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A tres días hábiles de que venza el plazo de ley para la presentación de la declaración jurada de bienes (DJB) de alrededor de 20.000 declarantes, en atención a la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública (No. 8422), la han presentado el 41 % (8167 declarantes). El próximo miércoles 23 de mayo vence el plazo.

De un total de alrededor de 20.000 declarantes sujetos a dicha obligación, en atención a la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública (No. 8422), solamente la han presentado el 17%, a saber, 3.400 declaraciones. Si bien el plazo de ley vence el miércoles 23 de mayo, la CGR exhorta a los declarantes a no dejar para última hora este requisito legal.

Ya la totalidad de los nuevos Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa presentaron su declaración jurada de bienes inicial.

Los jerarcas de las diversas instituciones públicas que recién ingresan a un cargo público como parte del nuevo Gobierno (como Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos) así como los que dejan su cargo en la función pública, cuentan con 30 días hábiles para presentar la declaración inicial/final, según corresponda, plazo que inicia a partir de la fecha de nombramiento/cese de funciones.

El Área de Infraestructura de la CGR emitió el informe DFOE-IFR-IF-04-2018, cuyo objetivo fue analizar la gestión del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) sobre la etapa de construcción de la Fase 2A de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), según el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la TCM.

La TCM es una de las inversiones más importantes del país, que busca mejorar la competitividad del país y cuya inversión total asciende a los 1.000 millones de dólares, y se prevé que, en menos de un año, el CNC efectúe el recibo de la Terminal en su Fase 2A y brinde la autorización al Concesionario para el inicio de la explotación de la Terminal.

Hallazgos del Informe

La CGR identificó debilidades en la aplicación de mecanismos de supervisión relacionados con:

• Limitado control del programa de construcción de las obras y provisión de equipamientos, instalaciones y bienes de la TCM y del programa de inversiones.

• Inobservancia del plazo para aprobación y publicación del Reglamento de Servicio de la Terminal.

Respecto a la Unidad Ejecutora se identificó:

• Limitada capacidad organizativa de la Unidad Ejecutora para el control del contrato de concesión de la TCM y del respectivo contrato de supervisión.

• Carencia de procedimientos formales y de un plan de trabajo orientado a controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Respecto al Órgano Fiscalizador se identificó:

• Las funciones de fiscalización fueron asumidas por el Órgano Fiscalizador -que depende de la Secretaría Técnica del CNC y no de su Junta Directiva-, y que además, debe rendir cuentas a la Junta de Administración Portuaria de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA); lo cual podría estar relacionado con una limitada comprensión de la composición de Administración Concedente compleja y de la distinta naturaleza entre las funciones de fiscalización y supervisión.

La CGR dispuso la corrección de las situaciones indicadas a las autoridades del MOPT y órganos competentes en la ejecución de este importante contrato, y dará seguimiento a dichas disposiciones.

Esta mañana, la Contralora General, Marta Acosta, expuso en conferencia de prensa los principales resultados de la Memoria Anual 2017, con datos de análisis en materia de finanzas públicas.

Se presentaron también los resultados de la Encuesta Nacional de percepción sobre los Servicios Públicos 2018 (ENPSP 2018), la cual evalúa, con parámetros estadísticos a nivel nacional, la prestación de servicios públicos como: salud, educación, servicios judiciales, vivienda, transporte público, seguridad, servicios básicos (agua, energía y combustible), servicios municipales y cambio climático.

En cumplimiento de la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública (No. 8422), hoy miércoles 2 de mayo la CGR inicia con el período de recepción de las declaraciones juradas de bienes (DJB), que se extenderá hasta el miércoles 23 de mayo.

 

Mediante la resolución adjunta, la CGR resolvió el recurso de apelación interpuesto por FCC CONSTRUCCIÓN AMÉRICA S.A. en contra del acto de no objeción del concurso No. ITB-CRPC-96800-2016-003 promovido por la OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) para la construcción de la obra denominada “Intersección Garantías Sociales y colector hacia el río María Aguilar, San José Costa Rica”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO S.A. por un monto de $17.625.113.37.

La empresa recurrente señaló incumplimientos a las empresas Constructora Meco S.A. (adjudicataria) y Constructora Hernán Solís S.R.L. (que ocupaba el segundo lugar en el sistema de evaluación) en relación con la experiencia del personal ofrecido para el proyecto.

La CGR determinó:

• Sobre la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L.: resulta inelegible en el tanto no se logró acreditar que el profesional ofrecido para ocupar el cargo de Director Técnico de la obra, cuente con la experiencia mínima requerida en el cartel para dicho puesto.

