Noticias CGR | Noticias anteriores CGR

La CGR emitió un informe de auditoría a la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) respecto de la prevención, registro y recuperación de sumas giradas de más en regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Resulta relevante considerando que para el año 2021, estos rubros ascendieron a ¢4030 millones acumulados en DNP y ¢929 millones acumulados en JUPEMA.

Los hallazgos más relevantes se resumen a continuación:

Prevención: DNP no utiliza fuentes de información disponibles para identificar jubilados fallecidos. La modalidad de pago actual favorece la generación de acreditaciones no correspondientes, dado el pago anticipado de la última semana del mes. Registro: Inoportuna exclusión de planilla de beneficiarios fallecidos y derechos jubilatorios caducos, genera riesgos. Carencia de actividades de control para la actualización de datos necesarios para notificaciones de cobro (teléfono, domicilio actual, etc.) Recuperación: DNP no dispone de un detalle que incluya erogaciones giradas de más de forma consolidada. Esto constituye un riesgo en la recuperación efectiva de recursos.

La CGR emitió el último reporte de una serie de monitoreos relativos a la evolución fiscal y presupuestaria durante el primer semestre del 2022. Los temas abordados se refieren, entre otros, a los efectos del ataque cibernético en la disposición de información relevante para la conducción de la Hacienda Pública, los cambios recientes en la normativa relativa a la regla fiscal y sus consecuencias, la deuda del sector público costarricense, la implementación del presupuesto plurianual en el sector público y la evolución presupuestaria de sectores como el portuario, de educación y municipal.

A continuación lista de temas de monitoreos a detalle:

• Consideraciones generales sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022
• Cumplimieto de la regla fiscal en el sector público no financiero
• Evolución presupuestaria del Patronato Nacional de la Infancia
• Ingresos y gastos de los Gobiernos Locales al primer semestre, 2016-2022
• Incertidumbre sobre la determinación de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social
• Evolución presupuestaria del Sector Educación, I semestre 2022
• Evolución de los ingresos del ICT derivados de la actividad turística y gastos para fomentar la llegada de turistas al país, I semestre 2022
• Comportamiento de la deuda del Sector Público al 30 de junio 2022
• Evolución presupuestaria del Sector Portuario al I semestre de 2022
• Evolución del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) durante enero 2020 y junio 2022
• Presupuesto Plurianual de las principales instituciones del Sector Descentralizado 2021-2025

La CGR otorgó a la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- autorización para contratar directamente la prestación de servicios de atención integral en un primer nivel de atención reforzado (EBAIS), por un plazo máximo de 18 meses, mientras se tramita el procedimiento de licitación pública (Licitación Pública No. 2021LN-000034-0001101142) para la contratación de dicho servicio (oficio ya fue notificado).

En cada una de las diez áreas de salud se mantienen los contratistas que ejecutan el servicio actualmente, quedando de la siguiente forma (A.S.: área de salud):

• A.S. Escazú: Cooperativa Cogestionaria de Salud Santa Ana R.L. (COOPESANA R.L.).
• A.S. Carpio León XIII: Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO).
• A.S. Pavas: Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L. (COOPESALUD R.L.).
• A.S. Santa Ana: Cooperativa Cogestionaria de Salud Santa Ana R.L. (COOPESANA R.L.).
• A.S. Tibás: Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L. (COOPESAIN R.L.).
• A.S. Desamparados 2: Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L. (COOPESAIN R.L.).
• A.S. San Francisco - San Antonio: Cooperativa Cogestionaria de Salud Santa Ana R.L. (COOPESANA R.L.).
• A.S. San Sebastián - Paso Ancho: Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO).
• A.S. San Pablo: Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud Barva R.L. (COOPESIBA R.L.).
• A.S. Barva: Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud Barva R.L. (COOPESIBA R.L.).

El órgano contralor señaló que le corresponde a la CCSS tomar todas las medidas necesarias para procurar iniciar la ejecución del procedimiento ordinario (Licitación Pública No. 2021LN-000034-0001101142) a la mayor brevedad posible, tramitando de forma diligente cada una de las etapas del procedimiento de contratación, respetando los plazos mínimos y las garantías que implica el procedimiento para los oferentes, pero sin llegar a consumir los plazos máximos establecidos a nivel normativo.

La CGR resolvió rechazar por inadmisible el recurso de apelación, interpuesto el 29 de agosto, por parte de la empresa OPUS GROUP AB en contra de la resolución administrativa No. MOPT RES. 2022-001022 (Resolución Final Permiso IVE), correspondiente a la selección del permisionario para la “Prestación del Servicio de Inspección Técnica Vehicular bajo la figura del Permiso de Uso en Precario Puro y Simple”, realizada por el COSEVI (Consejo de Seguridad Vial del MOPT).

La CGR determinó que, al amparo del principio de taxatividad de los recursos, únicamente resulta competente para conocer mediante vía recursiva la materia de contratación pública (es decir, el aprovisionamiento de bienes, servicios y obras), por lo que siendo que lo actuado por la Administración (figura del uso en precario) no corresponde al acto final de una licitación pública o abreviada tramitada al amparo de la Ley de Contratación Administrativa con esa finalidad, por lo que procede su rechazo de plano por inadmisible.

Más allá del rechazo de la gestión por no resultar competente, como consideración adicional el órgano contralor señaló: “(...) Es por ello que a pesar de que el presente recurso debe ser rechazado de plano por no ser la Contraloría General de la República competente para su conocimiento, es responsabilidad del COSEVI garantizar el ajuste a derecho de todas las conductas administrativas adoptadas en el trámite del permiso de uso en precario, con el fin verificar su apego al ordenamiento jurídico y a los criterios emitidos por la Procuraduría General de la República, así como a los antecedentes emitidos por la Sala Constitucional en relación con los requisitos y procedimientos necesarios para la prestación del servicio público de inspección técnica vehícular por un tercero. (Ver resolución de la Sala Constitucional No. Sentencia No. 05895-2005 de 18 de mayo de 2005) Corolario de lo anterior, deberá la Administración garantizar que su actuación se encuentre ajustada a derecho, como lo dispone el artículo 8 de la Ley General de Control Interno y en caso de encontrar alguna conducta que no se apegue al bloque de legalidad, tomar las acciones que correspondan, para lo cual se procederá a trasladar el recurso de marras a dicha Administración.(...)” (el destacado y subrayado corresponde al original).

Por la naturaleza de la resolución (rechazo de plano) no nos referiremos adicionalmente a dicha gestión.

La CGR emitió un informe de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respecto de la auditoría ejecutada sobre el Expediente Digital Único en Salud (EDUS). El objetivo fue determinar si la gobernanza del sistema y el desarrollo de los proyectos e iniciativas para la evolución del EDUS cumplen razonablemente con el marco jurídico aplicable, dado que: "...es importante asegurar que la estructura organizacional del EDUS se ajuste al modelo de Gobernanza de tecnologías de información y comunicación de la CCSS, tanto para gestionar la continuidad en el funcionamiento del sistema, como para la toma de decisiones relativa al desarrollo de mejoras y su fortalecimiento" (informe, pág 3).

