestión planteada por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), cuya pretensión era prorrogar el contrato de tobilleras del MJP con argumentos que ya en anterior oportunidad se había indicado, con claridad y contundencia, no es viable, pero además mediante un trámite improcedente.

Es necesario señalar, dadas las declaraciones de las autoridades de ese ministerio sobre el tema, que la correcta planificación y la oportuna presupuestación de un contrato público es responsabilidad exclusiva de la Administración. Pretender que severos problemas en esos aspectos de la gestión deba solventarlos ahora la CGR, siendo una gestión tardía (a unas semanas de vencer el contrato) e incompleta (no tienen dinero) no es pertinente.