• Sobre la empresa adjudicataria: la Administración debe clarificar la participación del profesional que se ofrece para ocupar el cargo de Residente de Obra en los proyectos “Diseño y Construcción de la Apertura Boulevard Diego Holguín Santa Tecla, La Libertad Tramo 1” (El Salvador) y “Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Ensanche de la Carretera La Villa - Las Tablas, Provincia de Los Santos” (Panamá) con el fin determinar si la participación efectiva de dicho profesional en esos proyectos y las condiciones en las que se dio esa participación, permiten que se utilicen dichas obras para acreditar la experiencia mínima establecida en las bases del concurso.

Resolución de CGR:

Se anula el acto de no objeción del CONAVI considerando que, durante la tramitación del recurso en CGR, el CONAVI no logró explicar la forma mediante la cual había determinado el cumplimiento del profesional ofrecido por la adjudicataria para ocupar el puesto de Residente de Obra en el proyecto y emitir el acto de no objeción a la adjudicación de la UNOPS.

El área de Administración Financiera de la CGR emitió el informe DFOE-SAF-IF-0002-2018, el cual contiene los resultados de una auditoría que evaluó la gestión de recaudación y fiscalización del impuesto sobre las utilidades de las Grandes Empresas Territoriales por parte de la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda, en los periodos fiscales del 2010 al 2016.

Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) se constituyen en un segundo segmento de contribuyentes con alta capacidad económica (después de los Grandes Contribuyentes Nacionales), las cuales tienen activos o rentas brutas superiores a los ¢20 mil millones o una recaudación tributaria superior a ¢80 millones. En 2016, las más de 500 empresas catalogadas como GETES tuvieron activos totales por ¢5,2 billones y rentas brutas por ¢4 billones, aproximadamente.

Hallazgos de la auditoría

Disposiciones del informe

Es criterio de la CGR la urgencia de que se elabore y ejecute un plan de control tributario a los contribuyentes catalogados como GETES que reiteradamente declaran cero en impuesto sobre las utilidades o pérdidas netas así como medidas que permitan solventar lo indicado en este informe, mismo que será objeto de seguimiento de disposiciones por parte del ente contralor.

Antecedentes

La Junta Directiva del Banco Central, en el ejercicio de su potestad para dictar sus propias políticas salariales, dispuso a partir de diciembre de 1998 aprobar un nuevo régimen salarial denominado "salario global" el cual aplicó para los funcionarios que ingresaron a partir de enero de 1999. En este nuevo régimen salarial, la entidad bancaria decidió dejar de otorgar el pago por salario escolar dada la implementación del salario global. Sin embargo, un grupo de funcionarios en desacuerdo con dicha decisión decidió llevar el tema a instancias judiciales.

Hechos

• Diciembre de 2009: 94 funcionarios del Banco Central interpusieron proceso laboral para reconocimiento de pago del salario escolar, calculado a partir de 1999 a la fecha más los intereses hasta su efectivo pago.

• Octubre de 2011: demanda fue declarada sin lugar por el Juzgado de Trabajo; funcionarios presentaron recurso de apelación.

• Febrero de 2017: Tribunal de Trabajo declaró con lugar la demanda condenando al Banco Central a pagar el salario escolar a los 94 funcionarios, desde la fecha de ingreso a partir de 1999 más los intereses hasta su efectivo pago.

• Julio de 2017: CGR y Banco Central interpusieron recurso de casación (Sala Segunda de la Corte) contra la resolución que otorgó el pago, por considerarlo improcedente y por no encontrarse conforme legalidad; aunado al efecto económico negativo tanto para el Banco Central como para las instituciones con autonomía salarial pues los funcionarios de dichas instituciones reclamarían ese pago también. Todo lo anterior tiene una afectación directa a las finanzas públicas pese a la situación fiscal del país actualmente apremiante.

• Febrero 2018: con base en lo argumentado por la CGR, la Sala Segunda de la Corte (resolución N°000215 adjunta) revocó el fallo impugnado y declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por los funcionarios del Banco Central por considerar que el salario escolar no está regulado por medio de una ley sino vía decreto ejecutivo, por tanto, la entidad bancaria no se ve obligada, por su autonomía, a aplicarlo a los funcionarios que ingresaron después de enero de 1999 y que están bajo el régimen de salario global.

Ahorro logrado

Banco Central no incurrirá en gasto de aproximadamente ¢2.750.000.000 (dos mil setecientos cincuenta millones de colones) más ¢400.000.000 (cuatrocientos millones de colones) por concepto de intereses.

