Noticias CGR | Noticias anteriores CGR

La CGR informa sobre el lento avance en la recepción de la Declaración Jurada de Bienes anual 2023. A tan solo 4 días de finalizar el plazo, aún se encuentran pendientes más de la mitad de las requeridas, cuya cantidad se estima en 21.000 declaraciones de funcionarios públicos, según datos en línea se han recibido:

9974 declaraciones

47,50% avance del total esperado

¿Qué debe declararse en ese formulario?

Mucho se especula sobre los bienes que deben declararse en este proceso, de modo que acá se adjunta la "Guía para declarar", que contiene los bienes sujetos de declaración: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/djb/guia-uso-sdjb.pdf

Se insta a la población declarante a cumplir con este requisito, según se establece en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El proceso es totalmente electrónico y se puede obtener soporte en caso de ser requerido a través de las siguientes vías: llamando al 905-Declare (905-3325273) / Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr / WebChat habilitado a lo largo del Sitio Web.

La CGR aprobó el contrato suscrito entre el INCOP y la Corporación Financiera Internacional (CFI) para brindar los servicios de asesoría técnica integral dentro de las actividades relacionadas con el concurso (concesión de obra pública con servicio público) dirigido a la selección del participante del sector privado para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Proyecto de Modernización y Expansión del Puerto Caldera. La CFI es una institución financiera multilateral de derecho público, perteneciente al Grupo Banco Mundial y creada para la promoción del desarrollo económico en países en vías de desarrollo.

¿En qué consiste este contrato?

Los servicios de asesoría integral que le corresponde brindar a la CFI abarcan:

• La elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad
• El proceso de precalificación y licitación
• La gestión de la contratación y adjudicación del proyecto

La asesoría que le corresponde brindar a la CFI, con ocasión de este contrato, consta de dos fases:

1. Fase 1 Preinversión, inversión y pliego de condiciones: duración 19 meses y costo US$1.060.000 dólares
2. Fase 2 Gestión de contratación y adjudicación: duración de 24 meses y costo US$2.800.000 dólares

¿Qué sigue ahora?

Una vez obtenido el refrendo de la CGR, puede dar inicio a la prestación del servicio por parte de la CFI que tiene con una de sus primeras obligaciones la entrega del Plan de Trabajo dentro de los dos meses siguientes a la obtención del refrendo.

¿Quién es el responsable de ejecutar y controlar este contrato?

El INCOP es el principal responsable de la implementación del proyecto y deberá tomar las medidas necesarias para procurar que las diferentes fases avancen de forma diligente con el fin de conseguir que el inicio de la operación del proyecto resulte compatible con los plazos de vigencia establecidos actualmente en los contratos de concesión relacionados con Puerto Caldera, que se encuentran en ejecución.

La CGR resolvió tres recursos de objeción interpuestos por las empresas Dekra Costa Rica Sociedad Anónima, Icards Solutions Sociedad Anónima de Capital Variable y Riteve SyC Sociedad Anónima en contra del pliego de condiciones de la Licitación Mayor 2023LY-000002-0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) para la prestación del servicio de inspección técnica vehicular a nivel nacional. Dentro de los temas que se discutieron en las objeciones se encuentran la experiencia mínima requerida como admisibilidad, los requisitos y su valoración en caso de consorcios, capacidad financiera, normas técnicas, sistema de evaluación propuesto, certificaciones asociadas al servicio requerido y aspectos operativos correspondientes a la segunda etapa de precalificación.

¿Qué se resolvió y qué sigue ahora?

La CGR rechazó de plano el recurso presentado por la empresa Icards, mientras que las impugnaciones interpuestas por Dekra y Riteve fueron declaradas parcialmente con lugar, en la medida en que la Administración estuvo de acuerdo con varios de los puntos alegados en los recursos. Asimismo, la CGR realizó una serie consideraciones de oficio respecto de la figura contractual y algunos estudios técnicos que deberán concluirse para la tramitación de la segunda fase del concurso de precalificación.

Ahora el COSEVI debe atender lo resuelto y ajustar el pliego de condiciones en lo que resulte necesario para continuar con la tramitación. Una vez ajustado el cartel, debe publicarlo y nuevamente iniciar el proceso de recepción de ofertas, del cuál es responsable en toda su gestión.

