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La CGR informa el avance en la recepción de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), que deben presentar alrededor de 21.000 funcionarios públicos, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Este año, el plazo para la presentación vence el viernes 20 de mayo.

A continuación resumen del avance de la primera semana plazo, según tipo de declaración:

Mayo	Inicial	Anual	Final
02	14	416	9
03	14	454	19
04	18	408	10
05	16	420	14
06	14	403	8
07	3	57	2
08	2	63	2
09	0	7	0
Total acumulado: 2.373
Porcentaje de avance: 11,30%

Se recuerda que la presentación es totalmente electrónica y está disponible en línea 24/7, ingresando al sitio: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html.

Para consultas puede comunicarse por estas vías:

Llamando al 905-Declare (905-3325273)
Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr
WebChat: habilitado en www.cgr.go.cr

Aviso importante:

Se recuerda a la población declarante, que la Contraloría General de la República NO está solicitando información confidencial o claves por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales, para este proceso. Reiteramos la recomendación de no brindar su información personal, a ninguna persona. Si tiene alguna consulta puede realizarla a través de los medios dispuestos para los fines.

La CGR presentó este 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, como dicta la Constitución Política, su Memoria Anual 2021, documento que contiene varios dictámenes relevantes (Liquidación del Presupuesto de la República, cumplimiento de la Regla Fiscal, informe de Resultados Físicos del Presupuesto de la República, y Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del Bicentenario; para el periodo 2021) y un capítulo de “Opiniones y sugestiones” que desarrolla los siguientes temas:

• Gestión financiera pública integrada como una condición necesaria para la mejora de los servicios públicos. Desafíos actuales en cuanto al acceso, la calidad, la limitada perspectiva de usuario y la eficiencia de los servicios públicos, para lo que se requiere de una operación integral del Estado que se organice desde el punto de vista de las necesidades de la ciudadanía.
• Recaudación tributaria en Costa Rica: Retos para un sistema tributario más simple y más eficiente. Análisis del sistema tributario en términos de los principios de eficiencia y simplicidad, respecto de los cuales se observan espacios de mejora desde el punto de vista del contribuyente, de la administración y del diseño del sistema para facilitar su declaración y pago mediante tecnologías disponibles.

Sobre los dictámenes y la Memoria del Año Económico para el periodo 2021, este cuadro resume dichos resultados:

Opinión adversa
Liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto Nacional	• Existen incertidumbres y errores a nivel de transacciones presupuestarias que no cumplen en forma razonable con el marco normativo presupuestario aplicable. • Gastos no registrados generan subestimación del déficit financiero de al menos 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio 2021.
58 cumplen
Cumplimiento de Regla Fiscal	• Gobierno de la República no cumple regla fiscal, gasto corriente crece 6,34% por encima del 4,13% permitido • Aumenta cantidad de entidades que no cumplen con regla fiscal a 21 en el sector público no financiero (versus 12 en 2020).
Opinión adversa
Informe de resultados físicos del Presupuesto Nacional	• No se cumple en forma razonable con el marco normativo aplicable, debido a que no se ha instaurado el modelo conceptual del sistema de costos, falta sistematización de las acciones de mejora derivadas de las metas no cumplidas, así como por las debilidades en la calidad de la información reportada en las metas.
Opinión con salvedades
Informe Plan Nacional de Desarrollo	• Se cumple en forma razonable con el marco normativo aplicable; salvo por algunos incumplimientos que, si bien no comprometen la razonabilidad, deben ser comunicados, relativos a la calidad de la información reportada en las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

A partir de hoy lunes 2 de mayo inicia el periodo de recepción de la Declaración Jurada de Bienes anual 2022 ante la CGR. El proceso es totalmente electrónico y se realiza en acatamiento al artículo 22 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422. Se estima que la presentación de este requisito recae sobre 21.000 funcionarios públicos. Este año la fecha límite para presentar la declaración anual es el 20 de mayo; además se estarán recibiendo dos tipos de declaraciones adicionales:

Declaración inicial: Dentro de los 30 días hábiles siguientes al nombramiento o la declaración oficial de la elección por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, en cargos de elección popular. Para los actuales legisladores, ese plazo vence el próximo 12 de mayo.

Declaración final: Dentro de los 30 días hábiles inmediatos al cese de funciones. Para las autoridades salientes, el plazo depende de la fecha de su salida del puesto.

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Facilidades y Consultas

Gestión electrónica a través de un Sitio seguro
https://www.cgr.go.cr/

Asesoría accesible a través de distintos canales
Teléfonos: 905-declare (905-3325273) / 2501-8150
WebChat: disponible en https://www.cgr.go.cr/
Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

Importante: Este año se cuenta con mecanismos adicionales de ciberseguridad para proteger los registros de las declaraciones, mediante la implementación de un doble factor de autenticación.

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En el transcurso del plazo estaremos informando sobre el cumplimiento de este requisito legal por parte de los declarantes. Agradecemos la ayuda en difundir esta información para lograr el mejor cumplimiento de las personas sujetas a este deber legal.

