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Le invitamos a escuchar a partir de hoy el 6to episodio de la tercera temporada del podcast Voces Transparentes, serie dedicada a informar sobre procesos relevantes de la gestión pública que realizan las autoridades municipales. En este episodio les contamos acerca del Índice de Gestión de Servicios Municipales, también conocido como el IGSM. Daremos un breve repaso por esta herramienta de mejora continua, que permite a los gobiernos locales y la ciudadanía en general, conocer y evaluar la gestión que realizan los gobiernos locales del país.

Le invitamos a escuchar a partir de hoy el 5to episodio de la tercera temporada del podcast Voces Transparentes, serie dedicada a informar sobre gestión y procesos relevantes de la gestión pública que realizan las autoridades municipales. En este episodio se abordan temas muy relevantes a considerar en la gestión de las municipalidades del país. Conocerá sobre el régimen sancionatorio, denuncias y responsabilidades éticas de las nuevas autoridades del sector municipal.

La CGR resolvió con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Setex-Alpha-San José, contra el acto final adoptado por la Municipalidad de San José -MSJ-, del procedimiento de Licitación Mayor No. 2023LY-000009-0015499999, que tiene por objeto el servicio de parquímetros en vía pública en el cantón central de San José. La MSJ excluyó al Consorcio apelante por una serie de supuestos incumplimientos, sobre los que el Consorcio en su recurso pretendió desvirtuar.

Sobre los argumentos presentados por el apelante, la CGR, conforme sus competencias legales, resuelve lo siguiente:

1. Sobre la experiencia y la capacidad financiera: en el estudio de ofertas, la MSJ consideró que la experiencia y la información financiera aportada no era posible considerarla; sin embargo, al atender el recurso interpuesto, reconoció que la experiencia e información financiera aportada por el Consorcio cumplía con lo requerido en el cartel. De frente a esto, se desvirtúa el incumplimiento del apelante.
2. Sobre la patente comercial: el Consorcio apelante subsanó en fase de estudio de ofertas la patente comercial requerida por la MSJ; sin embargo, la MSJ consideró que esto no era posible, descartando entonces la oferta. Sin embargo, este órgano contralor, ha señalado en otras ocasiones que si es posible su subsanación, por tanto, la subsanación efectuada es válida legalmente.
3. Sobre el estudio de viabilidad financiera: la MSJ señaló que el estudio aportado por el Consorcio apelante no se ajustaba a lo requerido en el pliego de condiciones. Sobre esto, se detecta que el equipo técnico de la MSJ consideró que la propuesta del Consorcio apelante cumplía con lo requerido. Además, la CGR encontró que se aplicaron criterios no dispuestos en el pliego de condiciones por lo que no se encuentra sustento para este motivo de exclusión.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde a la Municipalidad de San José tomar la decisión sobre el procedimiento de contratación en curso, como en derecho corresponda, ya que no se acreditaron incumplimientos al Consorcio apelante y, por ende, su oferta es válida.

Para mayores detalles de lo procedente, deben dirigirse a la Municipalidad de San José, que promueve dicha contratación bajo su exclusiva responsabilidad (la decisión no es competencia de la CGR).

Declaración de la Contralora General, Marta Acosta, en tema ley de referéndum recién emitida por la Sala Constitucional:

"Nos satisface la decisión de la Sala Constitucional sobre las competencias de fiscalización con las que la Contraloría debe ejercer los controles previos, preventivos y posteriores, establecidos tanto en la Constitución Política así como en las leyes que rigen nuestras competencias. Hemos cumplido con seriedad nuestro rol en el pasado, lo hacemos en el presente, y lo seguiremos haciendo a futuro, cumpliendo con el principio de legalidad, la ética y las buenas prácticas nacionales e internacionales. Los ciudadanos pueden tener garantía de que las actuaciones de la institución siempre pueden ser revisadas en instancias judiciales, como en un Estado Democrático de Derecho corresponde".

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República

La CGR emitió un informe de auditoría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para determinar la eficacia del servicio de hospitalización de las personas adultas mayores en los hospitales nacionales generales San Juan de Dios, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Hospital México, y el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. Se analizaron aspectos como la atención integral a las personas mayores de 75 años, capacidad hospitalaria, personal especializado, equipamiento básico e infraestructura; determinando que el servicio de hospitalización para esta población no es eficaz.

Principales hallazgos:

Los tiempos de espera y la cobertura del servicio han empeorado, según los indicadores considerados, aunado a que el servicio presenta una demanda creciente.

De la totalidad de pacientes mayores de 75 años que estuvieron hospitalizados, solo un 20% fue valorado por personal especialista en geriatría, lo cual es crítico por los riesgos propios de esa etapa de la vida.

Los tiempos promedio en servicios esenciales para la independencia y funcionalidad de las personas adultas mayores, no se adaptan a sus necesidades. Esto es relevante pues cada día de hospitalización adicional aumenta el riesgo de complicaciones.

El Blanco Cervantes, especializado en la atención de esta población, no cuenta con servicios como cuidados intensivos y algunas especialidades médicas, por lo que acude a traslados de pacientes a hospitales generales, reflejando incapacidad de proveer una atención integral.

La capacidad hospitalaria es insuficiente para atender las necesidades de la población adulta mayor.

No se ha conformado un equipo de servicio interdisciplinario de geriatría en los hospitales nacionales. En dos redes de servicio de salud no se alcanza la tasa mínima de un especialista en geriatría por cada 5.000 personas adscritas, lo cual limita la calidad de la atención.

Le invitamos a escuchar a partir de hoy el 4to episodio de la tercera temporada del podcast Voces Transparentes, serie dedicada a informar sobre gestión y procesos relevantes de la gestión pública que realizan las autoridades municipales. En este episodio conocerá sobre el rol y gestión de la Auditoría Interna en los Gobiernos Locales.

La CGR emitió un informe de auditoría al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI),para determinar si los controles ejercidos por la administración concedente en el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público “Proyecto Carretera San José-Caldera", cumplen razonablemente con lo dispuesto en dicho contrato y en la normativa aplicable.