Los principales hallazgos se resumen así:

Expediente Digital Único en Salud (EDUS)

La CCSS no ha adaptado la estructura organizacional creada desde 2015 para el proyecto de implementación del EDUS. (2018)

No existe evidencia sobre la finalización de la etapa de transición del EDUS, autorizada por la Junta Directiva en septiembre de 2018.

La Junta directiva de la CCSS aprobó la ejecución de objetivos del Programa Establecimiento de Salud Digitales e Inteligentes (PESDI) por un costo aprox. ¢7.000 millones, sin el criterio de Gerencia Financiera, Dirección de Presupuesto, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, entre otros.

La gestión de proyectos e iniciativas PESDI no se ajustan a Metodología de Administración de Proyectos de la CCSS, no cuentan con documentación mínima solicitada por metodología.

El proyecto “EDUS desconectado en ambiente de Contingencia” carece de aspectos relevantes de gestión de proyecto. Esto cobra especial relevancia en el contexto actual, (afectación por ciberataques), la afectación directa al EDUS, y la prestación de servicios de salud a nivel nacional.

La CGR emitió un informe de auditoría a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) acerca de la Gobernanza del proceso de Evaluación Ambiental ejecutado por dicha entidad. Éste comprende: la evaluación de impacto ambiental de actividades humanas; la evaluación que integra la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país; así como el control y verificación sistemática del cumplimiento de la normativa ambiental.

Principales hallazgos:

Plan Estratégico desactualizado. Último aprobado 2015-2018 No se establecen metas de mediano plazo, para alcanzar resultados a largo plazo. Creación de estructuras paralelas (por decreto ejecutivo), basadas en falta de eficiencia y efectividad en la gestión, limitan el accionar de SETENA. Sistema Especifico de Valoración del Riesgo desactualizado desde 2018. Durante 2019-2021 no se efecuó autoevaluación del Sistema de Control Interno.

A partir del 26 de agosto 2022, la CGR tramitará los recursos de apelación en contratación pública, mediante la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). La inclusión del módulo de recursos de apelación en el SICOP complementa la tramitación de recursos de objeción al cartel, que se hizo en marzo 2022 y es parte de la lectura integral del procedimiento de contratación pública, bajo un enfoque de reducción de costos del proceso, eficiencia en la tramitación de las gestiones y acceso a la información para todos los interesados que brinda una mayor transparencia y rendición de cuentas de lo actuado en materia de compras públicas

De esa forma, las gestiones recursivas en contra de actos finales ya no serán tramitadas físicamente o mediante correo electrónico en la CGR, sino que deberá utilizarse la plataforma electrónica del SICOP

El proceso completo se visualiza de este modo:

En aras de contextualizar los cambios y conversar sobre las ventajas de la utilización de la plataforma y su natural evolución bajo la futura Ley General de Contratación Pública, hoy se realizó un webinar junto al rector del sistema, mediante el canal de Youtube de la CGR.

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la eficiencia y eficacia del Servicio de Educación Técnica Secundaria, prestado mediante los Colegios Técnicos Profesionales diurnos, en el periodo comprendido entre enero 2019 y diciembre 2021.

Al respecto determinó:

Eficacia y Eficiencia Del servicio – educación técnica diurna
Satisfacción parcial de la necesidad pública de estudiantes capacitados según necesidades del mercado.	81% de las especialidades carece de programas para el aprendizaje de habilidades para el desarrollo humano y bajos niveles de conocimiento requerido en inglés.
El servicio no refleja un desarrollo equitativo de las capacidades, generando brechas según ubicación geográfica.	No se ha implementado la educación dual.
Desigualdad de acceso al servicio a nivel regional , así como en el uso de los recursos de forma eficiente.	Brechas regionales en la eficiencia del servicio y en la exclusión estudiantil que varía entre el 12,5% y 27,5%. Es necesario reducir las distorsiones y procurar oportunidades de servicio equitativas.

La CGR atendió una denuncia reciente relacionada con las actuaciones del Gobierno de la República para autorizar un permiso de uso en precario para el servicio de inspección vehicular. En la mencionada gestión se solicita detener los actos que autoricen ese permiso. Sobre el particular, la CGR resolvió que al tratarse de un acto unilateral del Estado, ajeno a la materia de contratación administrativa, ese acto deberá ser discutido en sede administrativa o bien en sede Contencioso Administrativa. La CGR no tiene en sus competencias controles previos en este momento del proceso en torno a esa figura.

No obstante lo anterior, y considerando la responsabilidad de los jerarcas en materia de control interno, se emitió un recordatorio al Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, para que en lo conducente se acate lo indicado por la Procuraduría General de la República, reiterando además que es responsabilidad de la administración activa contar con el expediente administrativo, donde consten todos los estudios técnicos y legales que sustenten y garantice que las decisiones administrativas que permitan verificar que las mismas se encuentran ajustadas a derecho. Dicho oficio de la CGR fue remitido a (copia) la Auditoría Interna del MOPT para lo que corresponda.

Por tratarse de decisiones y actuaciones en manos de la Administración, no nos referiremos más al tema por el momento.

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Educación Pública (MEP) respecto del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (SNECE), determinando que éste no cumple con el marco regulatorio y prácticas aplicables, lo que imposibilita la obtención de resultados integrales acerca de la calidad de la educación costarricense. El objetivo del SNECE es la generación de información sobre la situación educativa en el contexto nacional, regional y local, que posibilite la rendición de cuentas, el mejoramiento continuo de los procesos y la toma de decisiones en materia de políticas educativas. La auditoría realizada por la CGR revela lo siguiente:

Hallazgos relevantes

• Ausencia de una visión estratégica. El conjunto de acciones que la conforman no generan valor público.
• Carencia de información para formular políticas compensatorias y de equidad e incrementar la responsabilidad por los resultados en niveles de decisión.
• Debilidades en la estructura y articulación del Sistema. La Comisión Nacional coordinadora, tuvo una limitada participación y no emitió productos concretos.
• Carencia de mecanismos de coordinación que permitan articular el trabajo de los equipos y disponer de información para planificación e implementación del Sistema.
• Los objetivos carecen de identificación de recursos requeridos y no precisan las actividades para su cumplimiento y los responsables de su ejecución.
• El Diseño de los indicadores propuestos no considera los efectos de la calidad de la educación, respecto a la persona usuaria.
• No se cuenta con instrumentos para la recopilación e integración de datos de calidad generados por los centros educativos.

La CGR emitirá a partir de este 01 de agosto y de forma periódica un boletín llamado PULSO: Actualidad Jurídica. Este es un producto de comunicación que procura informar de temas jurídicos relevantes sobre la Hacienda pública; encontrará información relacionada a control interno, contratación pública, administración financiera, prevención de la corrupción, entre otros.

La CGR emitió dos informes de auditoría de las Municipalidades de Alajuela y Cartago (segundo y quinto cantón más poblados del país, respectivamente) sobre la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos de la red vial cantonal, encontrando en ambos casos una subejecución de recursos y en general, una superficie de ruedo en mal estado.

