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El área de servicios Ambientales y Energía de la CGR emitió un informe de auditoría relativo al proceso de compra de energía eléctrica a privados, el cual está en manos del ICE (entidad que contrata y paga por la generación privada de electricidad) y la ARESEP (entidad que realiza la fijación tarifaria). Se analizó la razonabilidad del proceso y criterios aplicados por ambas entidades para la compra de energía eléctrica a privados, en cuanto a elegibilidad y selección de proyectos, control en su ejecución y fijación de tarifas. El periodo de análisis abarcó del 2008 al 31 de mayo de 2019. En síntesis, el informe determinó:

En atención a los hallazgos de esta auditoría, la CGR inició un proceso de investigación de la cual no es posible brindar información al respecto en atención a la normativa vigente.

La CGR notificó hoy a los miembros de la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) una orden relativa a los acuerdos suscritos el pasado 20 de febrero (y adenda) y 12 de agosto, todos del presente año, relativos a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP), Ley N.° 9635, en particular sobre su Título III. Lo anterior, producto de una denuncia planteada. Al respecto y una vez realizado el análisis correspondiente, se concluye que:

• Los acuerdos de febrero y agosto de 2019 no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad de los numerales relativos a “Anualidades” e “Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses”. Además, se ordenó a dicha Junta la aplicación inmediata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.°9635).

• Se le ordena a la Junta Directiva de la CCSS la convocatoria a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días, para que conozca el fondo del documento y tome los acuerdos respectivos para el acatamiento inmediato de las órdenes giradas.

La CGR inició una investigación sobre este tema en el área de fiscalización de Servicios Sociales de la División de Fiscalización, razón por la cual no emitiremos más declaraciones al respecto.

El área de Desarrollo Local de la CGR realizó una auditoría en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal -IFAM-, la cual determinó lo siguiente:

• Existen debilidades en el procedimiento y control de los requisitos que deben presentar los gobiernos locales para gestionar el trámite del desembolso de los recursos del crédito, según lo establecido en la normativa que regula dichos procesos.

• El IFAM no realiza, de manera sistemática y uniforme, la ejecución de las actividades de supervisión, seguimiento y control de los créditos otorgados a los gobiernos locales.

• Durante el periodo del 2017 al 30 de junio de 2019, presenta dificultades para mantener el flujo de desembolsos previsto originalmente en coordinación con los gobiernos locales.

• El IFAM ha mantenido una cartera con atrasos:

 

Con el propósito de suministrar a la Asamblea Legislativa, a los jerarcas de las instituciones del Poder Ejecutivo y a la ciudadanía, información pertinente para el control político y ciudadano, así como para la toma de decisiones relativas al mejor uso de los recursos públicos, la CGR presenta su Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público - Primer Semestre de 2019, cuyos principales hallazgos se exponen a continuación:

 

La División de Contratación Administrativa de la CGR resolvió (mediante resolución R-DCA-0843-2019) declarar sin lugar los recursos de apelación planteados contra el acto de adjudicación de la Contratación Precalificada N° 2018PR-000001-4402, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social, para el diseño, construcción, equipamiento, implementación y mantenimiento del nuevo Hospital de Puntarenas Víctor Manuel Sanabria Martínez, recursos que fueron presentados por las empresas Edica Limitada y Constructora Gonzalo Delgado S.A.

Con esta resolución, se confirma el acto de adjudicación recaído a favor del Consorcio Van Der Laat y Jiménez-Ingelectra S.A.por un monto en colones de ¢81.208.193.680,00 y en dólares de $82.809.026,00. Los argumentos discutidos en los recursos de apelación estaban vinculados a temas de diseños preliminares y verificación de aspectos propios de la fase de diseño de anteproyecto.

Con la finalidad de brindar mayor agilidad a la ejecución del proyecto, se resolvió que el refrendo del contrato queda en manos de la Administración la cuál debe garantizar de legalidad del contrato, ésto considerando la necesidad pública y el impacto en los servicios de salud para la comunidad usuaria de este hospital.

El área de Infraestructura de la CGR emitió el informe de auditoria DFOE-IFR-IF-00009-2019 cuyo propósito fue verificar la metodología empleada por el Consejo Nacional de Vialidad en el control y seguimiento de la fase de ejecución de varios proyectos de obra pública. Se analizaron cinco proyectos de infraestructura vial:

	Mejoramiento de la Ruta Nacional No 606, sección Guacimal - Santa Elena.
	Mejoramiento de la Ruta Nacional No 160. Sección: Cóbano - Los Mangos.
	Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor en la Ruta Nacional No 121, sección San Rafael de Escazú - Ciudad Colón.
	Diseño y construcció del puente sobre el Río Pedregoso, Ruta Nacional No 243.
	Diseño, Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No 32, Sección Intersección Ruta Nacional No 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón.

Los resultados de la auditoría se resumen en el siguiente recuadro:

• Seguimiento y control del plazo, costo, avance físico y financiero de los proyectos no cuentan con una metodología estandarizada. • Poca articulación entre las diferentes instancias involucradas en cada una de las etapas del proyecto. • Procedimientos aislados y desactualizados: cada ingeniero durante la ejecución define la forma en que se gestionará cada proyecto, lo que limita la generación oportuna de acciones y control de los riesgos. • Ausencia de documentación necesaria para una adecuada ejecución, seguimiento, control y evaluación del proyecto.

En la gestión de proyectos de obra pública, es fundamental el seguimiento y el control, como se expone a continuación:

Seguimiento y control del avance del proyecto
		Comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto.
		Evaluar periódicamente el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva y en su caso recomendar aquellas que se consideran pertinentes.
		Verificar el estado de los riesgos individuales del proyecto.
		Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se producen.
		Mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y a su documentación relacionada.
		Proporcionar pronósticos que permitan actualziar la información relativa al costo y al cronograma actuales.
		Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la medida del avance y los pronósticos.
		Informar adecuadamente sobre el avance del proyecto.

