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La CGR realizó un estudio sobre la gestión del riesgo por corrupción en 10 municipalidades, con la finalidad de determinar la capacidad de gestión que presentan esos gobiernos locales para prevenir el riesgo de corrupción, así como la promoción de la automejora, el autoaprendizaje y la implementación de buenas prácticas.

El informe revela que las municipalidades evaluadas "...no están preparadas para gestionar de manera integral, acciones y buenas prácticas enfocadas a la prevención y lucha contra la corrupción. Dicha situación incrementa los riesgos de que ocurran actuaciones contrarias a la ética, la integridad y a las normas por parte de los funcionarios. Además podría ocasionar desconfianza en la población y de posibles actos irregulares en contra de los bienes y recursos financieros municipales. Todo esto en detrimento de la transparencia institucional, del logro de los objetivos institucionales y del bienestar de los ciudadanos" (pág.3).

A continuación los ejes evaluados en cada entidad, así como la calificación final obtenida.

Calificación porcentual obtenida

• Corredores: 47%
• Vásquez de Coronado: 31%
• Buenos Aires: 29%
• Jimenez: 26%
• Upala: 26%
• Alajuelita: 18%
• Cañas: 16%
• Atenas: 15%
• Abangares: 14%
• Talamanca 8%

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo,:

1. Equipo médico para la atención de pacientes con la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de $4.147.774,15 dólares.
2. Reconversión de la infraestructura de módulos (edificios) del Hospital Nacional Psiquiátrico para la atención de la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢900.000.000 colones.

En el oficio viene un cuadro con el detalle con las contrataciones urgentes de equipo requerida por la CCSS (páginas 2-4).

La CGR acaba de autorizar una contratación de urgencia al Hospital Nacional Psiquiátrico de la Caja Costarricense del Seguro Social, en forma directa con oferente idóneo, insumos y activos para las instalaciones que se usarán para la atención de pacientes con la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢212.355.721 colones.

La CGR autoriza contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS-, en forma directa con oferente idóneo, de sistema para pruebas PCR totalmente automatizado, para detección de patógenos de muestras biológicas con mínimo tratamiento manual para la atención de la pandemia causada por la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢475.576.950 colones.

La CGR realiza actualmente un proceso de fiscalización sobre el Bono Proteger, de la cual emitió ya dos reportes sobre los temas de diseño del programa y de la plataforma tecnológica implementada para la gestión del mismo. Los resultados se resumen a continuación:

 

1. Diseño del programa

El análisis evidenció, que a pesar de los esfuerzos realizados por el MTSS y el IMAS para diseñar el Bono Proteger, se requiere fortalecer la trazabilidad del objetivo general con el problema identificado y los efectos propuestos en la cadena de resultados, así como definir objetivos específicos que contribuyan al alcance del proyecto como un todo. Se requiere fortalecer el monitoreo y la evaluación de la intervención pública mediante la definición de indicadores, metas, líneas base e instrumentos de evaluación.

 

2. Plataforma tecnológica

La CGR analizó los acuerdos de niveles de servicio que brinda el proveedor y las responsabilidades de la contraparte. Determinó que se requiere el establecimiento de acuerdos mínimos de niveles de servicio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la empresa desarrolladora, para garantizar la operación en términos del servicio mínimo requerido, tiempo de respuesta al usuario, y resolución de incidentes a solicitud del Ministerio, mismo que debe incorporar a su Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) como contraparte técnica en la implementación de dicha plataforma.

Poseen	Carecen
Términos cualitativos	Términos cualitativos
• Soporte	• El servicio mínimo requerido
• Disponibilidad	• Tiempo de respuesta al usuario
• Confidencialidad	• Resolución de incidentes
	• Solicitudes del MTSS
Términos cuantitativos	Términos cuantitativos
• Espacio para almacenar información de aproximadamente para 1 millón de habitantes	• Métricas para evaluar la calidad y cumplimiento del servicio
• Disponibilidad 24/7
• Ventana máxima de pérdida de 4 horas
• Conservación de respaldos hasta por 30 días

