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La CGR ordenó anular de inmediato el acuerdo de Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo -RECOPE-, que aprobó el Estudio de Factibilidad del proyecto Terminal Pacífico, así como anular la decisión inicial de la contratación de la construcción de dicha terminal y eliminar de inmediato del SICOP esa licitación, en resguardo de la Hacienda Pública y de forma oportuna en esta etapa tan determinante del proyecto, el cual, según el referido estudio, conllevaría un aumento en las tarifas de los combustibles. Los dos documentos emitidos por la CGR se encuentran adjuntos a este comunicado.

¿Qué es el Proyecto Terminal Pacífico?

¿Qué determinó la CGR?

• La CGR se encuentra ejecutando una auditoría acerca de la razonabilidad del proceso de preinversión de RECOPE S.A., en donde se revisó el proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto, contenido en el referido Estudio de Factibilidad. Al respecto, se encontraron una serie de omisiones normativas e incongruencias, que debido a su relevancia, hacen improcedente el desarrollo de actividades de la fase de inversión de ese proyecto.
• Se encontró que los actos referidos adolecen de vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta, pues se omitió la evaluación del costo-beneficio del proyecto, lo que significa que se promovió una licitación pública sin existir garantía razonable sobre su rentabilidad, incumpliendo a su vez diversa normativa técnica de Mideplan, normas de control interno para el sector público, la Ley de Contratación Administrativa y de su Reglamento, entre otras, referidas a los principios de eficiencia y seguridad contemplados en el ordenamiento jurídico.

¿Qué tramitó RECOPE?

La CGR emitió un reporte de auditoría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), para determinar si las acciones, en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de inspección técnica vehicular, cumplen con el marco contractual, legal y normativo, dado que el contrato vigente para la prestación exclusiva de este servicio vence en un año (julio 2022) tras 20 de vigencia. Se determinó una ausencia de elementos mínimos en la planificación de la estrategia para la continuidad del servicio y del cierre de la etapa contractual actual, que pueden resumirse así:

La CGR estima pertinente informar sobre acciones de fiscalización posterior relativas a contratos de conservación vial, en el contexto de la investigación que desarrollan en este momento autoridades judiciales, y ante consultas de actividad realizada por la CGR en este tema. Es importante indicar que las acciones desplegadas por autoridades judiciales se dan dentro del marco de competencias pertinentes para ese tipo de indagación (tipificación de ese tipo de delitos, intervenciones telefónicas, allanamientos, apertura de cuentas, pagos a privados, detenciones), competencias que la CGR no tiene como parte de sus potestades de control superior externo, a nivel normativo:

• En materia de auditoría, en temas de conservación vial, en el período 2018 a 2020, en CGR se emitieron varios informes de auditoría operativa: DFOE-IFR-IF-007-2018 sobre la eficacia, eficiencia y economía del proceso de conservación vial de carreteras de la red vial nacional pavimentadas; así como informes DFOE-IFR-IF-014-2020 y DFOE-IFR-IF-016-2020, sobre la eficacia, eficiencia y economía de las intervenciones de conservación ejecutadas en la red vial nacional en lastre. Estos informes se remitieron a la Administración para su cumplimiento de carácter vinculante.
• En materia penal, la CGR ha remitido, en ese mismo período, a instancias judiciales gestiones relacionadas con diversos casos de obras públicas: pagos de forma irregular de contratación administrativa de conservación y mantenimiento vial, expedientes número 15-000051-621-PE (acumulado a la causa 13-000045-621-PE); y 19-000073-1218-PE (carretera San Carlos sección Sifón- La Abundancia). Por respeto a las diligencias judiciales actuales en curso, no brindaremos detalle al respecto de las gestiones salvo indicar que están en trámite.

Por otra parte, los documentos públicos disponibles en CGR en materia de contratación administrativa se encuentra disponible en línea en el Sitio Web de la CGR en el sitio CONSULTAS, en CONSULTAS SOBRE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, donde el usuario indica el año y se puede revisar la actividad contractual de las INSTITUCIONES o ADJUDICATARIOS de interés.

Finalmente, la Contraloría General de la República, no solo por el ámbito de sus funciones sino también en el caso específico, es la más interesada en que esta situación se esclarezca lo antes posible y estamos en la mejor disposición de aportar lo que se nos indique por parte de las autoridades, las que se encuentran llevando a cabo distintas actuaciones de un caso del que no tenemos conocimiento oficial, dado que no hemos recibido notificación/gestión alguna al respecto.

Reiteramos nuestra disposición ante toda autoridad judicial para lo que estimen pertinente. En este momento, esto es todo lo que podemos documentar e informar.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar en forma directa con oferente idóneo, el suministro de gases medicinales para el abordaje de la pandemia causada por el Covid-19, por un monto máximo de ¢569.549.086,60 (quinientos sesenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ochenta y seis colones con sesenta céntimos).

La CGR realizó una auditoría de los procesos de compra de la Caja Costarricense del Seguro Social –CCSS- en el contexto de la pandemia por COVID-19, en la que se analizó la gestión del Fondo de Contingencias y la publicidad de los procedimientos de contratación de excepción, a efecto de que la Administración pudiera implementar acciones oportunas.

La CCSS ha tenido que recurrir a la contratación administrativa en situaciones de excepción con el Fondo de Contingencias de la CCSS, cuyo monto asciende a ¢125.000 millones de colones, de los cuales a diciembre 2020 se ejecutaron alrededor de ¢76.000 millones, lo cual resulta relevante de fiscalizar para asegurar la consecución de los objetivos en el marco del interés público así como la transparencia de los respectivos procedimientos.