"La inversión realizada por el Concesionario para el diseño, construcción, mantenimiento y operación de la carretera asciende a $301 millones de dólares del año 2000 (según el contrato original, las adendas aprobadas y los acuerdos conciliatorios) ... Actualmente la concesión se encuentra en su fase de explotación, lo cual obliga a la Administración Concedente a ejercer un riguroso control sobre todas las actuaciones desempeñadas dentro del marco del Contrato de Concesión, de manera que se garantice un servicio público efectivo y eficiente acorde con las necesidades de los usuarios, en procura del buen uso de los fondos públicos y acorde con la calidad que amerita un proyecto concesionado". Informe DFOE-CIU-IAD-05-2024, página 3.

Principales hallazgos:

No se cuenta con Inspección Técnica de Explotación de Obra, exigida en el Contrato de Concesión, lo cual implica una clara dependencia en los servicios de supervisión contratados externamente, sin mediar una contraparte técnica propia de la Administración.

La Administración Concedente no acreditó contar con una serie de documentos técnicos necesarios para verificar y garantizar la adecuada condición (grado de deterioro) y funcionamiento de la obras que componen la carretera.

La Administración no acreditó contar con una planificación formalmente aprobada, con plazos máximos, responsables y sustentada en las necesidades de movilidad y circulación reales de cada tramo de carretera, para resolver el nivel de saturación que presenta actualmente la carretera.

Existen al menos 592 recomendaciones de multas por presuntos incumplimientos del Concesionario, relacionadas con deterioros en las obras concesionadas, correspondientes al período de 2018 a 2023, que a la fecha no han sido resueltas, lo cual pone en riesgo la aplicación efectiva de la potestad sancionatoria encomendada contractual y legalmente a la Administración.

La Administración Concedente desconoce si existen metodologías más eficientes y a un menor costo que la utilizada desde 2014, para realizar el control de los ingresos de peaje de la concesión.

Sobre la gestión de la información se determinó que la Administración Concedente no ha garantizado el acceso, actualización y respaldo de la información generada durante la ejecución del contrato de concesión, lo cual perjudica el ejercicio de sus funciones de control.

La CGR presentó hoy mediante webinario internacional el proyecto dIAra (dispositivo asistido por Inteligencia Artificial para reconocimiento y alerta), el cual busca generar alertas sobre posibles desviaciones en la ejecución de proyectos de infraestructura pública de alto riesgo, mediante el uso de inteligencia artificial, con el fin de disuadir actos irregulares, aumentar la confianza de la ciudadanía y tomar decisiones de fiscalización oportunas.

La presentación contó con la participación del equipo coordinador del proyecto dIAra y la Universidad CENFOTEC; además fue abierto a la participación de otras Entidades de Fiscalización Superior (EFS) miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Ayer, 4 de julio, la CGR presentó ante la Sala Constitucional, con base en lo dispuesto por el artículo 96 c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, consulta de constitucionalidad del proyecto de ley No. 24.364 en la modalidad de referéndum por iniciativa ciudadana. Dicha consulta se suma a la presentada por el TSE en días pasados.

¿Qué pretende la consulta de la CGR?

Que se analice en su conjunto la constitucionalidad de las reformas propuestas y se advierta de los graves vicios que imposibilitan que sea sometida a referéndum. Lo anterior, en razón de que reduce el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violenta principios, derechos y jurisprudencia constitucional, y altera la distribución de competencias que fueron previstas por el legislador constituyente.

¿Cómo se afectan los controles con este proyecto?

• La reforma al artículo 9 de la LGCI (corresponde al artículo 7 del proyecto de ley) señala que la CGR “únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”; es decir, se eliminan los controles previos, que le han sido asignados a la CGR en la Constitución y las leyes como la aprobación presupuestaria de las municipalidades e instituciones del sector descentralizado, la aprobación de los reglamentos orgánicos de las auditorías internas y el refrendo de contratos.
• Con las reformas a los artículos 11, 12 y 17 de la LOCGR (correspondientes a los artículos 2, 3 y 4 del proyecto de ley) se elimina el control de eficiencia en el manejo de los fondos públicos y de legalidad de los controles internos. Al mismo tiempo, estas reformas le impedirían a la CGR utilizar instrumentos de carácter vinculante, tales como disposiciones, órdenes o normativa, así como instrumentos preventivos, como recomendaciones, advertencias o recordatorios, destinados a que las Administraciones que se apartan del cumplimiento de la ley o que despilfarran o hacen un mal uso de los recursos públicos corrijan su actuación de manera oportuna, o anticiparse para evitar que tales situaciones ocurran.
• La reforma al artículo 22 de la LOCGR (correspondiente al numeral 5 del proyecto de ley) suprime por completo la posibilidad de que la CGR pueda adoptar medidas cautelares o precautorias en la fase de investigación o de procedimiento sancionatorio, necesarias para garantizar la adecuada protección de los recursos públicos y de los fines de la investigación o del procedimiento.

En resumen: Las reformas a la LOCGR y LGCI propuestas no solo violentan la independencia de la CGR sino que son contrarias a las funciones que le han sido asignadas constitucionalmente. Además, deterioran la calidad de los insumos que la CGR brinda a la Asamblea Legislativa en su rol auxiliar, para ejercer el control político, y desconocen la jurisprudencia de la Sala Constitucional según la cual las competencias de control y fiscalización del órgano contralor pueden ser fortalecidas o mejoradas, pero nunca rebajadas, disminuidas o suprimidas (sentencia 998-98).

• Las reformas al art. 67 LGCP y numeral 5 bis de la Ley de Japdeva (correspondientes a los artículos 8 y 9 del proyecto 24.364) permitirían escoger a dedo al contratista o aliado estratégico, respectivamente. En el caso de la reforma al art. 67 LGCP, se abre la posibilidad de que toda la obra pública pase por un procedimiento de excepción que fue diseñado para otra cosa (arrendamiento y compra de bienes que ya están disponibles en el mercado), sin mayores condiciones que garanticen la idoneidad del contratista, la calidad de las obras ni la razonabilidad del precio.

En resumen: Los cambios propuestos al artículo 67 de la LGCP y al numeral 5 bis de la Ley de Japdeva violentan los principios constitucionales de licitación, transparencia, rendición de cuentas, igualdad y libre competencia. Estas modificaciones implican un retroceso a etapas anteriores a la Constitución Política, creando un terreno fértil para la corrupción y la desviación de poder en la función pública.

¿Cuál es la conclusión de la CGR sobre el proyecto?

