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La CGR autorizó dos compras urgentes para atención de necesidades dada la pandemia para el Hospital Psiquiátrico de la CCSS, las cuales se detallan a continuación:

• Contratación, en forma directa con oferente idóneo, el suministro de gases medicinales, para el abordaje de la pandemia causada por el Covid-19, por un monto máximo de ¢236.586.500,00 (doscientos treinta y seis millones quinientos ochenta y seis mil quinientos colones exactos).
• Contratación, en forma directa con oferente idóneo, la mano de obra y materiales para acometida eléctrica para para hacer viable el uso de carros térmico-transportadores de alimentos del Servicio Nutrición-COVID-19, para el abordaje de la pandemia causada por el Covid-19, por un monto máximo de ¢14.292.000,00 (catorce millones doscientos noventa y dos mil colones exactos).

La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su deber constitucional, remitió este 1 de mayo a la Asamblea Legislativa, la Memoria Anual 2020, cuyos contenidos principales se detallan a continuación:

• Documento de Opiniones y Sugestiones dirigido a la Asamblea Legislativa, el cual se denomina "Costo inicial y lecciones del COVID-19: hacia una nueva Hacienda Pública". Se presenta una estimación del costo inicial de atención de la pandemia, se proporciona información acerca de su forma de financiamiento, y se analizan los principales efectos observables hasta el momento sobre la continuidad, la percepción y otros desafíos estructurales que emergen en la gestión de los servicios públicos. Finalmente,el informe contiene una serie de reflexiones sobre cómo capitalizar los aprendizajes de este período tan atípico. Enlace a video de la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga: Memoria Anual 2020 CGR - Costo Inicial del COVID

Con respecto a los distintos dictámenes que requieren opinión de la institución, se detallan a continuación sus resultados:

• Dictamen de la liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto de la República: se emite un dictamen con abstención de opinión relacionada principalmente con la incertidumbre producto de situaciones identificadas en las partidas de remuneraciones del MEP, así como gastos no incluidos en la liquidación y gastos mal clasificados, conceptos por los cuales el déficit financiero se encuentra subestimado en 0,4% y 0,2% del PIB en 2020, respectivamente.
• Dictamen del Informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y Dictamen del Informe de resultados físicos del Presupuesto de la República: se emite una opinión con reservas y adversa respectivamente.
• Informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2020 en su primer año de aplicación: se determinó que de 154 instituciones contempladas en el alcance del informe, 113 cumplieron con la regla fiscal, 12 instituciones incumplieron y sobre 29 casos la CGR se abstiene de emitir opinión dado que existe una limitación relativa a la disponibilidad de la totalidad de la información requerida.
• Memoria del Año Económico cuyos análisis de temas presupuestarios y fiscales se publicaron en el sitio #MonitoreoCGR. Enlace a video de la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga: Memoria CGR 2020 - Dictámenes constitucionales

A partir de este martes 4 y hasta el lunes 24 de mayo, se abre el período de recepción de la Declaración Jurada de Bienes 2021 ante la CGR, según artículo 56 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422. Dicho proceso es totalmente electrónico y se realiza ingresando a la página www.cgr.go.cr Este año se estima que dicha obligación recae sobre 21.000 funcionarios.

En acatamiento a las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud y para evitar riesgo de contagio de COVID-19, se brindará toda la asesoría requerida por los usuarios por diversos medios descritos a continuación:

	declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr
	905-DECLARE (905-3325273) | 2501-8150
	WebChat CGR habilitado a lo largo del Sitio Web CGR

Estaremos informando los avances del cumplimiento de este requisito legal por parte de los declarantes, a lo largo del plazo establecido por ley para tal fin. Agradecemos la ayuda en difundir dicha información para lograr el mejor cumplimiento de los funcionarios sujetos a dicha obligación legal.