Efecto potencial

• Los 700 funcionarios del Banco Central hubieran accedido al pago por salario escolar y con ello, la entidad bancaria hubiera incurrido en un gasto de aproximadamente ¢23.000.000.000 (veintitrés mil millones de colones) más intereses y otros costos asociados.

• Esta situación hubiera generado un precedente jurisdiccional que aplicaría para otros muchos funcionarios de instituciones autónomas que hubieran reclamado dicho pago, con los efectos exponenciales negativos sobre las financias públicas con implicaciones inflacionarias y de déficit fiscal.

¿Qué sigue?

Actualmente la CGR es parte en 7 procesos laborales en los que 251 funcionarios más del Banco Central están reclamando el pago por salario escolar, lo que llevaría un gasto aproximado de ¢6.875.000.000 (seis mil ochocientos setenta y cinco millones de colones).

El área de Desarrollo Local de la CGR, emitió el informe DFOE-DL-IF-00001-2018, el cual contiene los resultados de la auditoría realizada para evaluar las acciones de las instituciones involucradas en la inversión de recursos para la red vial cantonal (RVC), cuya extensión es de 36.298 kilómetros:

En 2016, como parte del proceso de transferencia de la competencia “atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”, a los gobiernos locales se les triplica la cantidad de recursos dispuestos por el Gobierno Central para la inversión de la RVC y pasa del 7,25%, al 22.25% del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles.

En ese sentido, la CGR seleccionó 10 municipalidades por fiscalizar así como los dos ministerios que les transfirieron competencias (MOPT y MIDEPLAN) dado el desafío de atender nuevas funciones y riesgos asociados con la inversión de recursos en la red vial cantonal.

Resumen general de hallazgos

1. Deficiencias de los gobiernos locales en la gestión de recursos destinados a la RVC:

• De las 10 municipalidades fiscalizadas, 8 carecen de planes viales quinquenales de conservación y desarrollo (PVQCD), por lo cual no se garantiza vinculación entre la planificación a largo plazo y la propuesta anual de las juntas viales cantonales sobre los caminos en los cuales se invierten recursos.

• No se ha previsto en las 10 municipalidades en estudio la utilización de métodos alternativos de contratación para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para la gestión de la RVC, de forma ágil.

• De las 10 municipalidades fiscalizadas, 7 han utilizado el endeudamiento para inversión en la RVC, en los cuales no ha sido práctica elaborar estudios de viabilidad que determinen la necesidad de obtener préstamos y la capacidad de pago de los gobiernos locales, en función de los recursos de la Ley N.° 8114 a percibir. Existe un alto nivel de dependencia financiera de las municipalidades de las transferencias provenientes del Gobierno Central destinadas a la red vial cantonal.

2. Debilidades de los ministerios respecto de funciones relacionadas con la RVC:

• MOPT no ha iniciado las funciones de fiscalización establecidas en la normativa vigente, las cuales permitan verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos emitidos por ese Ministerio para la ejecución de los proyectos de gestión vial que desarrollen las municipalidades.

• MIDEPLAN no ha implementado un programa para el mejoramiento de capacidades de gestión en los gobiernos locales que denoten deficiencias en sus capacidades para la gestión vial.

Disposiciones del informe

Se giran disposiciones a los alcaldes y concejos municipales de los 10 gobiernos locales fiscalizados, así como a los ministros del MOPT y MIDEPLAN, según sus competencias, con el fin de subsanar las debilidades y atender los desafíos señalados en este informe.

La CGR publicó el Informe “Presupuestos públicos 2018 Situación y perspectivas”, en el cual se presenta la información correspondiente a los presupuestos del Sector Público que se ejecutarán en el 2018 y su vinculación con la situación fiscal del país. Este Informe pretende proveer a la Asamblea Legislativa y al público en general insumos técnicos para la necesaria discusión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Magnitud y composición de los Presupuestos Públicos 2018

• El presupuesto a ejecutar por 265 instituciones del Sector Público, es de ¢25.662.946 millones (sin consolidar), para un crecimiento de 1,3% con respecto al presupuesto definitivo de 2017.

• El Gobierno Central comprende el 36,5% de los presupuestos, mientras que el sector descentralizado abarca el 63,4% de los presupuestos.

• Las remuneraciones, ascienden a ¢6.229.280 millones, 24,3% del total de gastos aprobados, con una variación del 5,7% con respecto al presupuesto definitivo de 2017. Los incentivos salariales corresponden a la subpartida de mayor peso relativo y su crecimiento es mucho más dinámico que el de las remuneraciones básicas, consecuencia del diseño del sistema compensatorio el cual crece de forma vegetativa.