El proyecto de ley afecta el diseño constitucional de la CGR, comprometiendo el núcleo duro de sus competencias, y por ende, el sistema de frenos y contrapesos, así como el modelo de Estado Democrático y Social diseñado en la Constitución Política de 1949. Además, se violan principios constitucionales de eficacia y eficiencia en la función administrativa, transparencia, rendición de cuentas, control político; el derecho fundamental a una buena administración y servicios públicos. También se transgreden los principios de no regresión en las funciones de control de los recursos públicos y de contratación administrativa, y se compromete la garantía de independencia absoluta del Órgano Contralor, ignorando por completo la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional.

“Es nuestra responsabilidad histórica accionar los mecanismos y procesos pertinentes en defensa de nuestro modelo democrático y de nuestra Constitución Política, que tantos beneficios le ha procurado a muchas generaciones de costarricenses.” Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República

Tal y como hemos indicado en comunicaciones anteriores, somos respetuosos del procedimiento que sobre este tema lleva adelante el TSE, razón por la cuál no emitiremos criterio más allá del contenido en este correo.

La CGR de Costa Rica ha desarrollado, con aporte de la Cooperación Alemana, un innovador proyecto llamado dIAra (dispositivo asistido por IA para reconocimiento y alerta). Este proyecto utiliza cámaras de bajo costo (construidas por la misma CGR), junto con un modelo avanzado de inteligencia artificial, para generar un monitoreo en tiempo real y en el sitio en los proyectos de obra pública. La finalidad de dIAra es proporcionar datos del equipo pesado y personas que un contratista dispone en una obra, por ejemplo, y poner esos datos accesibles a la sociedad, para mejorar la transparencia y la eficiencia en el control de proyectos de infraestructura, permitiendo detectar posibles problemas o incumplimientos en los recursos asignados en la construcción de obra pública.

¡Quedan cordialmente invitados!

Webinario internacional sobre el proyecto dIAra: Solución tecnológica para monitorear Obra Pública

dIAra se basa en inteligencia artificial y el internet de las cosas (IoT) para monitorear a la construcción de obras, utilizadando cámaras de bajo costo. Esta iniciativa ha sido desarrollada por la CGR, con el apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ) y la universidad CENFOTEC, en el marco del Proyecto Regional Anticorrupción OLACEPS-GITZ. En este articulo, abierto a otras EFS de la OLACEFS, el equipo de dIAra y la UCENFOTEC brindarán detalles sobre el proyecto.

Fecha: Martes 16 de julio, 2024.

Hora: 9:00 a.m.

Modalidad: Virtual.

Medio de transmisión: Canal oficial de la CGR en YouTube.

Le invitamos a escuchar a partir de hoy el 3er episodio de la tercera temporada del podcast Voces Transparentes, serie dedicada a informar sobre gestión y procesos relevantes de la gestión pública que realizan las autoridades municipales. En este episodio conocerá sobre el sistema de compras públicas del sector municipal, hablaremos sobre la importancia del uso adecuado de este sistema, entre otros aspectos relevantes.

La CGR emitió un oficio preventivo relacionado con el dictado de medidas cautelares en el marco de una investigación o un procedimiento administrativo, específicamente en el caso del personal de las Auditorías Internas. El documento está dirigido a todos los jerarcas, titulares subordinados, auditores y subauditores internos de las Administraciones Públicas y su enfoque es preventivo y orientador; se busca ordenar la gestión de las Administraciones Públicas en esta materia, así como el cumplimiento de varios requisitos mediante los cuales se procura evitar que el eventual dictado de una medida cautelar pueda generar una afectación al sistema de control interno institucional.

¿Qué aspectos deben cumplirse para adoptar una medida cautelar?

A continuación se facilita un análisis comparativo -uno a uno- de los artículos de funciones de la CGR vs artículos propuestos en la Ley Jaguar, que dejan claras las afectaciones a las competencias de la CGR (textos en azul y anaranjado). La finalidad de esta infografía es generar insumos para el análisis serio y documentable de los contenidos legales sobre el tema.

La CGR tiene competencias establecidas desde la Constitución Política y desde otras leyes (como su ley orgánica, la de control interno, la de contratación pública y otras) que determinan con precisión su rol en en el control de la hacienda pública. Ante la difusión de información incorrecta sobre dicho rol en casos sonados de presunta corrupción de años pasados, es importante detallarles cuál fue el rol de la CGR en dichos casos con vista en las funciones que sí tiene, para evitar la desinformación y las noticias falsas al respecto.

Infografía sobre el rol de la Contraloría en casos cuestionados:

Ante consultas de medios de comunicación, nos permitimos indicar que el debate sugerido sobre el referéndum ya se realiza en las instancias institucionales que corresponden: la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones. La CGR atenderá allí los procedimientos establecidos en las leyes que regulan ese debate formal, como corresponde en una democracia como la nuestra.

Escuche a partir de hoy el 2do episodio de la tercera temporada del podcast Voces Transparentes, serie dedicada a informar sobre gestión y procesos relevantes de la gestión pública que realizan las autoridades municipales. En este episodio conocerá sobre Presupuestos Municipales: ¿Cómo se elaboran, de donde se obtienen los recursos, quién los aprueba?, entre otros aspectos relevantes.

A continuación declaraciones de la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga, sobre los contenidos generales del proyecto de referéndum, las cuáles se ofrecen ante múltiples consultas de medios de comunicación y una vez analizado el proyecto.

Por el momento, este es el material disponible dado que se trata de un proceso formal que deberá ser tramitado por las instancias correspondientes, de modo que cuando el proceso así lo requiera, nos referiremos más detalladamente al articulado para documentar nuestra posición institucional ante dichas instancias.

Desde la CGR se mantendrá siempre un absoluto respeto al trámite de este proceso institucional, sea desde la Asamblea Legislativa o desde el Tribunal Supremo de Elecciones.

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Buenas tardes.

Con todo respeto, deseo manifestarles que, en días pasados, cuando fue presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para referéndum, orientado principalmente a desmantelar el control sobre los fondos públicos que la Constitución Política le encarga a la Contraloría General, manifestamos nuestra preocupación por la supresión de importantes competencias del sistema de control de los fondos públicos, no solo ejercidos por la Contraloría sino también desde las auditorías internas y desde la misma Asamblea Legislativa, porque cuando el fiscalizado; en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance.

Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, ésto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la misma Asamblea Legislativa perderá insumos de control político que recibe actualmente de la Contraloría General, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el poder ejecutivo le impondría al poder legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad.