La CGR realizó una serie de reportes sobre la evolución fiscal y presupuestaria del sector público costarricense, correspondientes al primer semestre 2020. En el pasado, se emitía un informe de medio período conocido como "Evolución de las Finanzas Públicas", mismo que ahora se convierte en un proceso de monitoreo de las finanzas público contínuo y disponible en línea. Los temas específicos que se abordan en este reporte son: contexto y perspectivas macroeconómicas, situación fiscal del sector público, gasto del Gobierno Central, situación del sector descentralizado y Ejecución del gasto corriente del sector público. Con este aporte esperamos contribuir al ejercicio de las funciones legislativas, a la toma de decisiones de la Administración y al acervo de información disponible para la ciudadanía en materia de Hacienda Pública.

La CGR realizó un análisis de las acciones y controles realizados por los actores públicos involucrados, en la distribución de víveres en 15 cantones, con motivo de la emergencia sanitaria nacional, para verificar la coordinación interinstitucional entre Comités Municipales de emergencia, CNE, MEP e IMAS.

El análisis evidenció la falta de una estrategia integral en la entrega de vivieres, ya que cada uno de los actores ha definido criterios de entrega de manera individual, dando respuestas diferentes que carecen de coordinación entre ellos. Algunas acciones fueron ejecutadas sin una priorización coordinada o con diversos criterios en la distribución de paquetes de alimentos.

Paquetes otorgados a la población de los cantones objeto de estudio

Fuente: elaboración propia

La CGR emitió informe de auditoría, sobre el avance en la implementación del Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público, propuesto desde el año 2014; se determinó que a mayo del 2020 apenas muestra un lento avance con la aprobación de su diseño conceptual y la hoja de ruta para la ejecución de las primeras fases del proyecto. Este proyecto se encuentra a cargo de un Comité conformado por los jerarcas del MOPT, CTP, INCOFER, ARESEP y BCCR.

El informe contralor revela:

Carencia de un plan de proyecto, clave para orientar y gestionar estratégicamente el alcance, el tiempo, los riesgos y los recursos necesarios.

Indefinición de roles, responsabilidades y habilidades del recurso humano, necesario para la implementación del proyecto.

No se han identificado los riesgos que se enfrentan, para el desarrollo e implementación del Sistema, lo que implica que no se gestionen.

Ausencia de un plan de gestión de costos del proyecto, que permita planificarlos, estructurarlos, realizar estimaciones presupuestarias y controlarlos.

Desactualización de los riesgos y documentación del proyecto para implementar el sistema informático de recaudo, necesario para el pago electrónico.

Implementar el pago electrónico es importante porque generaría mejoras en la recaudación de impuestos, el cálculo de tarifas, la planificación y eficiencia del servicio que se brinda a la ciudadanía. Y ante la actual emergencia sanitaria, incidiría positivamente en la salud, al disminuirse el contacto físico que implica el pago en efectivo.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Nacional Psiquiátrico, de la Caja Costarricense de Seguro Social, para contratar en forma directa y con oferente idóneo insumos de aseo para las instalaciones que se usarán para la atención de pacientes con la enfermedad Covid-19. Por un monto máximo de ¢259.093.750,00 (doscientos cincuenta y nueve millones noventa y tres mil setecientos cincuenta colones exactos).

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para contratar en forma directa y con oferente idóneo el arrendamiento de edificio para albergar el Servicio de Oftalmología del ente hospitalario, ante la emergencia de la enfermedad Covid-19. Por un monto mensual de ¢5.132.106,00 (cinco millones ciento treinta y dos mil ciento seis colones exactos) por un plazo máximo de seis meses.

El informe emitido por la CGR contiene un análisis de la gestión que realizan 90 instituciones públicas para continuar prestando sus servicios ante imprevistos como la actual emergencia sanitaria, en 21 servicios públicos que se consideran críticos para la ciudadanía, entre ellos:

Resultados del estudio:

Las instituciones analizadas se encuentran en promedio en nivel “Básico” de gestión de la continuidad institucional, ya que se han realizado esfuerzos aislados para implementar acciones y existe un amplio margen de mejora en la mayoría de ellas. Esto se traduce en que solamente una de las entidades se encuentra en el nivel “óptimo” (BNCR), siete están en el nivel “avanzado” (BCR, ICE, CNFL, BPDC, Bomberos, Municipalidad de Cartago y ESPH) y 82 entidades en los niveles intermedio, básico e incipiente (ver Anexo 1 al informe).

