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El área de Administración Financiera de la CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Hacienda para determinar si se han implementado mecanismos efectivos en el proceso de denuncia ciudadana (año 2017 a marzo de 2018). El proceso de denuncia lo realizan los ciudadanos sobre ilícitos fiscales y sobre actuaciones incorrectas de funcionarios, tanto vía la plataforma digital Denuncie YA como por medios físicos y correo electrónico en el Ministerio de Hacienda.

Hallazgos del estudio

• No existe un único medio para recepción y seguimiento del total de denuncias ciudadanas. En 2017 un 43,4% de las denuncias por ilícitos fiscales ingresaron por otros canales diferentes a Denuncie YA y no se consolidan en ningún sistema.

• Un 19,2% de las denuncias presentadas en Denuncie YA en 2017 se rechazaron debido a que los canales de denuncia ciudadana no facilitan el cumplimiento de los requisitos mínimos que se deben presentar al interponer una denuncia.

• Ausencia de un consecutivo único institucional para cada denuncia lo que impide su seguimiento a lo largo de todo el proceso.

• No hay un procedimiento que englobe y estandarice aspectos generales del registro y seguimiento de las denuncias ciudadanas en cualquier modalidad, a pesar de la existencia de procedimientos particulares en cada Dirección del Ministerio.

• Ausencia de controles cruzados que garanticen la transparencia en el proceso de denuncia por actuación incorrecta de funcionarios, así como un procedimiento general para su ingreso y seguimiento.

Se giran disposiciones al Ministerio de Hacienda para solventar las debilidades señaladas en este informe, mismo que tendrá por parte de CGR el seguimiento de disposiciones correspondiente.

El Área de Desarrollo Local realizó una revisión de la gestión de los procesos de recaudación y ejecución de los recursos provenientes del impuesto sobre bienes inmuebles en las municipalidades de Barva, Esparza, Goicoechea, La Cruz, San Ramón, Santa Cruz y Tibás, con el objetivo de evaluar la conformidad de dicha gestión a la luz de los principios establecidos en el ordenamiento jurídico y técnico vigente.

• Se determinó que los gobiernos locales de Barva, Esparza), San Ramón, Santa Cruz y Tibás) han presentado una brecha tributaria –diferencia entre la recaudación efectiva y la recaudación potencial- superior al 20%, dejando de percibir sumas que oscilan entre ¢161,0 millones y ¢1.643,7 millones.

• Existe una cantidad considerable de propiedades para las cuales los sujetos pasivos no presentaron la declaración de bienes inmuebles según lo establecido en la normativa vigente. existiendo 9130 declaraciones de bienes inmuebles no recibidas en Barva, 8135 en Esparza, 21741 en Goicoechea y 28184 en Santa Cruz; cantidad conformada tanto por los contribuyentes omisos o por sujetos pasivos a los que se les venció el plazo de 5 años contemplado en la Ley N.° 7509 y sus reformas.

• Únicamente la Municipalidad de Goicoechea ha hecho efectivo el cobro por concepto de la multa por la no presentación de la declaración de bienes inmuebles; lo cual a manera de ejemplo, le ha generado a ese gobierno local en el 2018 ingresos adicionales por aproximadamente ¢117,9 millones.

• Al 31 de diciembre de 2017, las siete municipalidades fiscalizadas, en su conjunto, registraron un monto de morosidad por concepto del IBI de ¢4.681,2 millones. Asimismo, en el periodo del 2013 al 2017, en estos gobiernos locales, la morosidad del IBI representa en promedio desde un 26,7% hasta un 56,6%.

• Asimismo, de la cifra acumulada por las municipalidades fiscalizadas pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2017 -¢4.681,2 millones-, un total de ¢1.255,1 millones (26,8%) se vinculan con sumas en riesgo de prescripción (Barva ¢116,8 millones, Esparza ¢26,0 millones, Goicoechea ¢426,5 millones, La Cruz ¢17,6 millones, San Ramón ¢58,7 millones, Santa Cruz ¢522,5 millones y Tibás ¢87,0 millones); es decir, tributos que eventualmente no entrarían a las arcas municipales, considerando que la Ley N° 7509 fija un término de prescripción de tres años; situación que podría ocasionar un eventual perjuicio para la Hacienda Pública Municipal.

Se hacen recomendaciones a los gobiernos locales con el fin de contribuir a la mejora en la gestión. Adjunto audio de la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Desarrollo Local de la CGR, quien resume los hallazgos del informe.