El control de la plata pública tiene distintos momentos, justamente para poder parar a tiempo las ilegalidades y poder alertar, desde una perspectiva independiente, técnica y legal, cuando se están usando los fondos públicos sin eficiencia y sin ley, buscando una ruta poco transparente.

Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles.

También le impediría a la Contraloría la fiscalización de la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como el uso de instrumentos vinculantes, o sea, de acatamiento obligatorio para los funcionarios y funcionarias públicas, tales como las disposiciones y advertencias, de modo que, por ejemplo, si la CGR recibe una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y se encuentran posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, no podría la CGR tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar lo que encontró en su investigación.

Como si fuera poco, elimina también los controles preventivos de la Contraloría, incluyendo los controles previos, a pesar de que desde la Constitución Política se disponen materias como la aprobación presupuestaria, el refrendo de contratos públicos y la fase recursiva en materia de contratación pública. O sea, la Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la Hacienda Pública sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda la etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción.

En relación con el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ley que por cierto solo tiene un año y medio de vigencia y ya se quiere debilitar, se permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin un concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y no teniendo certeza de que se escoge la mejor oferta. El Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, ni siquiera legislativos, de manera que se potencian los riesgos asociados a la baja credibilidad de las cuentas nacionales, produciendo incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente.

Y en relación con JAPDEVA, se intenta cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos, para permitir a JAPDEVA escoger "a dedo” a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública y dejando en duda el proceso de rendición de cuentas y la tan necesaria transparencia por la que claman los costarricenses.

El panorama es bastante claro: se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes.

Ante lo delicado de esta situación, es que quedamos atentos a la consulta que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa realice a la Contraloría General en este proceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite del referendo.

Muchísimas gracias.

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República

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La CGR informa la aprobación en segundo debate del expediente N° 22661 "Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público", el martes 11 de junio, en la Asamblea Legislativa, con el voto de 48 legisladores presentes. La iniciativa fue construida sobre la base de un amplio y diverso proceso de consulta y propuesta por la Contraloría General de la República, propiciando lo que se concreta hoy como una Ley de la República, a implementar de forma gradual en sesenta meses.

La aprobación de esta Ley beneficiará tanto al Estado como a las entidades públicas y la ciudadanía, por medio una gestión financiera integrada, al estar definido su alcance en términos de ingresos públicos. La reforma reduce la dispersión y fragmentación del manejo de la liquidez y se enfoca en hacer llegar los bienes y servicios públicos de forma más oportuna a la ciudadanía.

Impactos de esta Ley:

Posibilita un ahorro en el pago de intereses de la deuda pública, al evitar que el estado se preste a sí mismo.

Mejora la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, gracias a la creación del Sistema de Cuentas del Sector Público, y la trazabilidad que se genera de cada colón.

Reduce el pago de comisiones, por implementación de plataformas de cobro y pago, interoperables y centralizadas.

Facilita las transacciones entre la ciudadanía y el Estado.

La CGR le invita a escuchar la tercera temporada de su podcast Voces Transparentes. A partir del 05 de junio y durante 3 meses se publicará un nuevo episodio los miércoles, cada 15 días. Esta nueva temporada conversaremos sobre una serie de aspectos relacionados a la gestión pública que realizan las autoridades municipales. Ahondaremos en estos temas para comprender, desde un lenguaje sencillo, claro y comprensible para todos nuestro oyentes, el quehacer municipal desde una perspectiva ciudadana.

A continuación desglose de episodios, que encontrará en esta temporada:

Temporada 3 Gestión pública eficaz en las nuevas autoridades municipales

	Episodio 1. 05 de junio 2024. ¿Qué hace la CGR y porqué tiene relación con la calidad de vida del ciudadano? Invitada: Vivian Garbanzo N.
	Episodio 2. 19 de junio 2024 Los presupuestos municipales como herramienta vital de planificación estratégica Invitada: Sugey Montoya E.
	Episodio 3. 03 de julio 2024 Sistema de compras públicas del sector municipal Invitado: Fernando Madrigal M.
	Episodio 4. 17 de julio 2024 Auditoría interna en las Municipalidades Invitada: Fabiola Rodríguez M.
	Episodio 5. 31 de julio 2024 Régimen sancionatorio, denuncias y responsabilidades éticas de las nuevas autoridades del sector municipal Invitados: Iván Quesada R. / Rafael Picado L.
	Episodio 6. 14 de agosto 2024 El Índice de Gestión de Servicios Municipal -IGSM- como herramienta para la mejora contínua Invitado: Greivin Porras R.
	Episodio 7. 28 de agosto 2024 Acceso a información pública desde la CGR de cara al ciudadano, rendición de cuentas y transparencia Invitado: Carlos Morales C.

¡Quedan cordialmente invitados, e inviten a otros a escuchar los episodios también!

Ante el Proyecto de Ley de Referendo, presentado por el Presidente de la República el día de hoy ante la Asamblea Legislativa, debemos señalar que el tema merece un análisis de fondo sobre sus efectos e impacto, y, como es habitual en la Contraloría General, lo haremos con la profundidad y responsabilidad que amerita.

Lo que sí es evidente, es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General; suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses.

Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública.

Como ha sido la norma en los argumentos del Presidente, acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el , Estado y la Contraloría General, así como con ataques alevosos a mí como Contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica.

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República

La División Jurídica de la CGR aclara, sobre el caso del procedimiento administrativo en el que se encuentra involucrada la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, que la resolución de dicho procedimiento administrativo fue notificada ayer, las partes están en plazo para impugnar y en este momento corre el plazo de 5 días para dicha vía recursiva, de modo que no es posible, desde la CGR, dar acceso a dicha resolución o al expediente del caso.

Es muy importante indicar que las personas investigadas en ese procedimiento administrativo tienen conocimiento del mismo desde el acto de apertura, que fue del 24 de agosto del 2023, y a la Presidenta Ejecutiva se le notificó el 11 de setiembre del 2023, de modo que al momento de su nombramiento en dicho puesto ella tenía pleno conocimiento de este procedimiento administrativo, por lo que no es atribuible a la CGR que dicha resolución final del procedimiento se dicte cuando ella se encontrara ejerciendo ese puesto.