"El INS no ha logrado modernizar su plataforma tecnológica ni proveer a la institución de una solución tecnológica que apoye la gestión de sus procesos, esto a pesar de los distintos proyectos que ha iniciado con este objetivo, siendo el proyecto Axis uno de esos esfuerzos que inició desde el año 2015 y a la fecha de cierre de esta auditoría solo se ha culminado una de las cuatro etapas planificadas del proyecto y para lo cual ha ejecutado ₡5.025,0 millones, principalmente por concepto de recurso humano, monto que representa un 83% de los costos presupuestados por ese concepto" (página 14, informe DFOE-EC-IF-00012-2020).

Así concluye un informe de la CGR sobre el proyecto AXIS del Instituto Nacional de Seguros, el cual pretende adquirir e implementar un sistema para administrar todos los seguros del Instituto, para contar con la necesaria actualización tecnológica de su core de seguros.

La CGR realizó un análisis sobre el endeudamiento en una muestra de 15 Gobiernos Locales, el cual determinó un comportamiento incremental alcanzando el monto de ¢86.888 millones, en el período 2015-2019. Si bien es necesario contar con recursos constituye una oportunidad para desarrollar proyectos de inversión en los cantones, se identifican limitaciones en la administración del endeudamiento así como deficiencias en cuanto a la oportunidad y confiabilidad de las cifras de endeudamiento reportadas por esas instituciones:

Estas son las municipalidades de la muestra analizada:

1. Abangares 2. Alajuela 3. Buenos Aires 4. Corredores 5. Dota 6. Guatuso 7. Liberia 8. Naranjo

9. Pérez Zeledón 10. San Pablo 11. San Ramón 12. Santa Ana 13. Santa Bárbara 14. Santo Domingo 15. Zarcero

La CGR realiza una auditoría en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), sobre la cual emitió un primer reporte relativo al nivel de cumplimiento de mecanismos de prevención de riesgos en los procesos ejecutados para la atención de la emergencia por Covid -19, en el proceso de planificación y la publicidad de la información relativa a la atención de la emergencia. El reporte indica:

• La CNE destina recursos cuantiosos a la atención de la emergencia por el COVID-19 sin estar asociados a un Plan General de Emergencia, que aseguren la asignación óptima de los recursos; el ritmo de asignación del gasto promedio del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) durante los últimos meses supera 4,5 veces el promedio mensual proyectado para 2020.

• No se evidencia la publicación de información completa en el sitio web oficial de la CNE sobre los recursos provenientes del FNE que han sido utilizados en la atención del COVID-19, lo que limita la articulación de acciones entre los actores involucrados en la atención de la emergencia así como la capacidad de prever flujos de recursos necesarios.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social, para comprar en forma directa y con oferente idóneo 185.000 batas limpias descartables, para la atención de la enfermedad Covid-19. Por un monto máximo de $971.250,00 (novecientos setenta y un mil doscientos cincuenta dólares exactos).

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social, para comprar en forma directa y con oferente idóneo 4 ventiladores pulmonares, para la atención de la enfermedad Covid-19. Por un monto máximo de $142.000,00 (ciento cuarenta y dos mil dólares exactos).

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social, para contratar en forma directa con oferente idóneo, el suministro de servicios de alimentación para los pacientes hospitalizados y ambulatorios, por un plazo de 3 meses, ante la atención de la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢191.856.600 colones.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital de la Anexión de la Caja Costarricense de Seguro Social, para contratar en forma directa y con oferente idóneo, el suministro e instalación de mamparas de escritorio, para resguardar la salud del personal ante la atención de la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢8.202.100,00 colones.