Los resultados de dicho estudio señalan deficiencias en tres procesos que se exponen en el siguiente gráfico:

En resumen:

• Se evidencian fallas en la calidad de la información asociada al manejo del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud, tales como definición del proceso de gestión de información, oportunidad y utilidad.
• Existe ausencia de algunos requisitos de forma e integralidad: en documentación del inicio de las contrataciones, en definición de especificaciones técnicas del objeto de compra, así como en criterios para la evaluación de las ofertas y el análisis que sustentan la selección de las ofertas en los procedimientos de compras de excepción.
• Se requiere la supervisión de la información que se publica sobre las compras asociadas a la emergencia, de cara al mejoramiento de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

Se emitieron disposiciones a la Gerencia de Logística y la Gerencia Financiera (pág. 19 y 20 del informe).

La CGR emitió dos informes de auditoría del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) los cuales evalúan la funcionalidad, operación y seguridad de la información del mismo. "Existen alrededor de 78 instituciones públicas usuarias del sistema, con al menos 42 programas sociales integrados; los cuales se ven beneficiados en su utilización para establecer las asignaciones de ayudas que se realizan sobre la base de la información allí contenida" de allí que sea relevante la verificación de su funcionalidad, operación y seguridad de la información. Estos son los principales hallazgos de los informes:

Funcionalidad y operación	Seguridad de la información
El 95% de instituciones usuarias no están cumpliendo la obligación de remitir información que alimente el sistema.	No se cuenta con un Sistema para gestionar la seguridad de la información. Esto es apremiante dada la sensibilidad de la información contenida y la privacidad que debe garantizarse a los beneficiarios.
El 32,1% de los usuarios del sistema perciben que la información no está actualizada.	No existe plan de continuidad del servicio, que garantice la disponibilidad de la información para toma de decisiones y recuperación en caso de eventos adversos.
El 50% de los encuestados indicaron desconocer herramientas de reporte de fallas del sistema.	Debilidades en materia de seguridad lógica como: gestión de identidades, segregación de funciones de TI, supervisión de usuarios con privilegios y gestión de contraseñas.
Un 74,5% desconoce acerca de la existencia del mecanismo de ayuda al usuario.
El 85,2% señaló no contar con manuales de funcionalidades del sistema.
La Administración no implementa procesos de gestión de la capacidad de su plataforma tecnológica.

La CGR autorizó al Consejo Nacional de Vialidad –CONAVI- a aumentar hasta por un monto de $21.810.262,95 dólares y un plazo de 30 meses adicionales, el Memorando de Acuerdo suscrito entre CONAVI y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), referido a los “Estudios previos, diseño y construcción de los puentes sobre los ríos Virilla en las Rutas Nacionales 32 y 147 (Préstamo BCIE 1)”, para un monto total de $ 65.178.508.29 dólares y un plazo de ejecución total de 109 meses.

Dicha modificación de recursos y de plazo se autoriza a efecto de proceder con la rehabilitación del puente existente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32, al haberse identificado factores de riesgo relativos a la seguridad estructural y a la seguridad de las personas y dado el interés público expuesto respecto del ahorro en plazos, costos, impacto ambiental, así como respecto de la seguridad para las personas en una obra de vital importancia como lo es el puente existente en el Río Virilla sobre la Ruta Nacional 32.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital México de la Caja Costarricense del Seguro Social para adquirir en forma directa con oferente idóneo, tres equipos transportables de rayos X, para la atención de la pandemia ocasionada por el Covid 19, por un monto máximo de ¢171.750.000,00 (ciento setenta y un millones setecientos cincuenta mil colones exactos).

La CGR emitió un reporte de fiscalización acerca de la implementación y uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los 82 Gobiernos Locales del país. A febrero del 2021, 67 municipalidades han implementado el SICOP, pese a que la Ley 9395 estableció que toda actividad de contratación debe realizarse en dicha plataforma, desde agosto del 2016.

De seguido, un resumen del reporte:

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, 300.000 frascos de propofol al 1%, medicamento sustantivo para el abordaje de la pandemia causada por el Covid 19, por un monto máximo de ¢630.000.000,00 (seiscientos treinta millones de colones con cero céntimos).

La CGR advierte el vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), este lunes 24 de mayo. Lo anterior dado que aún no se alcanza el 50% de presentación de este requerimiento legal, tan solo se han recibido 9789 documentos de los 21.000 esperados. Este es el reporte de avance diario en la presentación de DJB:

Día	Inicial	Anual	Final	Total
4/05/2021	8	455	18	481
5/05/2021	16	715	14	745
6/05/2021	11	431	9	451
7/05/2021	13	340	5	358
8/05/2021	3	73	2	78
9/05/2021	0	71	4	75
10/05/2021	9	571	9	589
11/05/2021	18	542	8	568
12/05/2021	4	528	8	540
13/05/2021	13	575	11	599
14/05/2021	0	39	1	40
15/05/2021	1	142	2	145
16/05/2021	3	167	6	176
17/05/2021	25	1106	14	1145
18/05/2021	24	1345	9	1378
19/05/2021	27	1424	6	1457
20/05/2021	13	380	7	400
Total	201	9446	142	9789

Es importante recordar que la responsabilidad administrativa y las sanciones por el incumplimiento en la presentación de este requisito, se regulan en la ley no. 8422, artículos 38, 39 y 40. El funcionario que incumpla puede ser sancionado con: a) Amonestación escrita publicada en el Diario oficial, b) suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente de 15 a 30 días, y hasta c) Separación del cargo público sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda.