La información que podemos facilitar es la siguiente:

Expediente administrativo CGR-PA-2023004188

Partes investigadas:
CARLOS GAMBOA RAMIREZ, cédula N° 108130638.
CARMEN LIDIA GONZALEZ RAMIREZ, cédula N° 108040209.
CATALINA MARIA AGUILAR HERNANDEZ, cédula N° 110490345.
GABRIELA CHACON FERNANDEZ, cédula N° 109410803.
JOSE PAULINO HERNANDEZ GUTIERREZ, cédula N° 502380975.
JUAN GABRIEL PEREZ SALGUERA, cédula N° 110880009.
KATHERINE PHILLIPS QUESADA, cédula N° 113430131.

Asunto: Presuntas contrataciones irregulares de servicios de asesoría y consultoría en materia laboral, promovida por el Instituto Nacional de Seguros mediante los procedimientos de contratación números: 2021CD-0000403-0001000001 y 2022CD-000073-0001000001.

Estado: En plazo para recurrir resolución del acto final.

La CGR informa un alto cumplimiento en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes, tanto inicial, final, como anual 2024, en el cierre del plazo para cumplir con dicho requisito legal ante este órgano contralor. A pocas horas de que finalice el tiempo dispuesto para los efectos, se reporta un cumplimiento del 91%, considerando que el total esperado se calcula en 21.000 declaraciones de funcionarios públicos.

A continuación las cifras con corte hoy 22 de mayo, a la 1:50 p.m. (el plazo vence a medianoche de hoy):

Total de declaraciones recibidas El total general incluye declaraciones iniciales, finales y anuales	Porcentaje de avance Porcentaje en función del total esperado

En el siguiente enlace, Rafael Picado, Gerente del área Investigación para la Denuncia Ciudadana de la CGR, amplía respecto de las etapas posteriores a la recepción de la DJB, que se realizan en el ente contralor, a partir del vencimiento del plazo de ley para presentar dichas declaraciones.

La CGR informa el estado de avance en recepción de declaraciones juradas de bienes -DJB- que deben presentar los funcionarios públicos para cumplir con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. A menos de una semana de la finalización del plazo (miércoles 22 de mayo), no se ha alcanzado ni el 50% del total esperado.

Estas son las cifras con corte hoy 17 de mayo:

Total de declaraciones recibidas El total general incluye declaraciones iniciales, finales y anuales	Porcentaje de avance Porcentaje en función del total esperado

En este punto es importante instar a la población declarante a cumplir con este requisito legal a tiempo. La CGR ofrece distintos canales de soporte y atención en el proceso, en caso de requerirse ayuda, por ejemplo:

• Líneas telefónicas: 905-Declare (905-3325273) / 2501-8150.
• Consultas vía correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr
• WebChat: habilitado a lo largo de nuestro Sitio Web www.cgr.go.cr

La CGR informa el estado de avance en recepción de declaraciones juradas de bienes, a la que están obligados cerca de 21.000 funcionarios públicos.

Después de la primera semana de recepción, estas son las cifras:

Total de declaraciones recibidas El total general incluye declaraciones iniciales, finales y anuales	Porcentaje de avance Porcentaje en función del total esperado

Es importante recordar que el plazo para cumplir este requisito legal vence el 22 de mayo próximo. El proceso de llenado es totalmente electrónico y se encuentra disponible 24/7.

Las DJB son un insumo de información patrimonial de los funcionarios públicos dentro de diversos procesos de fiscalización de la CGR. El cumplimiento de este deber se encuentra establecido en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

La CGR emitió un informe de seguimiento a la gestión pública sobre la formulación de controles en el proceso de gestión del portafolio y preinversión de proyectos, con el fin de determinar el estado de esos procesos en las siguientes entidades: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), Instituto Nacional de Seguros (INS), Ministerio de Hacienda, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Municipalidad de San José. Se analizó el marco regulatorio y buenas prácticas aplicables de control, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión y la rendición de cuentas institucional.

Los principales resultados se muestran en el siguiente gráfico:

Inversión pública sin rostro humano

Las inversiones públicas buscan resolver necesidades y problemas de la población, sin embargo su gestión desde el portafolio y la pre inversión carece de los puntos de control que velen por la integración de las personas en el proceso.

Decisiones de inversión poco interconectadas

Para que las decisiones en torno a la inversión pública procuren el valor público requerido con el fin de resolver las problemáticas nacionales, debe contarse con un modelo estratégico que integre los actores, normativa y estructura entre todos los niveles de gestión.

Urgencia de control en desempeño de la inversión pública

El actual control institucional de la inversión pública no se orienta a implementar elementos que permitan el seguimiento y evaluación preventivo y oportuno al desempeño del portafolio y sus componentes.

Principales desafíos:

• Las administraciones responsables deben orientar las acciones hacia las personas y su bienestar, especialmente a las que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
• La gestión estratégica se visualiza como un reto, ante la necesidad de darle claridad y certidumbre a aspectos como dónde y cómo debe invertirse el recurso público.
• Mideplan tiene el desafío de profundizar en la interinstitucionalidad y el enfoque participativo, en la ejecución de portafolios y proyectos que resultan complejos y demandantes, y que se perfilan como fundamentales en la generación de oportunidades y bienestar para las personas.
• La creación y formalización de controles debe constituirse como el primer paso hacia la garantía de calidad de las inversiones públicas.

La CGR presentó ante la Asamblea Legislativa el dictamen sobre los informes del cierre del ciclo de la rendición de cuentas pública, según lo dicta la Constitución Política, la Ley de Administración Financiera y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cada 1 de mayo, mismos que se encuentran disponibles en nuestro Sitio Web www.cgr.go.cr, en el apartado denominado: Rendición de cuentas de la Hacienda Pública.

Los dictámenes son los siguientes:

Dictamen sobre la Liquidación de Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República correspondiente al ejercicio económico 2023, DFOE-FIP-IAA-00005-2024.

Dictamen del Informe Anual 2023 Resultados del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, DFOE-FIP-IAA-0002-2024.

Dictamen del Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados Ejercicio Económico 2023 del Gobierno de la República, DFOE-FIP-IAA-00003-2024.

Informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2023, DFOE-FIP-IAA-00004-2024.

En dicha memoria anual, se aporta un documento de Opiniones y Sugestiones bajo el título "Gestión de los Servicios Públicos Municipales: Desaprender y Aprender en Tiempos de cambio", a propósito de la llegada de nuevas autoridades al régimen municipal.