Los principales hallazgos se resumen así:

Alajuela	Cartago
Intervenciones	Intervenciones
Cobertura limitada, tan solo 2,67% del total de km de la Red Vial Cantonal. No consideran mantenimiento en 61 puentes.	Cobertura limitada, tan solo 8,72% del total de km de la Red Vial Cantonal. No consideran mantenimiento en 44 puentes.
Recursos	Recursos
₡5.457,8 mill. (81% ) destinados a 6 distritos más poblados. Tan solo 13% en distritos con índice desarrollo social distrital más bajo. El 39,47% de los kilómetros en regular, mal y muy mal estado, se acumulan 3 distritos.	El 80,48% de los kilómetros en regular, mal y muy mal estado, se acumulan 4 distritos con menor índice de Desarrollo Social Distrital.
Presupuesto	Presupuesto
Ejecución del 36,48% entre 2019-2021. Montos ociosos: 2019 - ₡4.870,61 millones / 2020 - ₡4.874,56 millones / 2021 - ₡7.947,83 millones.	Ejecución de ₡7.327,86 mill. entre 2019-2021. Monto ocioso: ₡4.040,81 mill. del total asignado a atención de Red Vial Cantonal.

La CGR resolvió hoy una gestión planteada por la empresa RITEVE SyC S.A. el 5 de julio, relacionada con el proceso de inspección técnica vehicular, la cual constaba de diversos temas mezclados en la misma gestión, los cuales debieron ser resueltos en dos documentos diferentes dado que se refieren a procesos institucionales diferentes, que responden a competencias y marcos normativos distintos dentro de la CGR. Dada la naturaleza de las gestiones planteadas, proceso de identificarlas:

• Un recurso de objeción interpuesto en contra del "cartel" del denominado “CONCURSO ESPECIAL SIN NÚMERO” promovido por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para la “Prestación del servicio de Inspección Técnica Vehicular bajo la figura de permiso de uso en precario puro y simple". Analizada la gestión se resolvió rechazar de plano, en razón de que el recurso de objeción al cartel es admisible para ser conocido por la CGR, según la normativa legal vigente, únicamente en caso de licitaciones públicas, siendo el trámite objetado el trámite de un permiso de uso en precario (ver resolución).
• Una serie de alegatos sobre diversos aspectos del concurso promovido por la Administración para solventar la inspección técnica vehicular, sobre los que recomendamos la lectura del oficio en el párrafo final (ver oficio, página 2).

Por tratarse del rechazo de un recurso de "objeción al cartel" que no procede y una potencial denuncia que podría plantear la empresa (bajo su responsabilidad y términos) no nos referiremos adicionalmente a este tema.

La CGR emitió un informe de auditoría sobre Radiográfica Costarricense (RACSA) cuyo objetivo fue determinar si su capacidad de gestión financiera cumple con el marco regulatorio y buenas prácticas aplicables en el periodo comprendido entre enero 2019 y diciembre de 2021, lo que resulta relevante considerando que durante ese periodo RACSA ha ejecutado en promedio alrededor de ¢42.319 millones anuales para la prestación de servicios.

Entre los principales hallazgos están los siguientes:

Las acciones realizadas para promover la capacidad de gestión financiera no son suficientes. Existen debilidades en todas las dimensiones evaluadas que inciden en el desempeño eficiente de las funciones vinculadas a dicha gestión.
RACSA no cuenta con estrategia que asegure la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.	El análisis de riesgos no incorpora riesgos asociados a la sostenibilidad financiera o endeudamiento.	Gestión de Carencia de normativa actualizada o establecida para: • Planificar flujo de caja. • Ejecutar política de incobrables. • Gestionar endeudamiento.

La CGR resolvió declarar sin lugar los recursos de objeción presentados contra la licitación pública internacional del Ministerio de Justicia y Paz para el “Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad (tobilleras)”, recursos presentados por A.D.C. MOVIL CRI, S.A., SPC Telecentinel, S.A. y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. Como parte de las cláusulas del cartel que fueron objetadas se encuentra la referente a la homologación de los dispositivos electrónicos, los requisitos financieros y el aire acondicionado de la central de monitoreo. Al analizar los argumentos de las partes, la CGR decidió mantener las cláusulas en los términos definidos por la Administración y rechazar los recursos planteados.

¿Cuál es el objeto de la contratación?

Para que quede claro el objeto de esta licitación, el arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad (tobilleras), que incluya el abastecimiento de dispositivos, mediante la modalidad entrega según demanda, para la localización permanente de las personas sujetas a vigilancia electrónica. Entendiéndose como parte de la solución integral, los restantes componentes de hardware, software, equipos, comunicaciones, soporte, inducciones al personal y demás elementos establecidos en los términos de referencia.

¿Qué sigue ahora?

El cierre de la recepción de ofertas por parte de dicho Ministerio está previsto para el 10 de agosto del 2022, fecha en la que se efectuaría la apertura de las ofertas que hayan sido recibidas, y luego realizarán el respectivo análisis y toma de una decisión sobre la mejor solución para esta contratación. Estas fases del proceso licitatorio son responsabilidad exclusiva de la Administración.

Ante múltiples consultas de medios de comunicación sobre las acciones de la CGR sobre el decreto relacionado la regla fiscal, la acción que tomó la CGR, en resguardo del principio de legalidad y la protección de la Hacienda Pública que le encomienda la Constitución Política y las leyes de la República, es la siguiente:

El 5 de julio de 2022, la CGR presentó a trámite ante el Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar ante causa (expediente No. 22-003710-1027-CA) con el propósito de suspender la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 43.589-H que modifica y deroga algunos artículos del Reglamento al Título IV de la Ley 9635 denominado Responsabilidad Fiscal de la República, del 9 de abril de 2019.

Esta decisión del órgano contralor se explica en los efectos inmediatos e irreversibles en temas tales como:

• La eliminación del límite máximo para las transferencias que hace el Gobierno Central a las Municipalidades y Concejos Municipales.
• La autorización al Gobierno para aumentar durante el 2022, sus gastos en hasta ₡230.000 millones incumpliendo el mecanismo previsto en el artículo 21 del Título IV de la Ley No. 9635.
• Incumplimiento de la regla fiscal a nivel de gasto corriente en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República actualmente en trámite ante la Asamblea Legislativa.
• Imposibilidad de aprobar presupuestos extraordinarios en 24 instituciones públicas del sector descentralizado, en lo que resta del año.
• Un impacto negativo en el déficit fiscal, el endeudamiento del Gobierno y en la ruta de alcanzar la sostenibilidad financiera y disciplina fiscal que requiere la delicada situación de las finanzas públicas del país.

Todo lo anterior impacta negativamente el interés general de procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y gestionar la crisis fiscal, el endeudamiento y el nivel de gasto público; lo que en otras palabras, significa que se incrementará gradualmente la afectación de los servicios a la población. Además, el Decreto supone una aplicación de la regla fiscal desigual e inconsistente en relación con el Gobierno Central y el sector descentralizado, lo cual afectará la gestión de las instituciones.

Actualmente, dicha solicitud se encuentra en trámite de audiencia a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado.

La CGR resolvió recursos de objeción presentados en contra del cartel de la licitación promovida por la CCSS para la prestación de los servicios integrales de salud en un primer nivel de atención, relativos al tiempo de atención por paciente, rebajos, mantenimiento de la infraestructura, subcontratación, sanciones pecuniarias, servicios de laboratorio, entre otros.

