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La División de Contratación Administrativa de la CGR resolvió declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Consorcio GEOINN-GEOS en contra del acto de adjudicación del Ministerio de Educación Pública en la licitación abreviada no. 2019LA-000019-0007300001 para la “Adquisición de drone, sensor multiespectral, equipo de levantamiento topográfico y navegador GPS”, adjudicación recaída en favor de la empresa Corporación ACS Sabanilla S.A., por un monto de ¢327.475.100 colones.

Después del análisis correspondiente, se anula el acto de adjudicación al quedar acreditado un incumplimiento técnico por parte de la adjudicataria, referido a la no incorporación de cámara en el GPS del drone ofrecido, tal y como los solicitaba el cartel. Corresponde ahora al MEP valorar la oferta elegible (en este caso, la del apelante) para tomar una decisión al respecto de la licitación.

La División de Contratación Administrativa de la CGR decidió anular de oficio el acto de adjudicación del contrato entre el Ministerio de la Presidencia y Bambú Capital Sociedad Anónima, cuya finalidad fue contratar una agencia publicitaria que brinde al Ministerio de Comunicación de la Presidencia los servicios que requiera para la elaboración de productos de comunicación, por un monto de ¢150.000.000 (ciento cincuenta millones de colones).

Luego del análisis, la CGR estimó que el recurso de apelación presentado por el SINART sobre temas de evaluación y asignación de puntaje debía declararse sin lugar. No obstante, del análisis de la documentación aportada por el Ministerio de Comunicación así como de las dudas expresadas por el Ministerio de la Presidencia, se determinó que el Ministerio licitante dejó de lado su obligación de verificar el cumplimiento de requisitos que resultan necesarios para el cumplimiento del objeto de la contratación. Por ello, el Ministerio de Presidencia desconoce si la oferta seleccionada resulta idónea frente a las reglas del concurso; lo que justifica la anulación de oficio por parte de la CGR dada la falta de motivación de si la adjudicataria es efectivamente la oferta que mejor satisface el cumplimiento del interés público.

Corresponde ahora que la Administración realice el análisis de cumplimiento integral de requisitos a partir de los documentos que constan en las ofertas, para disponer si procede o no dictar un nuevo acto de adjudicación.

La Contraloría General de la República obtuvo el más prestigioso reconocimiento internacional -Jörg Kandutsch-, que otorga la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) a una entidad de fiscalización superior (EFS) del mundo, en reconocimiento a sus logros y contribuciones destacadas en materia de fiscalización pública. El galardón fue recibido por la Contralora, Marta Acosta, en el marco de la clausura de la XXIII Asamblea General de la INTOSAI, celebrada en Moscú, Rusia. Este encuentro mundial de EFS, donde participaron 160 países en este oportunidad, se realiza cada tres años.

El jurado evaluador estuvo conformado por tres miembros de la INTOSAI, a saber: Dinamarca (ganador de la edición anterior), Jamaica y Austria por medio de la Secretaria General. El análisis incluyó aspectos tales como: estructuras de organización, aplicación de nuevas metodologías, resultados positivos por la implementación de buenos sistemas de control de ingreso y gasto públicos, asistencia brindada a otras EFS de INTOSAI y contribuciones a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros.

Este premio se ha otorgado anteriormente a países como:

• Marruecos (1983)
• España (1986)
• Arabia Saudita (1989)
• Hungría (1992)
• México (1995)
• India (1998)
• Canadá (2001)
• Reino Unido (2004)
• Kuwait (2007)
• Sudáfrica (2010)
• Austria (2013)
• Dinamarca (2016)
• Costa Rica (2019)

Este reconocimiento es un logro colectivo de quienes han laborado y laboran actualmente para la CGR y reconoce la calidad técnica, compromiso y excelencia del personal.

 

El área de Administración Financiera de la CGR realizó una auditoría cuyo propósito fue determinar posibles endeudamientos no registrados en el Sector Público No Financiero (SPNF), en forma selectiva. Abarcó la revisión de las cifras del endeudamiento interno y externo de dicho sector con datos al 31 de diciembre de 2018, aportados por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. En la auditoría se determinó incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo del endeudamiento público al 31 de diciembre de 2018 reportado por la Dirección de Crédito Público. Entre las principales debilidades se determina lo siguiente:

1. Diferencias mínimas determinadas por ¢440.603 millones que representan 1,27% del PIB:

2. Otras diferencias:

3. El tratamiento presupuestario de operaciones de canjes de títulos valores de deuda interna, no reflejan la totalidad del monto presupuestario de la amortización de los títulos comprados, ni del ingreso por los títulos vendidos, cuya fecha de vencimiento ocurre en el mismo ejercicio económico en que se realiza el canje. Siendo contrario al principio de universalidad e integridad, y además un fenómeno que ha venido incrementando su magnitud, con el riesgo de que estas sumas se trasladen a otras partidas del gasto, impactando la cifra del déficit fiscal.