La CGR informa el avance en la recepción de la Declaración Jurada de Bienes anual 2023, que deben presentar alrededor de 21.000 funcionarios públicos, en cumplimiento de la ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Nos encontramos casi a la mitad del plazo, el cual vence el próximo lunes 22 de mayo, por lo que instamos a los funcionarios públicos a realizar a tiempo este trámite establecido de ley, que es totalmente electrónico y se encuentra disponible 24/7:

3411 declaraciones recibidas

+ de 83% aún pendiente (del total esperado)

Las DJB son un insumo de información patrimonial de los funcionarios públicos dentro de diversos procesos de fiscalización de la CGR, por lo que es fundamental su cumplimiento por mandato de ley.

Para consultas puede comunicarse por estas vías: Llamando al 905-Declare (905-3325273) / Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr / WebChat habilitado a lo largo del Sitio Web.

La CGR presentó este 1ro de mayo ante la Asamblea Legislativa, su dictamen sobre los informes del cierre del ciclo de la rendición de cuentas pública, según lo dicta la Constitución Política, la Ley de Administración Financiera y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Estos informes emiten opinión sobre temas relevantes de Hacienda Pública:

Rendición de cuentas sobre la Hacienda Pública

Informe de opiniones y sugestiones

Emergencia Cibernética: Obstáculo para la transformación digital y el bienestar social; retroceso para la transparencia y la rendición de cuentas

Informes de cierre y dictámenes

Informe de auditoría sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2022

Dictamen sobre la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto de la República, ejercicio económico 2022

Dictamen del informe anual 2022: Balance de resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022

Dictamen del informe de resultados físicos del presupuesto de la República del periodo 2022

Memoria del año económico 2022

A partir de hoy 2 de mayo, la CGR inicia el periodo de recepción de la Declaración Jurada de Bienes anual 2023, cuyo plazo finaliza el lunes 22 de mayo, proceso totalmente digitalizado que se realiza en acatamiento al artículo 22 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422. La presentación de este requisito recae sobre 21.000 funcionarios públicos aproximadamente y se brindará asesoría por los siguientes medios:

Correo electrónico

declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

Centro de llamadas

905 DECLARE(905-3325273) / (506) 2501-8150

Video llamadas

Previa coordinación con el cliente

Atención en línea

Webchat habilitado en todo nuetro Sitio

En el transcurso del plazo de recepción de las DJB estaremos informando sobre el avance en el cumplimiento de este requisito legal por parte de los declarantes. Agradecemos la ayuda en difundir esta información, para facilitar el conocimiento de las personas sujetas a este deber legal.

Ya se encuentra disponible la primera temporada completa del podcast Voces Transparentes, cerrando hoy con un episodio especial en el que participan Marta Acosta, Contralora General y Bernal Aragón, Subcontralor General, compartiendo con el público criterio sobre la importancia de la implementación de la Ley General de Contratación Pública y la participación ciudadana en los procesos.

Les invitamos a escuchar el Podcast, un espacio que se propone promover el acceso a información pública con la intención de propiciar la transparencia y la rendición de cuentas en temas que resultan de interés para todos los ciudadanos. Además, muy pronto estará disponible la segunda temporada de la colección Voces Transparentes.

Encontrará dos episodios de estreno disponibles en diciembre y un episodio cada 15 días, a partir del 11 de enero de 2023.

La CGR realizó un informe de auditoría en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) sobre la gestión de proyectos de desarrollo de obra pública, lo cual tiene como propósito que los entes ejecutores entreguen infraestructura tangible para la materialización de bienes y servicios dirigidos al desarrollo regional, sostenible e integral de la Zona Sur. Lo anterior resulta relevante por cuanto esa zona afronta condiciones socioeconómicas muy desfavorables en el país. (Encuesta Nacional de Hogares 2022 - INEC).

Estos son los principales hallazgos:

Inversión pública realizada sin definición, gestión conjunta, o identificación de proyectos que pueden interrelacionarse para impulsar el uso óptimo de recursos, entre otros aspectos.