Con la finalidad de aclarar la fecha correcta en que vence el plazo de ley que tiene la División de Contratación Administrativa de la CGR para resolver sobre la gestión planteada por la Administración en el caso de la inspección técnica vehicular, aclaramos que dicho plazo de ley para resolver vence el 5 de mayo, sin perjuicio que la CGR pueda resolver previo a esa fecha. Por tratarse de un tema bajo análisis, no nos podemos referir de previo a resolver.

La CGR realizó informe de auditoría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre la seguridad de la información contenida en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), de acuerdo con el marco jurídico y la normativa aplicable vigente, en el periodo comprendido entre enero 2018 y febrero 2022. Las autoridades de la entidad deben corregir lo dispuesto por la CGR en este informe, mismo que tendrá seguimiento por parte del ente contralor.

Los principales hallazgos son los siguientes:

Débil gestión de permisos a usuarios para acceso al sistema 1002 personas con accesos habilitados al EDUS, que ya no laboran para la institución. (funcionarios pensionados o fallecidos) 1345 funcionarios que tienen habilitado el acceso a módulos del EDUS, con perfiles para la atención de pacientes, a pesar de que su puesto no corresponde a este tipo de perfil. 6619 personas con permisos de acceso a módulos de EDUS, que no aparecen registrados en planillas en los meses de setiembre y octubre 2021. Riesgos de seguridad lógica No se han definido medidas para gestionar estos riesgos, lo cual podría exponer a accesos no autorizados, pérdida o modificación de información y degradación de los servicios. Base de datos no inscrita en Prodhab No se ha concluido la inscripción de la base de datos ante la Prodhab, proceso que inició desde el 2017. Riesgo potencial: no garantizar que los datos contenidos en el EDUS se traten bajo las medidas técnicas y de organización necesarias.

La CGR recibió el oficio DM-2022-1405 por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT- en fecha 06 de abril, en el cual solicita autorización para aplicar la figura de los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 y 208 de su reglamento, sobre el contrato de inspección técnica vehicular.

Esta gestión tiene un plazo de atención en la División de Contratación Administrativa, el cual vence el 27 de abril. Por tratarse de una gestión en trámite no podemos referirnos adicionalmente hasta emitir resolución al respecto.

La CGR declaró sin lugar recursos de apelación interpuestos en contra del acto que declara infructuosa la Licitación Internacional No. 2021LI-000001-0006900001, promovida por el Ministerio de Justicia y Paz, para el arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad, confirmando el acto final de dicha licitación (resolución adjunta).

Se declararon sin lugar los recursos por las siguientes razones:

• Consorcio ESPH-BUDDI: por incumplimiento de la cláusula 4.1.8 de los “Términos de Referencia” del cartel, en la que se requería, entre otras cosas, que el dispositivo electrónico a ofertar se encuentre homologado ante la SUTEL.
• Consorcio SOIN-TRACK: por incumplimiento de la cláusula 8.3 de las “Condiciones Cartelarias”, en la que se requería, entre otras cosas, el listado de todas las personas físicas o jurídicas a quienes pretende subcontratar para llevar a cabo servicios o trabajos especializados. Lo anterior, en relación con el apartado sobre “8. CARACTERÍSTICAS DEL DATA CENTER” de los “Términos de Referencia” del cartel.
• Consorcio Panóptico Costarricense: por incumplimiento de la cláusula 4.1.6, en la que se requería entregar junto con el dispositivo un kit completo. Lo anterior, en relación con lo resuelto en la resolución de objeción No. R-DCA-00319-2021 de las quince horas del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.
• Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica: por incumplimiento de la cláusula 10.4.2 de las “Condiciones Cartelarias”, en la que se requería, entre otras cosas, un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen.

¿Qué sigue ahora?

Corresponde ahora que la Administración promueva un nuevo procedimiento de contratación dada la necesidad que no pudo satisfacer con la licitación que declaró como infructuosa, bajo su responsabilidad. Solo la Administración puede indicar cómo procederá al respecto.

La CGR realizó un estudio para determinar el nivel de preparación institucional de cara a la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas, a partir de la Ley General de Contratación Pública N° 9986. El estudio se realizó en 59 instituciones públicas, aplicando una herramienta de medición en colaboración con las unidades de auditoría interna de instituciones de diferentes sectores de la Administración Pública. Esta ley, además de las modificaciones puntuales de carácter procedimental, introduce una visión estratégica sobre un nuevo modelo de gestión de compras públicas, lo que exige un proceso de preparación institucional previo a su implementación.