En el marco de la actual discusión fiscal, el área de Administración Financiera de la CGR realizó una auditoría en la Dirección General de Aduanas -DGA- para evaluar el cumplimiento de la normativa aduanera que regula la determinación del valor aduanero en importaciones, específicamente en el tratamiento de los cánones o derechos de licencia, en el periodo 2013 a 2017.

Los cánones o derechos de licencia corresponden al pago de una regalía producto del uso y explotación de marcas/nombres comerciales. Estos forman parte del valor aduanero de las mercancías importadas, sobre el cual se debe realizar el pago de impuestos.

La cantidad de marcas registradas a nivel mundial ha venido en aumento al pasar de 4,6 millones en 2004 a 9,8 millones en 2017. Sin embargo, en nuestro país, los impuestos al valor aduanero muestran tendencia hacia la desaceleración en la recaudación, ya que pasaron de crecer a una tasa del 10,0% en junio de 2016 a 0,6% en diciembre de 2017.

Hallazgos de la auditoría

• Entre 2013-2017, sólo un 0,1% de las DUA (declaración única aduanera) de importación consignaron canon.

• Dos empresas declararon el 88% del total del canon.

• El 89% de los importadores declararon un monto total de canon sobre el que se calcula los impuestos a pagar en aduanas, menor a los US$1.000 en los cinco años analizados, y el 46% de los importadores lo hicieron por un monto menor a los US$100.

• En el periodo 2013-2017, la cantidad de estudios de control relacionados con cánones, realizados por el el DGA, es baja.

Año	Cantidad de estudios realizados	Monto determinado (₡)	Monto recuperado (₡)	% recuperado del total determinado
2013	2	152.441.414	0	0%
2014	3	195.196.225	97.691.177	50%
2015	0	0	0	n.a.
2016	5	1.283.093.234	113.294.159	9%
2017	4	210.784.540	0	0%

• Los montos determinados en dichos estudios -a excepción de los realizados en el año 2016- y los montos recuperados también son bajos (cero o menores al 50%).

• Ausencia de un registro completo y actualizado de importadores habituales, listas de precios y catálogos de mercancías relacionados a cánones.

• Necesidad de mejorar la planificación y coordinación en la ejecución del proceso de valoración aduanera asociado a cánones y derechos de licencia.

Se giran disposiciones a la Dirección General de Aduanas para solventar las debilidades señaladas en este informe, mismo que tendrá, por parte de CGR, el correspondiente seguimiento de disposiciones

En el marco de la actual discusión fiscal en nuestro país, el Área de Administración Financiera de la CGR realizó un estudio sobre el esquema salarial en los Ministerios de Gobierno. En el documento se desarrollan los retos para la modernización del esquema remunerativo en gobierno central (documento adjunto).

La CGR emite esta opinión a la Asamblea Legislativa con el fin de dar aportes técnicos que sirvan de apoyo a los tomadores de decisiones y que enriquezcan el debate fiscal nacional, a partir de un análisis sobre cifras efectivas y objetivas. A partir de la página 21 del documento, se exponen simulaciones de distintos modelos salariales para funcionarios de nuevo ingreso que permitirían impactar la actual situación fiscal.

Resultados del estudio

Existen graves disparidades salariales en el esquema remunerativo de los Ministerios de Gobierno, (el cuál es un sector muy homogéneo en términos de la normativa sobre salarios que le aplica), a partir de cifras del 2016:

• Disparidades salariales en iguales puestos de trabajo (horizontal) así como disparidades inconsistentes con las responsabilidades asignadas (vertical).

• Los incentivos basados en el desempeño se otorgan casi a la totalidad de funcionarios sin que garantice la sostenibilidad del esquema remunerativo.

• Modelo de remuneraciones de Ministerios de Gobierno no tienen revisión periódica y con algunas brechas respecto del sector privado.

• La estructura del modelo de remuneraciones no garantiza su sostenibilidad fiscal.

¿Cómo debería ser el esquema salarial en el sector público?

Existen principios generales hacia los cuales se pueden orientar los esquemas de remuneraciones en el sector público, con el objetivo de contar con recurso humano motivado, efectivo y eficiente:

• Necesidad de transición a sistema remunerativo en el que los incentivos salariales se vayan ajustando a los principios citados y, a la vez, se reviertan las disparidades señaladas.

• Necesidad de revisar el sistema de evaluación del desempeño individual y su ligamen al sistema remunerativo, de modo que las capacidades y características del personal contratado favorezcan la consecución de las metas y objetivos de la gestión institucional.

• Revisión sistemática y periódica del esquema de remuneraciones.