A partir de este jueves 2 de mayo inicia el periodo de presentación de la Declaración Jurada de Bienes Anual 2024 (DJB 2024) ante la CGR, cuyo plazo vence el miércoles 22 de mayo. Con el cambio de autoridades en los gobiernos locales, este año deben presentar sus declaraciones iniciales y finales los alcaldes, vicealcaldes y regidores, tanto los nuevos funcionarios elegidos para desempeñar el cargo a partir de este año como quienes dejan el puesto.

La obligación legal de presentar dicha declaración patrimonial recae sobre un aproximado de 21.000 funcionarios públicos, según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422. Es importante indicar que estas declaraciones (DJB) no son documentos de acceso público y, por ende, no podemos facilitar dicha información a ningún particular. El proceso de declaración es totalmente electrónico con un proceso de autogestión de la clave y la CGR ofrece asesoría para el trámite a través de las siguientes vías:

Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

Centro de llamadas: 905 DECLARE (905-3325273) / 2501-8150

Videollamadas (previa coordinación)

Servicio de atención en línea tipo WebChat disponible a lo largo de nuestro Sitio Web.

Durante el plazo estipulado estaremos informando sobre el avance en el cumplimiento de este requisito legal.

La CGR presentó hoy los resultados del Índice de Capacidad de Gestión de las Instituciones Públicas (ICG), instrumento que tiene como objetivo determinar el nivel de capacidad de gestión a partir de la información suministrada de forma voluntaria por las instituciones. El índice permite calcular indicadores que fueron definidos a partir del marco regulatorio y buenas prácticas aplicables identificadas, con el propósito de promover mejoras que posibiliten a la Administración el fortalecimiento de su capacidad de gestión y consecuentemente la generación de valor público. Esta edición contó con la participación de 290 instituciones.

A continuación resumen de resultados generales:

La CGR emitió un informe de auditoría sobre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales. Resulta relevante la revisión del tema considerando que los planes de inversión vigentes ascienden a más de ₡801 mil millones y que dentro de las competencias del AyA, se encuentra garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales, para atender las necesidades actuales y futuras del país y se impulse el desarrollo sostenible con mejores condiciones sociales, económicas y de salud para la población.

El informe concluye que el AyA no ha sido eficaz ni eficiente en la gestión de este portafolio de proyectos, limitando la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida.

A continuación se detallan los hallazgos más relevantes:

Deficiente atención de las comunidades más vulnerables. Únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable. (Índice de Desarrollo Social 2023)

Retrasos en la conclusión de un 57% de los proyectos que debían finalizar en enero 2024, afectando a 2.8 millones de personas en todo el país. Afectaciones importantes como construcción de alcantarillados sanitarios, eliminación del déficit actual de agua potable, entre otros.

Diseño y gestión incipiente del portafolio, que dificulta la resolución de problemáticas apremiantes, las cuales permitirían atender los retos asociados por ejemplo a desigualdad en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, conflictos sociales por el uso del agua, entre otros.

Deficiencias en la gestión de la información afectan la administración del tiempo, costo y alcance del portafolio. Se encontraron discrepancias importantes en datos registrados para proyectos de 3 y hasta 6 años; y las diferencias totales en los costos reales reportados ascendieron a ₡103 mil millones para agua potable y ₡137 mil millones para saneamiento.

La gestión del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios.

Dadas las declaraciones de esta mañana en conferencia en Limón, por parte del Poder Ejecutivo, resulta imprescindible aclarar por parte de la CGR:

1. Sobre “El proyecto de construcción de la marina y terminal de cruceros de Limón” debemos informar que la CGR no ha emitido ningún criterio específico ni producto de fiscalización sobre el proyecto mencionado.


2. En relación con JAPDEVA, se recibió una denuncia presentada por particulares contra esa entidad por la emisión del Reglamento de Alianzas Estratégicas, argumentando que dicho instrumento violenta las normas de contratación pública al crear nuevas excepciones a las legalmente establecidas. Cabe recordar que, por disposición de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley General de Control Interno, existe el deber legal de resguardar la identidad del denunciante y no es posible dar copia a terceros de dicha denuncia.


3. Conforme las competencias de la Contraloría y en razón del análisis realizado, sobre el reglamento y sin referirse a ningún proyecto particular, se emiten los oficios Nro. 12176 (DFOE-DEC-2218) del 8 de septiembre de 2023 y Nro. 05668 (DFOE-DEC-2717) del pasado 22 de marzo, en donde se le recordó a JAPDEVA:
   • Su obligación de regular reglamentariamente y recurrir a la figura de alianzas estratégicas conforme los límites establecidos por el ordenamiento, de tal forma que no podrá ser utilizada para suplir infraestructura, conforme las mismas normas que autorizan la excepción de alianzas estratégicas, y el marco normativo preexistente en cuanto a concesiones y alianzas público privadas.
   • Su obligación de valorar la procedencia de recurrir a cualquier figura habilitada para efectos de suplir bienes, servicios y servicios de construcción; conforme el principio constitucional de licitación.
   • Su obligación de velar porque las alianzas estratégicas y las alianzas público privadas sean siempre utilizadas dentro de los alcances de nuestro marco normativo.
   • Que la procedencia una alianza estratégica, como una opción para la Administración no exime de observar los sistemas de contratación pública y control interno.


4. Las acciones o la aplicación del reglamento citado son responsabilidad de JAPDEVA, reiterando que el “proyecto de construcción de la marina y terminal de cruceros de Limón” no ha sido objeto de análisis en la gestión de la denuncia mencionada y, por lo tanto, no es la Contraloría General de la República la responsable de las decisiones que haya tomado al respecto las autoridades correspondientes de gestionar dichos proyectos.

La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cuyo propósito fue determinar si las acciones implementadas ante indicios de conductas presuntamente irregulares, prevención y atención de delitos se realiza conforme el marco normativo y de buenas prácticas aplicables. Acciones preventivas en esta materia son esenciales para salvaguardar el interés público y la integridad de las instituciones públicas, aspectos que en el ICE reviste de mayor importancia en función de la cuantía de recursos públicos que administra y el volumen de sus compras públicas. Estas acciones aseguran el uso eficiente de los fondos públicos, promueven la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la gestión pública y refuerzan el estado de derecho y la justicia, mejorando la percepción y competitividad de Costa Rica a nivel internacional. El período de análisis fue del 1/1/2022 y el 31/12/2023.

