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La CGR realizó una auditoría sobre la gestión financiera de recursos en el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) del BANHVI, cuyo propósito es obtener y gestionar recursos financieros para programas de crédito para vivienda de clase media. En el periodo de estudio fue de enero 2018 a junio 2020. La gestión financiera de FONAVI evidencia limitaciones significativas que afectan el desempeño y el generar valor público. Estas son las alternativas de financiamiento disponibles:

Alternativas de financiamiento de vivienda en FONAVI

En la auditoría se detectaron los siguientes hallazgos:

• De las 7 alternativas de financiamiento solamente se han implementado dos.
• El traslado ₡2.149,1 millones de más del FONAVI a la Cuenta General del Banco para cubrir los gastos administrativos afecta la disponibilidad de recursos para el cumplimiento del objetivo de financiamiento de viviendas de clase media.
• Carencia de análisis que permita determinar necesidades de la población y promover la mejora en la calidad de vida.
• No se realiza análisis de riesgos estratégicos, por lo que no se dispone de esa información para apoyar el proceso de toma de decisiones respecto a esa gestión.

La CGR emitió un informe de auditoría cuyo propósito fue verificar en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT- y en el Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI-, la aplicación de la normativa y buenas prácticas en materia de diseño en los proyectos de infraestructura vial. A continuación, los hallazgos:

Análisis de proyectos con estudios preliminares

	Gestión institucional no guiada por procesos, procedimientos y protocolos formales que garanticen la gestión de diseño de obras de infraestructura vial a partir del desarrollo del ciclo de vida del proyecto.
	No se garantiza un proceso de maduración natural de los proyectos viales en la fase de preinversión, que definan con claridad el valor público, lo que se ve reflejado en múltiples variaciones posteriores a las aprobaciones del diseño definitivo o constructivo.
	17 de 21 proyectos analizados, no presentan estudios de ingeniería de previo al desarrollo de las especificaciones cartelarias, conllevando a desarrollar el diseño definitivo del proyecto con un alto nivel de incertidumbre en el alcance, presupuesto y plazos.
	86% de los proyectos analizados pasan de la etapa de perfil a la etapa de diseño sin justificación del sustento técnico que demuestre que con este nivel básico de perfil se garantiza la identificación de la necesidad pública real.
	Existe riesgo de desactualización de los diseños en función de la variabilidad en el tiempo transcurrido entre la obtención de los diseños definitivos y la primera orden de inicio del proyecto.

La CGR remitió al Directorio Legislativo criterio del proyecto de “Ley Marco de Empleo Público” (expediente legislativo 21.336) alertando sobre la viabilidad en la aplicación del transitorio XI, donde se contempla la posibilidad de trasladarse voluntariamente al salario global para aquellos funcionarios que, al momento de entrada en vigencia de la ley, devengan un salario compuesto menor que aquel que les va a corresponder como salario global de su respectiva categoría, dadas las implicaciones que en el corto plazo tendría frente a las precarias finanzas públicas actuales de nuestro país.

Es nuestro deber como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa alertar sobre la ausencia de datos claros y precisos sobre las estimaciones económicas del costo de la implementación del transitorio y su fuente de financiamiento, lo que puede provocar un mayor desequilibrio fiscal del que ya tienen las finanzas públicas. Tampoco se contemplan las instrucciones de transición para aquellas instituciones públicas que ya han implementado esquemas de salario único o global con base en sus propias regulaciones especiales. El siguiente gráfico expone las implicaciones económicas del transitorio en su actual propuesta:

Conclusión

Luego del análisis realizado, se concluye que para lograr la eficacia y la sostenibilidad de las reformas propuestas en el transitorio XI del proyecto, es imprescindible la reformulación de su texto en aras de lograr la viabilidad fiscal del mismo, permitiendo una transición sostenible y gradual a partir de una medida razonable para lograr una verdadera reforma al régimen de empleo público. Como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, la CGR no recomienda la aprobación del transitorio en los términos actuales dado el efecto significativo sobre las finanzas públicas, en el contexto de una comprometida disponibilidad de fondos para hacer frente a nuevas erogaciones por parte del Estado.

La CGR aprobó el contrato suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI- y el consorcio Typsa-Conansa-Puente Prefa, para el “Diseño y Construcción del paso a desnivel en el Cruce “La Galera” Rutas Nacionales número 2 y 251", por un monto total de ¢2.019.966.005.75 (dos mil diecinueve millones novecientos sesenta y seis mil cinco colones con 75 céntimos), mismo que resulta derivado de la Licitación Pública No. 2019LN-000014-0006000001.