• Las transferencias en 2018 ascienden a ¢6.673.399 millones (sin consolidar), lo que representa el 26,0% de los presupuestos iniciales del ejercicio. El Gobierno Central es el sector que otorga más transferencias (¢3.345.955 millones hacia otras instituciones).

• Se insiste en la necesidad de revisar la normativa que regula las transferencias a cargo del presupuesto del Gobierno Central, considerando tanto los intereses sociales del Estado como la realidad económico-financiera del Gobierno y el contexto histórico en el que tales transferencias se han gestado y evolucionado.

• El gasto social presupuestado del Gobierno Central alcanza el 12,9% del PIB (¢4,5 billones), para un incremento del 3,3% con respecto al presupuesto definitivo de 2017. Es imperativo tomar medidas que permitan equilibrar las finanzas públicas, con el fin de garantizar la sostenibilidad y efectividad de la política en materia social, y seguir contribuyendo a la construcción de un país más próspero y solidario, dado que los ajustes fiscales resultantes traen usualmente aparejados recortes en este tipo de gasto, desprotegiendo precisamente a aquellas poblaciones más vulnerables.

Situación Fiscal del Gobierno y del Sector Público

• En 2018 continuará el agravamiento del desequilibrio y la tendencia a la insostenibilidad fiscal del Gobierno Central por lo que resulta del todo impostergable tomar medidas orientadas a controlar el gasto corriente.

• El déficit financiero presupuestado del Gobierno Central alcanza el 7,4% del PIB, aunque se espera sea inferior, dada la subejecución presupuestaria.

• El déficit financiero del Sector Público en el presupuesto inicial de 2018 alcanzaría el 12,29% del PIB, aun cuando en la ejecución ha resultado algo por encima del 5%. Así, el resto del sector público contribuye muy poco al déficit fiscal, no obstante su financiación gravita sobre el Gobierno Central en una proporción importante.

• Para este año es necesario un control estricto del gasto primario del Gobierno Central, en especial de las transferencias al sector descentralizado, que tuvieron aumentos considerables en el 2017 y siguen una tendencia insostenible.

• Para el Gobierno Central, el indicador deuda/PIB aumentó 4 puntos entre 2016 y 2017, a diferencia de años precedentes cuando ese incremento se situaba en 3 puntos.

Aprobación Presupuestaria de la Contraloría General

• La Contraloría General recibió un total de 283 presupuestos, de los cuales 167 recibieron aprobación, 103 aprobación parcial y 13 son improbadas totalmente.

• Dentro de las principales razones de improbación destacan elementos comunes, como la morosidad con la CCSS e incumplimiento en el monto asignado al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), entre otros.

• El monto aprobado para 2018 por el Órgano Contralor es de ¢15.864.850 millones.

• Preocupan particularmente las situaciones financieras que presentan instituciones como el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Consejo Nacional de Concesiones y el Sistema de Emergencias 9-1-1.

El Área de Servicios Económicos de la CGR, emitió el informe DFOE-EC-SGP-00001-2018, el cual contiene los resultados de una auditoría coordinada por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), con la participación de 11 países y tuvo como propósito evaluar la gestión del Centro de Gobierno para implementar en Costa Rica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; así como la preparación para la implementación de la meta 4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, denominado “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

Resumen general de resultados

Las principales acciones realizadas por el gobierno de Costa Rica han permitido alcanzar un grado de preparación del Centro de Gobierno “en desarrollo” con un nivel de avance medio (46,8%), y un nivel en formación con un porcentaje de avance medio (20,8%) para la meta 2.4 del ODS 2.

Entre las principales acciones realizadas por el gobierno se encuentran:

• Suscripción del Pacto Nacional por el avance de los ODS.

• Emisión del Decreto Ejecutivo Nro. 40203-PLAN-RE-MINAE, en el cual se definieron los órganos competentes para liderar la implementación de los ODS.

• Diagnóstico de las capacidades estadísticas.

• Actividades de sensibilización con los sectores público y privado.

• Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y las políticas públicas con los ODS

• Presentación ante la ONU del primer Informe Nacional sobre el Cumplimiento de los ODS.

Existen oportunidades de mejora en el proceso de implementación de la Agenda 2030, relacionadas con:

1) Incorporación de las metas ODS al proceso de planificación nacional de mediano y largo plazo y definición de los responsables ara su implementación.

2) Definición, identificación, prevención y tratamiento de los riesgos derivados de las políticas públicas.

3) Debilidades en el proceso de asignación de recursos para la implementación de los ODS.