 

En una coordinación efectiva entre la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, y con la participación de los principales actores privados y públicos en materia de contratación administrativa, se elaboró -por parte del órgano contralor- un proyecto de ley para reformar integralmente la Ley de Contratación Administrativa vigente. Durante el trámite del proyecto se consideró necesario realizar un proceso participativo en la recopilación de insumos y en la validación de productos del proyecto:

 

Principales temas abordados en la iniciativa de ley

Los principales cambios incorporados con la propuesta de ley son los siguientes:

• Incorpora, a nivel legal, la obligación de un adecuado comportamiento ético de los funcionarios involucrados en los procesos de compra, así como de los proveedores de bienes y servicios.

• Simplifica el esquema de control previo en materia de contratación administrativa, eliminando las modalidades de autorización que están actualmente a cargo de la CGR.

• Incorpora normas para potenciar el desarrollo económico de algunos sectores vulnerables y de PYMES.

• Potencia la implementación de criterios sustentables en compras públicas.

• Fortalece la fase de planificación de las contrataciones, a partir de reglas que incorporan aspectos sobre la gestión de proyectos y la administración de ciclo de vida de los proyectos.

• Simplifica la forma de contratar por parte de la administración, al reducir los procedimientos ordinarios de contratación, así como de los esquemas recursivos con los que cuentan los participantes en los procesos de compras.

• Define normas exclusivas según la tipología de los contratos (obra pública, servicios, suministros, leasing, fideicomisos, asociación públicos privadas, entre otros.

• Crea una rectoría en el Poder Ejecutivo en materia de Compras con potestad nacional para regular las condiciones de compras en procura de lograr ahorros al comprar las Administraciones, potenciar la transparencia, desarrollar el esquema de compras electrónicas y favorecer la gestión del conocimiento de los funcionarios públicos que realizan las compras públicas.

 

El área de Infraesctructura de la CGR realizó una auditoría cuyo propósito fue verificar el cumplimiento de los controles por parte el CONAVI sobre la gestión de los proyectos de obra pública a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés), definidos en los Memorandos de Acuerdo suscritos entre ambas instituciones, en la utilización de los recursos públicos, el avance físico y financiero.

El CONAVI ha contratado con la UNOPS el gerenciamiento y supervisión de proyectos de obra pública y ha suscrito 5 Memorándum de Acuerdo (MDA) por un monto total de US$ 148,66 millones aproximadamente. La contratación a dicho organismo internacional permitiría, a criterio del CONAVI, reducir plazos y lograr ahorros durante la ejecución de los proyectos, mayor transparencia y el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

Los resultados de la auditoría demuestran que el CONAVI no está asegurando razonablemente el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno en los proyectos a cargo de la UNOPS:

	Los plazos de ejecución de los proyectos y sus costos se han incrementado de manera significativa.
	El CONAVI tiene un control deficiente sobre el avance físico y financiero de los proyectos y la administración de los recursos, por lo que no se tiene certeza de que con los plazos y montos incrementados se pueda dar con la culminación de los proyectos..
	La deficiente gestión de control detectada comprende la transferencia de recursos por un monto US$ 73.66 millones aproximadamente (desembolso del Consejo más la donación del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la construcción del puente sobre el río Sixaola).
	Los estados financieros del CONAVI no reflejan la situación real de los proyectos; por cuanto ese Consejo no ha cumplido con el registro contable correcto, oportuno e íntegro de las transacciones y operaciones durante la ejecución de los proyectos.
	Ese Consejo no realizó una evaluación de las necesidades de fortalecimiento institucional de previo a la ejecución de los proyectos lo que impidió controlar el alcance en cada uno de los MDA.
	No se ha contado con la estrategia y plan de comunicación oficial, que según lo pactado contemplaría un fuerte énfasis en la interacción con los ciudadanos y beneficiarios de las obras.

El área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía realizó una auditoría para determinar la eficacia del Estado para diseñar e implementar mecanismos que promuevan la optimización de las energías renovables en el sector eléctrico, de conformidad con los compromisos adquiridos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París; analizado para el periodo del 25/9/15 al 31/12/18. Esta auditoría es relevante, ya que los proyectos de generación eléctrica, incluyendo energías renovables, representan costos de inversión y operación, así como impactos sociales y ambientales, por lo que es fundamental optimizar su planificación y operación. La auditoría determinó:

	La aspiración de Costa Rica de alcanzar y mantener una generación eléctrica 100% renovable para el 2030, no se sustenta en un estudio técnico.
	El país no cuenta con un parámetro que mida el cumplimento de la meta 7.2 del ODS 7 Energía asequible y no contaminante.
	Las metas del Plan Nacional de Energía 2015-2030 no cuenta con indicadores para medir sus resultados.
	La planificación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), efectuadas por la Dirección de planificación y desarrollo eléctrico y el CENCE, perdieron independencia, pues están a cargo del ICE bajo la misma unidad administrativa que también genera, distribuye y comercializa energía.
	No existen tafiras para los servicios auxiliares, como el balance entre la generación y la demanda de energía, ni tarifas que incorporen apropiadamente el costo del uso de la red por parte de los consumidores que producen su propia energía.
	Se requieren medidas para que el aumento de la generación de energía por parte del consumidor, no ocasione que los costos de inversión, operación y mantenimiento de las redes de distribución recaigan sobre los clientes que no cuenta con generación propia.

Se dispone a las autoridades del sector eléctrico elaborar un estudio con indicadores y parámetros que respalde la meta para el sector eléctrico, como parte de los compromisos del Acuerdo de París, de forma que sea óptima y alcanzable así como analizar los efectos en el SEN del cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Energía. Este informe se notificó a las siguientes instituciones: ICE, ARESEP, MIDEPLAN y MINAE.

¿Qué es el Índice de Gestión Municipal (IGM)?

