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La CGR autorizó contratación de urgencia al Centro Nacional de Rehabilitación de la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar en forma directa con oferente idóneo, el suministro de oxígeno líquido para los pacientes que son atendidos en el Centro de Atención Especializado para atención de pacientes Covid-19, por un monto máximo de ¢206.430.000,00 (doscientos seis millones cuatrocientos treinta mil colones exactos).

La CGR denegó la solicitud planteada por el Ministerio de Justicia y Paz, referida a la autorización para realizar una modificación unilateral de prórroga por 24 meses del contrato suscrito entre ese ministerio y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, derivado de la Contratación Directa no. 2016CD-000097-0006900001 para una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de la libertad (conocido como brazaletes electrónicos).

Dicha solicitud es denegada tomando en consideración los aspectos:

• Presupuesto: no se cuenta con el contenido presupuestario suficiente para atender la solicitud realizada.
• Precio: La administración no evidencia tener certeza del precio que regirá durante el plazo de contrato, si este se prorroga.
• Contrato: No se tiene certeza sobre la vigencia del contrato pues no se ha acreditado dicha condición según lo establecido en el cartel.

Nos complace informarles los resultados obtenidos por la CGR en la medición anual del Índice de Transparencia del Sector Público. El índice es evaluado por la Defensoría de los Habitantes, y este año midió a 253 instituciones en los siguientes ejes:

En los ejes de Rendición de cuentas y Participación ciudadana también se obtuvieron buenas calificaciones, sin embargo representa un reto a superar juntos, para mejorar como Institución y demostrar la Excelencia que nos caracteriza en todo lo que hacemos.

La CGR acaba de autorizar una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar, en forma directa con oferente idóneo, kimonos tallas S, M, L, XL y XXL para el abordaje de la pandemia causada por Covid-19, por un monto máximo de ¢356.850.000,00 (trescientos cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta mil colones exactos).

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) sobre el monitoreo de los dispositivos electrónicos como mecanismo alternativo de ejecución de la pena, específicamente la supervisión y seguimiento de las personas sujetas a esta modalidad de ejecución de la pena, en el periodo comprendido entre 1° enero 2018 al 31 de mayo 2020. Se concluyó que existen serias debilidades en:

• La supervisión y seguimiento de las personas sujetas a monitoreo electrónico en cuanto a la cantidad de alertas que permanecen sin atender, encontrando 907.956 alertas abiertas correspondientes a 1.485 personas monitoreadas en el período del 13 de mayo al 20 de octubre del 2020.
• El tiempo transcurrido en la atención de las alertas que ya han sido gestionadas; y en la comunicación de estos eventos a la Autoridad Judicial, así como en las gestiones de coordinación con los cuerpos policiales para el abordaje del seguimiento de la población monitoreada.
• La gestión documental y en el registro y reporte de los datos en la plataforma de monitoreo electrónico las cuales no permiten asegurar razonablemente la calidad de la información para el control de la población monitoreada.

Asimismo, conviene informar de dos gestiones adicionales en este tema, actualmente en trámite en la CGR:

• La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa giró una orden al Ministerio de Justicia y Paz relacionada con el avance en el proceso de licitación pública para la contratación de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad. Dicha orden consiste principalmente en la elaboración del cronograma de actividades del procedimiento licitatorio que considere todas las acciones necesarias a fin de empatar el vencimiento del plazo del contrato vigente, la incorporación del contratista que llegue a seleccionarse, así como cualquier fase de transición para el ajuste o cambio de dispositivos que resulte necesario. Esta orden se encuentra en seguimiento por cuanto se está realizando el análisis de la documentación remitida por dicho Ministerio a la CGR.
• La División de Contratación Administrativa de la CGR se encuentra en estudio una solicitud de prórroga del actual contrato de ese ministerio con la ESPH; se requirió información imprescindible para resolver a dicho ministerio cuyo plazo para presentarla vence el 22 de enero. Hasta que ingrese esa información a la CGR no es posible resolver sobre esa prórroga.

La CGR autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para comprar, en forma directa con oferente idóneo, 2.000.000 de unidades de respirador filtrante de partículas para el abordaje de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢2.757.295.200 colones.