Carencia de instancia responsable de la administración de proyectos, o políticas, normas y herramientas que contribuyan a la gestión controlada de la inversión pública.

8 de 10 proyectos analizados entre el 2014 y 2022 evidencian una gestión deficiente, en aspectos como, estudios de pre inversión, seguimiento/ avance de obras financiadas, duración de ejecución, entre otros.

Limitada información dificulta la construcción de líneas base de la problemática general y la forma en la que se va a medir el cumplimiento de los objetivos y beneficios del proyecto, para determinar el valor público generado.

Datos generados en la gestión evidencian limitaciones relacionadas con la gestión de proyectos de desarrollo de obra que impiden mejorar la toma de decisiones , la rendición de cuentas y la transparencia institucional.

La CGR realizó un informe de auditoría a Acueductos y Alcantarillados (AYA) sobre el proyecto de ampliación y mejoramiento del alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón (distrito), para determinar si el avance físico y financiero del proyecto es conforme con la programación de las obras y la normativa aplicable en cuanto a las acciones emprendidas entre 2019 y 2022. Se determinaron serios imcumplimientos que reflejan el estado crítico del proyecto, mismos que pueden resumirse así:

7 años de retraso

En la fase de inversión por discrepancias internas de criterio, retrasos en los diseños finales y falta de adquisición de los terrenos.

41,2% costo adicional

Costo inicial USD 41,9 millones (2017) incrementó a USD 59,4 millones (2022) Se excede el monto del financiamiento del préstamo por cambios en materiales, ajustes a los diseños y aumento de costos por tiempo.

Menor alcance

AyA decidió reducir el alcance en el Sector II a únicamente 3 de 15 cuencas y no actualizó estudios de factibilidad por posibles efectos de este cambio.

Omisión en gestión de riesgos

Omisiones en el diseño e implementación de una estrategia de atención de riesgos relevantes para el proyecto, comunicados por el AyA a la Dirección de Crédito Público entre 2019 a 2022.

Recursos financieros

Incierta disponibilidad de recursos financieros. El plazo para efectuar la totalidad de desembolsos del préstamo vence en junio 2023, sin que conste la aprobación de una prórroga al plazo.

La CGR resolvió dos recursos de objeción presentados por COOPESAIN y COOPESALUD en contra del pliego de condiciones de la licitación promovida por la CCSS para la prestación de los servicios integrales de salud en un primer nivel de atención (EBAIS). Solo uno fue declarado parcialmente con lugar.

Sétima ronda de objeciones al cartel

Es relevante indicar que esta es la sétima ronda de objeciones y aunque la mayor parte de los argumentos no fueron acogidos y de atenderse lo resuelto el pliego podría quedar consolidado, la CCSS deberá tomar las medidas necesarias para que el procedimiento ordinario transcurra de forma diligente en las diferentes fases para conseguir poner en ejecución los contratos derivados de este procedimiento ordinario, sin generar afectación alguna a los usuarios del servicio.

¿Qué resolvimos?

• Recurso interpuesto por COOPESAIN: argumentos fueron desestimados al determinarse que carecían de fundamentación.
• Recurso presentado por COOPESALUD: si bien la mayor parte de los argumentos son declarados sin lugar, se declaró parcialmente con lugar el recurso sobre el documento denominado Instrumento de Verificación incorporado como anexo dado que hace referencia a otros procedimientos y cuenta con plazos que no coinciden con los previstos en la cláusula cartelaria referente a la Metodología de verificación, sin que la Administración se haya referido a este argumento en la respuesta a la audiencia otorgada para referirse a dicho recurso. Este aspecto es relevante porque la primera interesada en resolver con diligencia y por el fondo es la misma Administración y no actuó en consecuencia en esta oportunidad.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde a la CCSS realizar el ajuste correspondiente al único aspecto declarado con lugar para proceder a fijar una nueva fecha para la apertura de ofertas. Cabe recordar que, en setiembre anterior, la CGR había concedido una autorización para contratar directamente con los contratistas actuales en cada una de las diez áreas de salud, por un plazo máximo de 18 meses, mientras se tramita el procedimiento de licitación pública para la contratación de dicho servicio.