El IGM es un documento que expone los resultados de la evaluación realizada a las 81 corporaciones municipales del país. Se encuentra conformado por 14 áreas y 61 indicadores distribuidos en cinco ejes, los cuales son:

• Desarrollo y gestión institucional

• Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas

• Gestión de desarrollo ambiental

• Gestión de servicios económicos (gestión vial)

• Gestión de servicios sociales.

Promedio de ejes evaluados

Principales Resultados

• La calificación promedio de las 81 municipalidades evaluadas con el IGM-2018 fue de 65,47 puntos de 100 posibles.

• En esta ocasión un total de 25 gobiernos locales obtuvo una nota superior a los 70, las 56 restantes no logran aprobar la evaluación IGM-2018.

• Desde la primera emisión del IGM en el año 2011, se identificó un total de 54 gobiernos locales –de manera reiterada– han registrado para cada uno de los periodos evaluados un resultado inferior a 70 puntos en su calificación final.

• En el año 2018 un total de 63 municipalidades mejoraron su calificación respecto de la obtenida en el 2017; mientras que 18 obtuvieron una calificación menor.

• Para la presentación de los resultados del IGM se distribuyen las municipalidades en cuatro grupos (A, B, C y D), considerando el monto del presupuesto, el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc), la cantidad de kilómetros cuadrados de territorio y las unidades habitacionales.

Cumplimiento del Plan de Mejora IGM-2018

• Los gobiernos locales seleccionaron tres indicadores que se comprometieron a superar en la calificación del IGM-2018 en comparación con los resultados del 2017.

• 76 municipalidades definieron acciones específicas a ejecutar en el trascurso del año 2018, no obstante, los gobiernos locales de Alvarado, Garabito, Golfito, Matina y Parrita no elaboraron el Plan de Mejora solicitado.

Áreas de mayores retos para las municipalidades

Persisten rezagos para gestionar la prestación de servicios públicos municipales (recolección, depósito y tratamiento de residuos sólidos; aseo de vías, sitios públicos, así como de parques y obras de ornato).

En síntesis, los gobiernos locales tienen el reto urgente de tomar las medidas correctivas requeridas para fortalecer su gestión de cara a su modernización y a la administración de mayores recursos, de tal forma que sus actuaciones estén orientadas a la atención de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos aplicando criterios de oportunidad, calidad, economía y eficiencia.

El área de Servicios Económicos de la CGR realizó una auditoría para verificar el cumplimiento del marco regulatorio aplicable a la evaluación del costo del trámite para obtener el bono familiar de vivienda ordinario, así como el diseño e implementación del Plan de Mejora Regulatoria del Banco Hipotecario de Vivienda (BANHVI), para el periodo 1/1/2017 y el 31/12/2018. El proceso de simplificación de trámites y mejora regulatoria tiene como propósito lograr una mayor celeridad y funcionalidad de la tramitación que realizan los administrados ante la Administración Pública.

Se determinó que el BANHVI presenta un incumplimiento parcial de los deberes definidos en el marco regulatorio para la simplificación del trámite de obtención del bono familiar de vivienda:

• El Banco no verifica que las entidades autorizadas solo soliciten los requisitos establecidos formalmente.

• Incumplimiento de plazos en el traslado y aprobación de expedientes.

• El análisis costo-beneficio no contempla la evaluación del costo desde la perspectiva del administrado.

• El perfil institucional en el Sistema Trámites Costa Rica se encuentra desactualizado.

• Expediente electrónico todavía en proceso.

• Acciones propuestas en plan de mejora 2017 y 2018 no fueron definidas bajo un análisis de priorización y no han sido implementadas.

En una encuesta aplicada a 276 beneficiarios del bono para la “construcción en lote propio”, se determinó que éstos se enfrentan a situaciones relacionadas con el tiempo y costo del trámite:

42,8%	74,7%
De los beneficiarios acudió más de 4 veces a la municipalidad respectiva.	De los beneficiarios percibe fácil la comprensión de los requisitos del trámite de bonos (57,1% lo considera rápido [30 minutos] y el 73,2% considera que el plazo para el cumplimiento de los requisitos es aceptable).
49,7%	38,4%
De los beneficiarios debió trasladarse más de 4 veces a la entidad autorizada.	De los beneficiarios indicó que el trámite del bono no fue realizado personalmente, sino por medio de terceros (80% constructoras y el 20% restante personas físicas).
99,6%	11,7%
De los beneficiarios realizaron el trámite de manera presencial, debido a la limitación de acceso a Internet en las zonas y por desconocimiento de esa posibilidad.	De los beneficiarios indicó no haber acudido a las entidades autorizadas a entregar los requisitos del trámite. Esta cifra evidencia que la relación entre administrado y las entidades autorizadas podría no ser directa en todos los casos.

Con base en los resultados de esa encuesta y en una metodología de costeo, se determinó que el costo del trámite para obtener un bono de vivienda para construir en lote propio es de aproximadamente ₡1.126.377 compuesto por ₡548.436 necesarios para el pago de requisitos y ₡577.941 por el tiempo de espera tanto para realizar el trámite como para su resolución.

Se dispone al BANHVI la definición e implementación de acciones que promuevan la simplificación de trámites dando una mayor celeridad y funcionalidad del trámite, tanto para el administrado como para la institución.

Mediante resolución R-DCA-0676-2019, la CGR declaró sin lugar dos recursos de apelación interpuestos en contra del acto de adjudicación dictado por CONAVI y UNOPS, confirmando así el acto de adjudicación a favor de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A. por un monto de US$19.515.815,40 dólares, en el paso a desnivel en la intersección de Guadalupe (ruta 39).

Sobre las apelaciones:

• Copisa Constructora Pirenaica S.A., cuya oferta fue excluida del concurso por incumplir requisitos relacionados con la experiencia técnica del personal clave. Una vez analizado el requisito técnico que los oferentes debían acreditar, la información aportada por Copisa desde la oferta y las reglas aplicables a esta contratación, se determinó que el requerimiento no fue atendido en tiempo por la empresa recurrente, por lo cual se confirmó su exclusión del concurso.