¿Qué encontramos?:

La alta dirección del ICE está en deuda en acciones, tanto normativas como de buenas prácticas, en materia de prevención de hechos irregulares. Algunos hallazgos a este respecto:

Prevención Detección de conductas irregulares	Denuncias y mecanismos En relación a conductas irregulares
Carece de un modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control. Tampoco se cuenta con dependencia encargada de supervisar este proceso según establece la Ley N.° 9699 y su reglamento.	No se comunica de forma efectiva la existencia de canales de denuncia, forma de uso y derechos al presentar una gestión de este tipo.
No se dirigen esfuerzos hacia el desarrollo de una cultura organizacional que priorice la prevención, detección y manejo de conductas presuntamente irregulares.	Tampoco se asegura que estos canales sean accesibles y visibles.
Ausencia de estrategia de capacitación para todos los funcionarios y partes interesadas, en temas relacionados con la prevención de fraudes, corrupción y delitos.	Carencia de procedimientos de control para atención de denuncias, investigaciones o gestión disciplinaria; que aseguren la prevención de conflictos de interés y protección de la confidencialidad del denunciante e información relevante para sustentar la apertura de procedimientos o procesos judiciales.
No se identifican y evalúan de manera formal los riesgos asociados a fraude, corrupción y otros delitos.	No existen medidas para proteger al denunciante y testigos contra represalias. Tampoco existen procedimientos para comunicar resultados a los denunciantes.
Desactualización de normativa y procedimientos relacionados a ética y prevención de conductas presuntamente irregulares; tampoco están alineados al cambio organizacional.	Ausencia de sistemas de control adecuados para el manejo y protección de información vinculada a denuncias, investigaciones y procedimientos administrativos.
Inexistentes mecanismos y controles para supervisar plazos de caducidad y prescripción en procedimientos disciplinarios. Falta de registros para el seguimiento de plazos y sistemas de alerta ante posibles vencimientos.

La CGR emitió un informe de auditoría del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sobre la formulación y seguimiento de la planeación estratégica institucional (PEI), formulada para el periodo 2024-2030. Resulta relevante ya que este Ministerio está encargado de vigilar, proteger la soberanía nacional, conservar el orden público, velar por la seguridad de los habitantes, entre otros. Se analizaron las prácticas y tareas ejecutadas para la formulación, el alineamiento, el seguimiento, la transparencia y la rendición de cuentas; concluyendo que el Ministerio no cumple con los elementos que forman parte del marco normativo y buenas prácticas aplicables para la formulación y seguimiento de la planeación estratégica institucional.

Hallazgos relevantes:

El PEI vigente muestra una declaratoria de valor público que fue tomada del PEI anterior (2019-2023), y en ninguno de los casos deriva de un análisis que asegure la atención de los problemas y demandas ciudadanas con las acciones por realizar.

El PEI vigente no refleja la vinculación de los objetivos, metas e indicadores con lo establecido en la Política Nacional de Seguridad Pública - Costa Rica Segura Plus 2023-2030, que permita medir el aporte en la consecución de los objetivos planteados en ese instrumento.

El Ministerio no dispone de un plan de adquisiciones de mediano plazo que promueva el análisis de las necesidades cuantitativas y cualitativas de bienes institucionales para cumplir con sus objetivos.

No se llevó a cabo un análisis sistemático en el seguimiento del PEI anterior (2019-2023) que permita determinar que la información es suficiente para la toma de decisiones en relación a la formulación del PEI actual.

El MSP no cuenta con un sistema de seguimiento para verificar el avance en el cumplimiento del PEI vigente, lo que provoca limitaciones para la toma de decisiones oportuna que impulse el cumplimiento de la estrategia, el uso eficiente de los recursos, la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de resultados.

La CGR resolvió tres recursos de apelación interpuestos por la empresa TÜV Rheinland Certio, S.L., Consorcio Applus CR y Consorcio DEKRA en contra del acto que declaró desierta la Licitación Mayor 2023LY-000002-0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), para la prestación del servicio de inspección técnica vehicular a nivel nacional.

Para contextualizar: el COSEVI determinó dos ofertas inelegibles en dicho concurso y, aunque contaba con una oferta elegible, declaró desierto el concurso (no adjudicó a ninguna oferta), lo cual fue anulado por la CGR en la medida que al menos una oferta adicional podría ser potencialmente elegible y ello permitiría continuar con la segunda etapa del concurso.

¿Qué se resolvió en los recursos?

Recurso interpuesto por el Consorcio DEKRA: se declara sin lugar en tanto no desvirtuó el incumplimiento de la capacidad financiera que se requería para el periodo 2022, pues no era posible modificar responsabilidad fijada en el acuerdo consorcial.

Recurso interpuesto por la empresa TÜV Rheinland Certio, S.L.: se declara parcialmente con lugar para que se revise la experiencia técnica aportada y el cumplimiento del requisito de 25 millones de inspecciones integrales.

Recurso interpuesto por el Consorcio Applus CR: se declara sin lugar en tanto los estudios de mercado reclamados correspondían a segunda etapa y considerando que la anulación del acto podría permitir el concurso para la operación de la inspección técnica vehicular.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde al COSEVI atender lo resuelto respecto a la experiencia técnica aportada por uno de los miembros del grupo de interés económico de TÜV Rheinland Certio, S.L. y determinar si se cumple con lo requerido como experiencia técnica. En caso de que dicha empresa resulte elegible, la Administración podrá proceder con la segunda etapa del concurso, ya que el Consorcio Applus CR mantiene su elegibilidad para resultar seleccionado. Este proceso está en manos de la Administración exclusivamente.

La Contralora General Marta Acosta Zúñiga, expone en este momento ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, respecto de los expedientes legislativos:

No. 24.100 Interpretación auténtica de los artículos 66 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, Ley No. 9986.

No. 24.099 Reforma de los artículos 66 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, Ley No. 9986.

La CGR resolvió 2 recursos de apelación interpuestos por los Consorcio E-PASS y DSI DPS SIGNE IQUANTICS en contra del acto de adjudicación de la Licitación Mayor 2023LY-000025-0001000001, promovida por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para la la adquisición de tags pasivos RFID y servicios para marchamo digital.