La resolución del órgano contralor indica lo siguiente:

Recurrente	Temas	Resultado final
Asociación de Servicios Médicos Costarricense (ASEMECO)	1. Recurso Humano Humano y Cuadro 25.	Parcialmente con lugar
	2. Distribución de EBAIS Área de Salud La Carpio- León XIII.
	3. Cuadro 22: Traslado de pacientes.
	4. Rebajos (punto 5.1).
	5. Estimación de exámenes de laboratorio.
Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana R.L (COOPESANA, R.L.)	1. Subcontratación.	Parcialmente con lugar
	2. Rebajos.
	3. Población y sectorización (puntos 1.3 y 1.4).
	4. Población por EBAIS.
	5. Número de pacientes por hora.
Cooperativa Autogestionaria de Servicios Intergrales de Salud R.L (COOPESALUD, R.L.)	1. Gestión de Mantenimiento del 3%.	Parcialmente con lugar
	2. Multas.
	3. Estimación contractual y estudio de invariabilidad.
	4. Anexo 1: plazo incierto y amplio del procedimiento de pago ante situaciones extraordinarias.
	5. Supuesto de resolución contractual.
	6. Curso de la agencia de protección de datos.
	7. Subcontratación.
	8. Número de pacientes por hora.
	9. Estimación del precio.
	10. Información fianciera (tipo y plazo).
Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud Integral LTDA (COOPESAÍN, R.L.)	1. 1. Costos fijos, indirectos y variables.	Parcialmente con lugar
	2. Formalidades de facturación en situaciones de contingencia.
	3. Subcontratación.
	4. Cotización de gestión de mantenimiento.
	5. Número de pacientes por hora.
	6. Cantidad de personal farmacia, laboratorio y rayos x.
	7. Profesional TIC.
	8. Sanciones.
Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica	1. Número de pacientes por hora.	Parcialmente con lugar
Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud de Barva, R.L (COOPESIBA, R.L.)	1. Subcontratación.	Parcialmente con lugar
	2. Rebajos.
	3. Población y sectorización (puntos 1.3 y 1.4).
	4. Población por EBAIS.
	5. Número de pacientes por hora.

Sobre los tiempos de ateción:

En cuanto al tiempo de atención de pacientes, la cláusula fue impugnada por varios potenciales oferentes y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Luego del análisis técnico correspondiente se declaró parcialmente con lugar los recursos, considerando que dentro del expediente no se desprende que exista suficiente fundamento técnico y jurídico para mantener la cláusula cartelaria en los términos actuales.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde a la CCSS ampliar el análisis establecido en los criterios con base en los cuales fundamenta su posición, lo que implica no sólo abordar las consideraciones de la CGR en las resoluciones sino además deberá exponer detalladamente las razones por las cuales se considera que la definición de las cantidad de pacientes que se atienden por hora se enmarca dentro de la autonomía que se asiste a la CCSS como parte de la regulación de los servicios de salud. Además, deberá justificar técnicamente que las condiciones cartelarias no desmejoran la calidad de la atención que se supone deben brindar los médicos de frente a la necesidad de los usuarios del servicio amparados bajo el derecho fundamental a la salud.

La CGR emitió los resultados del Índice de Transformación Digital de las Instituciones Públicas, proceso de revisión que consideró la participación de 267 instituciones públicas y refleja que el sector público se encuentra en las primeras etapas de madurez de transformación digital: 186 instituciones se encuentran en los niveles más bajos, 68 en nivel intermedio y 13 en los niveles más altos. Los resultados de este índice se han dispuesto en un sitio interactivo para facilidad de consulta por institución de interés, así como por sector institucional; si desea conocerlos puede ingresar a: https://sites.google.com/cgr.go.cr/itd/

La Transformación Digital se refiere al proceso de cambio en la gestión institucional, que integra la estrategia institucional, la cultura, las habilidades y las tecnologías de información, con el fin de generar una mejora significativa en la experiencia de las personas usuarias de los servicios públicos y consecuentemente en el valor que reciben. Estos son los resultados generales del índice:

La CGR realizó auditorías en las Municipalidades de Garabito y Esparza, sobre el cumplimiento del componente de remuneraciones de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas (título III, Ley No. 9635), para verificar si cumplen con lo establecido en la gestión de las remuneraciones, específicamente en reconocimiento de los incentivos de anualidad, prohibición, dedicación exclusiva, riesgo policial y riesgo de peligrosidad.

Principales hallazgos:

La CGR realiza una auditoría al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) sobre la aplicación de la gestión para resultados en la conservación de la red nacional vial, emitiendo un reporte específicamente sobre si la gestión de seguimiento y evaluación de las intervenciones de conservación de la red vial nacional se realiza bajo el enfoque para resultados, conforme al marco legal y normativo así como las buenas prácticas aplicables.

Se determinaron las siguientes debilidades:

Ausencia de seguimiento y evaluación

No se formulan evaluaciones de las intervenciones de conservación en ninguna fase.

Información desarticulada sin posibilidad de analizar integralmente

Limitaciones para medición de resultados alcanzados, retroalimentar el proceso y observar los cambios vinculados con la planificación de las intervenciones.

Limitados indicadores que retroalimentan la asignación de recursos

No se cuenta con indicadores de calidad, desempeño, costo y plazo en labores de conservación vial.

Este reporte es parte de la auditoría en curso de modo que se esperan las acciones correctivas indicadas por parte del CONAVI.

La CGR realizó un informe de auditoría al Consejo Nacional de Producción (CNP) sobre la calidad de la información reportada al MIDEPLAN en relación a los avances de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP 2019-2022). La Auditoría tuvo como objetivo determinar si la información reportada cumple razonablemente con los criterios de calidad de la información definidos en la normativa legal y técnica aplicable. El período de análisis comprendió el año 2021 completo.

Principales hallazgos:

Metas asociadas al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022

Carece de controles para verificar el monto exacto de la ejecución presupuestaria de las metas contenidas en el PNDIP

De las 3 metas contenidas, los registros reportados en el Plan Operativo Institucional, difieren hasta en ₡5.077,1 millones de los montos reportados en el Informe Anual de Balance de Resultados de MIDEPLAN.

El CNP no realiza una valoración de los riesgos asociados a la ejecución física y financiera de los proyectos asociados; así como de la meta correspondiente a cantidad de las nuevas micro, pequeñas y medianas agro empresas con cuotas de mercado

Estas en conjunto representan un presupuesto de ₡17.652,6 millones para el periodo 2019-2022, lo que pone a la institución en una situación de vulnerabilidad.

En consecuencia, no se garantiza a la ciudadanía y personas usuarias del PNDIP, que la información acerca del avance de las metas que reporta el CNP a los entes externos sea transparente y confiable, lo que además, afecta la toma de decisiones efectiva y oportuna en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales (página 4 del informe).