• Consorcio Intersección Guadalupe (integrado por Constructora Meco S.A. y Constructora Hernán Solís S.R.L.) alegó un eventual incumplimiento con respecto a la sustitución de uno de los subcontratistas incluidos en la oferta y un incumplimiento en cuanto a la experiencia del Gerente de Proyecto propuesto. Para ambos argumentos se resolvió declarar sin lugar el recurso, considerando que el recurrente en su análisis omite efectuar una valoración de la totalidad de los elementos aportados al expediente, las circunstancias acaecidas y las reglas que rigen para este concurso.

Corresponde ahora que la Administración formalice el contrato y emita la orden de inicio con la ejecución de las obras pactadas y ejecutar las acciones de control como responsables directos de la ejecución contractual.

 

El área de Desarrollo local de la CGR emitió un informe de auditoría sobre el avance en el proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, conocidas como NICSP, en una muestra de 21 municipalidades. La aplicación de las NICSP en los Gobiernos Locales es importante porque contribuye a incrementar la calidad de los estados financieros a la vez que facilita la comparabilidad de la información y contribuye a lograr una mayor transparencia en la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

Los hallazgos principales concluyen:

16 Municipalidades	Apoyo parcial o escaso al proceso de implementación de normas por parte de los máximos jerarcas.
12 Municipalidades	No existe un plan formal de capacitación para el proceso de implementación de las normas.
08 Municipalidades	Normativa interna no se encuentra acorde a normas.
19 Municipalidades	No tienen establecida gestión de los riesgos.

Calificación General
“Herramienta para la evaluación del proceso de cierre de brechas e implementación de las NICSP que contienen transitorios”:

Municipalidad	Nota
San Carlos	90,76%
Osa	80,60%
Tarrazú	60,84%
San Isidro de Heredia	60,03%
Santa Ana	59,20%
Atenas	52,21%
Corredores	51,39%
Belén	41,19%
Escazú	40,60%
Desamparados	39,41%
Limón	38,40%
Alajuelita	33,33%
El Guarco	32,64%
Cañas	24,83%
Palmares	21,35%
Turrialba	10,42%
Coto Brus	9,90%
Dota	5,73%
Buenos Aires	4,51%
Oreamuno	0,52%
Upala	0,52%
Fuente: Elaboración propia de Desarrollo Local de la CGR.

 

El área de Infraestructura de la CGR emitió un informe que contiene los hallazgos de un estudio cuyo objetivo fue determinar si el ICE ha gestionado la implementación del Sistema de Planeación de Recursos Empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP, siglas en Inglés) que forma parte del Programa de Modernización Administrativa Financiera (PMAF), de conformidad con prácticas que garanticen el uso óptimo de los recursos, el logro de los objetivos y la generación de un beneficio para los usuarios internos y externos de los servicios involucrados. Este sistema es para rediseñar, integrar y consolidar los procesos operativos y administrativos de Finanzas, Cadena de Abastecimiento, Talento Humano y Gestión de Proyectos, así como mejorar la eficiencia y la disponibilidad de la información para la toma efectiva de decisiones.

Existen debilidades en el proyecto de implementación del ERP, en diferentes áreas:

	Gestión de costos: no se llevó a cabo el control de los costos por programa, no fueron considerados costos directos e indirectos en la inversión inicial y, a la fecha de la auditoría, lo incurrido en el proyecto superaba un 42% lo inicialmente previsto.
	Gestión de riesgos: no fueron utilizados instrumentos de control que permitieran identificar y mitigar los riesgos, a pesar de cambios relevantes que se presentaron.
	Gestión del alcance: no se logró una identificación suficiente de los requerimientos según la naturaleza del proyecto.
	Gestión de la documentación: no se registraron todos lo eventos relacionados con el proceso de implementación del ERP, lo cual no permitió la trazabilidad del proyecto, a pesar de cambios que se dieron en relación con el alcance, riesgos y costos.
	El Comité Informático Empresarial (CIE) y la División Corporativa de Tecnologías de Información (DCTI): no fueron considerados como actores del proyecto de implementación, lo cual generó un atraso importante en la implementación del ERP en el ICE.

El área de Infraestructura de la CGR emitió un informe de auditoría cuyo objetivo fue determinar si JAPDEVA ha implementado mecanismos efectivos que promuevan una gestión administrativa transparente en el proceso de desarrollo de la Vertiente Atlántica (período 2017-2018). Este informe es relevante en la coyuntura actual, considerando que JAPDEVA percibirá mensualmente una cantidad importante de recursos que deben ser ejecutados en proyectos de desarrollo, con el 7,5% de los ingresos brutos de la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Resumen del informe:

	Debilidades en la identificación de actividades y zonas prioritarias en las que se direccionan los recursos para desarrollo, dada la inexistencia de criterios de priorización para la asignación de los aportes comunales, así como la aunsencia de metas e indicadores que permitan asegurar el impacto que genera cada programma y proyecto.
	JAPDEVA no ha definidio una estrategia o plan de acciones direccionados a la transparencia en su gestión de programas y proyectos de desarrollo, incluyendo acciones, responsables y políticas para actualizar y renovar el compromiso con la transparencia.
	Debilidades en el acceso de la información relacionada con la gestión de los programas y proyectos, en cuanto a su calidad y disponibiliddad, así como en los insuficientes mecanismos para su obtención.

Disposiciones

A la Presidencia Ejecutiva y al Consejo Directivo de JAPDEVA: elaborar e implementar efectivamente un plan de acción para identificar las actividades y zonas en las cuales JAPDEVA debe orientar los recursos para promover el desarrollo socioeconómico de la Vertiente Atlántica.