Se recuerda que la presentación es totalmente electrónica y está disponible en línea 24/7, ingresando al Sitio Web CGR: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html.

Para consultas comuniquese:

Teléfono: 905 - Declare (905-3325273)

Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

WebChat CGR: disponible a lo largo del Sitio Web www.cgr.go.cr

 

---

Aviso importante: Se recuerda a la población declarante, que la Contraloría General de la República NO está solicitando información confidencial o claves por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales, para este proceso. Reiteramos la recomendación de no brindar su información personal, a ninguna persona. Si tiene alguna consulta puede realizarla a través de los medios dispuestos para los fines.

La CGR resolvió la apelación planteada contra el acto de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000017-5101, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS- para la adquisición de L-Asparaginasa 10.000 U.I. FCO-ampolla 10 ml código 1-10-41-4167, la cuál ya fue notificada a las autoridades y fue resuelta dentro del plazo de ley conferido para este tipo de recurso.

Al rechazarse dicho recurso, queda en manos de las autoridades de la CCSS proceder de conformidad, de modo que deben consultar a dichas autoridades al respecto de la compra del medicamento dado que en la CGR no queda tramite alguno en curso.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Nacional Psiquiátrico de la Caja Costarricense del Seguro Social, para contratar en forma directa con oferente idóneo, mano de obra, materiales e instalación de 626 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el HNP COVID, por un monto máximo de ¢14.153.181,61 (catorce millones ciento cincuenta y tres mil ciento ochenta y un colones con sesenta y un céntimos).

La CGR informa el avance en la recepción de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), que deben presentar alrededor de 21.000 personas, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Este año, el plazo para la presentación vence el lunes 24 de mayo y a la fecha tan solo 4524 personas han cumplido con dicho requerimiento. Este es el reporte de avance diario en la presentación de DJB:

Día	Inicial	Anual	Final	Total
4/05/2021	8	455	18	481
5/05/2021	16	715	14	745
6/05/2021	11	431	9	451
7/05/2021	13	340	5	358
8/05/2021	3	73	2	78
9/05/2021	0	71	4	75
10/05/2021	9	571	9	589
11/05/2021	18	542	8	568
12/05/2021	4	528	8	540
13/05/2021	13	575	11	599
14/05/2021	0	39	1	40
Total	95	4340	89	4524

Se recuerda que la presentación es totalmente electrónica y está disponible en línea 24/7, ingresando al Sitio Web CGR: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html.

Para consultas comuniquese:

Teléfono: 905 - Declare (905-3325273)

Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

WebChat CGR: disponible a lo largo del Sitio Web www.cgr.go.cr

 

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Aviso importante: Se recuerda a la población declarante, que la Contraloría General de la República NO está solicitando información confidencial o claves por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales, para este proceso. Reiteramos la recomendación de no brindar su información personal, a ninguna persona. Si tiene alguna consulta puede realizarla a través de los medios dispuestos para los fines.

En aclaración al panorama de la compra de medicamentos para la leucemia en niños, difundida ayer por autoridades de salud, les informamos:

• Todos los procesos de licitación deben contemplar la totalidad de trámites posibles dentro de un proceso de compra, incluyendo la presentación por parte de otros oferentes de recursos de apelación, como está establecido en la legislación.
• Los plazos de dichos trámites están establecidos por ley y son de pleno conocimiento de la Administración de modo que la responsabilidad al respecto recae sobre la misma entidad que tramita. Si se tramitan los procesos de compra con vista en todo el proceso posible, se debe incluir cada etapa posible y prever los tiempos.

En el caso de este medicamento, se han presentado dos gestiones ante la CGR:

1. Recurso de apelación en donde se discute la decisión final adoptada por la CCSS para la compra del medicamento, en plazo de estudio por el fondo actualmente.
2. Cómo se presentó esa apelación, la CCSS tramitó una autorización de urgencia para que la CCSS lo compre mientras tanto y se emitió desde el 06 de mayo.

Mientras se esté en el proceso de resolución, no podemos referirnos más ampliamente que lo acá indicado.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, 140.000 ampollas de fentanilo base 0,005 mg/ml, para abordaje de la pandemia causada por el Covid 19, por un precio unitario de $1,15 (un dólar con quince centavos), para un monto máximo de $161.000,00 (ciento sesenta y un mil dólares exactos).

La CGR emitió un reporte de auditoría sobre la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19 desarrollada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para procurar disponibilidad, despliegue y aplicación de la vacuna contra Covid-19. El periodo evaluado comprende del 30 de noviembre 2020 hasta el 26 de febrero 2021. Este reporte fue notificado en días pasados a las autoridades.

El estudio determina tres aspectos relevantes por atender:

La CGR autorizó dos compras urgentes para atención de necesidades dada la pandemia para el Hospital Psiquiátrico de la CCSS, las cuales se detallan a continuación:

• Contratación, en forma directa con oferente idóneo, el suministro de gases medicinales, para el abordaje de la pandemia causada por el Covid-19, por un monto máximo de ¢236.586.500,00 (doscientos treinta y seis millones quinientos ochenta y seis mil quinientos colones exactos).
• Contratación, en forma directa con oferente idóneo, la mano de obra y materiales para acometida eléctrica para para hacer viable el uso de carros térmico-transportadores de alimentos del Servicio Nutrición-COVID-19, para el abordaje de la pandemia causada por el Covid-19, por un monto máximo de ¢14.292.000,00 (catorce millones doscientos noventa y dos mil colones exactos).