Recomendaciones

Se remiten al Consejo de Alto Nivel y a la Secretaría Técnica de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), así como a MIDEPLAN, según sus competencias, una serie de recomendaciones que permitan reforzar en todos los temas desarrollados en el estudio, mismo que será objeto de seguimiento de disposiciones por parte del área correspondiente en la CGR.

Mediante el oficio adjunto, la CGR autorizó al Ministerio de Educación Pública (MEP) la prórroga de los contratos para el servicio de transporte de estudiantes en 133 rutas para el curso lectivo del año 2018 por un monto estimado de hasta ¢5.813.829.704 colones.

La CGR autorizó la contratación dado que aún no se han concluido las gestiones de coordinación con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) tendientes a la definición de un modelo de regulación tarifaria en el ámbito de transporte estudiantil, lo cual ha sustentado también las autorizaciones de años anteriores.

El MEP informó que ya se dispone del borrador de un convenio que suscribirá el MEP con la ARESEP, en el que se establecen los elementos necesarios para determinar formalmente la elaboración del modelo requerido, basado en las competencias de ambas instituciones y conforme la normativa vigente.

Es responsabilidad del MEP velar porque, de previo a la prestación del servicio de transporte estudiantil, se implementen y hagan cumplir las condiciones técnicas de seguridad requeridas para la prestación de esos servicios, a efectos de proteger la integridad de la población estudiantil.

El Área del Sistema de Administración Financiera de la República de la CGR emitió el informe DFOE-SAF-IF-00014-2017, el cual contiene los resultados de la auditoría cuyo objetivo fue evaluar las acciones realizadas por el Ministerio de Hacienda para garantizarse que toda actividad de contratación se realice por medio del Sistema Digital Unificado de Compras Públicas (SICOP).

La operación de un sistema electrónico y unificado de compras pública se constituye en un mecanismo que genera transparencia, promueve los principios de eficiencia, eficacia, igualdad y libre competencia establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, y contribuye a la rendición de cuentas pública, generando ahorros de costo y tiempo. Organismos Internacionales han estimado que la unificación de las compras públicas generaría ahorros del 1,4% del PIB.

Resumen general de hallazgos

1. Implementación del SICOP en el Sector Público

• El proceso de implementación del SICOP que lideró la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de Hacienda ha sido lento e insuficiente. Transcurrieron casi 5 meses a partir de la aprobación de la Ley N° 9395 para que realizara una primera acción inicial de contactar a las entidades del Sector Público.

• Hay un bajo avance en el uso de la plataforma de compras públicas SICOP por parte de las instituciones del Sector Público. Al 13 de setiembre de 2017, fecha impuesta por la Ley N° 9395 para la incorporación de toda la actividad contractual al SICOP, solamente el 35,8% de las entidades públicas se encontraban usando el sistema (completa o parcialmente), quedando pendiente un 64,2%.

2. Existen incongruencias normativas entre lo establecido en la ley N° 9395 y los Decretos Ejecutivos N° 40270-H y N° 40538-H, en cuanto al uso de medios físicos para tramitar procedimiento de contratación administrativa, plazos de implementación del sistema y de los vínculos en páginas web.

3. Existencia de diversos esquemas tarifarios para el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas. La Dirección General de Administración de Bienes avaló recientemente un modelo tarifario, el cual deberá ser evaluado periódicamente de tal forma que se promueva la universalización del uso del sistema bajo principios de eficiencia y eficacia y que permita su sostenibilidad.

4. Persistencia en el uso de la plataforma CompraRed para la realización de procedimientos de contratación administrativa, lo cual no permite contar con un único sistema centralizado de compras públicas. Se utilizó en 115 procesos de contratación, entre enero 2017 y el 20 de junio de 2017.

5. Ausencia de valoración de riesgos para la operación e implementación del SICOP. No se cuenta con un monitoreo de eventuales riesgos que pueda enfrentar la implementación del sistema y su gestión de riesgos institucional apegada a los parámetros normativos.

Disposiciones

Se giran disposiciones al Ministro de Hacienda y al Director de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de Hacienda, con el fin de subsanar las debilidades señaladas en este informe.

El Área de Servicios Públicos Generales de la CGR emitió los informes N° DFOE-PG-IF-24-2017 y DFOE-PG-IF-25-2017: el primero tuvo como objetivo evaluar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), utilizada para la prevención del delito; con el propósito de determinar la continuidad del servicio que brindan; el segundo tuvo como objetivo determinar el grado de coordinación efectuado por la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea (DSVA), con los diversos actores que intervienen en la protección del territorio nacional.