Pueden ingresar al vínculo: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb-info-mayo.html para encontrar información detallada sobre autogeneración de clave, cómo llenar la declaración, comunicados y avisos relacionados, entre otros. Se adjunta video del Sr. Manuel Martínez, gerente de la División de Gestión de Apoyo, sobre el proceso de declaraciones juradas.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, 10.000.000 unidades de mascarillas médicas descartables para el abordaje de la pandemia causada por el Covid 19, por un precio unitario de $0,168 (ciento sesenta y ocho centavos de dólar), para un monto máximo de $1.680.000,00 (un millón seiscientos ochenta mil dólares exactos).

La CGR autorizó hoy la modificación del contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial “Circunvalación Norte”, Ruta Nacional No. 39, Sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ent. Ruta Nacional No. 109), producto de la licitación pública internacional No. 2013LI-000008-0DE00, suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad y el Consorcio Estrella – Hernán Solís, a efectos de incorporar la construcción de la Unidad Funcional V, por un monto de $59.996.879 dólares y un plazo de 18 meses.

¿Qué pasó durante el trámite?

• Primera gestión presentada el 26 de febrero de 2020 y archivadal el 16 de junio de 2020, por solicitud expresa de la Administración, para resolver temas relacionados con el presupuesto extraordinario institucional.
• Segunda gestión presentada el 12 de agosto de 2020 y archivada el 08 de setiembre de 2020, por cuanto el plazo de prórroga solicitado sobrepasa el previsto en el ordenamiento jurídico para resolver gestiones de modificación unilateral.

¿Qué se autoriza?

Tercera gestión presentada el 03 y 04 de febrero de 2021, cuyo plazo se interrumpe por requerimientos de información adicional y convocatorias a reuniones. Una vez resueltos los temas relacionados con el contenido presupuestario, la vigencia del contrato de construcción, entre otros, y ante un plan de trabajo que permite ejecutar las obras sin intervención de los sitios pendientes de expropiación, se autoriza la modificación del contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial “Circunvalación Norte”, para así garantizar la conectividad completa del corredor vial Circunvalación Norte.

¿Qué sigue?

• La Administración debe gestionar las expropiaciones de las propiedades pendientes de la manera más célere posible, procurando que las mismas no se conviertan en un obstáculo para concluir el proyecto en el plazo propuesto y así no generar mayores costos.
• La Administración deberá adoptar las medidas necesarias para contar con la supervisión que garantice la correcta ejecución de la construcción de la Unidad Funcional V.

La CGR realizó un informe sobre la capacidad de los gobiernos locales del GAM para llevar a cabo la planificación urbana y el ordenamiento territorial, en un contexto de aceleración de la urbanización. El estudio evaluó 31 cantones y considera un periodo de estudio desde 2019 hasta el 18 de enero del 2021.

Panorama General

 

• Se requieren acciones urgentes para fortalecer la capacidad de gestión en cuanto a la planificación urbana de los cantones.
• Algunos gobiernos locales deben mejorar en materia de renovación urbana e inspección de construcciones.
• Persisten brechas en trabajo intermunicipal e interinstitucional para desarrollar proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano del GAM.
• Se evidencia la implementación de buenas prácticas, como el diagnóstico de renovación urbana, implementación de sistemas TI para la inspección de construcciones (teledetección) y ordenamiento territorial, implementación de criterios y recomendaciones establecidos en instrumentos de planificación nacional y regional, y ejecución de proyectos conjuntos por parte de algunas municipalidades.

La CGR dio hoy luz verde al contrato de supervisión de la Circunvalación Norte, una vez que el CONAVI logró certificar la suficiencia en los recursos presupuestarios para hacer frente al diferencial cambiario señalado en el oficio notificado ayer, como parte del trámite gestionado por esa entidad conforme el marco normativo vigente y obligatorio para la Administración en este tipo de gestiones.

Queda ahora en manos de la Administración, bajo su responsabilidad, ejecutar lo pertinente. Se adjunta tanto el oficio remitido por el CONAVI junto a dos certificaciones de recursos requeridas como el oficio de la CGR con el aval legal.