Hoy miércoles 22 de mayo, a la medianoche, vence el plazo establecido por ley para presentar las declaraciones juradas de bienes que están obligados a presentar funcionarios que ocupan altos cargos en la Administración Pública o que, por la naturaleza de sus funciones, requieren presentarlo ante la CGR, en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422).

El reporte de las 12:45 p.m de hoy revela que la han presentado el 85%, es decir, 17680 declaraciones (de un total aproximado de 21.000 declarantes).

Para mayor claridad, los funcionarios que deben declarar son los que en forma expresa establece la Ley, por ejemplo: Presidente de la República, diputados, magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremos de Elecciones, miembros de junta directiva excepto los fiscales sin derecho a voto, rectores, alcaldes, regidores, entre otros. Además, quienes realicen las funciones descritas en los perfiles de aduanas, compras públicas y manejo de fondos públicos. (Artículo 21 de la Ley No. 8422 y 56 del respectivo Reglamento).

Los funcionarios que no presenten la declaración jurada de bienes o lo hagan de forma extemporánea, se exponen a la apertura de un procedimiento administrativo cuya sanción puede resultar incluso en la separación del cargo (artículo 39 de la Ley 8422).

Las consultas o dudas sobre el proceso de recepción las pueden hacer a través del correo electrónico declaraciones.juradas@cgr.go.cr, al centro de llamadas 905-Declare (905-3325273), y a través de los Servicio de atención en línea disponibles.

El miércoles 22 de mayo vence el plazo de ley para la presentación de la declaración jurada de bienes (DJB) de alrededor de 21.000 declarantes (Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública) y la han presentado 7.521 declarantes aproximadamente (36% del total), faltan por declarar alrededor de 13.500 funcionarios.

Sobre el proceso de recepción de declaraciones juradas de funcionarios de alto nivel, sujetos al cumplimiento de esta norma legal, los datos son:

Se recuerda a los funcionarios que tengan que cumplir con esta obligación que de no presentar su declaración jurada de bienes o hacerlo de manera extemporánea se exponen a la apertura de procedimientos administrativos cuya sanción puede resultar, incluso, en la separación del cargo (artículo 39 de la Ley N°. 8422).

Las consultas o dudas sobre el proceso de recepción las pueden hacer a través del correo electrónico declaraciones.juradas@cgr.go.cr, al centro de llamadas 905-Declare (905-3325273), y a través de los Servicio de atención en línea disponibles.

El pasado 2 de mayo la CGR inició el proceso de recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios sujetos a dicha obligación, en atención a la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública (No. 8422).

	Al día de hoy la han presentado 3189 personas, el 14% aproximadamente del total de declarantes; el plazo máximo para presentar la declaración es el miércoles 22 de mayo de 2019, por lo que instamos a los declarantes a no dejar para última hora este requisito legal.
	Al igual que en años anteriores, la Contraloría General pone a disposición de los declarantes equipos de cómputo y personal para asesorar a aquellos declarantes que no cuenten con los recursos tecnológicos necesarios, esto en el Edificio de la Contraloría ubicado en Sabana Sur.
	Las consultas o dudas sobre el proceso de recepción serán evacuadas a través del correo electrónico declaraciones.juradas@cgr.go.cr, al centro de llamadas 905-DECLARE (905-3325273) o mediante el chat habilitado desde nuestro Sitio Web.

El Área de Servicios Económicos emitió el informe DFOE-EC-IF-00009-2019, el cual tuvo como propósito verificar la implementación de la estructura de costos y metodología para el establecimiento de las tarifas de los servicios y procedimientos de salud del tercer nivel de atención brindado por INS Red de Servicios de Salud, S.A. del INS, en las instalaciones del Hospital del Trauma.

El sistema de costos utilizado por la Red de Servicios de Salud del INS (Hospital del Trauma), no incluye de forma integral la totalidad de costos directos e indirectos en que incurre para la prestación de los servicios y procedimientos de salud en el Hospital del Trauma, lo anterior se ve potenciado ante la ausencia de un efectivo sistema de contabilidad de costos, que le permita a la Administración, capturar esa información para el establecimiento del costo total de sus servicios.

A la Gerencia General del INS, con el propósito de que se ajuste la estructura de costos y la metodología para el establecimiento de tarifas de los servicios del tercer nivel de atención que se brindan en el Hospital del Trauma, de manera que se consideren los costos totales de cada servicio o procedimiento de salud.

Memoria Anual 2018

La Memoria Anual de la Contraloría General de la República sobre el ejercicio del 2018, se presenta a la Asamblea Legislativa en cumplimiento del artículo 184 constitucional; deber que este año se atiende en el especial contexto del 70 aniversario de la Constitución Política y, por ende, de la creación del órgano contralor.

El documento se estructura en cuatro partes. La primera, denominada “Opiniones y sugestiones”, desarrolla en esta ocasión tres temas referidos, en ese orden, a transparencia sobre la gestión pública, materia esencial para la efectiva rendición de cuentas. Un segundo tema plantea una visión del sector social y sus desafíos, dentro del marco específico de los subsectores educación, salud y protección social. La CGR -en el contexto del setenta aniversario de su creación- desarrolla un tercer artículo que aborda los elementos más significativos que han incidido durante las últimas décadas en el replanteamiento y enfoque del modelo de fiscalización superior.

El segundo apartado refiere a los dictámenes de la Contraloría General sobre la liquidación del presupuesto de la república para ese año, así como sobre el informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo en ese período, emitido por MIDEPLAN, y sobre los resultados físicos de los programas ejecutados en 2018, elaborado por el Ministerio de Hacienda.

La tercera parte analiza la evolución de las finanzas públicas en función de los resultados financieros globales del sector público y resultados presupuestarios del Gobierno Central y Sector Descentralizado, así como un análisis del comportamiento de la deuda del Sector Público para ese ejercicio económico. Además, incluye un balance acerca de la gestión de algunas instituciones públicas, según los resultados anuales del “Índice de Gestión Institucional” que desarrolla la CGR.