La CGR realizó auditoría a la labor de supervisión del MOPT, sobre programa de Infraestructura de Transportes (PIT), gestor de obras viales de rehabilitación y marítimo portuarias. Se detectaron debilidades en la planificación, control y seguimiento de las acciones establecidas en dicho programa, limitando el avance en obras y la toma de decisiones oportunas, generando atrasos en la ejecución del programa y gastos adicionales por concepto de comisiones.

El programa esta conformado de la siguiente forma:

Componentes del programa

Obras Viales Obras Marítimo Portuarias Administración, auditoría y evaluación Obras de rehabilitación y ampliación de puentes y carreteras de la Red Vial Nacional. Rehabilitación y reforzamiento del Rompeolas de Caldera. Gastos relacionados con: Diseños, supervisión y estudios relacionados con la Red Vial Nacional. Plan Maestro del Puerto de Caldera. Gestión socio-ambiental del programa.   Terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya. Prevé la reconstrucción y ampliación de terminales y muelles de Puntarenas. Apoyo a la ejecución y administración.     Auditorías financieras externas.     Monitoreo y evaluación.

Proyectos como la conclusión del tramo Limonal-Cañas o el inicio del proyecto Barranca-Limonal, se han visto afectadas por los atrasos mencionados, siendo obras que permitirán una mayor competitividad del país y un mejor servicio para el ciudadano en cuanto a la reducción de tiempos de tránsito y a una disminución de costos de transporte.

La CGR resolvió los recursos de apelación interpuestos por las empresas MULTISERVICIOS ELECTROMÉDICOS S. A. (MESA) y por ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y MÉDICA S. A. (ELEINMSA), en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000001-3110, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- para adquisición de rayos X transportables digitales, recaído a favor de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S. A., bajo la modalidad de entrega según demanda.

ANÁLISIS DEL CASO: En virtud de los alegatos de las partes se solicitó criterio al Ministerio de Salud en relación con los registros de equipo y material biomédico (EMB) presentados por los apelantes y el adjudicatario en el procedimiento para el objeto ofertado y se determinó que ninguno de los apelantes ni el adjudicatario cuentan con el respectivo EMB al día de apertura de ofertas. Aunado a lo anterior, para el caso del apelante MESA se determinó que incurrió en falta de fundamentación a efectos de acreditar que la totalidad de su personal cumpla con los requerimientos de las cláusulas cartelarias 11 y 17.

Indica la resolución “...se impone señalar que llama nuestra atención que este procedimiento haya tenido fecha de apertura de oferta desde hace casi dos años; que haya tenido que ser de conocimiento de la Junta Directiva en más de dos ocasiones y que se conformaran diferentes comisiones para el análisis de las propuestas y que, a pesar de todo ello, no se hubiera realizado una consulta formal al Ministerio de Salud en relación con los EMB de todos los participantes, a fin de tener claridad sobre un punto tan esencial para la adquisición de este tipo de bienes. Una gestión de compras públicas eficiente aconseja contar con los criterios suficientes que den solidez a los actos que en definitiva lleguen a emitirse” (negrita no es del original).

RESOLUCIÓN DE CGR: se rechazan los recursos de apelación presentados por carecer las empresas apelantes de la legitimación para hacer los reclamos planteados, y la CGR anuló de oficio el acto final dictado por parte de la CCSS por el incumplimiento de la empresa adjudicada. Corresponde ahora a las autoridades de la CCSS tomar las decisiones pertinentes para suplir esta necesidad institucional conforme a la Ley de Contratación Administrativa y el ordenamiento jurídico.

La CGR realizó una auditoría en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) con el fin de verificar el cumplimiento de mejoras regulatorias y la simplificación del trámite de renovación de licencias de pesca comercial, entre enero de 2017 y febrero de 2020. Durante los años 2017 a 2019 se renovaron 1.682 licencias cuya gestión implica para los pescadores una serie de requisitos, los cuales al ser optimizados permitirán una mayor eficiencia y reducción de costos y tiempo para los usuarios.