Resumen general de hallazgos

DFOE-PG-IF-24-2017 - Flota vehicular del Ministerio de Seguridad Pública:

• El MSP no ha establecido un plan de mantenimiento preventivo para su flota vehicular.

• La Dirección General de la Fuerza Pública no cuenta con un procedimiento para la sustitución de la flota vehicular utilizada en el servicio de vigilancia ciudadana, por la salida temporal o permanente de los vehículos de la operación policial.

• En el esquema organizacional del MSP no se encuentra establecida la dependencia, funciones, deberes, organización, ni los mecanismos de coordinación y de trabajo de los talleres satélites regionales del Ministerio, los cuales dan soporte a la Sección de Taller Mecánico de la Dirección de Transportes, en el desarrollo de actividades de mantenimiento de la flota vehicular.

DFOE-PG-IF-25-2017 - Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea (DSVA):

• Los planes operativos institucionales de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea para los años 2015 al 2017, no definen objetivos, acciones, metas e indicadores específicos referentes a la implementación acciones operativas preventivas por medio de los patrullajes de rutina en áreas determinadas previamente, teniendo como objetivo obstaculizar la ocurrencia de hechos delictivos, garantizar el orden público y ofrecer la seguridad e integridad del país mediante la vigilancia del espacio aéreo.

• Debilidades por ausencia de procedimientos y criterios para valorar y la calificar las solicitudes que ingresan a la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, para el uso de las aeronaves y helicópteros de policía por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

• Debilidades en el sistema informático de registro de planes de vuelo en la DSVA.

Disposiciones

Se giran disposiciones al Ministro de Seguridad, al Director a.i de Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea y a la Jefe de Planificación Institucional para que se solventen las debilidades señaladas en estos informes.

El Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República, emitió el informe N° DFOE-SAF-IF-00013-2017; el cual tuvo como objetivo verificar la realización de evaluaciones de exenciones tributarias otorgadas a sujetos privados, por parte de la Dirección General de Hacienda y el efecto de las mismas.

Las exenciones se constituyen en un beneficio, por el cual se autoriza para dejar de pagar parcial o completamente un determinado tributo, por tanto es dinero que el Estado deja de percibir, y por ende es de suma relevancia que exista un adecuado control de estos beneficios otorgados, máxime en una coyuntura donde se busca una mayor eficiencia en la recaudación y control del gasto tributario.

En el periodo comprendido entre el 2010 y el 2017, la Dirección General de Hacienda por medio de División de Incentivos Fiscales, realizó seis evaluaciones sobre regímenes de exoneración de tributos a sujetos privados, que en conjunto se les asocia exoneraciones aplicadas por ¢62.544,7 millones, según periodo evaluado. Dichas evaluaciones generaron 20 recomendaciones sobre la pertinencia de mantener o no vigentes dichos regímenes.

Resumen general de hallazgos

Necesidad de fortalecer el seguimiento e implementación de las recomendaciones emitidas por la Dirección General de Hacienda en los informes de evaluación de los regímenes de exenciones

• No se conoce el avance de implementación de las recomendaciones emitidas en los informes de evaluación de los regímenes de exención, no se registra un apropiado seguimiento o bien, no han sido canalizadas a instancias más allá del Ministerio de Hacienda, tales como Asamblea Legislativa y entes recomendadores de exenciones, para su conocimiento y toma de decisiones.

Limitaciones para la obtención de datos sobre exenciones

• La Dirección General de Hacienda enfrenta limitaciones para obtener y brindar, de manera oportuna, información completa y razonable sobre el monto de impuestos efectivamente exonerado por tipo de régimen y beneficiario, especialmente aquellos autorizados a nivel local. Finalmente, esta Contraloría ha externado de forma reiterada en consulta a proyectos de ley, que el gasto tributario que tiene el país debe ser atendido, en el contexto de la compleja y difícil situación fiscal que enfrenta el Gobierno, caracterizado por un déficit estructural insostenible.

Disposiciones

Se giran disposiciones al Viceministro de Ingresos para que se establezcan e implementen los mecanismos de coordinación en el viceministerio de ingresos, y demás entes que correspondan a efectos de que se generen las estadísticas sobre los montos ejecutados de exenciones autorizadas y se ajusten los formularios de declaración de impuestos para que se identifiquen las exenciones que se han hecho efectivas. Se giran disposiciones a la Dirección General de Hacienda para que se presenten y analicen los resultados de las evaluaciones con las partes interesadas y se regule la realización de evaluaciones así como su comunicación y seguimiento.