Finalmente, el cuarto apartado contiene el Informe de Labores del órgano contralor para el año en comentario, planteado según los ejes de aporte de valor público recomendados por las normas internacionales para las entidades fiscalizadoras superiores.

Ese aporte de valor público para contribuir al control político y ciudadano, generado con los productos de la fiscalización y otros derivados de estos, como la presente Memoria Anual, expresa la seriedad con la cual atendemos nuestra misión, visión y valores institucionales. Una vez más, el trabajo desarrollado ha sido fruto de la lectura atenta del contexto y de la debida planificación, así como de la consistencia siempre procurada en nuestro desempeño.

Como es usual, instamos a que, trascendiendo el cumplimiento de un deber, esta rendición de cuentas coadyuve a la necesaria reflexión y acción sobre la realidad de la Hacienda Pública para contribuir en una toma de decisiones oportuna, responsable y comprometida por parte del gobierno, la Asamblea Legislativa y de las diversas partes interesadas; que a la vez reavive la confianza en la institucionalidad por su aporte de valor al progreso económico y social del cual continúa urgido el país.

Encuesta Nacional de Percepción de Transparencia en el Sector Público (ENPT 2019)

La Contraloría General de la República se compromete a continuar con el esfuerzo de supervisar la eficiencia en la gestión pública, propiciando resultados concretos que logren impactar en la calidad de vida de las personas. Como un elemento de seguimiento y mejora continua fundamentado en el Plan Estratégico Institucional 2013- 2020 de la Contraloría General de la República, se proporcionan los resultados de una encuesta nacional elaborada por esta institución durante el mes de febrero de 2019, exponiendo el sentir de la ciudadanía costarricense en materia de la transparencia en el Sector Público. Estos aportes generan valiosos insumos para la fiscalización superior de la Hacienda Pública, a la vez que contribuyen con la promoción del control ciudadano y del control político de la Asamblea Legislativa.

Módulos de Transparencia

Del 11 al 22 de febrero del 2019, la Contraloría General de la República realizó la Encuesta Nacional de Percepción de Transparencia 2019 (ENPT 2019), con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía sobre el tema de la Transparencia en el Sector Público. La encuesta telefónica consultó los siguientes temas:

• Acceso a la información
• Rendición de cuentas
• Participación ciudadana
• Percepción de funcionarios públicos

Metodología

La ENPT 2019 utilizó el cuestionario como herramienta de recolección de datos. En total la encuesta posee 4 módulos distribuidos en 4 cuestionarios. El cuestionario 1 incluye el tema de acceso a información pública. El cuestionario 2 la rendición de cuentas. El cuestionario 3 la participación ciudadana. El cuestionario 4 la percepción de funcionarios públicos sobre el tema de transparencia. La obtención de la información fue por medio de una entrevista telefónica, a partir de marcos muestrales dirigidos a la ciudadanía y funcionarios públicos. Para más detalle del tamaño de muestra, las unidades de estudios, la implementación de los cuestionarios, al manejo de la información, entre otros, puede presionar aquí.

En cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, hoy jueves 2 de mayo la CGR inicia con el período de recepción de las declaraciones juradas de bienes (DJB) anuales, que se extenderá hasta el miércoles 22 de mayo.

	Alrededor de 21.000 declarantes disponen de una plataforma digital para cumplir con este requisito de ley, siendo una forma económica, sostenible y rápida de llenar y remitir su DJB.
	La CGR pondrá a disposición en sus instalaciones equipos de cómputo y personal para asesorar a aquellos declarantes que no cuenten con los recursos tecnológicos necesarios para cumplir con este requisito legal.
	Los funcionarios obligados que no presenten su declaración jurada de bienes o lo hagan de manera extemporánea se exponen a la apertura de procedimientos administrativos cuya sanción puede resultar, incluso, en la separación del cargo (artículo 39 de la Ley No. 8422).
	Las consultas o dudas sobre el proceso de recepción serán evacuadas a través del correo electrónico declaraciones.juradas@cgr.go.cr, al centro de llamadas 905-DECLARE (905-3325273) o mediante el chat habilitado desde nuestro Sitio Web.

El Área de Desarrollo Local de la CGR emitió el informe N° DFOE-DL-IF-04-2019, cuyo objetivo fue evaluar la gestión en los procesos de determinación y cobro del impuesto por concepto de patentes municipales y los mecanismos de control implementados en las licencias otorgadas para el ejercicio de actividades lucrativas, conocidas como patentes municipales. Este tema es relevante pues las patentes constituyen una fuente de generación de ingresos municipales, lo que tiene afectación en términos de inversión en la comunidad.

Las situaciones detectadas en la auditoría revelan la existencia de comerciantes operando sin contar con los respectivos permisos vigentes e, incluso, algunos comercializando mercancías sin contar con la patente municipal respectiva, lo cual genera pérdidas económicas así como riesgos en la salud pública, el orden público y la seguridad ciudadana. La existencia de cuentas pendientes de cobro a patentados en riesgo de prescripción, con más de 5 años de antigüedad, suman ₡244,9 millones.

Los principales hallazgos de la auditoría son los siguientes:

	La metodología de cálculo del impuesto de patentes a los contribuyentes del Régimen Simplificado no está regulada en la normativa jurídica aplicable.
	Debilidades en la tasación del impuesto a las actividades lucrativas nuevas en el cantón.
	Falta de cobro de la multa por presentación tardía o la no presentación de la declaración jurada del impuesto de patentes.
	Débil labor en la vigilancia de las obligaciones legales de los patentados para el ejercicio de actividades lucrativas en el Cantón de Limón.

