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El área de Servicios Económicos de la CGR realizó una auditoría para verificar la gestión de financiamientos reembolsables, otorgados por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), cuyo objetivo es el desarrollo regional sostenible e integral de los cantones Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus; determinando que, al 31 de diciembre 2018, el saldo pendiente de cobro era de ¢11.926 millones de colones, de los cuales ¢2.298,3 millones presentaban atraso y ¢4.214,6 millones se encontraban en cobro judicial, en razón de deficiencias en la estrategia de gestión de cobro.

Se determinó además que JUDESUR:

• No dispone de una estrategia crediticia para la selección y priorización de financiamientos reembolsables.
• Inexistencia de identificación, evaluación y administración de riesgos inherentes a la gestión de financiamientos.
• Debilidades en la gestión de cobros y la calidad de la información contable.

El Área de Servicios Económicos de la CGR, realizó una auditoría para verificar la funcionalidad y suficiencia de los sistemas automatizados que soportan la gestión de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), determinando que esa Dirección ha invertido US$2.995.521 entre 2011 y 2019 en sistemas informáticos, para la gestión de las pensiones con cargo al presupuesto nacional.

El informe determina que aún existen procesos como declaración de derechos, pago de períodos anteriores, sumas giradas de más, gestión de asesorías y manejo de expedientes, que no son soportados por los sistemas automatizados pese a las acciones e inversión realizadas por la Administración.

La auditoría reflejó debilidades significativas en la administración de las Tecnologías de Información (TI) en el MTSS, mismas que provocan retrasos, pese a la inversión:

Principales debilidades
	Deficiencias en la planificación estratégica de las TI y en el funcionamiento de la Comisión Institucional de TI.
	Desactualización de las políticas en materia de seguridad de la información y administración de proyectos de TI.
	Ausencia de planes de contingencia en caso de incidentes e interrupciones de servicio.
	Dependencia de terceros (contrataciones) para procesos críticos como: resguardo de la información, mantenimiento y soporte de los sistemas.

 

El área de Fiscalización de Servicios Ambientales y Energía de la CRG, realizó una auditoría para determinar si la gestión del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste, (PIAAG) ha sido ejecutada según normativa de MIDEPLAN. Ese programa es parte de los Planes Nacionales de Desarrollo 2015-2018 y 2019-2022; y atiende a necesidades importantes como minimizar la brecha de infraestructura hídrica de Guanacaste, abastecer la demanda del agua en sectores agropecuarios, turismo y consumo humano, así como generar adaptación al cambio climático.

 

Hallazgos del informe

• Se incluyeron componente que no corresponden a proyectos de inversión

• Debilidades en el diseño, direccionamiento y modelo de administración del programa

• Debilidades en el proyecto PAACUME, que representa un 70% del total de recursos del Plan

El área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR emitió, por segundo año consecutivo, el Índice Institucional de Disposiciones y Recomendaciones, en el cual evalúa más de 100 instituciones con respecto a la eficacia, eficiencia y gestión, en la atención de las disposiciones emitidas mediante informes de auditoría de la CGR. A efectos de presentar un ranking de resultados, se establecen cuatro grupos, conforme a criterios de complejidad en la estructura organizativa y cantidad de disposiciones emitidas por la Contraloría. Las calificaciones generales oscilaron en 70 puntos.

De la totalidad evaluada el año anterior, el 45% lograron incrementar su puntuación, lo cual es positivo. Además este año algunas entidades obtuvieron calificación “Excelente”, lo que denota un esfuerzo por superar los desafíos, en el avance hacia una cultura de mejora continua y compromiso en los gestores públicos. Las temáticas con mayores retos son:

• Gestión de la red Vial Nacional y Cantonal.
• Reestructuración de la evaluación ambiental estratégica.
• Infraestructura educativa.
• Fortalecimiento de la gestión fiscal, entre otros.