La CGR emitió el informe DFOE-CIU-IF-00005-2022 cuyo propósito fue determinar si las acciones emprendidas por el CONAVI respecto a las obras adicionales del proyecto de Ruta Nacional No. 32 permiten una adecuada planificación que garantice el uso eficiente de los recursos públicos, conforme la normativa técnica, legal y buenas prácticas aplicables en la materia. Esta ruta es parte de la Red Vial Estratégica de Alta Capacidad por lo debe permitir la movilidad de bienes y personas, tanto a nivel de las comunidades como en su interacción con el Valle Central y el Caribe Sur.

El CONAVI se encuentra ejecutando el Contrato de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32, que establece la posibilidad de determinar obras adicionales durante la ejecución del contrato. Lo indicado es relevante dado que el Proyecto RN 32 no cumplió con la fase de preinversión, por lo que el alcance de las obras establecidas en el contrato no contó con el sustento técnico suficiente para garantizar la seguridad vial para todos los usuarios y el adecuado funcionamiento de la vía.

¿Qué determinó la CGR?

No se ha cumplido una secuencia lógica y sucesiva según la normativa técnica de MIDEPLAN. Se elaboraron los diseños de obras adicionales:

Sin cumplir la fase de preinversión.

Sin demostrarse su viabilidad.

No se cuenta con un estudio funcional integral y de seguridad vial como sustento técnico para definir las obras adicionales indispensables que permitan garantizar:

La seguridad vial de todos los usuarios.

El adecuado funcionamiento de la vía.

Se iniciaron gestiones para el financiamiento:

Sin cumplir la fase de preinversión.

Sin la definición del alcance, plazo y presupuesto requerido para su ejecución.

En el curso de la auditoría, la Unidad Ejecutora inició las coordinaciones respectivas, con las unidades de planificación y de seguridad vial a fin de:

Determinar los estudios y los criterios requeridos para la priorización y selección de las obras adicionales.

Además de las disposiciones al Consejo de Administración del CONAVI para subsanar lo señalado, dada la relevancia estratégica de esta ruta nacional, se remitió al Presidente de la República el oficio 8798 (DC-0105) que detalla las condiciones actuales del contrato vigente de “Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No.32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional No.4 (Cruce Sarapiquí) – Limón”, con el fin de solicitar la intervención al más alto nivel del Poder Ejecutivo en aras de una adecuada y oportuna articulación/coordinación entre todas las dependencias que tengan injerencia en el Proyecto.

La CGR remitió uLa CGR emitió una guía denominada "8 reglas indispensables para ocupar un cargo público" con vista en el ingreso a la función pública de nuevos funcionarios ante el cambio de autoridades gubernamentales. El documento es una herramienta que permite a quienes asumen un cargo público la verificación de situaciones que pueden afectar el acceso al mismo o que exigen tramitar requisitos ante la CGR para ejercerlo, lo anterior según normas de rango legal y de carácter preventivo en contra de la corrupción, sin perjuicio de la responsabilidad del interesado en revisar su situación específica.

Las 8 reglas abordan temas indispensables, a saber:

• Desempeño simultáneo de cargos públicos
• Autorización para integrar más de tres juntas directivas u órganos colegiados
• Sobre el régimen de incompatibilidades
• Deber de declarar situación patrimonial
• Prohibición de ingreso o de reingreso a cargos de la Hacienda Pública
• Garantías o cauciones
• Cesantía
• Prohibición para contratar con la Administración

Esperamos que resulte de utilidad para funcionarios públicos y particulares que quieran conocer las implicaciones que tiene para una persona ingresar a laborar en alguna entidad pública. Agradecemos su difusión masiva para contribuir con ello a la cultura del control y la prevención de la corrupción en nuestro país.

Al vencimiento del plazo establecido por ley para rendir la declaración jurada de bienes anual 2022 ante la CGR, la institución reporta que el 97,38% de los declarantes cumplieron su obligación. Ahora la CGR inicia el proceso de revisión del contenido de las mismas para determinar su correcta presentación e inclusión de todos los ítems que la ley establece y, en caso de presentación incompleta, incorrecta o tardía, determinar las acciones pertinentes.

El cumplimiento en la presentación se regula en la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito No. 8422 y el funcionario que incumpla con lo dispuesto en dicha normativa puede ser sancionado con: A) Amonestación escrita publicada en el Diario La Gaceta, B) suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente de 15 a 30 días, y/o C) separación del cargo público sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda. En todos los casos, se deberá realizar la prevención correspondiente y, cuando corresponda, los procedimientos administrativos normados a tal efecto.

Los datos finales son los siguientes:

Mayo	Inicial	Anual	Final
20	760	19330	360
Total acumulado: 20.450
Porcentaje de avance: 97,38%

La CGR realizó auditoría al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) con el propósito de determinar si los procesos de contratación administrativa que realiza, cumplen razonablemente con la normativa aplicable, con el fin de propiciar la eficiencia del proceso e identificar potenciales riesgos en la adquisición de bienes. Se identificaron debilidades relacionadas con la aplicación de la normativa referente al alcance y costo de las contrataciones de bienes del INVU, debilidades en la planificación de las compras, entre otros.

A continuación los principales hallazgos:

Revisión de las contrataciones

No hay vinculación con programa de adquisiciones y carece de verificación previa de inventarios.

Falta de acreditación de estimación de costos y márgenes de variación aceptables.

Carece de justificación de la necesidad a satisfacer considerando el presupuesto y planes operativos.

Identificación y evaluación de riesgos

Carente identificación, análisis y evaluación de riesgos en cada una de las etapas del proceso.

Preparación al nuevo modelo de gestión de compras pública

Presenta un nivel de preparación inicial en la implementación de la nueva Ley General de Contratación Pública, que rige en dic-2022.

Hoy a la medianoche vence el plazo para presentar la Declaración Jurada de Bienes anual para quienes están obligados a presentarla. El incumplimiento en la presentación se regula en la Ley No. 8422 y el funcionario que incumpla con lo dispuesto en dicha normativa puede ser sancionado con: A) Amonestación escrita publicada en el Diario La Gaceta, B) suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente de 15 a 30 días, y/o C) separación del cargo público sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda.

A esta fecha/hora, este es el corte:

Mayo	Inicial	Anual	Final
20	596	16084	319
Total acumulado: 16.999
Porcentaje de avance: 80,95%

• La totalidad de nuevos diputados presentaron su declaración en tiempo y forma.
• El plazo de presentación de declaraciones iniciales y finales varía según fecha de inicio/finalización de la persona en el cargo.
• A partir del lunes se realizarán las revisiones correspondientes para determinar potenciales incumplimientos y realizar las respectivas prevenciones.

Se recuerda que la presentación es totalmente electrónica y está disponible en línea hasta vencimiento del plazo, ingresando al Sitio: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html

Para consultas puede comunicarse por estas vías:

• 905-Declare (905-3325273)
• Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr
• WebChat: habilitado en www.cgr.go.cr

Aviso importante:

Se recuerda a la población declarante que la Contraloría General de la República NO está solicitando información confidencial o claves por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales, para este proceso. Reiteramos la recomendación de no brindar su información personal, a ninguna persona. Si tiene alguna consulta puede realizarla a través de los medios dispuestos para los fines.