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR emitió el informe DFOE-AE-IF-00004-2019, el cual contiene los resultados de una auditoría cuyo objetivo fue analizar la implementación de mecanismos de control, principios y buenas prácticas para la gestión financiera de la ESPH, S.A. en el periodo 2017; con el fin de asegurar de forma razonable su sostenibilidad financiera en el suministro de los servicios públicos que le competen.

A continuación un resumen de los principales hallazgos:

	Debilidades de control interno financiero, ya que no cuenta con proyecciones de estados financieros ni análisis financieros de mediano y largo plazo, los cuales no integran la información de la subsidiaria Empresa Hidroeléctrica Los Negros, S.A. y al Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Los Negros II; lo que dificulta asegurar razonablemente la sostenibilidad financiera corporativa.
	El análisis financiero efectuado por la Contraloría para el periodo 2017, reveló una calificación de 2,54 puntos de 5, lo que significa un débil desempeño financiero y operativo, que refleja el deterioro de los indicadores financieros.
	El resultado de los indicadores financieros muestran un alto volumen de gastos operativos y administrativos del negocio de distribución de energía eléctrica, que no son cubiertos con los ingresos que genera; lo cual, pone en riesgo la capacidad de pago de las deudas bancarias y compras de energía al ICE en el mediano plazo.
	Además, el análisis revela dificultad para cubrir las necesidades de dinero (flujo de caja) de los negocios de telecomunicaciones, distribución y generación de energía eléctrica, lo cual de continuar podría afectar la solvencia de estos negocios y originar mayor endeudamiento para cubrir faltantes de dinero.

El área de Servicios Económicos de la CGR, emitió un informe de auditoría cuyo propósito fue verificar la eficiencia y eficacia del servicio brindado por el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción a los centros de educación primaria (CEP) del Ministerio de Educación Pública. El CNP, con base en su Ley, crea el PAI con el fin de abastecer y distribuir los suministros (carnes, lácteos, vegetales, frutas y abarrotes) que sean requeridos por las entidades del sector público. El MEP debe proporcionar alimentación y nutrición a sus estudiantes: al 30 de junio de 2018 el PAI abastecía un 27,6% (1.116) de los centros de educación primaria del país, los cuales atendían aproximadamente a 148.624 estudiantes a esa fecha. Estos son los hallazgos principales del estudio:

Nivel de eficacia medio (78,1%), ya que existen situaciones que afectan las condiciones (cantidad, calidad y entrega) de los suministros requeridos por los CEP.

Nivel de eficiencia bajo (51,7%), esto con base en la identificación de situaciones que inciden de forma negativa en el abastecimiento de suministros relacionadas con la selección y seguimiento de suplidores; la gestión de recursos financieros y tecnológicos; y, la atención de contingencias, inconformidades y denuncias.

Durante el estudio se realizó una encuesta, que se aplicó a los directores de 124 centros educativos atendidos por el PAI al 31 de diciembre de 2017, para conocer la valoración del servicio brindado por dicho Programa en el abastecimiento de suministros. Los resultados de la encuesta guardan relación con los resultados de la valoración del servicio brindado por el PAI:

	47,6% de los usuarios indica haber presentado inconformidades o denuncias por el servicio brindado, debido a incumplimientos en los tiempos de entrega, calidad y cantidad del producto recibido.
	21,0% de los usuarios considera que la frecuencia de entrega de los productos ocasiona desabastecimiento, daño en los productos perecederos, e incurren en costos adicionales por necesitar un espacio de almacenamiento extra.
	66,3% de los usuarios considera que los precios de los productos del PAI son altos en comparación con proveedores locales.

Costa Rica se enfrenta a los desafíos del envejecimiento poblacional y del cambio en la estructura etaria de su población. Estos cambios modifican la demanda de servicios públicos claves como la educación, la atención de la salud y las pensiones, lo que impacta significativamente la Hacienda Pública. La CGR emite hoy el informe de Opiniones y Sugestiones "Impacto fiscal del cambio demográfico: retos para una Costa Rica que envejece", con el fin de proveer insumos técnicos para la discusión y toma de decisiones sobre el envejecimiento poblacional y el impacto en finanzas públicas, decisiones en manos de distintas autoridades como la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud y la CCSS. A continuación un resumen gráfico general de datos relevantes contenidos en el informe:

Pese a las importantes afectaciones sobre la Hacienda Pública, el cambio demográfico no ha constituido un eje que guíe las políticas presupuestarias y fiscales en general, lo que ha impedido un abordaje integral y de largo plazo en esta materia. La CGR ha insistido en la necesidad de construir un marco fiscal demográfico, que considere los siguientes ejes: demanda de recursos, oferta de recursos, instrumentos fiscales, transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de proveer al gestor público (Estado) de una serie de herramientas que le permitan integrar el efecto de los procesos demográficos en la política presupuestaria.

Un mayo detalle del impacto en el sector educativo, salud y pensiones, se muestra en el siguiente infográfico:

La CGR presenta el informe “Presupuestos públicos 2019 Situación y perspectivas” con la información de los presupuestos del Sector Público para el 2019 y su vinculación con la situación fiscal del país. Este Informe pretende proveer a la Asamblea Legislativa y al público en general insumos técnicos para la necesaria discusión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. A continuación los datos más relevantes:

Datos del Sector Público:

	• Presupuesto 2019: ¢28.082.166 millones (representa 75% del PIB).
	• Crecimiento: 9,0% mayor que inicial en 2018.
	• Inversión presupuestada: ¢1.610.309 millones (4,3% del PIB).
	• Presupuestos municipales: ¢607.482 millones (2,2% del total de presupuestos del sector público, 6,5% de crecimiento).
	• Remuneraciones del Sector Público: ¢6.306.567 millones.
	• Remuneraciones: 2,8% más que presupuesto del 2018.