La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su deber constitucional, remitió este 1 de mayo a la Asamblea Legislativa, la Memoria Anual 2020, cuyos contenidos principales se detallan a continuación:

• Documento de Opiniones y Sugestiones dirigido a la Asamblea Legislativa, el cual se denomina "Costo inicial y lecciones del COVID-19: hacia una nueva Hacienda Pública". Se presenta una estimación del costo inicial de atención de la pandemia, se proporciona información acerca de su forma de financiamiento, y se analizan los principales efectos observables hasta el momento sobre la continuidad, la percepción y otros desafíos estructurales que emergen en la gestión de los servicios públicos. Finalmente,el informe contiene una serie de reflexiones sobre cómo capitalizar los aprendizajes de este período tan atípico. Enlace a video de la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga: Memoria Anual 2020 CGR - Costo Inicial del COVID

Con respecto a los distintos dictámenes que requieren opinión de la institución, se detallan a continuación sus resultados:

• Dictamen de la liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto de la República: se emite un dictamen con abstención de opinión relacionada principalmente con la incertidumbre producto de situaciones identificadas en las partidas de remuneraciones del MEP, así como gastos no incluidos en la liquidación y gastos mal clasificados, conceptos por los cuales el déficit financiero se encuentra subestimado en 0,4% y 0,2% del PIB en 2020, respectivamente.
• Dictamen del Informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y Dictamen del Informe de resultados físicos del Presupuesto de la República: se emite una opinión con reservas y adversa respectivamente.
• Informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2020 en su primer año de aplicación: se determinó que de 154 instituciones contempladas en el alcance del informe, 113 cumplieron con la regla fiscal, 12 instituciones incumplieron y sobre 29 casos la CGR se abstiene de emitir opinión dado que existe una limitación relativa a la disponibilidad de la totalidad de la información requerida.
• Memoria del Año Económico cuyos análisis de temas presupuestarios y fiscales se publicaron en el sitio #MonitoreoCGR. Enlace a video de la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga: Memoria CGR 2020 - Dictámenes constitucionales

A partir de este martes 4 y hasta el lunes 24 de mayo, se abre el período de recepción de la Declaración Jurada de Bienes 2021 ante la CGR, según artículo 56 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422. Dicho proceso es totalmente electrónico y se realiza ingresando a la página www.cgr.go.cr Este año se estima que dicha obligación recae sobre 21.000 funcionarios.

En acatamiento a las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud y para evitar riesgo de contagio de COVID-19, se brindará toda la asesoría requerida por los usuarios por diversos medios descritos a continuación:

	declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr
	905-DECLARE (905-3325273) | 2501-8150
	WebChat CGR habilitado a lo largo del Sitio Web CGR

Estaremos informando los avances del cumplimiento de este requisito legal por parte de los declarantes, a lo largo del plazo establecido por ley para tal fin. Agradecemos la ayuda en difundir dicha información para lograr el mejor cumplimiento de los funcionarios sujetos a dicha obligación legal.

Pueden ingresar al vínculo: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb-info-mayo.html para encontrar información detallada sobre autogeneración de clave, cómo llenar la declaración, comunicados y avisos relacionados, entre otros. Se adjunta video del Sr. Manuel Martínez, gerente de la División de Gestión de Apoyo, sobre el proceso de declaraciones juradas.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, 10.000.000 unidades de mascarillas médicas descartables para el abordaje de la pandemia causada por el Covid 19, por un precio unitario de $0,168 (ciento sesenta y ocho centavos de dólar), para un monto máximo de $1.680.000,00 (un millón seiscientos ochenta mil dólares exactos).

La CGR autorizó hoy la modificación del contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial “Circunvalación Norte”, Ruta Nacional No. 39, Sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ent. Ruta Nacional No. 109), producto de la licitación pública internacional No. 2013LI-000008-0DE00, suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad y el Consorcio Estrella – Hernán Solís, a efectos de incorporar la construcción de la Unidad Funcional V, por un monto de $59.996.879 dólares y un plazo de 18 meses.

¿Qué pasó durante el trámite?

• Primera gestión presentada el 26 de febrero de 2020 y archivadal el 16 de junio de 2020, por solicitud expresa de la Administración, para resolver temas relacionados con el presupuesto extraordinario institucional.
• Segunda gestión presentada el 12 de agosto de 2020 y archivada el 08 de setiembre de 2020, por cuanto el plazo de prórroga solicitado sobrepasa el previsto en el ordenamiento jurídico para resolver gestiones de modificación unilateral.

¿Qué se autoriza?

Tercera gestión presentada el 03 y 04 de febrero de 2021, cuyo plazo se interrumpe por requerimientos de información adicional y convocatorias a reuniones. Una vez resueltos los temas relacionados con el contenido presupuestario, la vigencia del contrato de construcción, entre otros, y ante un plan de trabajo que permite ejecutar las obras sin intervención de los sitios pendientes de expropiación, se autoriza la modificación del contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial “Circunvalación Norte”, para así garantizar la conectividad completa del corredor vial Circunvalación Norte.

¿Qué sigue?