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR emitió el informe DFOE-AE-IF-00014-2017, cuyo objetivo fue examinar la razonabilidad de las principales cuentas de los estados financieros del Fondo Nacional de Emergencias a cargo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

La principal fuente de ingresos de este Fondo para la atención de emergencias en el país, es el tributo del 3% de las ganancias o del superávit libre del periodo económico respectivo, al cual están obligadas las instituciones de la Administración Central, Administración Pública descentralizada y empresas públicas. A diciembre de 2016, los recursos del FNE ascienden a ₡73 mil millones.

Resumen general de hallazgos

• La CNE efectúa una débil gestión de cobro del tributo fijado en la Ley n.° 8488, relativo al 3% de las ganancias o superávit libre del periodo que obtengan las instituciones públicas; lo cual ocasiona que el Fondo Nacional de Emergencias deje de percibir recursos para la atención de emergencias. Además, no se tiene certeza de la totalidad de las instituciones que deben pagar el tributo ni de la base imponible que les aplica.

• En el 2016 ninguna de las empresas públicas declararon el tributo. Por ejemplo, el AyA dejó de pagar en 2014 y al igual que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, alegan que no deben pagar del tributo porque solo tienen superávit específico y no libre, pero la Comisión no ha gestionado el cobro a pesar de que la base imponible de estas instituciones son las utilidades que muestran sus Estados Financieros.

• La CNE no ha efectuado el análisis jurídico que establezca si las municipalidades y universidades estatales deben pagar el tributo, pues si bien la mayoría puede tener exención del pago de tributos, esta no se extiende a aquellos creados con posterioridad, como es el caso del establecido para la CNE.

• La CNE no verifica que el monto declarado por las instituciones que sí tributan, coincida con las utilidades o superávit libre del periodo; por ejemplo, según lo declarado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal la Comisión podría estar dejando de percibir por el periodo a 2016 la suma de ₡156,7 millones.

• Asimismo, la Comisión carece de un plan anual de inversiones de los recursos del Fondo Nacional de Emergencias, pues se limitan a determinar las necesidades de efectivo cada mes y decidir en ese momento si los títulos valores se redimen o reinvierten.

Disposiciones

Se giran disposiciones a las autoridades de la CNE, para que determine las instituciones que deben tributar y no cumplen esta obligación, y cuando corresponda aplique el procedimiento de cobro administrativo; también, para que elabore un plan anual de inversiones de los recursos del Fondo.

El Área de Servicios Públicos Generales de la CGR emitió el informe N° DFOE-PG-IF-21-2017; el cual tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de buenas prácticas en materia de gestión y control de la calidad y seguridad de la información utilizada para la toma de decisiones gerenciales de los procesos sustantivos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

La Dirección General de Migración y Extranjería es un pilar fundamental para la garantía de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Para realizar su labor de forma eficaz, requiere de información de calidad que le permita tomar decisiones ágiles, tanto estratégicas como operativas.

Resumen general de hallazgos

• La Dirección General de Migración y Extranjería presenta debilidades importantes en la seguridad de la información, tales como:

a) En relación con la continuidad de los servicios se presenta una serie de debilidades en los documentos asociados con el plan de continuidad de negocio, dado que no contemplan los procedimientos que deben llevarse a cabo durante una interrupción de servicios para garantizar la supervivencia de la organización, operando al menos con las funciones definidas como críticas, para brindar un servicio mínimo a los usuarios.

b) La Unidad de Gestión de Tecnologías de Información no cuenta con información inmediata para variar los derechos de acceso a la información de funcionarios que cambian su situación laboral dentro de la institución, lo cual puede llegar a permitir la manipulación de información confidencial, sensible y relevante por parte de personas que ya no deberían tener estos privilegios.

c) La plataforma tecnológica presenta riesgos, al existir versiones diferentes de software de base (sistemas operativos) en productos similares, lo que dificulta las actualizaciones y estandarización de esta plataforma, así como la existencia de aplicaciones obsoletas, algunas de ellas inclusive sin respaldo del fabricante.

• Por otra parte, la Dirección General de Migración y Extranjería presenta debilidades importantes en la calidad de la información, ya que cuenta con sistemas de información que han cumplido su vida útil. También se evidencian problemas de integración de los sistemas, donde las principales aplicaciones no comparten información que es importante para la toma de decisiones.

Disposiciones

Se giran disposiciones a la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, a la Directora General y a la Gestora de Tecnologías de información para que se solventen las debilidades señaladas en este informe.

El Área de Servicios Sociales de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-SOC-IF-23-2017; el estudio tuvo como objetivo determinar si con respecto al Programa Empléate, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha diseñado e implementado mecanismos que coadyuven a impartir la capacitación que requiere el mercado laboral, seleccionar beneficiarios y centros de formación, y realizar el seguimiento del programa.