Análisis datos Gobierno Central:

	• Déficit financiero (presupuestado): 7,9% del PIB. Se espera sea inferior, dada la subejecución presupuestaria.
	• Saldo de deuda: 57,7% del PIB. CGR estima que esfuerzos para llegar a la sostenibilidad y el equilibrio fiscal deben continuar.
	• Pago de intereses: 4,5% del PIB. Representan mayor presión dada la trayectoria de la deuda pública.
	• Transferencias netas: 6% del PIB. CGR considera necesario freno para ajuste fiscal.
	Urgente: cumplir con regla fiscal para garantizar servicios públicos.

La CGR demuestra que sí se puede colaborar con el ambiente desde el sector público, recibiendo por parte de INTECO la certificación como institución Carbono Neutral. La institución está oficialmente inscrita ya en el Programa País de la Carbono Neutralidad reconocido por el Gobierno de Costa Rica.

 

¿Qué significa ser Carbono Neutral?

Ser Carbono Neutral significa tener la capacidad de reducir y remover de la atmósfera tanto Dióxido de Carbono equivalente (CO2e) como el que agregamos día a día en los diferentes procesos institucionales, como por ejemplo: consumo de combustibles fósiles y lubricantes en los vehículos institucionales, equipos de jardinería y de emergencia, consumo de electricidad, aerosoles y gas de refrigeración, entre otros. El usar el (CO2e) como medida estándar, nos permite de igual manera cuantificar las emisiones derivadas de gases que repercuten sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), los causantes del calentamiento del planeta. La C-Neutralidad es el balance entre la cuantificación de las emisiones y las acciones de reducción y remoción/compensación de gases efecto invernadero de una organización en un periodo verificable.

¿Cómo lo logramos?

Esta meta institucional fue posible gracias al diseño de un plan institucional de medidas de reducción de emisiones, las cuales implementamos desde hace varios años. Las acciones de reducción de emisiones de mayor importancia se encuentran dirigidas a las mayores fuentes generadoras de CO2e de la institución, como lo son: el consumo eléctrico y el combustible fósil para los vehículos, dichas fuentes aportan el 94% del total de las emisiones de GEI de la institución, lo cual involucra el seguimiento de acciones a nivel institucional, tales como:

	Eficientizar el transporte institucional, implementando un mecanismo para que, cuando un vehículo salga a hacer un recorrido, sea aprovechado por varios funcionarios que tienen rutas cercanas, iniciativa denominada “Compartí la ruta” y ejecutada por todos los funcionarios.
	Instalación de luminarias led y sensores de movimiento, instalación de 282 tubos LED y de 21 bombillos económicos; adicionalmente, con la colaboración de los funcionarios en medidas y aplicación de tips de ahorro energético se logró evitar la emisión de 1,91 toneladas de CO2e.
	Capacitación y sensibilización, por parte de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la CGR, promoviendo así un cambio cultural institucional en temas ahorro de recursos como el agua, electricidad, papel, gestión de residuos entre otros, incentivando el cambio de hábitos y paradigmas hacia un desarrollo sustentable.
	Sustitución de la matriz energética vehicular, con dos vehículos híbridos, con lo que se evitó la emisión 5,37 toneladas de CO2e, esto es equivalente a dejar de consumir 2300 litros de gasolina en un vehículo familiar o recorrer 23.000 km (ida y vuelta de Peñas Blancas a Paso Canoas 22 veces, aproximadamente).

 

¿Ahora qué sigue?

Continuaremos realizando esfuerzos para conservar este reconocimiento y darle continuidad al proyecto, la carbono neutralidad es un proceso que se debe demostrar año a año, por lo que seguiremos ejecutando nuevas medidas de reducción de emisiones hasta que los procesos institucionales generen el menor impacto ambiental posible.

El país avanza hacia la descarbonización y es un imperativo nacional desarrollar con éxito proyectos, públicos y privados, que contribuyan con la sostenibilidad ambiental y enérgetica nacional, de mediano y largo plazo, para el bienestar de las futuras generaciones.

Con el fin de promover una mayor transparencia y fortalecer la rendición de cuentas, la CGR desarrolló un sistema de consulta sobre el seguimiento de disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría que se emite la CGR a las instituciones públicas.

El sistema se llama Sistema de Seguimiento de Disposiciones y Recomendaciones (SDR) y es de acceso público y está disponible desde la página web de la Contraloría, en el menú de Consultas y dar clic a la opción No. 8 “Consultas sobre Seguimiento de Disposiciones”. El sistema permite consultar el estado actual de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones dirigidas a las instituciones del sector público, en los informes de auditoría emitidos por la CGR a partir del 2010.

Se describe el ABC del sistema para una mejor comprensión de la ruta de consulta:

 

Video explicativo que muestra paso a paso cómo usar el sistema

 

Las instituciones de educación superior pública, claves para el desarrollo económico y social del país, enfrentan hoy en día una serie de retos y desafíos para adaptarse a un contexto fiscal comprometido, donde la transparencia y la rendición de cuentas son principios que la sociedad costarricense demanda cada vez con mayor fuerza.

En Costa Rica existen cinco universidades estatales y un consejo que hace la función de coordinación dentro del sistema de educación superior estatal. La buena gestión de este sector es relevante, tanto por el propósito que tiene como por la cantidad de recursos públicos que utiliza.

Por todo lo anterior, se emite la presente “Opinión y Sugestión”, dirigida a la Asamblea Legislativa, donde a partir del análisis de la ejecución presupuestaria para las Instituciones de Educación Superior (IES) en el período 2013-2017, se analizan los retos y riesgos a que se enfrentan dichas entidades en la toma de decisiones que les permitan la generación de valor público y mantener la sostenibilidad presupuestaria, en el corto, mediano y largo plazo, en un contexto de restricción fiscal.

Este enfoque propositivo, señala situaciones y escenarios con el fin de que se tomen decisiones para ajustar y ordenar el modelo de financiamiento público de las universidades estatales, minimizando así los riesgos de que este sector no pueda generar el valor público que esperan los costarricenses.