La CGR resolvió declarar sin lugar tres recursos de apelación presentados en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 2022LI-000001-0006900001 promovida por el Ministerio de Justicia y Paz para el “Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad (conocida como la contratación de las tobilleras)”, con lo que se confirma el acto de adjudicación dictado a favor del Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR, por un plazo de 48 meses y un precio unitario de $5,989.

Los recursos admitidos para estudio fueron declarados sin lugar, por las siguientes razones:

• Recurso interpuesto por el Consorcio BEP: por incumplimiento con la certificación IP68 que acredita que el funcionamiento del dispositivo y sus componentes no se verá interrumpido por la exposición al polvo y al agua.
• Recurso interpuesto por el Consorcio SOIN-TRACK: por incumplimiento relacionado con el sistema de posicionamiento GPS, al no acreditar que el dispositivo de vigilancia electrónica puede trabajar con redes Wifi de forma complementaria.
• Recurso interpuesto por la empresa Consorcio SPC-ATTENTI: por incumplimiento relacionado con el consumo de los aires acondicionados de la solución.

En fase de admisibilidad, se rechazó un recurso interpuesto por parte del Consorcio Panóptico Costarricense, por no haber presentado oportunamente el certificado de homologación ante SUTEL del dispositivo electrónico y sus componentes.

¿Qué sigue ahora?

En virtud de lo resuelto, le corresponde a la Administración proceder con la suscripción del contrato con el Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR e iniciar la ejecución contractual con la etapa de implementación de la solución.

La CGR publicó recientemente una serie de monitoreos relativos a los Presupuestos Públicos 2023, de los cuales se emiten análisis y reportes sobre el proceso de aprobación presupuestaria que llevó a cabo la Asamblea Legislativa en relación con el Gobierno de la República, y sobre el proceso de aprobación externa de los presupuestos del Sector Descentralizado a cargo del órgano contralor.

Detalle de los monitoreos relativos a los Presupuestos Públicos 2023:

#MonitoreoCGR | Presupuestos Públicos 2023

Conclusiones sobre los presupuestos públicos aprobados para 2023 DFOE FIP MTR 00007-2023

Situación Fiscal del Gobierno y Sector Público 2023 DFOE FIP MTR 00006-2023

Evolución del gasto de capital en Ministerio Justicia y Paz, Ministerio Seguridad Pública y Ministerio Gobernación y Policía DFOE GOB MTR 00001-2023

Evolución del gasto de capitales asignados al Ministerio de Ambiente y Energía durante el periodo 2014-2023 DFOE SOS MTR 00001-2023

Perspectiva presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 2023 DFOE CIU MTR 00001-2023

Resultado del proceso de aprobación de la CGR para los presupuestos iniciales 2023 del Sector Municipal DFOE LOC MTR 00001-2023

Perspectiva presupuestaria de la CCSS para el 2023 DFOE BIS MTR 00002-2023

Composición y comportamiento de los presupuestos del Sector Público al 2023 DFOE FIP MTR 00005-2023

Evolución y comportamiento de las remuneraciones en el Sector Público 2023 DFOE FIP MTR 00004-2023

Perspectivas del PNDIP 2023-2026 y evolución de la planificación operativa del sector descentralizado 2019-2023 DFOE FIP MTR 00003-2023

Implementación de la visión plurianual en sector descentralizado al 2023 DFOE FIP MTR 00002-2023

Ejecución de recursos y manejo presupuestarios del ICODER DFOE BIS MTR 00001-2023

Presupuesto del Sector Educativo 2023 DFOE CAP MTR 00001-2023

Presupuesto aprobado para el Gobierno de la República para el año 2023 DFOE FIP MRT 0001-2023

La CGR emitió un informe de auditoría sobre la seguridad de la información en los sistemas críticos en la Municipalidad de San José, respecto de la gestión y administración de los servicios públicos locales y la promoción del desarrollo local del cantón, lo que conlleva el uso de varios sistemas de información, entre ellos: sistema de soporte a los procesos de servicios urbanos, bienes inmuebles, patentes, recaudación, cobro y plataforma de servicios, así como el Sistema Integrado Autorización Patentes (SIAP). Es necesario implementar un plan de remediación de las vulnerabilidades sobre seguridad de la información que permita subsanar las situaciones identificadas y un programa de sensibilización en esta materia.