• La Administración debe gestionar las expropiaciones de las propiedades pendientes de la manera más célere posible, procurando que las mismas no se conviertan en un obstáculo para concluir el proyecto en el plazo propuesto y así no generar mayores costos.
• La Administración deberá adoptar las medidas necesarias para contar con la supervisión que garantice la correcta ejecución de la construcción de la Unidad Funcional V.

La CGR realizó un informe sobre la capacidad de los gobiernos locales del GAM para llevar a cabo la planificación urbana y el ordenamiento territorial, en un contexto de aceleración de la urbanización. El estudio evaluó 31 cantones y considera un periodo de estudio desde 2019 hasta el 18 de enero del 2021.

Panorama General

 

• Se requieren acciones urgentes para fortalecer la capacidad de gestión en cuanto a la planificación urbana de los cantones.
• Algunos gobiernos locales deben mejorar en materia de renovación urbana e inspección de construcciones.
• Persisten brechas en trabajo intermunicipal e interinstitucional para desarrollar proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano del GAM.
• Se evidencia la implementación de buenas prácticas, como el diagnóstico de renovación urbana, implementación de sistemas TI para la inspección de construcciones (teledetección) y ordenamiento territorial, implementación de criterios y recomendaciones establecidos en instrumentos de planificación nacional y regional, y ejecución de proyectos conjuntos por parte de algunas municipalidades.

La CGR dio hoy luz verde al contrato de supervisión de la Circunvalación Norte, una vez que el CONAVI logró certificar la suficiencia en los recursos presupuestarios para hacer frente al diferencial cambiario señalado en el oficio notificado ayer, como parte del trámite gestionado por esa entidad conforme el marco normativo vigente y obligatorio para la Administración en este tipo de gestiones.

Queda ahora en manos de la Administración, bajo su responsabilidad, ejecutar lo pertinente. Se adjunta tanto el oficio remitido por el CONAVI junto a dos certificaciones de recursos requeridas como el oficio de la CGR con el aval legal.

El día de hoy la CGR resolvió la solicitud de autorización para modificar el memorando existente entre el CONAVI y la agencia de la UNOPS para la supervisión de las obras de la Circunvalación Norte (ver oficio adjunto). Como se ha informado anteriormente, este trámite se atiende por segunda ocasión:

• Ya en enero de este año la CGR debió rechazar la gestión por problemas para acreditar que cuentan con todo el contenido presupuestario por parte del CONAVI para pagar las obligaciones correspondientes al año 2021. La CGR está imposibilitada técnica y legalmente para aprobar gestiones de esta naturaleza si no cuentan con todo el contenido presupuestario requerido.
• En esta oportunidad, se determina que pese a que la Administración incorporó la mayor parte de los recursos para hacer el pago correspondiente, no lo hizo en forma integral por condiciones de tipo cambiario. Tal situación no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de contratación administrativa y, por ende, la CGR no puede aprobar la gestión tal y como fue remitida.

Ahora queda en manos de las autoridades de la Administración ajustar el monto total y remitir la gestión a la CGR para tal fin, siendo un tema de absoluta prioridad para el ente contralor en el momento en que se ajuste el presupuesto al monto debido.

La CGR procede a informar la realidad de los hechos documentables sobre el trámite de prórroga del contrato de supervisión de la Circunvalación Norte, dada la versión imprecisa y omisa dada por el CONAVI:

1. El primer trámite se presentó por medio del oficio DIE-07-2020-1424 (39) del 17/12/2020 del CONAVI, recibido el 06 de enero de 2021, ante esta Contraloría General. Dicha gestión se rechazó con el oficio No. 00954-2021 del 21 de enero de 2021, en el cual se deniega la solicitud por no tener el contenido presupuestario suficiente para cubrir los pagos de ese contrato.
2. La gestión en trámite actualmente ingresó con el oficio DIE-EX 07-2021-127 (78) recibido en la Contraloría el 4 de febrero del 2021. Se han emitido requerimientos de información vital para resolver, sobre el tema de la vigencia del contrato actual y sobre la acreditación de que se cuenta con contenido presupuestario para hacer frente al primer desembolso que se efectuaría a este año.
3. La suspensión unilateral del CONAVI no es de resorte de la CGR en tanto es un acto que debe explicarse como interés público institucional por causas imprevistas o imprevisibles, las cuáles no son atribuibles a las actuaciones de la CGR. Adicionalmente, esa suspensión será responsabilidad de la Administración en cuanto al costo y daños que ocasione la decisión, mismos que -estando en plazo la CGR para resolver sobre el trámite actual- no son atribuibles tampoco al ente contralor.
4. Las acciones de la Administración son las que marcan los resultados de los procesos de autorizaciones, ya sea para aprobar o rechazar. La Administración conoce sobradamente los plazos establecidos en la legislación y los trámites que deben cumplirse en un Estado de Derecho como el nuestro. La decisión de suspender un contrato conlleva riesgos y genera responsabilidades para quien lo decide. De este modo, debe asumir CONAVI sus decisiones como responsable de ello y debe dejar constancia de su fundamentación que eso implique.

Esta gestión se encuentra en trámite en la División de Contratación Administrativa de modo que no nos referiremos en adelante hasta su debida resolución.