Los hallazgos de dicho estudio pueden resumirse así:

Bajos niveles de implementación de acciones

7 de 10 principios y disposiciones normativas, no han sido implementados

Se solicitan requisitos distintos según la oficina regional visitada

Los requisitos y actividades necesarias para renovar una licencia, implican varias visitas al instituto, elevando los costos para el cliente

Usuarios inconformes respecto a extravío de documentos y ausencia de personal autorizado en sede regional

 

La Contraloría General de la República autorizó una contratación de urgencia al Centro Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), para contratar en forma directa y con oferente idóneo, los servicios residenciales de profesionales, para atender a las personas usuarias del Programa Servicios de Convivencia Familiar, identificadas como caso sospechoso o positivo de la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢42.900.000,00 colones.

Una débil administración de bienes realizables en manos del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) generó costos de ¢637 millones, entre el 2016 y 2020, según una auditoría del área de Servicios Económicos de la CGR.

¿Porqué el BANHVI debe mantener y administrar esos bienes?

El BANHVI administra aproximadamente 700 bienes, que provienen de la ejecución de garantías hipotecarias, de operaciones de crédito que no fueron atendidas por las entidades financieras o que fueron adquiridos o donados para el desarrollo de viviendas. Esos bienes han estado a cargo del Banco hasta por 25 años, actualmente 576 propiedades tienen una antigüedad de más de 10 años y, en varios casos, corresponden a viviendas que son habitadas sin mediar un contrato, tienen problemas de invasión, entre otras situaciones que limitan su venta o disposición para otros fines. Mantener esas propiedades como bienes administrados por el BANHVI impide recuperar recursos que podrían ser destinados a proveer de vivienda a la población, sumado a los gastos de mantenimiento y custodia que implica su administración. Además, otros podrían destinarse directamente para proyectos de vivienda pero no han sido dispuestos para esos fines.

El área de Servicios Públicos Generales de la CGR realizó auditoría para revisar las acciones de control que ejerce la Dirección de Servicios de Seguridad Privados (DSSP) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), sobre la actividad de personas físicas y jurídicas que prestan ese tipo de servicios, verificando que dichas acciones se realicen en apego al orden jurídico vigente.

Menciona el informe "...es de interés público que esa fuerza privada de seguridad sea controlada y controlable por parte del Poder Ejecutivo, sujetos a una regulación definida para estos efectos que permita establecer esos controles sobre las personas físicas y jurídicas que prestan el servicio de seguridad privada en el país, a fin de que su actuar no represente, más bien, una amenaza latente para la seguridad estatal y ciudadana" (Página 3. El destacado no pertenece al original.)

La auditoría señala debilidades en:

• Proceso de inspección por parte del MSP a las agencias que prestan el servicio de seguridad privada.
• Control sobre el límite de crecimiento de agentes y sobre la actualización de registro de inventarios de armas.
• Debilidades en los sistemas de información que son utilizados para el abordaje de las presuntas irregularidades derivadas del proceso de inspección a estas agencias.

La CGR remitió criterio sobre el proyecto de ley No. 21.970 “Ley de Fomento Socioeconómico Local” con el fin de realizar observaciones de fondo que aporten valor a la Asamblea Legislativa. Las principales observaciones se refieren a:

• La creación de nuevos órganos, instituciones y comisiones. Existe un alto riesgo de que esa estructura de articulación no sea la adecuada, en términos de agilidad, simplicidad y costos, para atender la solución que se persigue y asegurar la satisfacción del interés público.
• Las fuentes de financiamiento de al menos ₡135.112,4 millones. Ponderar los eventuales riesgos respecto al uso de esos recursos, tales como los provenientes de FONATEL y de impuestos, considerando la situación país, la menor disponibilidad de recursos y la limitación de poder canalizar esos recursos a otros fines.
• Exenciones del pago del impuesto del valor agregado y de otros impuestos, a las municipalidades y empresas de la Economía Social Solidaria. Se insiste en que el establecimiento de exoneraciones comprende parte de la problemática fiscal actual que enfrenta el país, ya que constituyen una carga para las finanzas estatales.
• La propuesta se presenta como una herramienta para la gestión socioeconómica a raíz del estado de emergencia pero no se observa una estrategia clara que permita asegurar que los recursos se destinen de manera que se alcancen los objetivos.
• Se encuentran temas que van más allá de la atención del acontecimiento, mismos que podrían tener impacto sobre las finanzas públicas, el crecimiento del aparato estatal, el control interno, la transparencia y la rendición de cuentas.