La CGR informa un avance gradual en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (DJB) 2022. A la fecha se han recibido 6714 declaraciones, entre iniciales, finales y anuales. Este viernes vence el plazo dispuesto para la presentación de esta obligación de aproximadamente 21.000 funcionarios públicos. Es importante recordar que la no presentación conlleva responsabilidades administrativas y/o sanciones establecidas en la Ley no. 8422.

A continuación detalle de avance:

Mayo	Inicial	Anual	Final
02	14	416	9
03	14	454	19
04	18	408	10
05	16	420	14
06	14	403	8
07	3	57	2
08	2	63	2
09	18	619	8
10	35	708	9
11	39	704	13
12	41	795	16
13	28	854	16
14	3	142	4
15	6	210	3
16	1	76	0
Total acumulado: 6.714
Porcentaje de avance: 31,97%

Se recuerda que la CGR ha dispuesto diversos canales que atienden consultas y se brinda la guía y apoyo requerido en aras de la correcta presentación de este requisito en tiempo y forma, por parte de las y los funcionarios obligados. La presentación es totalmente electrónica y está disponible en línea 24/7.

Consultas:

• 905-Declare (905-3325273)
• Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr
• WebChat: habilitado en www.cgr.go.cr

Aviso importante:

Se recuerda a la población declarante, que la Contraloría General de la República NO está solicitando información confidencial o claves por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales, para este proceso. Reiteramos la recomendación de no brindar su información personal, a ninguna persona. Si tiene alguna consulta puede realizarla a través de los medios dispuestos para los fines.

La CGR remitió un oficio de carácter preventivo a jerarcas y funcionarios de niveles superiores de la Administración Pública y demás Poderes del Estado, con una serie de orientaciones en cuanto al régimen de incompatibilidades y sus efectos establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N.° 8422 y su reglamento. El objetivo de dicho oficio es advertir oportunamente sobre las limitaciones legales que cubren a los funcionarios de la Administración y evitar así que se cometan irregularidades que vulneren la normativa anticorrupción con posibles responsabilidades.

¿Qué es una incompatibilidad?

La incompatibilidad es una limitación de algunos funcionarios públicos, expresamente indicados en la ley, que no pueden desempeñar otras actividades privadas durante /desde su puesto en la función pública. Se trata de evitar que de alguna forma pueden hacer incurrir en conflictos de intereses o competencia desleal, comprometiendo así la objetividad e imparcialidad necesarias en el ejercicio de sus deberes y vulnerando principios esenciales de la función pública, como son: la transparencia, la probidad, la responsabilidad, la rendición de cuentas y el apego a la legalidad en el desempeño de las atribuciones encomendadas.

¿Qué señala la CGR en este oficio?

• El oficio indica los cargos públicos sometidos a este régimen especial y los supuestos en los cuales se configura la incompatibilidad. Esencialmente, las restricciones se relacionan con tener actividades privadas que impliquen prestar servicios a la Administración, efectuar actividad comercial que compita con algún órgano, ente o empresa pública o participar en entidades privadas que reciban recursos económicos del Estado.
• También se detallan las medidas que el ordenamiento regula en los casos que existe incompatibilidad, como son: el deber de renuncia a los cargos o participación accionaria en dichos sujetos privados y la gestión de levantamiento de la incompatibilidad que puede plantearse ante la CGR, siempre que el interesado acredite que no existe conflicto de intereses.
• Indica además que el cumplimiento del régimen de incompatibilidades es responsabilidad primordial de cada uno de los funcionarios sometidos a esta regulación especial, en aras de adecuar oportunamente sus conductas al cumplimiento de lo establecido en el marco legal y evitar que se cometan infracciones que pueden dar lugar a la imposición de las sanciones administrativas u otras responsabilidades establecidas en el ordenamiento jurídico.

La CGR informa el avance en la recepción de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), que deben presentar alrededor de 21.000 funcionarios públicos, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Este año, el plazo para la presentación vence el viernes 20 de mayo.

A continuación resumen del avance de la primera semana plazo, según tipo de declaración:

Mayo	Inicial	Anual	Final
02	14	416	9
03	14	454	19
04	18	408	10
05	16	420	14
06	14	403	8
07	3	57	2
08	2	63	2
09	0	7	0
Total acumulado: 2.373
Porcentaje de avance: 11,30%

Se recuerda que la presentación es totalmente electrónica y está disponible en línea 24/7, ingresando al sitio: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html.

Para consultas puede comunicarse por estas vías:

Llamando al 905-Declare (905-3325273)
Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr
WebChat: habilitado en www.cgr.go.cr

Aviso importante:

Se recuerda a la población declarante, que la Contraloría General de la República NO está solicitando información confidencial o claves por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales, para este proceso. Reiteramos la recomendación de no brindar su información personal, a ninguna persona. Si tiene alguna consulta puede realizarla a través de los medios dispuestos para los fines.

La CGR realizó auditoría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para determinar si la gestión de endeudamiento cumple razonablemente con los criterios aplicables y buenas prácticas, con el fin de contribuir con su sostenibilidad financiera, en procura de fortalecer la gestión, mitigar los riesgos asociados a la sostenibilidad financiera y mejorar la transparencia y rendición de cuentas.

Lo anterior resulta relevante considerando que la deuda del ICE al 31 de diciembre de 2021 asciende a ₡2.800.187,04 millones, producto de diversos tipos de financiamientos, tales como colocación de bonos en el mercado nacional e internacional, préstamos con organismos bilaterales y multilaterales, préstamos con la banca nacional e internacional, y arrendamientos financieros.

Principales hallazgos

Gestión de la deuda ICE
Marco Normativo	Marco normativo institucional para la gestión de deuda, fragmentado, que no es claro, integral y suficiente.
Estrategia para la gestión de la deuda	No se cuenta con una estrategia para la gestión de la deuda, que contemple de forma integral, previsiva, eficiente y con una visión de mediano y largo plazo, la composición de la deuda.
Gestión de riesgos	Debilidades de control en la matriz de riesgos financieros, por cuanto no se evidencia el seguimiento a los planes de acción establecidos en respuesta a los riesgos financieros identificados.

La CGR emitió criterio sobre el planteamiento que le remitió el Consejo de Seguridad Vial -COSEVI- para la prestación del servicio de inspección vehicular, contrato actualmente en ejecución con vencimiento en julio de 2022. Dicha propuesta consistió en prorrogar el contrato existente por un plazo de tres años y una prórroga de dos años adicionales. Esta gestión fue rechazada por la CGR en la medida que no existe claridad en la información presentada sobre aspectos esenciales para una eventual prórroga del contrato.

Razones de la denegatoria

La gestión fue denegada, pese a que la CGR reconoce el interés público en la inspección técnica vehicular, en la medida que hay ausencia de información sobre aspectos esenciales del contrato tales como, entre otros:

• la variación en el modelo de negocio respecto de la donación de estaciones y equipo de dichas estaciones
• el impacto en la tarifa que pagarán los usuarios del servicio
• la justificación de la prórroga del plazo por 5 años
• la suspensión del trámite de contratación de nuevos operadores en razón de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 25 de la Ley de Tránsito
• la participación de la ARESEP en la aprobación de la tarifa que rige a partir del 16 de julio
• el mantenimiento de las instalaciones

Alerta oportuna de la CGR

Es importante indicar que la CGR, mediante informes de fiscalización del 28 de junio y 13 de octubre de 2021, desde un año antes del vencimiento de este plazo contractual, advirtió claramente a la Administración sobre la oportunidad requerida en la gestión de una solución en este tema, bajo su entera responsabilidad y con apego a la normativa legal aplicable (misma que le es de amplio conocimiento), por lo que en el oficio se cuestiona la oportunidad y la calidad con la que se planteó la solicitud de autorización.