El día de hoy la CGR resolvió la solicitud de autorización para modificar el memorando existente entre el CONAVI y la agencia de la UNOPS para la supervisión de las obras de la Circunvalación Norte (ver oficio adjunto). Como se ha informado anteriormente, este trámite se atiende por segunda ocasión:

• Ya en enero de este año la CGR debió rechazar la gestión por problemas para acreditar que cuentan con todo el contenido presupuestario por parte del CONAVI para pagar las obligaciones correspondientes al año 2021. La CGR está imposibilitada técnica y legalmente para aprobar gestiones de esta naturaleza si no cuentan con todo el contenido presupuestario requerido.
• En esta oportunidad, se determina que pese a que la Administración incorporó la mayor parte de los recursos para hacer el pago correspondiente, no lo hizo en forma integral por condiciones de tipo cambiario. Tal situación no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de contratación administrativa y, por ende, la CGR no puede aprobar la gestión tal y como fue remitida.

Ahora queda en manos de las autoridades de la Administración ajustar el monto total y remitir la gestión a la CGR para tal fin, siendo un tema de absoluta prioridad para el ente contralor en el momento en que se ajuste el presupuesto al monto debido.

La CGR procede a informar la realidad de los hechos documentables sobre el trámite de prórroga del contrato de supervisión de la Circunvalación Norte, dada la versión imprecisa y omisa dada por el CONAVI:

1. El primer trámite se presentó por medio del oficio DIE-07-2020-1424 (39) del 17/12/2020 del CONAVI, recibido el 06 de enero de 2021, ante esta Contraloría General. Dicha gestión se rechazó con el oficio No. 00954-2021 del 21 de enero de 2021, en el cual se deniega la solicitud por no tener el contenido presupuestario suficiente para cubrir los pagos de ese contrato.
2. La gestión en trámite actualmente ingresó con el oficio DIE-EX 07-2021-127 (78) recibido en la Contraloría el 4 de febrero del 2021. Se han emitido requerimientos de información vital para resolver, sobre el tema de la vigencia del contrato actual y sobre la acreditación de que se cuenta con contenido presupuestario para hacer frente al primer desembolso que se efectuaría a este año.
3. La suspensión unilateral del CONAVI no es de resorte de la CGR en tanto es un acto que debe explicarse como interés público institucional por causas imprevistas o imprevisibles, las cuáles no son atribuibles a las actuaciones de la CGR. Adicionalmente, esa suspensión será responsabilidad de la Administración en cuanto al costo y daños que ocasione la decisión, mismos que -estando en plazo la CGR para resolver sobre el trámite actual- no son atribuibles tampoco al ente contralor.
4. Las acciones de la Administración son las que marcan los resultados de los procesos de autorizaciones, ya sea para aprobar o rechazar. La Administración conoce sobradamente los plazos establecidos en la legislación y los trámites que deben cumplirse en un Estado de Derecho como el nuestro. La decisión de suspender un contrato conlleva riesgos y genera responsabilidades para quien lo decide. De este modo, debe asumir CONAVI sus decisiones como responsable de ello y debe dejar constancia de su fundamentación que eso implique.

Esta gestión se encuentra en trámite en la División de Contratación Administrativa de modo que no nos referiremos en adelante hasta su debida resolución.

La CGR recién autorizó una contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la CCSS para adquirir, en forma directa con oferente idóneo: 796.000 guantes de nitrilo talla S por un costo unitario de ¢169,87; 870.000 guantes de nitrilo talla M por un costo unitario de ¢169,87 y 440.000 guantes de nitrilo talla L por un costo unitario de ¢132,37; para la atención de la pandemia causada por el Coronavirus, cuyo monto máximo total es de ¢341.247.320,00 (trescientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos veinte colones exactos) y por un plazo de dos meses.

La CGR emitió el documento Opiniones y Sugestiones acerca de los desafíos de la transición energética desde la perspectiva de la Hacienda Pública, el cual pretende aportar una visión integral de la necesidad de cambio en el sector, así como de los principales desafíos que representa la transición energética, los cuales requieren de discusión y toma de decisiones en el Congreso y otros espacios públicos.