La CGR recién autorizó una contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la CCSS para adquirir, en forma directa con oferente idóneo: 796.000 guantes de nitrilo talla S por un costo unitario de ¢169,87; 870.000 guantes de nitrilo talla M por un costo unitario de ¢169,87 y 440.000 guantes de nitrilo talla L por un costo unitario de ¢132,37; para la atención de la pandemia causada por el Coronavirus, cuyo monto máximo total es de ¢341.247.320,00 (trescientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos veinte colones exactos) y por un plazo de dos meses.

La CGR emitió el documento Opiniones y Sugestiones acerca de los desafíos de la transición energética desde la perspectiva de la Hacienda Pública, el cual pretende aportar una visión integral de la necesidad de cambio en el sector, así como de los principales desafíos que representa la transición energética, los cuales requieren de discusión y toma de decisiones en el Congreso y otros espacios públicos.

Principales retos identificados:

1. Instrumentalizar la política pública con base en la ciencia y la técnica.
2. Ejercer de forma efectiva las potestades institucionales del Subsector Energía.
3. Manejar eficiente y sosteniblemente los recursos públicos.

Sugerencias de cara a la transición:

Ayer venció el plazo otorgado por la CGR al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -MTSS- para que ese ministerio dispusiera en su sede de la base de datos del Bono Proteger, tal y como indica la orden emitida por la CGR (adjunta). Es relevante aclarar que el origen de la orden dada por la CGR obedece a la aplicación de lo expresamente establecido en el propio Decreto Ejecutivo que creó el Programa Bono Proteger, según el cual la administración y responsabilidad de dicha base de datos debió estar en manos de ese Ministerio, y no en manos de la empresa privada donante de dicha plataforma. El MTSS informó, dentro del plazo establecido, que dicha base de datos fue debidamente trasladada al Ministerio, en cuyo caso la CGR realizará las valoraciones pertinentes sobre este particular.

Es importante aclarar imprecisiones dadas por representante de la empresa privada donante de la plataforma en días pasados:

1. La CGR no tuvo acceso a la base de datos completa del Bono Proteger dado que la información de la citada base de datos que suministró el MTSS a la CGR correspondió sólo a los datos estrictamente vinculados al cumplimiento de los objetivos previstos en los procesos de auditoría. Es falso, por ende, indicar que la CGR cuenta con una copia de dicha base de datos en su sede.
2. En relación con el manejo de dicha información, la CGR cuenta con profesionales e infraestructura tecnológica actualizada, con protocolos, lineamientos, procedimientos y directrices tendientes a proteger toda la información catalogada y clasificada, garantizando su resguardo en repositorios seguros. Es incorrecto indicar que la CGR no tiene condiciones de seguridad para resguardar la información requerida para la auditoría del Bono Proteger.

No nos referiremos más en detalle a este tema dado el proceso de seguimiento en que se encuentra la institución sobre lo dispuesto en los informes.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, guantes ambidextros de nitrilo, para el abordaje de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢5.867.505.000,00 (cinco mil ochocientos sesenta y siete millones quinientos cinco mil colones). Según las siguientes características:

• Guantes ambidextros de nitrilo color azul o violeta, no estériles, tamaño pequeño (equivalente 7 o S).
• Guantes ambidextros de nitrilo sin polvo, color azul o violeta, no estériles tamaño mediano.
• Guantes ambidextros de nitrilo, tamaño grande, no estériles color azul o violeta.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social, para contratar en forma directa con oferente idóneo, el arrendamiento de edificio para albergar el servicio de oftalmología del ente hospitalario, para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢5.132.106,00 (cinco millones ciento treinta y dos mil ciento seis colones exactos) mensuales, y un plazo máximo de seis meses.

La CGR resolvió hoy (resolución adjunta) los recursos de objeción al cartel de licitación del Ministerio de Justicia y Paz para las tobilleras electrónicas, recursos presentados por las empresas: Geotecnologías S.A., Empresa De Servicios Públicos De Heredia S.A., Soin Soluciones Integrales S.A., Asesores I.S.E. de Costa Rica S.A., Sáenz Fallas S.A., Buddi Limited, Grupo Visión Tecnologías de Costa Rica S.A., Grupo Computación Modular Avanzada S.A., SPC Telecentinel S.A., Enersys Mva S.A., y Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A.

Estos recursos fueron declarados de distintas formas: algunos sin lugar, parcialmente con lugar, o bien, se presentan aclaraciones por parte de la Administración. El recurso interpuesto por la empresa ADC MOVIL CRI S.A. se había rechazado de plano por extemporáneo. En relación con los alegatos expuestos por las empresas, a manera de resumen se detallan los principales aspectos sobre los que se revolvió así como las implicaciones que tiene lo resuelto:

¿Qué sigue con lo resuelto?
Sin lugar los alegatos	La cláusula del cartel se puede mantener como se encuentra actualmente.
Aclaración del tema	Al contestar el Ministerio de Justicia le aclara a la empresa recurrente cómo debe ser entendida la cláusula del cartel.
Parcialmente con lugar	No se acepta del todo el alegato de la empresa recurrente, pero se identifican aspectos que el MJP tendrá que justificar con el respaldo necesario. De requerirse deberá corregir el cartel luego de ese análisis, o bien, la Administración acepta modificar el cartel.

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La Contralora General, Marta Acosta, expone esta tarde, en la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa, el criterio de la CGR sobre proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital.

