Noticias CGR | Noticias anteriores CGR

La CGR presentó hoy los resultados del Índice de Capacidad de Gestión de las Instituciones Públicas (ICG), instrumento que tiene como objetivo determinar el nivel de capacidad de gestión a partir de la información suministrada de forma voluntaria por las instituciones. El índice permite calcular indicadores que fueron definidos a partir del marco regulatorio y buenas prácticas aplicables identificadas, con el propósito de promover mejoras que posibiliten a la Administración el fortalecimiento de su capacidad de gestión y consecuentemente la generación de valor público. Esta edición contó con la participación de 290 instituciones.

A continuación resumen de resultados generales:

La CGR emitió un informe de auditoría sobre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales. Resulta relevante la revisión del tema considerando que los planes de inversión vigentes ascienden a más de ₡801 mil millones y que dentro de las competencias del AyA, se encuentra garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales, para atender las necesidades actuales y futuras del país y se impulse el desarrollo sostenible con mejores condiciones sociales, económicas y de salud para la población.

El informe concluye que el AyA no ha sido eficaz ni eficiente en la gestión de este portafolio de proyectos, limitando la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida.

A continuación se detallan los hallazgos más relevantes:

Deficiente atención de las comunidades más vulnerables. Únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable. (Índice de Desarrollo Social 2023)

Retrasos en la conclusión de un 57% de los proyectos que debían finalizar en enero 2024, afectando a 2.8 millones de personas en todo el país. Afectaciones importantes como construcción de alcantarillados sanitarios, eliminación del déficit actual de agua potable, entre otros.

Diseño y gestión incipiente del portafolio, que dificulta la resolución de problemáticas apremiantes, las cuales permitirían atender los retos asociados por ejemplo a desigualdad en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, conflictos sociales por el uso del agua, entre otros.

Deficiencias en la gestión de la información afectan la administración del tiempo, costo y alcance del portafolio. Se encontraron discrepancias importantes en datos registrados para proyectos de 3 y hasta 6 años; y las diferencias totales en los costos reales reportados ascendieron a ₡103 mil millones para agua potable y ₡137 mil millones para saneamiento.

La gestión del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios.

Dadas las declaraciones de esta mañana en conferencia en Limón, por parte del Poder Ejecutivo, resulta imprescindible aclarar por parte de la CGR:

1. Sobre “El proyecto de construcción de la marina y terminal de cruceros de Limón” debemos informar que la CGR no ha emitido ningún criterio específico ni producto de fiscalización sobre el proyecto mencionado.


2. En relación con JAPDEVA, se recibió una denuncia presentada por particulares contra esa entidad por la emisión del Reglamento de Alianzas Estratégicas, argumentando que dicho instrumento violenta las normas de contratación pública al crear nuevas excepciones a las legalmente establecidas. Cabe recordar que, por disposición de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley General de Control Interno, existe el deber legal de resguardar la identidad del denunciante y no es posible dar copia a terceros de dicha denuncia.


3. Conforme las competencias de la Contraloría y en razón del análisis realizado, sobre el reglamento y sin referirse a ningún proyecto particular, se emiten los oficios Nro. 12176 (DFOE-DEC-2218) del 8 de septiembre de 2023 y Nro. 05668 (DFOE-DEC-2717) del pasado 22 de marzo, en donde se le recordó a JAPDEVA:
   • Su obligación de regular reglamentariamente y recurrir a la figura de alianzas estratégicas conforme los límites establecidos por el ordenamiento, de tal forma que no podrá ser utilizada para suplir infraestructura, conforme las mismas normas que autorizan la excepción de alianzas estratégicas, y el marco normativo preexistente en cuanto a concesiones y alianzas público privadas.
   • Su obligación de valorar la procedencia de recurrir a cualquier figura habilitada para efectos de suplir bienes, servicios y servicios de construcción; conforme el principio constitucional de licitación.
   • Su obligación de velar porque las alianzas estratégicas y las alianzas público privadas sean siempre utilizadas dentro de los alcances de nuestro marco normativo.
   • Que la procedencia una alianza estratégica, como una opción para la Administración no exime de observar los sistemas de contratación pública y control interno.


4. Las acciones o la aplicación del reglamento citado son responsabilidad de JAPDEVA, reiterando que el “proyecto de construcción de la marina y terminal de cruceros de Limón” no ha sido objeto de análisis en la gestión de la denuncia mencionada y, por lo tanto, no es la Contraloría General de la República la responsable de las decisiones que haya tomado al respecto las autoridades correspondientes de gestionar dichos proyectos.

La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cuyo propósito fue determinar si las acciones implementadas ante indicios de conductas presuntamente irregulares, prevención y atención de delitos se realiza conforme el marco normativo y de buenas prácticas aplicables. Acciones preventivas en esta materia son esenciales para salvaguardar el interés público y la integridad de las instituciones públicas, aspectos que en el ICE reviste de mayor importancia en función de la cuantía de recursos públicos que administra y el volumen de sus compras públicas. Estas acciones aseguran el uso eficiente de los fondos públicos, promueven la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la gestión pública y refuerzan el estado de derecho y la justicia, mejorando la percepción y competitividad de Costa Rica a nivel internacional. El período de análisis fue del 1/1/2022 y el 31/12/2023.

¿Qué encontramos?:

La alta dirección del ICE está en deuda en acciones, tanto normativas como de buenas prácticas, en materia de prevención de hechos irregulares. Algunos hallazgos a este respecto:

Prevención Detección de conductas irregulares	Denuncias y mecanismos En relación a conductas irregulares
Carece de un modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control. Tampoco se cuenta con dependencia encargada de supervisar este proceso según establece la Ley N.° 9699 y su reglamento.	No se comunica de forma efectiva la existencia de canales de denuncia, forma de uso y derechos al presentar una gestión de este tipo.
No se dirigen esfuerzos hacia el desarrollo de una cultura organizacional que priorice la prevención, detección y manejo de conductas presuntamente irregulares.	Tampoco se asegura que estos canales sean accesibles y visibles.
Ausencia de estrategia de capacitación para todos los funcionarios y partes interesadas, en temas relacionados con la prevención de fraudes, corrupción y delitos.	Carencia de procedimientos de control para atención de denuncias, investigaciones o gestión disciplinaria; que aseguren la prevención de conflictos de interés y protección de la confidencialidad del denunciante e información relevante para sustentar la apertura de procedimientos o procesos judiciales.
No se identifican y evalúan de manera formal los riesgos asociados a fraude, corrupción y otros delitos.	No existen medidas para proteger al denunciante y testigos contra represalias. Tampoco existen procedimientos para comunicar resultados a los denunciantes.
Desactualización de normativa y procedimientos relacionados a ética y prevención de conductas presuntamente irregulares; tampoco están alineados al cambio organizacional.	Ausencia de sistemas de control adecuados para el manejo y protección de información vinculada a denuncias, investigaciones y procedimientos administrativos.
Inexistentes mecanismos y controles para supervisar plazos de caducidad y prescripción en procedimientos disciplinarios. Falta de registros para el seguimiento de plazos y sistemas de alerta ante posibles vencimientos.