Para el 2016, las personas jóvenes de 17 a 24 años que formaban parte de la fuerza de trabajo pero se encontraban desempleados, representaron el 41,34% (89.967) del total de desempleados en ese año (217.623), de manera tal que se incrementó en 6,52 p.p. la participación de esta población en la tasa de desempleo abierta en relación con el 2011, año en que se presentó el Programa Empléate.

El Programa Empléate, como una medida para contrarrestar la problemática del desempleo en las personas jóvenes, otorga un subsidio a los beneficiarios para que puedan asistir a las capacitaciones en centros de formación públicos y privados. El Programa gira un subsidio mensual, el cual se encuentra definido en ₡100.000,00 si el centro de formación es público, o bien, ₡200.000,00 si el mismo es privado. En el primer caso, el 100% del subsidio es para que el estudiante sufrague sus gastos para asistir a la capacitación, mientras en el segundo caso, el 50% es para el estudiante, con el propósito de hacer frente a los gastos para poder asistir al determinado curso, y el restante 50% para que cancele al Centro de Formación el costo de la capacitación.

Así las cosas, dicho programa, ha mostrado un crecimiento en la cantidad de subsidios otorgados a través de los años, debido a que en el año 2012 se desembolsó el monto de ₡946.000,00 miles y para el año 2016 giró ₡9.451.925,00 miles para un total otorgado a beneficiarios desde el año 2012 a julio 2017 de ₡29.272.725,00 miles.

Resumen general de hallazgos

• No contar con suficientes estudios de mercado para determinar las capacitaciones que se deben de brindar, con el fin que los beneficiarios tengan mayor posibilidad para insertarse en el mercado laboral.

• Se determinó que el monto del subsidio, el cual varía para los casos de capacitaciones en centros de formación privados (₡200.000,00 mensuales) y públicos (₡100.000,00 mensuales), no fue definido a través de criterios técnicos, y no ha sido revisado desde la fecha de creación del programa (2011).

• Se determinaron debilidades con la aplicación y contenido de los procedimientos establecidos para seleccionar beneficiarios y captar centros de formación.

• Para las capacitaciones y personas egresadas se ha omitido un seguimiento y monitoreo del Programa.

• Asimismo se evidenciaron falencias en la conformación y resguardo de expedientes de los proyectos de capacitación, las cuales afectan el seguimiento del Programa.

Disposiciones

Se giran disposiciones al Ministro de Trabajo y Seguridad Social y al Director Nacional de Empleo, con el fin de subsanar las debilidades señaladas en este informe.

El área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe DFOE-SOC-IF-00025-2017, el cual contiene los resultados de una auditoria de carácter especial que tuvo como objetivo analizar los controles que ejerce el INAMU en la gestión del Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES), en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2016.

En el periodo 2014-2016 el FOMUJERES entregó ¢4.467,78 millones para el financiamiento de 2.821 proyectos de mujeres, tanto individuales como grupales.

Este Fondo tiene como objetivos promover la autonomía económica de las mujeres, impulsando la ejecución y la sostenibilidad de sus actividades productivas; así como fomentar las iniciativas de las mujeres dirigidas a la organización y asociatividad en beneficio de sus derechos.

Hallazgos del estudio

• Debilidades en la selección de los proyectos para los cuales se solicitan recursos del Fondo, tanto en su admisibilidad como en la valoración de su viabilidad técnica.

• No se realiza la valoración correspondiente para determinar la viabilidad técnica de los proyectos, sino únicamente realiza una revisión de los requisitos contenidos en la información suministrada por las postulantes de los proyectos.

• En lo relativo al proceso de seguimiento de los proyectos, se estableció que ese Instituto no cuenta con una estrategia estandarizada para efectuar las visitas in situ y para dar acompañamiento durante su ejecución.

• En una encuesta realizada por esta Contraloría General, a 136 beneficiarias del Fondo; el 45,2% indicó que nunca había recibido una visita por parte de funcionarias de ese Instituto para darle seguimiento a sus proyectos.

• Con respecto al seguimiento de los proyectos, el análisis realizado reveló que los beneficiarios de los recursos del Fondo no presentan las liquidaciones correspondientes o las presentan parcialmente, sin que el INAMU haya tomado las acciones respectivas ante tales incumplimientos

Se giran disposiciones al INAMU para la corrección y mejoramiento de las situaciones determinadas en esta auditoría, misma que tendrá el debido seguimiento de disposiciones en el órgano contralor.