Principales retos identificados:

1. Instrumentalizar la política pública con base en la ciencia y la técnica.
2. Ejercer de forma efectiva las potestades institucionales del Subsector Energía.
3. Manejar eficiente y sosteniblemente los recursos públicos.

Sugerencias de cara a la transición:

Ayer venció el plazo otorgado por la CGR al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -MTSS- para que ese ministerio dispusiera en su sede de la base de datos del Bono Proteger, tal y como indica la orden emitida por la CGR (adjunta). Es relevante aclarar que el origen de la orden dada por la CGR obedece a la aplicación de lo expresamente establecido en el propio Decreto Ejecutivo que creó el Programa Bono Proteger, según el cual la administración y responsabilidad de dicha base de datos debió estar en manos de ese Ministerio, y no en manos de la empresa privada donante de dicha plataforma. El MTSS informó, dentro del plazo establecido, que dicha base de datos fue debidamente trasladada al Ministerio, en cuyo caso la CGR realizará las valoraciones pertinentes sobre este particular.

Es importante aclarar imprecisiones dadas por representante de la empresa privada donante de la plataforma en días pasados:

1. La CGR no tuvo acceso a la base de datos completa del Bono Proteger dado que la información de la citada base de datos que suministró el MTSS a la CGR correspondió sólo a los datos estrictamente vinculados al cumplimiento de los objetivos previstos en los procesos de auditoría. Es falso, por ende, indicar que la CGR cuenta con una copia de dicha base de datos en su sede.
2. En relación con el manejo de dicha información, la CGR cuenta con profesionales e infraestructura tecnológica actualizada, con protocolos, lineamientos, procedimientos y directrices tendientes a proteger toda la información catalogada y clasificada, garantizando su resguardo en repositorios seguros. Es incorrecto indicar que la CGR no tiene condiciones de seguridad para resguardar la información requerida para la auditoría del Bono Proteger.

No nos referiremos más en detalle a este tema dado el proceso de seguimiento en que se encuentra la institución sobre lo dispuesto en los informes.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, guantes ambidextros de nitrilo, para el abordaje de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢5.867.505.000,00 (cinco mil ochocientos sesenta y siete millones quinientos cinco mil colones). Según las siguientes características:

• Guantes ambidextros de nitrilo color azul o violeta, no estériles, tamaño pequeño (equivalente 7 o S).
• Guantes ambidextros de nitrilo sin polvo, color azul o violeta, no estériles tamaño mediano.
• Guantes ambidextros de nitrilo, tamaño grande, no estériles color azul o violeta.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social, para contratar en forma directa con oferente idóneo, el arrendamiento de edificio para albergar el servicio de oftalmología del ente hospitalario, para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢5.132.106,00 (cinco millones ciento treinta y dos mil ciento seis colones exactos) mensuales, y un plazo máximo de seis meses.

La CGR resolvió hoy (resolución adjunta) los recursos de objeción al cartel de licitación del Ministerio de Justicia y Paz para las tobilleras electrónicas, recursos presentados por las empresas: Geotecnologías S.A., Empresa De Servicios Públicos De Heredia S.A., Soin Soluciones Integrales S.A., Asesores I.S.E. de Costa Rica S.A., Sáenz Fallas S.A., Buddi Limited, Grupo Visión Tecnologías de Costa Rica S.A., Grupo Computación Modular Avanzada S.A., SPC Telecentinel S.A., Enersys Mva S.A., y Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A.