El pasado viernes fue dictaminada, de forma afirmativa y unánime, en la comisión especial que tramitó esta iniciativa bajo el expediente 21546, la nueva Ley General de Contratación Pública que unifica todas las compras de las instituciones del Estado, simplificando y agilizando los procedimientos para la contratación administrativa, promoviendo un cambio de paradigma significativo en las contrataciones públicas en beneficio de los servicios que el Estado presta a los ciudadanos.

En medio de la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, la comisión legislativa que conoce el proyecto ha dictaminado esa iniciativa legal relevante para el país, siendo una decisión fundamental para las compras públicas pues permite a las autoridades nacionales en las entidades públicas contar con un instrumento eficaz para el gasto e inversión de los recursos de la Hacienda Pública. Los principales ejes del proyecto dictaminado son los siguientes:

Un ámbito de aplicación omnicomprensivo	La transparencia y la ética con una perspectiva transversal	La ciudadanía, un actor importante	Potencialización del uso de las Tecnologías de Información
Cimientos sólidos a partir de una adecuada planificación	Fomento de la competencia en la contratación pública	Control eficiente y proporcional	Una rectoría eficaz
	La contratación pública es un mecanismo estratégico	Impulso a la infraestructura pública

A continuación vídeo del Gerente de la División de Contratación Administrativa de la CGR, Lic. Allan Ugalde, quien resume el impacto del proyecto; también una presentación realizada por la señora Contralora General, Marta Acosta, en dicha comisión legislativa, misma que resulta de utilidad para mejor conocer el contenido del proyecto. Además audios de diputado y diputadas de la comisión legislativa, facilitados por AL. Por último el vínculo al vídeo sobre audiencia de la Contralora en la Asamblea Legislativa.

A pocas horas de vencer el plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes -DJB- aún restan alrededor de 3.000 personas por hacerlo, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El plazo para presentarla finaliza hoy a las 11:59:59 p.m. La presentación de la DJB es totalmente electrónica, en https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html

Los datos actualizados a esta hora son los siguientes:

Recepción Diaria
Diaria	Total
4/05/2020	779
5/05/2020	691
6/05/2020	514
7/05/2020	496
8/05/2020	446
9/05/2020	115
10/05/2020	103
11/05/2020	594
12/05/2020	658
13/05/2020	712
14/05/2020	648
15/05/2020	732
16/05/2020	193
17/05/2020	254
18/05/2020	1316
19/05/2020	1822
20/05/2020	2438
21/05/2020	3159
22/05/2020	1219

Es importante recordar que la responsabilidad administrativa y las sanciones por el incumplimiento en la presentación de esta, también se regula en la ley no. 8422, concretamente en los artículos 38,39 y 40. El funcionario que incumpla puede ser sancionado con: a) Amonestación escrita publicada en el Diario oficial, b) Suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente de 15 a 30 días, y hasta c) Separación del cargo público sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda.

AVISO DE FRAUDE: La CGR nunca solicita información confidencial, claves bancarias ni de ninguna otra naturaleza a ningún ciudadano por correo electrónico, ni ofrece firmas o certificaciones digitales; en caso de recibir un correo que le genere dudas sobre su autenticidad, no debe acceder a los enlaces o abrir archivos adjuntos y verificar la validez con la unidad de informática de la institución para la que labore. También puede comunicarse a la CGR al teléfono 2501-8000 o escribir al correo contraloría.general@cgrcr.go.cr .

Les informamos el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes -DJB- que deben presentar alrededor de 21.000 personas, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El plazo para presentarla vence este viernes 22 de mayo.