El INS adjudicó al Consorcio PC Central Neology esta licitación (por un monto para las líneas 1 y 2 de: $5.531.350,00 y para las líneas No. 3, 4 y 5: de cuantía inestimable) y dos consorcios (que no resultaron adjudicados) apelaron dicho acto de adjudicación ante la CGR, siendo que una de las apelaciones lleva razón en sus argumentos por lo que la CGR anula entonces el acto de adjudicación. El proceso licitatorio se devuelve entonces únicamente a la etapa de evaluación de las ofertas elegibles (última etapa del proceso de compra).

¿Cómo se resolvieron los recursos?

Recurso interpuesto por el Consorcio E-PASS: se declara con lugar, por cuanto su oferta fue declarada elegible por parte del INS y logra acreditar un incumplimiento del consorcio adjudicatario PC Central Neology, en cuanto se omitió cotizar aspectos requeridos por el INS para la línea No.5 lo que implicó un precio incierto.

Recurso interpuesto por el Consorcio DSI DPS SIGNE IQUANTICS: se declara sin lugar, por confirmarse el incumplimiento señalado por el INS en cuanto a la falta de cotización de un producto terminado para cada una de las etiquetas requeridas en las líneas No. 1, 2, 3 y 4.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde al INS atender la resolución y determinar si procede el dictado de un nuevo acto final, asunto que es de su entera responsabilidad.

La CGR realizó una auditoría en la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud (MS) con el objetivo de determinar si el servicio de vigilancia epidemiológica efectuado por dicha Dirección cumple razonablemente con el marco normativo y técnico aplicable para anticipar necesidades actuales y futuras de la población, considerando la atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad. El análisis consideró las acciones realizadas para el direccionamiento, funcionamiento y mejora continua del servicio, entre el 1 de enero de 2020 y hasta el 30 de junio de 2023.

Hallazgos del estudio:

El MS no cumple con la mayoría de aspectos significativos del marco normativo para el servicio de vigilancia epidemiológica y los procedimientos internos de trabajo no se han actualizado desde 2007 ni se han adaptado a los desafíos del entorno post pandemia COVID 19.

No fue posible determinar acciones de direccionamiento para la ejecución de programas activos de vigilancia.

La integridad, confidencialidad y seguridad de la información generada por la vigilancia epidemiológica se compromete dado que se realiza manualmente por parte de múltiples actores y el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Automatizado (SINAVISA) carece de identificación y documentación de 3176 permisos a usuarios.

Se identificó que de los 61 tipos de reportes sobre estadísticas e información de eventos de salud que pueden generarse, solo 5 muestran la información y los restantes 56 emiten un error que imposibilita desplegarla.

No consta que se analice la totalidad de los eventos de salud de notificación obligatoria ni se efectúan análisis epidemiológicos para describir el perfil epidemiológico de la población y sus tendencias.

La CGR recibió hoy a la Presidencia de la República en una reunión de trabajo, sobre distintos temas.

A continuación se resume la nota de respuesta al Presidente sobre la reunión solicitada:

• La reunión se efectuará el jueves 01 de febrero, 2:00 pm, piso 13 de la CGR.
• Habrá transmisión en directo desde el canal oficial de la CGR en Youtube: https://www.youtube.com/cgrcostarica
• La reunión fue solicitada por el Presidente y en la sala de la reunión participan únicamente las personas indicadas por el Presidente.
• Sobre los temas, ver la nota de respuesta dadas las restricciones legales aplicables.
• Sobre la dinámica habitual de estas reuniones, se indica: los solicitantes expondrán los asuntos indicados de previo, y la Contralora y su equipo gerencial atenderán lo que proceda conforme nuestras competencias, sin que esta reunión tenga capacidad resolutiva. Debemos recordar que los criterios oficiales de la Contraloría se vierten sobre gestiones puntuales tramitadas conforme el procedimiento formal y no de forma verbal en ninguna instancia presencial.

Se comparte la nota de respuesta de la Contralora General a solicitud de reunión del Presidente de la República.

Informamos de oficio dadas las consultas de prensa al respecto.

La CGR facilita a continuación una serie de información, recursos y enlaces a sistemas, producto de sus distintos procesos de fiscalización, que pueden resultar de interés para el análisis de la realidad de los Gobiernos Locales. Además se disponen dos infografías sobre el ciclo presupuestario de las Municipalidades y el ciclo de competencias de la CGR en relación a las municipalidades, así como un video con temas municipales de la Gerente del área de fiscalización de Desarrollo Local de la CGR, Vivian Garbanzo Navarro.

La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) respecto del cumplimiento del Título III de la Ley No. 9635 y la Ley No. 2166, en relación al reconocimiento de sobresueldos y dietas en dicha institución, y si esta gestión se apega al marco normativo aplicable. Al respecto se analizaron los siguientes rubros: antigüedad, dedicación exclusiva, carrera profesional, prohibición, plus de notariado, sobresueldos para profesionales en salud y las dietas, todo ello para el periodo comprendido del 1 de enero 2022 al 30 de junio 2023.

A continuación principales hallazgos:

Reconocimiento "carrera profesional". Se continuó otorgando puntos por el factor de experiencia laboral de carácter profesional, lo cual se encuentra restringido en el art. 40 de la Ley No. 2166. Al menos CRC 1.171,37 millones en los últimos cuatro años, pagados de más.

Dedicación exclusiva. 2772 contratos suscritos sin plazo, previo a la entrada en vigencia de la ley, se mantienen a tiempo indefinido; 43 de estos casos tampoco registran fecha de inicio.

Carrera profesional. Se encontraron 177 inconsistencias en la base de datos donde el último grado académico de la persona funcionaria muestra bachiller, con un porcentaje de 55% sobresueldo reconocido, siento lo correcto para ese grado académico 20%.

Nominalización de sobresueldos. Se detectaron errores que implicaron posibles sumas pagadas de más de al menos CRC 2,02 millones, montos que incluso podrían ser mayores, y que a futuro van a seguir creciendo si no se ajusta el cálculo a la normativa aplicable.

Anualidad. La fórmula de cálculo para anualidades reconocidas y ganadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley No. 9635 no corresponde a la definida en esta Ley; se incluyó un factor de corrección a la anualidad que ajusta indefinidamente el monto que reciben las personas funcionarias. Esto expone a la administración a riesgos de generar pagos de más.