Estos recursos fueron declarados de distintas formas: algunos sin lugar, parcialmente con lugar, o bien, se presentan aclaraciones por parte de la Administración. El recurso interpuesto por la empresa ADC MOVIL CRI S.A. se había rechazado de plano por extemporáneo. En relación con los alegatos expuestos por las empresas, a manera de resumen se detallan los principales aspectos sobre los que se revolvió así como las implicaciones que tiene lo resuelto:

¿Qué sigue con lo resuelto?
Sin lugar los alegatos	La cláusula del cartel se puede mantener como se encuentra actualmente.
Aclaración del tema	Al contestar el Ministerio de Justicia le aclara a la empresa recurrente cómo debe ser entendida la cláusula del cartel.
Parcialmente con lugar	No se acepta del todo el alegato de la empresa recurrente, pero se identifican aspectos que el MJP tendrá que justificar con el respaldo necesario. De requerirse deberá corregir el cartel luego de ese análisis, o bien, la Administración acepta modificar el cartel.

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La Contralora General, Marta Acosta, expone esta tarde, en la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa, el criterio de la CGR sobre proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital.

La CGR emitió criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado "Creación del Gran Parque de Diversiones del Caribe" (expediente no. 22.264) el cual propone autorizar a JAPDEVA la creación de un parque temático para la atracción de turismo, así como celebrar contratos de asociación empresarial con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, para crear dicho parque. Los principales términos del criterio emitido pueden resumirse así:

	No hay estudios técnicos que determinen la viabilidad técnica, presupuestaria, financiera, económica y el impacto social del proyecto. Es importante señalar que el aval estatal, presupone un análisis sobre la capacidad fiscal del Estado, por cuanto podría eventualmente convertirse en un pasivo para el Estado y con ello generar una mayor presión fiscal, en un contexto en el que las finanzas públicas muestran poco margen de disposición económica.
	Sobre la utilización del canon de fiscalización, la disposición de esos montos para otros fines distintos a los establecidos sería contrario a la normativa y podría afectar el sistema de control de la concesión.
	Todo proyecto cuyo financiamiento se derive del canon de desarrollo, sea incorporado a la cartera de proyectos para análisis de JAPDEVA, de manera que su elección se derive de un análisis técnico, financiero, económico, ambiental y comparativo con otros proyectos, según el modelo de gestión establecido.
	Si bien ya no se crea una asociación, se debe valorar el impacto institucional de la creación del parque temático dentro de la estructura de JAPDEVA y que no forma parte de las competencias propias y originarias de la institución.

Es importante indicar que la autorización que se concede mediante el proyecto de ley en el numeral 1 no es una excepción de la aplicación de la ley de contratación administrativa (para que JAPDEVA pueda celebrar contratos de asociación empresarial con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas).

Le invitamos a unirse este miércoles 17 de marzo a este evento virtual al margen de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas para un animado debate sobre las barreras que enfrentan las mujeres en los organismos de finanzas públicas y los pasos que deben tomarse para permitir una mayor paridad de género en el liderazgo de estos organismos.

Con la participación de la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga junto con otros importantes exponentes.

En comparecencia de esta tarde en comisión legislativa, la Contralora General, Marta Acosta, se refiere ampliamente a los informes emitidos por la CGR sobre la gestión del Bono Proteger, una vez resueltos los recursos planteados por la Administración (ya fueron notificados a la Administración). Los resultados de dichas auditorías se confirman y hoy la Contralora expone datos relevantes del tema.

La CGR emitió también una orden de acatamiento obligatorio sobre la base de datos de dicho bono (adjunta), dirigida a la Ministra del MTSS para que adopte las medidas necesarias para administrar y resguardar, bajo criterios técnicos, los datos de los solicitantes y beneficiarios del Bono Proteger, así como dar el respectivo seguimiento a las mismas, independientemente del medio en que se encuentre o del sitio de almacenamiento alterno donde se ubique la información referida. Las razones técnicas para emitir esa orden se basan en el proceso de auditoría sobre la plataforma tecnológica implementada para gestionar dicho bono en el MTSS (en curso en la CGR), en la cual se determinó que ese Ministerio, como institución responsable y dueña de la base de datos, no ha ejecutado acciones tendientes a asumir los controles y mecanismos correspondientes para ejercer un rol activo que garantice la seguridad en el tratamiento y accesos a los datos contenidos en la citada base de datos, así como su debido resguardo conforme a su deber de administración de la base de datos.