Preocupa el avance en el cumplimiento de esta disposición legal, dado que a esta hora/hoy se han presentado 6950, lo que representa apenas el 33% del total de personas obligadas a presentarla. La presentación es totalmente electrónica y es posible realizarla 24/7 desde el enlace web: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html

Recepción Diaria
Diaria	Total
4/05/2020	779
5/05/2020	691
6/05/2020	514
7/05/2020	496
8/05/2020	446
9/05/2020	115
10/05/2020	103
11/05/2020	594
12/05/2020	658
13/05/2020	712
14/05/2020	648
15/05/2020	732
16/05/2020	193
17/05/2020	254
18/05/2020	15
	6950

AVISO DE FRAUDE: La CGR nunca solicita información confidencial, claves bancarias ni de ninguna otra naturaleza a ningún ciudadano por correo electrónico, ni ofrece firmas o certificaciones digitales; en caso de recibir un correo que le genere dudas sobre su autenticidad, no debe acceder a los enlaces o abrir archivos adjuntos y verificar la validez con la unidad de informática de la institución para la que labore. También puede comunicarse a la CGR al teléfono 2501-8000 o escribir al correo contraloría.general@cgrcr.go.cr .

Les informamos el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes -DJB- que deben presentar, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, alrededor de 21.000 personas: 3168 personas han presentado su DJB de forma totalmente electrónica, desde el enlace web: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html Este proceso inició el lunes 4 de mayo y finaliza el viernes 22 de mayo.

Recepción Diaria
Diaria	Total
4/05/2020	779
5/05/2020	691
6/05/2020	514
7/05/2020	496
8/05/2020	446
9/05/2020	115
10/05/2020	103
11/05/2020	24
	3168

AVISO DE FRAUDE: La CGR nunca solicita información confidencial, claves bancarias ni de ninguna otra naturaleza a ningún ciudadano por correo electrónico, ni ofrece firmas o certificaciones digitales; en caso de recibir un correo que le genere dudas sobre su autenticidad, no debe acceder a los enlaces o abrir archivos adjuntos y verificar la validez con la unidad de informática de la institución para la que labore. También puede comunicarse a la CGR al teléfono 2501-8000 o escribir al correo contraloría.general@cgrcr.go.cr .

La Contraloría General de la República recién autorizó dos nuevas compras relacionadas con la atención de la pandemia COVID-19; a continuación detallo objeto/monto:

• Contratación de urgencia a la Municipalidad de San José a comprar en forma directa con oferente idóneo, diarios para los habitantes del cantón central de San José en situación de vulnerabilidad por la pandemia, por un monto máximo es de ¢30.000.000 de colones.
• Contratación de urgencia a la Asamblea Legislativa para que contrate en forma directa con la Fundación Ayúdanos para Ayudar, el alquiler del Auditorio del Museo de los Niños para llevar a cabo las sesiones del Congreso, con ocasión de la pandemia, por un monto máximo es de ¢11.575.500 de colones.

Cada primero de mayo, la Contraloría General de la República remite a la Asamblea Legislativa, cumpliendo su obligación constitucional, su Memoria Anual del ejercicio económico anterior (2019).

Resumen infográfico de los principales datos de la Memoria Anual

A partir de hoy lunes 04 y hasta el 22 de mayo, alrededor de 21.000 declarantes deben realizar su Declaración Jurada de Bienes ante la CGR, según artículo 56 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; deben ingresar a la página www.cgr.go.cr a realizar la declaración de forma electrónica.

Este año la CGR ha implementado un formulario de declaración renovado, el cual facilitará el análisis posterior de la información para la fiscalización integral que realiza este órgano. Se han reforzado los medios de atención digital, para facilidad del declarante, y se ha implementado la autogestión de la clave de ingreso, esto debido a la imposibilidad de atender de forma presencial, dadas las restricciones dictadas por las autoridades sanitarias nacionales.

AVISO DE FRAUDE: La CGR nunca solicita información confidencial, claves bancarias ni de ninguna otra naturaleza a ningún ciudadano por correo electrónico, ni ofrece firmas o certificaciones digitales; en caso de recibir un correo que le genere dudas sobre su autenticidad, no debe acceder a los enlaces o abrir archivos adjuntos y verificar la validez con la unidad de informática de la institución para la que labore. También puede comunicarse a la CGR al teléfono 2501-8000 o escribir al correo contraloría.general@cgrcr.go.cr .