La CGR emitió criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado "Creación del Gran Parque de Diversiones del Caribe" (expediente no. 22.264) el cual propone autorizar a JAPDEVA la creación de un parque temático para la atracción de turismo, así como celebrar contratos de asociación empresarial con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, para crear dicho parque. Los principales términos del criterio emitido pueden resumirse así:

	No hay estudios técnicos que determinen la viabilidad técnica, presupuestaria, financiera, económica y el impacto social del proyecto. Es importante señalar que el aval estatal, presupone un análisis sobre la capacidad fiscal del Estado, por cuanto podría eventualmente convertirse en un pasivo para el Estado y con ello generar una mayor presión fiscal, en un contexto en el que las finanzas públicas muestran poco margen de disposición económica.
	Sobre la utilización del canon de fiscalización, la disposición de esos montos para otros fines distintos a los establecidos sería contrario a la normativa y podría afectar el sistema de control de la concesión.
	Todo proyecto cuyo financiamiento se derive del canon de desarrollo, sea incorporado a la cartera de proyectos para análisis de JAPDEVA, de manera que su elección se derive de un análisis técnico, financiero, económico, ambiental y comparativo con otros proyectos, según el modelo de gestión establecido.
	Si bien ya no se crea una asociación, se debe valorar el impacto institucional de la creación del parque temático dentro de la estructura de JAPDEVA y que no forma parte de las competencias propias y originarias de la institución.

Es importante indicar que la autorización que se concede mediante el proyecto de ley en el numeral 1 no es una excepción de la aplicación de la ley de contratación administrativa (para que JAPDEVA pueda celebrar contratos de asociación empresarial con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas).

Le invitamos a unirse este miércoles 17 de marzo a este evento virtual al margen de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas para un animado debate sobre las barreras que enfrentan las mujeres en los organismos de finanzas públicas y los pasos que deben tomarse para permitir una mayor paridad de género en el liderazgo de estos organismos.

Con la participación de la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga junto con otros importantes exponentes.

En comparecencia de esta tarde en comisión legislativa, la Contralora General, Marta Acosta, se refiere ampliamente a los informes emitidos por la CGR sobre la gestión del Bono Proteger, una vez resueltos los recursos planteados por la Administración (ya fueron notificados a la Administración). Los resultados de dichas auditorías se confirman y hoy la Contralora expone datos relevantes del tema.

La CGR emitió también una orden de acatamiento obligatorio sobre la base de datos de dicho bono (adjunta), dirigida a la Ministra del MTSS para que adopte las medidas necesarias para administrar y resguardar, bajo criterios técnicos, los datos de los solicitantes y beneficiarios del Bono Proteger, así como dar el respectivo seguimiento a las mismas, independientemente del medio en que se encuentre o del sitio de almacenamiento alterno donde se ubique la información referida. Las razones técnicas para emitir esa orden se basan en el proceso de auditoría sobre la plataforma tecnológica implementada para gestionar dicho bono en el MTSS (en curso en la CGR), en la cual se determinó que ese Ministerio, como institución responsable y dueña de la base de datos, no ha ejecutado acciones tendientes a asumir los controles y mecanismos correspondientes para ejercer un rol activo que garantice la seguridad en el tratamiento y accesos a los datos contenidos en la citada base de datos, así como su debido resguardo conforme a su deber de administración de la base de datos.

Ante múltiples consultas sobre la posibilidad de aplicar el artículo 209 del Reglamento de Contratación Administrativa como solución temporal (mientras está en curso una licitación internacional) para el contrato de tobilleras electrónicas para privados de libertad bajo ese régimen, lo que requiere la Administración -Ministerio de Justicia y Paz- para su implementación es el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• El contrato debe haber concluido pero requerirse suministros o servicios adicionales de igual naturaleza.
• El contratista debe aceptar el contrato adicional.
• El nuevo contrato se debe desarrollar sobre las bases del precedente.
• Se deben mantener los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las obligaciones anteriores No obstante se pueden presentar mejoras en esas condiciones en que se ejecutó el contrato anterior.
• En todo caso, el monto del nuevo contrato no puede ser mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas.
• En los contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. De tal forma que ese es un elemento a considerar según el contrato original.
• No debe haber transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir de esta fecha.
• Se debe determinar que el contratista no haya incurrido en ningún incumplimiento grave.
• Se debe incluir en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se justifica el nuevo contrato.

Estas condiciones deben estar determinadas por la Administración así como el resto de requisitos legalmente procedentes como: contar con el contenido presupuestario para cubrir las nuevas obligaciones, verificar que se mantenga el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, pagos de tributos, que no existan prohibiciones, ampliar garantías de cumplimiento, entre otros.

El uso del artículo 209 no se tramita ni requiere autorización de la Contraloría General de la República y queda bajo entera responsabilidad de la Administración la verificación de todo lo anteriormente indicado. No nos referiremos adicionalmente a este tema dado que queda en manos de la Administración.

La CGR estará realizando la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos 2021, del 8 al 24 de febrero. Esta será aplicada por funcionarios de la Institución, vía telefónica, a personas mayores de 18 años, y de forma anónima. El objetivo es conocer la percepción de la ciudadanía sobre la eficiencia de un conjunto de servicios públicos tales como: transporte público, servicios de electricidad, agua, conectividad a internet, servicios municipales, seguridad pública, educación pública, salud pública (EBAIS, clínica y hospitales) servicio de justicia, servicio de bonos de vivienda y gestión financiera.

La persona que aplica la entrevista se identificará claramente como funcionaria de la institución, pero si se tiene dudas al respecto, el ciudadano puede verificar la información sobre la aplicación de la encuesta en nuestra dirección electrónica www.cgr.go.cr, donde encontrará incluso el cuestionario que se está aplicando, o bien plantear cualquier consulta al teléfono 2501-8000.