Ante múltiples consultas sobre la posibilidad de aplicar el artículo 209 del Reglamento de Contratación Administrativa como solución temporal (mientras está en curso una licitación internacional) para el contrato de tobilleras electrónicas para privados de libertad bajo ese régimen, lo que requiere la Administración -Ministerio de Justicia y Paz- para su implementación es el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• El contrato debe haber concluido pero requerirse suministros o servicios adicionales de igual naturaleza.
• El contratista debe aceptar el contrato adicional.
• El nuevo contrato se debe desarrollar sobre las bases del precedente.
• Se deben mantener los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las obligaciones anteriores No obstante se pueden presentar mejoras en esas condiciones en que se ejecutó el contrato anterior.
• En todo caso, el monto del nuevo contrato no puede ser mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas.
• En los contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. De tal forma que ese es un elemento a considerar según el contrato original.
• No debe haber transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir de esta fecha.
• Se debe determinar que el contratista no haya incurrido en ningún incumplimiento grave.
• Se debe incluir en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se justifica el nuevo contrato.

Estas condiciones deben estar determinadas por la Administración así como el resto de requisitos legalmente procedentes como: contar con el contenido presupuestario para cubrir las nuevas obligaciones, verificar que se mantenga el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, pagos de tributos, que no existan prohibiciones, ampliar garantías de cumplimiento, entre otros.

El uso del artículo 209 no se tramita ni requiere autorización de la Contraloría General de la República y queda bajo entera responsabilidad de la Administración la verificación de todo lo anteriormente indicado. No nos referiremos adicionalmente a este tema dado que queda en manos de la Administración.

La CGR estará realizando la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos 2021, del 8 al 24 de febrero. Esta será aplicada por funcionarios de la Institución, vía telefónica, a personas mayores de 18 años, y de forma anónima. El objetivo es conocer la percepción de la ciudadanía sobre la eficiencia de un conjunto de servicios públicos tales como: transporte público, servicios de electricidad, agua, conectividad a internet, servicios municipales, seguridad pública, educación pública, salud pública (EBAIS, clínica y hospitales) servicio de justicia, servicio de bonos de vivienda y gestión financiera.

La persona que aplica la entrevista se identificará claramente como funcionaria de la institución, pero si se tiene dudas al respecto, el ciudadano puede verificar la información sobre la aplicación de la encuesta en nuestra dirección electrónica www.cgr.go.cr, donde encontrará incluso el cuestionario que se está aplicando, o bien plantear cualquier consulta al teléfono 2501-8000.

Garantizamos que la información será resguardada de forma segura y confidencial, en tanto se procesan los datos, posterior a esto la información será eliminada.

La CGR autorizó al Ministerio de Educación Pública para contratar de manera directa el servicio de transporte, de rutas de transporte de estudiantes, para el período lectivo 2021, por un monto límite de ¢3.894.351.864 millones de colones, según monto fijado por el propio presupuesto de la Administración. Dicha autorización fue notificada a la administración el jueves 04 de febrero.

La CGR emitió un oficio de respuesta a la gestión planteada por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), cuya pretensión era prorrogar el contrato de tobilleras del MJP con argumentos que ya en anterior oportunidad se había indicado, con claridad y contundencia, no es viable, pero además mediante un trámite improcedente.

Es necesario señalar, dadas las declaraciones de las autoridades de ese ministerio sobre el tema, que la correcta planificación y la oportuna presupuestación de un contrato público es responsabilidad exclusiva de la Administración. Pretender que severos problemas en esos aspectos de la gestión deba solventarlos ahora la CGR, siendo una gestión tardía (a unas semanas de vencer el contrato) e incompleta (no tienen dinero) no es pertinente.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Centro Nacional de Rehabilitación de la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar en forma directa con oferente idóneo, el suministro de oxígeno líquido para los pacientes que son atendidos en el Centro de Atención Especializado para atención de pacientes Covid-19, por un monto máximo de ¢206.430.000,00 (doscientos seis millones cuatrocientos treinta mil colones exactos).