Guía para la autogeneración de clave por parte del usuario

El mundo atraviesa un momento decisivo al enfrentar la pandemia del COVID-19, cuyos efectos provocan una crisis sanitaria que trasciende las estructuras políticas, sociales y económicas. El acceso a información pública, la rendición de cuentas y la transparencia deben ser pilares en la toma de decisiones públicas que nos interesan a todos los ciudadanos. En virtud de lo anterior, la CGR, en su rol auxiliar de la Asamblea Legislativa, busca coadyuvar con herramientas digitales que permitan acceso a la información disponible en la CGR relativa a la atención del impacto de la emergencia, de forma útil y oportuna. Se busca ofrecer un medio de acceso sencillo y actualizado que permita conocer los datos y análisis que faciliten el control ciudadano y la profundización del ejercicio de la rendición de cuentas en tiempo real.

En el Sitio Web https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19 se estará actualizando permanentemente la información institucional relacionada con contratación administrativa, criterios de la CGR sobre proyectos de ley, artículos de análisis, y gestiones relevantes vinculadas de forma directa con la atención del COVID-19, con el propósito de que se puedan valorar oportunamente los eventuales impactos y riesgos de las decisiones públicas para la atención de la emergencia sanitaria.

Esperamos que esta herramienta sea un insumo que aporte positivamente en la gestión pública de la atención de la pandemia y promueva mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, seguimiento y control del gasto público, durante y posterior a la atención de la emergencia.

La CGR rechazó de plano los recursos de apelación presentados por China National Electronics Import & Export CO LTD, Consorcio Proyecto ITS COSEVI y el Consorcio ITS Costa Rica, en contra del acto de adjudicación de Licitación Pública Internacional promovida por el COSEVI para la implementación del sistema de cámaras viales, adjudicación que recayó a favor del Consorcio Gestión Tecnológica ITS por un monto aproximado de $54 millones de dólares.

Las razones del rechazo de los recursos obedecen, esencialmente, a que las apelantes no lograron desvirtuar una serie de incumplimientos atribuidos a sus ofertas en sede administrativa, lo que les restó legitimación para continuar con el proceso de impugnación ante la CGR. Con esta resolución queda confirmado el acto de adjudicación dictado por la Administración.

La CGR emitió dos documentos muy relevantes en el contexto fiscal actual, remitidos en diciembre 2019, a los señores Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa:

• "La caja única del estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público": documento que se refiere a los beneficios de administrar el dinero del sector público de forma centralizada. Cuantifica los recursos adicionales que podrían formar parte de esa caja o cuenta única, con importantes ahorros en pagos de intereses y comisiones para el Estado.

• "Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas: beneficios y ahorros de la unificación": este documento expone resultados del análisis y datos sobre el impacto del ahorro en tiempo y dinero por uso del SICOP por parte de las instituciones públicas, promoviendo con ello la eficiencia y transparencia en las compras públicas.

El área de Infraestructura de la CGR realizó una auditoría cuyo objetivo fue determinar el cumplimiento de las metas establecidas a los programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones; el resultado de dicha auditoría es que no se han alcanzado las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). El período de estudio fue del 2015 al 2018 y se determinaron atrasos en la ejecución de los proyectos, establecimiento de metas inalcanzables, proyectos pendientes de poner en ejecución pese a giro de recursos, entre otros.

Los hallazgos se pueden resumir así:

La División de Contratación Administrativa de la CGR autoriza al Ministerio de Educación Pública a proceder con la prórroga de los contratos para el servicio de transporte estudiantil en 130 rutas, para el curso lectivo 2020, por un monto máximo estimado de ¢3.413.921.854,00 colones.

Se prorrogan los contratos de transporte con la finalidad de no afectar el derecho a la educación de los estudiantes beneficiarios en cada una de ellas y en la obligación de la Administración de satisfacer un interés público de contar con el servicio formal de transporte de estudiantes. Pese a que se han venido desarrollando acciones con el fin de lograr la implementación del modelo tarifario (estimado para este año), en este momento aún no se dispone de la tarifa regulada por la ARESEP al efecto.