Los principales hallazgos se resumen en esta infografía:

La Contralora General Marta Acosta, expone esta tarde ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, respecto del proyecto de Ley Modificación del Título IV de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente legislativo 23.330.

La CGR emitió un reporte de auditoría que se realiza al Ministerio de Hacienda sobre la seguridad de información de los sistemas de ese Ministerio. Este primer reporte presenta un análisis de la gestión de recuperación de los sistemas ante el ciberataque que enfrentó el Ministerio de Hacienda en abril 2022, así como el impacto para la información presupuestaria del país.

A continuación hallazgos más relevantes:

8 meses después del ciberataque, no se ha restablecido el 100% de la infraestructura de los sistemas. Los encargados funcionales señalaron inconsistencias en 55% de los sistemas.

Restablecimiento de sistemas críticos tomó entre 56 y 204 días pese a plazos establecidos hasta de 2 días.

No se recuperó 25.000 expedientes de cobro digitalizados, 18.023 expedientes de cobro asignados a los fiscales que representan un monto de ¢341.216 millones.

El 55% de los encargados de sistemas señalaron no tener acceso a información oportuna de procesos realizados por el Ministerio en términos de la recuperación, se desconocen protocolos para operar durante la contingencia y no se han comunicado acciones realizadas para la restauración de sistemas y/o servicios.

Si bien la planificación de la recuperación no se desarrolló durante y después de la disrupción con base en procedimientos y procesos definidos, lo cual limitó la respuesta rápida, eficiente y efectiva, aún se requiere realizar acciones para finalizar la recuperación posterior al ataque cibernético y estar preparados ante eventuales incidentes.

La CGR declaró parcialmente con lugar un recurso de apelación presentado por el Consorcio COPISA-INTRA Hatillos 7 y 8, en contra del acto final de readjudicación del concurso tramitado por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para el “Diseño y construcción de las estructuras para el paso elevado vehicular y puente peatonal entre los Hatillos 7 y 8, Ruta Nacional No. 39”.

¿Qué había ocurrido antes?

• El consorcio apelante había ganado inicialmente el concurso, pero a partir de un recurso anterior, el acto se anuló para que la Administración analizara la trascendencia de un eventual incumplimiento alegado a dicho consorcio.
• En esta oportunidad, la adjudicación recayó a favor de la Constructora Meco S.A., sin embargo, en el expediente electrónico tramitado en SICOP, la Administración no incluyó algunos documentos, dentro de los cuales se encuentra el señalamiento de los incumplimientos al consorcio apelante.
• De tal forma, que ante esa omisión, se vulneran los principios de transparencia, publicidad y control, en el tanto el apelante desconocía, al momento de interponer su recurso, los incumplimientos que le habían sido señalados.

¿Qué sigue?

En virtud de la anulación del acto final, le corresponde al Conavi incorporar todos los documentos correspondientes a los análisis efectuados y dictar un nuevo acto final para este procedimiento, haciendo la valoración integral de toda la documentación relacionada con esta contratación. Cualquier consulta sobre el fondo de dicha licitación, deberá dirigirse al CONAVI.

La CGR resolvió recursos de objeción presentados en contra del cartel de la licitación promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para la prestación de los servicios integrales de salud en un primer nivel de atención (EBAIS). La mayoría de los recursos recibidos correspondían a temas que ya habían sido abordados por este órgano contralor en un grupo de objeciones anteriores.

Luego del análisis correspondiente, dos de cinco recursos fueron declarados parcialmente con lugar, mientras que los otros tres fueron rechazados de plano o declarados sin lugar, considerando que en algunos puntos la Administración acepta realizar los ajustes propuestos por los recurrentes y en otros casos, se trataba de aspectos que habían sido resueltos por la Contraloría y el ajuste ordenado no se refleja en el pliego de condiciones de la licitación actual.