La CGR denegó la solicitud planteada por el Ministerio de Justicia y Paz, referida a la autorización para realizar una modificación unilateral de prórroga por 24 meses del contrato suscrito entre ese ministerio y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, derivado de la Contratación Directa no. 2016CD-000097-0006900001 para una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de la libertad (conocido como brazaletes electrónicos).

Dicha solicitud es denegada tomando en consideración los aspectos:

• Presupuesto: no se cuenta con el contenido presupuestario suficiente para atender la solicitud realizada.
• Precio: La administración no evidencia tener certeza del precio que regirá durante el plazo de contrato, si este se prorroga.
• Contrato: No se tiene certeza sobre la vigencia del contrato pues no se ha acreditado dicha condición según lo establecido en el cartel.

Nos complace informarles los resultados obtenidos por la CGR en la medición anual del Índice de Transparencia del Sector Público. El índice es evaluado por la Defensoría de los Habitantes, y este año midió a 253 instituciones en los siguientes ejes:

En los ejes de Rendición de cuentas y Participación ciudadana también se obtuvieron buenas calificaciones, sin embargo representa un reto a superar juntos, para mejorar como Institución y demostrar la Excelencia que nos caracteriza en todo lo que hacemos.

La CGR acaba de autorizar una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar, en forma directa con oferente idóneo, kimonos tallas S, M, L, XL y XXL para el abordaje de la pandemia causada por Covid-19, por un monto máximo de ¢356.850.000,00 (trescientos cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta mil colones exactos).

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) sobre el monitoreo de los dispositivos electrónicos como mecanismo alternativo de ejecución de la pena, específicamente la supervisión y seguimiento de las personas sujetas a esta modalidad de ejecución de la pena, en el periodo comprendido entre 1° enero 2018 al 31 de mayo 2020. Se concluyó que existen serias debilidades en:

• La supervisión y seguimiento de las personas sujetas a monitoreo electrónico en cuanto a la cantidad de alertas que permanecen sin atender, encontrando 907.956 alertas abiertas correspondientes a 1.485 personas monitoreadas en el período del 13 de mayo al 20 de octubre del 2020.
• El tiempo transcurrido en la atención de las alertas que ya han sido gestionadas; y en la comunicación de estos eventos a la Autoridad Judicial, así como en las gestiones de coordinación con los cuerpos policiales para el abordaje del seguimiento de la población monitoreada.
• La gestión documental y en el registro y reporte de los datos en la plataforma de monitoreo electrónico las cuales no permiten asegurar razonablemente la calidad de la información para el control de la población monitoreada.

Asimismo, conviene informar de dos gestiones adicionales en este tema, actualmente en trámite en la CGR:

• La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa giró una orden al Ministerio de Justicia y Paz relacionada con el avance en el proceso de licitación pública para la contratación de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad. Dicha orden consiste principalmente en la elaboración del cronograma de actividades del procedimiento licitatorio que considere todas las acciones necesarias a fin de empatar el vencimiento del plazo del contrato vigente, la incorporación del contratista que llegue a seleccionarse, así como cualquier fase de transición para el ajuste o cambio de dispositivos que resulte necesario. Esta orden se encuentra en seguimiento por cuanto se está realizando el análisis de la documentación remitida por dicho Ministerio a la CGR.
• La División de Contratación Administrativa de la CGR se encuentra en estudio una solicitud de prórroga del actual contrato de ese ministerio con la ESPH; se requirió información imprescindible para resolver a dicho ministerio cuyo plazo para presentarla vence el 22 de enero. Hasta que ingrese esa información a la CGR no es posible resolver sobre esa prórroga.

La CGR autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para comprar, en forma directa con oferente idóneo, 2.000.000 de unidades de respirador filtrante de partículas para el abordaje de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢2.757.295.200 colones.