Garantizamos que la información será resguardada de forma segura y confidencial, en tanto se procesan los datos, posterior a esto la información será eliminada.

La CGR autorizó al Ministerio de Educación Pública para contratar de manera directa el servicio de transporte, de rutas de transporte de estudiantes, para el período lectivo 2021, por un monto límite de ¢3.894.351.864 millones de colones, según monto fijado por el propio presupuesto de la Administración. Dicha autorización fue notificada a la administración el jueves 04 de febrero.

La CGR emitió un oficio de respuesta a la gestión planteada por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), cuya pretensión era prorrogar el contrato de tobilleras del MJP con argumentos que ya en anterior oportunidad se había indicado, con claridad y contundencia, no es viable, pero además mediante un trámite improcedente.

Es necesario señalar, dadas las declaraciones de las autoridades de ese ministerio sobre el tema, que la correcta planificación y la oportuna presupuestación de un contrato público es responsabilidad exclusiva de la Administración. Pretender que severos problemas en esos aspectos de la gestión deba solventarlos ahora la CGR, siendo una gestión tardía (a unas semanas de vencer el contrato) e incompleta (no tienen dinero) no es pertinente.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Centro Nacional de Rehabilitación de la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar en forma directa con oferente idóneo, el suministro de oxígeno líquido para los pacientes que son atendidos en el Centro de Atención Especializado para atención de pacientes Covid-19, por un monto máximo de ¢206.430.000,00 (doscientos seis millones cuatrocientos treinta mil colones exactos).

La CGR denegó la solicitud planteada por el Ministerio de Justicia y Paz, referida a la autorización para realizar una modificación unilateral de prórroga por 24 meses del contrato suscrito entre ese ministerio y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, derivado de la Contratación Directa no. 2016CD-000097-0006900001 para una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de la libertad (conocido como brazaletes electrónicos).

Dicha solicitud es denegada tomando en consideración los aspectos:

• Presupuesto: no se cuenta con el contenido presupuestario suficiente para atender la solicitud realizada.
• Precio: La administración no evidencia tener certeza del precio que regirá durante el plazo de contrato, si este se prorroga.
• Contrato: No se tiene certeza sobre la vigencia del contrato pues no se ha acreditado dicha condición según lo establecido en el cartel.

Nos complace informarles los resultados obtenidos por la CGR en la medición anual del Índice de Transparencia del Sector Público. El índice es evaluado por la Defensoría de los Habitantes, y este año midió a 253 instituciones en los siguientes ejes:

En los ejes de Rendición de cuentas y Participación ciudadana también se obtuvieron buenas calificaciones, sin embargo representa un reto a superar juntos, para mejorar como Institución y demostrar la Excelencia que nos caracteriza en todo lo que hacemos.

La CGR acaba de autorizar una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar, en forma directa con oferente idóneo, kimonos tallas S, M, L, XL y XXL para el abordaje de la pandemia causada por Covid-19, por un monto máximo de ¢356.850.000,00 (trescientos cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta mil colones exactos).

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) sobre el monitoreo de los dispositivos electrónicos como mecanismo alternativo de ejecución de la pena, específicamente la supervisión y seguimiento de las personas sujetas a esta modalidad de ejecución de la pena, en el periodo comprendido entre 1° enero 2018 al 31 de mayo 2020. Se concluyó que existen serias debilidades en:

• La supervisión y seguimiento de las personas sujetas a monitoreo electrónico en cuanto a la cantidad de alertas que permanecen sin atender, encontrando 907.956 alertas abiertas correspondientes a 1.485 personas monitoreadas en el período del 13 de mayo al 20 de octubre del 2020.
• El tiempo transcurrido en la atención de las alertas que ya han sido gestionadas; y en la comunicación de estos eventos a la Autoridad Judicial, así como en las gestiones de coordinación con los cuerpos policiales para el abordaje del seguimiento de la población monitoreada.
• La gestión documental y en el registro y reporte de los datos en la plataforma de monitoreo electrónico las cuales no permiten asegurar razonablemente la calidad de la información para el control de la población monitoreada.

Asimismo, conviene informar de dos gestiones adicionales en este tema, actualmente en trámite en la CGR:

• La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa giró una orden al Ministerio de Justicia y Paz relacionada con el avance en el proceso de licitación pública para la contratación de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad. Dicha orden consiste principalmente en la elaboración del cronograma de actividades del procedimiento licitatorio que considere todas las acciones necesarias a fin de empatar el vencimiento del plazo del contrato vigente, la incorporación del contratista que llegue a seleccionarse, así como cualquier fase de transición para el ajuste o cambio de dispositivos que resulte necesario. Esta orden se encuentra en seguimiento por cuanto se está realizando el análisis de la documentación remitida por dicho Ministerio a la CGR.
• La División de Contratación Administrativa de la CGR se encuentra en estudio una solicitud de prórroga del actual contrato de ese ministerio con la ESPH; se requirió información imprescindible para resolver a dicho ministerio cuyo plazo para presentarla vence el 22 de enero. Hasta que ingrese esa información a la CGR no es posible resolver sobre esa prórroga.

La CGR autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para comprar, en forma directa con oferente idóneo, 2.000.000 de unidades de respirador filtrante de partículas para el abordaje de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢2.757.295.200 colones.