Los resultados son los siguientes:

35 Instituciones no han tomado acciones para gestionar los riesgos del proceso de implementación de la ley

31 Instituciones no han definido mecanismos de coordinación institucional

En 29 no han efectuado una revisión de sus procesos de implementación de la ley

47 de 59 no han definido un código de ética para proveedores

52 aún no comunican al interno los avances del proceso de implementación de la ley

La CGR finalizó el proceso de seguimiento a la disposición 4.4 del informe DFOE-CIU-IF-00004-2021, al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) referida al programa de trabajo del cierre del contrato vigente y periodo de transición del servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV). En el proceso de seguimiento, dicha institución se refirió a una serie de escenarios sin definir una línea concreta de acciones a seguir, acorde con la normativa vigente y el programa de trabajo respectivo, siendo su responsabilidad y competencia exclusiva

La CGR determinó que la disposición en referencia ha sido incumplida, por lo que se procederá a realizar la valoración jurídica de dicho incumplimiento y le reiteró la responsabilidad al COSEVI de realizar las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio de ITV en estricta observancia al ordenamiento jurídico. En lo sucesivo, es responsabilidad de la Administración tomar las decisiones que correspondan y la aplicación de las soluciones conforme al ordenamiento jurídico.

La Contralora General Marta Acosta Zúñiga, presentó ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios esta tarde. Expuso criterio de la CGR sobre los expedientes 22.830 y 22.831, relacionados a préstamos entre la República de Costa Rica y las entidades: Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Internacional de Reconstrucción Fomento (BIRF).

La CGR refrendó un contrato del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) para el diseño y construcción del Gimnasio de Olimpiadas Especiales (oficio adjunto), por un monto total de $2.264.786,94 dólares, producto de licitación pública No.2020LN-000006-0011400001.

Ahora queda bajo la responsabilidad de la Administración, contar con el disponible presupuestario necesario para cumplir con las obligaciones de este contrato y velar por la correcta ejecución del contrato bajo los términos legales correspondientes.

La CGR reiteró la disposición 4.4 del informe emitido en octubre de 2021 al Consejo de Seguridad Vial -COSEVI- sobre el programa de trabajo del cierre del contrato vigente y el periodo de transición del servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV), en atención al vencimiento del contrato actual en julio de este año. Esta reiteración resulta de acatamiento por parte del COSEVI considerando que la estrategia planteada por la Administración no es congruente con la realidad jurídica y contractual. Por tratarse de un tema en seguimiento por parte de la CGR no nos referiremos adicionalmente al oficio, el tema queda ahora en manos del COSEVI. El oficio fue debidamente notificado el viernes 28 de enero.

Hoy se publicó en La Gaceta la obligatoriedad de tramitar todos los recursos de objeción al cartel en el SICOP (Sistema de Compras Públicas) de modo que ahora serán tramitados de forma 100% virtual por parte de los objetantes, mediante firma digital, a partir del 1 de marzo. La CGR tramita una cantidad importante y creciente de recursos de objeción a carteles de distintas entidades, proceso que ahora será virtual en el SICOP (fuente, División de Contratación Administrativa CGR):

Este cambio promueve la eficiencia y la transparencia en el proceso de tramitación y resolución de recursos de objeción al cartel, digitalizando su gestión y visibilizándola a todos los interesados. La disposición de dicha información deberá ser 24/7 para garantizar el acceso a información pública y rendición de cuentas, y el Ministerio de Hacienda, entidad a cargo del SICOP, debe velar por la seguridad y disponibilidad de dicho proceso.

La CGR emitió un informe sobre el proceso de aprobación presupuestaria 2022, en el cuál se tramitaron un total de 190 presupuestos del sector descentralizado, aprobando la suma de ¢15.451.096 millones. (3.1% mayor que en el 2021).

Datos principales se detallan a continuación:

Principales resultados y distribución
	11,6% (22 presupuestos) aprobación en su totalidad 77,9% (148 presupuestos) aprobados parcialmente 10,5% (20 presupuestos) improbados o se archivados sin trámite
Resumen de aprobación por grupo institucional (en millones de colones)
	Instituciones descentralizadas no empresariales - 6.713.307 Empresas públicas no financieras – 4.676.640 Instituciones públicas financieras – 3.446.419 Gobiernos locales – 540.859 Fideicomiso – 72.412 Otras entidades de gobiernos locales – 1.459

En los casos de aprobación parcial, procede ajustar dichos presupuestos de acuerdo con lo indicado en el oficio de aprobación parcial, considerando los parámetros establecidos por ley según lo requiera cada caso. Por su parte, cuando se asigna un estado de improbación o de archivo sin trámite, se puede relacionar con el incumplimiento de elementos o requisitos indispensables para el análisis, que obligan a la improbación total del presupuesto.

La Contraloría General de la República invita a participar este viernes 21 de enero, a las 8:30 a.m., de un webinar organizado con el objetivo de desarrollar elementos base para la discusión de un nuevo modelo de compra pública, inclusiva, innovadora, apoyada en la sostenibilidad social y ambiental, para generar mayor bienestar y oportunidades.

El evento se desarrollará con la participación y ponencia de importantes expositores, expertos en materia de compras públicas.