¿Qué sigue?

Le corresponde exclusivamente a la Administración valorar los términos del oficio de la CGR así como definir una estrategia para dar continuidad a la prestación del servicio apegado a la normativa aplicable, que le compete y conoce ampliamente.

La CGR presentó este 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, como dicta la Constitución Política, su Memoria Anual 2021, documento que contiene varios dictámenes relevantes (Liquidación del Presupuesto de la República, cumplimiento de la Regla Fiscal, informe de Resultados Físicos del Presupuesto de la República, y Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del Bicentenario; para el periodo 2021) y un capítulo de “Opiniones y sugestiones” que desarrolla los siguientes temas:

• Gestión financiera pública integrada como una condición necesaria para la mejora de los servicios públicos. Desafíos actuales en cuanto al acceso, la calidad, la limitada perspectiva de usuario y la eficiencia de los servicios públicos, para lo que se requiere de una operación integral del Estado que se organice desde el punto de vista de las necesidades de la ciudadanía.
• Recaudación tributaria en Costa Rica: Retos para un sistema tributario más simple y más eficiente. Análisis del sistema tributario en términos de los principios de eficiencia y simplicidad, respecto de los cuales se observan espacios de mejora desde el punto de vista del contribuyente, de la administración y del diseño del sistema para facilitar su declaración y pago mediante tecnologías disponibles.

Sobre los dictámenes y la Memoria del Año Económico para el periodo 2021, este cuadro resume dichos resultados:

Opinión adversa
Liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto Nacional	• Existen incertidumbres y errores a nivel de transacciones presupuestarias que no cumplen en forma razonable con el marco normativo presupuestario aplicable. • Gastos no registrados generan subestimación del déficit financiero de al menos 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio 2021.
58 cumplen
Cumplimiento de Regla Fiscal	• Gobierno de la República no cumple regla fiscal, gasto corriente crece 6,34% por encima del 4,13% permitido • Aumenta cantidad de entidades que no cumplen con regla fiscal a 21 en el sector público no financiero (versus 12 en 2020).
Opinión adversa
Informe de resultados físicos del Presupuesto Nacional	• No se cumple en forma razonable con el marco normativo aplicable, debido a que no se ha instaurado el modelo conceptual del sistema de costos, falta sistematización de las acciones de mejora derivadas de las metas no cumplidas, así como por las debilidades en la calidad de la información reportada en las metas.
Opinión con salvedades
Informe Plan Nacional de Desarrollo	• Se cumple en forma razonable con el marco normativo aplicable; salvo por algunos incumplimientos que, si bien no comprometen la razonabilidad, deben ser comunicados, relativos a la calidad de la información reportada en las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

A partir de hoy lunes 2 de mayo inicia el periodo de recepción de la Declaración Jurada de Bienes anual 2022 ante la CGR. El proceso es totalmente electrónico y se realiza en acatamiento al artículo 22 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422. Se estima que la presentación de este requisito recae sobre 21.000 funcionarios públicos. Este año la fecha límite para presentar la declaración anual es el 20 de mayo; además se estarán recibiendo dos tipos de declaraciones adicionales:

Declaración inicial: Dentro de los 30 días hábiles siguientes al nombramiento o la declaración oficial de la elección por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, en cargos de elección popular. Para los actuales legisladores, ese plazo vence el próximo 12 de mayo.

Declaración final: Dentro de los 30 días hábiles inmediatos al cese de funciones. Para las autoridades salientes, el plazo depende de la fecha de su salida del puesto.

------------------------------------------

Facilidades y Consultas

Gestión electrónica a través de un Sitio seguro
https://www.cgr.go.cr/

Asesoría accesible a través de distintos canales
Teléfonos: 905-declare (905-3325273) / 2501-8150
WebChat: disponible en https://www.cgr.go.cr/
Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

Importante: Este año se cuenta con mecanismos adicionales de ciberseguridad para proteger los registros de las declaraciones, mediante la implementación de un doble factor de autenticación.

------------------------------------------

En el transcurso del plazo estaremos informando sobre el cumplimiento de este requisito legal por parte de los declarantes. Agradecemos la ayuda en difundir esta información para lograr el mejor cumplimiento de las personas sujetas a este deber legal.

Con la finalidad de aclarar la fecha correcta en que vence el plazo de ley que tiene la División de Contratación Administrativa de la CGR para resolver sobre la gestión planteada por la Administración en el caso de la inspección técnica vehicular, aclaramos que dicho plazo de ley para resolver vence el 5 de mayo, sin perjuicio que la CGR pueda resolver previo a esa fecha. Por tratarse de un tema bajo análisis, no nos podemos referir de previo a resolver.

La CGR realizó informe de auditoría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre la seguridad de la información contenida en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), de acuerdo con el marco jurídico y la normativa aplicable vigente, en el periodo comprendido entre enero 2018 y febrero 2022. Las autoridades de la entidad deben corregir lo dispuesto por la CGR en este informe, mismo que tendrá seguimiento por parte del ente contralor.

Los principales hallazgos son los siguientes:

Débil gestión de permisos a usuarios para acceso al sistema 1002 personas con accesos habilitados al EDUS, que ya no laboran para la institución. (funcionarios pensionados o fallecidos) 1345 funcionarios que tienen habilitado el acceso a módulos del EDUS, con perfiles para la atención de pacientes, a pesar de que su puesto no corresponde a este tipo de perfil. 6619 personas con permisos de acceso a módulos de EDUS, que no aparecen registrados en planillas en los meses de setiembre y octubre 2021. Riesgos de seguridad lógica No se han definido medidas para gestionar estos riesgos, lo cual podría exponer a accesos no autorizados, pérdida o modificación de información y degradación de los servicios. Base de datos no inscrita en Prodhab No se ha concluido la inscripción de la base de datos ante la Prodhab, proceso que inició desde el 2017. Riesgo potencial: no garantizar que los datos contenidos en el EDUS se traten bajo las medidas técnicas y de organización necesarias.

La CGR recibió el oficio DM-2022-1405 por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT- en fecha 06 de abril, en el cual solicita autorización para aplicar la figura de los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 y 208 de su reglamento, sobre el contrato de inspección técnica vehicular.

Esta gestión tiene un plazo de atención en la División de Contratación Administrativa, el cual vence el 27 de abril. Por tratarse de una gestión en trámite no podemos referirnos adicionalmente hasta emitir resolución al respecto.

La CGR declaró sin lugar recursos de apelación interpuestos en contra del acto que declara infructuosa la Licitación Internacional No. 2021LI-000001-0006900001, promovida por el Ministerio de Justicia y Paz, para el arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad, confirmando el acto final de dicha licitación (resolución adjunta).