Cabe recordar que con respecto a este objeto, en septiembre anterior la CGR había concedido una autorización para contratar directamente con los contratistas actuales en cada una de las diez áreas de salud, por un plazo máximo de 18 meses, mientras se tramita el procedimiento de licitación pública para la contratación de dicho servicio.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, realizar las valoraciones y los ajustes correspondientes al pliego, para proceder nuevamente con la publicación y establecer la fecha para la apertura de ofertas. Esa institución deberá tomar las medidas necesarias para que el procedimiento ordinario transcurra de forma diligente en las diferentes fases, para conseguir poner en ejecución los contratos derivados de este procedimiento ordinario, sin generar afectación alguna a los usuarios del servicio.

La CGR les invita a participar este martes 31 de enero de 9:00 a 10:00 a.m., del webinar "Rendición de cuentas a partir de datos abiertos", una exposición de la mano de dos expertos en el tema, acerca de cómo a través del conocimiento de información pública, los ciudadanos (as) pueden informarse e involucrarse de forma activa en los procesos de compras públicas, procurando con esto un mayor control de la Hacienda Pública.

La CGR emitió reporte de una auditoría realizada en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), cuyo objetivo fue determinar si la planificación de ambas entidades, en relación con los programas de desarrollo de vivienda y proyectos habitacionales realizados con recursos del BANHVI, responden a elementos de la gestión para resultados y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas respecto de los resultados pretendidos y sus responsables, para una mayor transparencia ante la ciudadanía.

A continuación los hallazgos de la auditoría:

Vacío de conocimiento estratégico de la población objetivo

- Identificación y caracterización.

- Problemática.

- Causas, efectos e impactos.

- Necesidades largo y mediano plazo.

Falta de visión prospectiva con enfoque en valor público

- Desconocimiento de la transformación deseada.

- Falta de elementos orientadores de la gestión para resultados.

Ausencia de elementos operativos con enfoque en resultados

- Ausencia de elementos operativos con enfoque en resultados.

- Ausencia de alineación estratégica de objetivos, metas e indicadores.

La CGR alerta a la población sobre mensajes fraudulentos, supuestamente generados por el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en donde se solicita a usuarios comunicarse con "personal asignado" e incluye información de contacto. El mensaje indica cambios legislativos dada la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública, apegados a "mandatos de la Contraloría General de la República" entre otros aspectos, y menciona distintos artículos/leyes por los cuales solicita comunicarse para "registrar información faltante".

La CGR alerta que no es parte de este tipo de trámites por lo cual se insta a la población a corroborar la fuente de generación de este tipo de mensajes y acudir a las instancias competentes en caso de dudas. Ningún funcionario de éste órgano contralor le solicitará información confidencial o claves ni que ingrese a direcciones electrónicas. Por favor NO ingrese a vínculos ni abra adjuntos en correos de dudosa procedencia.

Ante la menor duda puede contactarnos por medio de los teléfonos 2501-8188 y 2501-8000, al correo electrónico contraloria.general@cgrcr.go.cr o bien mediante el servicio de WebChat disponible en nuestro Sitio Web.

La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), respecto de la gobernanza de la ciberseguridad del país y si esta responde al marco normativo y prácticas aplicables. Los hallazgos revelan que el sector público se enfrenta ante la incertidumbre de no tener claridad sobre la magnitud y cantidad de incidentes que actualmente han logrado vulnerar los sistemas informáticos, con el potencial de afectar la continuidad de los servicios públicos y la salvaguarda de la información.

A continuación mayor detalle:

Áreas de mejora en gobernanza de ciberseguridad

Principales hallazgos

Carencia de coordinación interinstitucional en un estado de necesidad y urgencia en ciberataques.

Participación intermitente CNE, pese a su rol de liderazgo ante la emergencia. (Decreto Ejecutivo n.° 43542-MP-MICITT).

Gestión inoportuna por parte de Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR) - MICITT. La CGR encontró 7 entidades públicas con incidentes materializados, mientras CSIRT-CR solo detectó uno.

Las alertas técnicas efectuadas por el MICITT corresponden a posibles vulnerabilidades de los sistemas informáticos, no así a ciberataques materializados.

Inexistente certeza sobre continuidad en gestión de ciberseguridad y adquisición de licencias informáticas para proteger al sector público en su actividad ordinaria.