Se declararon sin lugar los recursos por las siguientes razones:

• Consorcio ESPH-BUDDI: por incumplimiento de la cláusula 4.1.8 de los “Términos de Referencia” del cartel, en la que se requería, entre otras cosas, que el dispositivo electrónico a ofertar se encuentre homologado ante la SUTEL.
• Consorcio SOIN-TRACK: por incumplimiento de la cláusula 8.3 de las “Condiciones Cartelarias”, en la que se requería, entre otras cosas, el listado de todas las personas físicas o jurídicas a quienes pretende subcontratar para llevar a cabo servicios o trabajos especializados. Lo anterior, en relación con el apartado sobre “8. CARACTERÍSTICAS DEL DATA CENTER” de los “Términos de Referencia” del cartel.
• Consorcio Panóptico Costarricense: por incumplimiento de la cláusula 4.1.6, en la que se requería entregar junto con el dispositivo un kit completo. Lo anterior, en relación con lo resuelto en la resolución de objeción No. R-DCA-00319-2021 de las quince horas del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.
• Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica: por incumplimiento de la cláusula 10.4.2 de las “Condiciones Cartelarias”, en la que se requería, entre otras cosas, un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen.

¿Qué sigue ahora?

Corresponde ahora que la Administración promueva un nuevo procedimiento de contratación dada la necesidad que no pudo satisfacer con la licitación que declaró como infructuosa, bajo su responsabilidad. Solo la Administración puede indicar cómo procederá al respecto.

La CGR realizó un estudio para determinar el nivel de preparación institucional de cara a la implementación del nuevo modelo de gestión de compras públicas, a partir de la Ley General de Contratación Pública N° 9986. El estudio se realizó en 59 instituciones públicas, aplicando una herramienta de medición en colaboración con las unidades de auditoría interna de instituciones de diferentes sectores de la Administración Pública. Esta ley, además de las modificaciones puntuales de carácter procedimental, introduce una visión estratégica sobre un nuevo modelo de gestión de compras públicas, lo que exige un proceso de preparación institucional previo a su implementación.

Los resultados son los siguientes:

35 Instituciones no han tomado acciones para gestionar los riesgos del proceso de implementación de la ley

31 Instituciones no han definido mecanismos de coordinación institucional

En 29 no han efectuado una revisión de sus procesos de implementación de la ley

47 de 59 no han definido un código de ética para proveedores

52 aún no comunican al interno los avances del proceso de implementación de la ley

La CGR finalizó el proceso de seguimiento a la disposición 4.4 del informe DFOE-CIU-IF-00004-2021, al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) referida al programa de trabajo del cierre del contrato vigente y periodo de transición del servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV). En el proceso de seguimiento, dicha institución se refirió a una serie de escenarios sin definir una línea concreta de acciones a seguir, acorde con la normativa vigente y el programa de trabajo respectivo, siendo su responsabilidad y competencia exclusiva

La CGR determinó que la disposición en referencia ha sido incumplida, por lo que se procederá a realizar la valoración jurídica de dicho incumplimiento y le reiteró la responsabilidad al COSEVI de realizar las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio de ITV en estricta observancia al ordenamiento jurídico. En lo sucesivo, es responsabilidad de la Administración tomar las decisiones que correspondan y la aplicación de las soluciones conforme al ordenamiento jurídico.

La Contralora General Marta Acosta Zúñiga, presentó ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios esta tarde. Expuso criterio de la CGR sobre los expedientes 22.830 y 22.831, relacionados a préstamos entre la República de Costa Rica y las entidades: Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Internacional de Reconstrucción Fomento (BIRF).

La CGR refrendó un contrato del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) para el diseño y construcción del Gimnasio de Olimpiadas Especiales (oficio adjunto), por un monto total de $2.264.786,94 dólares, producto de licitación pública No.2020LN-000006-0011400001.

Ahora queda bajo la responsabilidad de la Administración, contar con el disponible presupuestario necesario para cumplir con las obligaciones de este contrato y velar por la correcta ejecución del contrato bajo los términos legales correspondientes.

La CGR reiteró la disposición 4.4 del informe emitido en octubre de 2021 al Consejo de Seguridad Vial -COSEVI- sobre el programa de trabajo del cierre del contrato vigente y el periodo de transición del servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV), en atención al vencimiento del contrato actual en julio de este año. Esta reiteración resulta de acatamiento por parte del COSEVI considerando que la estrategia planteada por la Administración no es congruente con la realidad jurídica y contractual. Por tratarse de un tema en seguimiento por parte de la CGR no nos referiremos adicionalmente al oficio, el tema queda ahora en manos del COSEVI. El oficio fue debidamente notificado el viernes 28 de enero.

Hoy se publicó en La Gaceta la obligatoriedad de tramitar todos los recursos de objeción al cartel en el SICOP (Sistema de Compras Públicas) de modo que ahora serán tramitados de forma 100% virtual por parte de los objetantes, mediante firma digital, a partir del 1 de marzo. La CGR tramita una cantidad importante y creciente de recursos de objeción a carteles de distintas entidades, proceso que ahora será virtual en el SICOP (fuente, División de Contratación Administrativa CGR):

Este cambio promueve la eficiencia y la transparencia en el proceso de tramitación y resolución de recursos de objeción al cartel, digitalizando su gestión y visibilizándola a todos los interesados. La disposición de dicha información deberá ser 24/7 para garantizar el acceso a información pública y rendición de cuentas, y el Ministerio de Hacienda, entidad a cargo del SICOP, debe velar por la seguridad y disponibilidad de dicho proceso.

La CGR emitió un informe sobre el proceso de aprobación presupuestaria 2022, en el cuál se tramitaron un total de 190 presupuestos del sector descentralizado, aprobando la suma de ¢15.451.096 millones. (3.1% mayor que en el 2021).

Datos principales se detallan a continuación:

Principales resultados y distribución
	11,6% (22 presupuestos) aprobación en su totalidad 77,9% (148 presupuestos) aprobados parcialmente 10,5% (20 presupuestos) improbados o se archivados sin trámite
Resumen de aprobación por grupo institucional (en millones de colones)
	Instituciones descentralizadas no empresariales - 6.713.307 Empresas públicas no financieras – 4.676.640 Instituciones públicas financieras – 3.446.419 Gobiernos locales – 540.859 Fideicomiso – 72.412 Otras entidades de gobiernos locales – 1.459

En los casos de aprobación parcial, procede ajustar dichos presupuestos de acuerdo con lo indicado en el oficio de aprobación parcial, considerando los parámetros establecidos por ley según lo requiera cada caso. Por su parte, cuando se asigna un estado de improbación o de archivo sin trámite, se puede relacionar con el incumplimiento de elementos o requisitos indispensables para el análisis, que obligan a la improbación total del presupuesto.

La Contraloría General de la República invita a participar este viernes 21 de enero, a las 8:30 a.m., de un webinar organizado con el objetivo de desarrollar elementos base para la discusión de un nuevo modelo de compra pública, inclusiva, innovadora, apoyada en la sostenibilidad social y ambiental, para generar mayor bienestar y oportunidades.

El evento se desarrollará con la participación y ponencia de importantes expositores, expertos en materia de compras públicas.