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La CGR emitió un informe de auditoría al Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, (ARESEP) respecto de la eficiencia, eficacia y calidad del servicio de transporte público modalidad autobús que presta el estado a través del otorgamiento de concesiones y permisos de explotación a los diferentes operadores. Resulta relevante por cuanto existe la necesidad de mejorar el servicio que se brinda a la persona usuaria, y proporcionar acceso de transporte seguro, asequible, accesible y sostenible para todos, así como el mejoramiento de la seguridad vial mediante la ampliación del transporte público.

Principales hallazgos:

No es posible asegurar que el servicio de transporte público se haya prestado con eficiencia, eficacia y calidad.

No fue posible determinar su contribución con los ODS No. 11 “Ciudades Sostenibles”.

Existe una carencia de información y poco uso de los datos para la toma de decisiones.

No se ha logrado consolidar el proceso de modernización del servicio de autobús.

El CTP mantiene un rol de tramitador de permisos y concesiones.

No se cuenta con un análisis del modelo país de transporte acorde con las nuevas tendencias de movilidad.

Deficiente control sobre el servicio en accesibilidad, información universal y equidad, reflejan la no priorización de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Existe una insatisfacción del servicio en variables como comodidad, seguridad, atención al cliente y estado físico (según encuestas aplicadas).

La infraestructura asociada al transporte podría considerarse insegura, con faltantes y deterioros.

La Contraloría General de la República, en el marco del seguimiento de la advertencia emitida mediante oficio Nro. DFOE-DEC-1338(07701)-2023 del 13 de junio del año en curso, determina acciones contrarias a lo advertido. El uso de la excepción de contratación entre entes derecho público parte del supuesto de que él ente público contratista es idóneo, y que además debe y puede brindar el servicio contratado, lo cual es jurídicamente incompatible con la figura de la alianza estratégica. Las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación no pueden ser utilizados como mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en la Ley General de Contratación Pública. Lo anterior hace que existan yerros graves en el procedimiento cuestionado como por ejemplo la ausencia de un estudio de mercado que garantice que el mejor uso de los fondos públicos. Todas las instituciones vinculadas al SINI tenían conocimiento de lo advertido por la Contraloría desde junio del presente año, tiempo en el cual la administración pudo llevar a cabo los procedimientos correspondientes al amparo del principio constitucional de licitación.

La CGR realizó una auditoría cuyo objetivo fue determinar si el sistema educativo costarricense realiza una planificación integral de la prestación de servicios educativos de calidad, el uso óptimo de los recursos, así como, la generación de valor público que permita la creación de nuevos conocimientos sobre el futuro de la educación y la creación de opciones estratégicas para atender las necesidades actuales y futuras. En la Constitución Política se define que el sistema educativo es un proceso integral en sus diversos ciclos desde preescolar hasta universitaria, por lo que una planificación integral del sistema educativo cobra relevancia, como un proceso colectivo en el cual las instituciones que brindan el servicio de educación en sus diferentes ciclos orientan su razón de ser al cumplimiento de objetivos de alcance nacional con el propósito de generar efectos e impactos positivos en el servicio que se brinda. El periodo evaluado comprendió entre el 31 de marzo de 2021 y el 31 de octubre de 2023.

¿Cuál fue la conclusión de la auditoría?

La planificación del sistema educativo no se realiza de manera integral en razón del bajo de cumplimiento en aspectos requeridos para una planificación participativa, coordinada y prospectiva, lo cual podría incidir en la prestación de servicios educativos de calidad, el uso óptimo de recursos y la generación de valor público, conforme los siguientes hallazgos:

1) La auditoría ejecutada consideró un proceso participativo que conllevó el análisis y discusión sobre dicha planificación por parte de las instituciones públicas, lo cual permitió concluir de manera conjunta que no se realizan acciones que permitan su ejecución integral como sistema educativo, aclarando que se llevan a cabo gestiones y procesos de planificación de cada institución.

2) El proceso de planificación se realiza de manera institucional, sin contar con objetivos, metas, riesgos y determinación del valor público entre las instituciones que conforman el sistema educativo. Además, no se integran las capacidades institucionales respecto a recursos compartidos, distribución de tareas o acuerdos formales, así como la ausencia de grupos de trabajo interinstitucionales, sistemas de información compartidos o herramientas colaborativas de trabajo, que permitan optimizar el uso de los recursos destinados al proceso de planificación.

3) Los resultados evidencian la ausencia de un involucramiento activo de las partes interesadas del sistema educativo que genere insumos tales como datos, estadísticas, análisis sectoriales, así como, la participación ciudadana como insumo de la planificación integral.

4) Previo al ejercicio realizado producto de la auditoría, no se propician espacios de reflexión, consulta, o mesas de trabajo en conjunto para el análisis de escenarios, pronósticos o estimaciones que permitan generar alternativas de desarrollo de manera integral actuales y a futuro. Se evidenciaron algunas acciones bilaterales entre instituciones sobre temáticas específicas, esfuerzos institucionales en materia de prospectiva, así como la aplicación de procesos sistémicos en el subsistema de educación superior estatal.

¿Qué se dispuso en el informe?

Se emiten disposiciones al Ministerio de Educación Pública y al Consejo Superior de Educación para que se elabore y apruebe una Política del sistema educativo con enfoque prospectivo para los ciclos correspondientes, que oriente la planificación integral de mediano y largo plazo e implemente un instrumento metodológico que considere mecanismos de control y responsables de los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de la Política del sistema educativo. Así como, al Consejo Nacional de Rectores, la elaboración de una Política Educativa para la Educación Superior Universitaria Estatal, que considere su planificación de largo plazo, y un mecanismo de intervenciones públicas coordinadas entre instancias representantes de los ciclos educativos.

 

La CGR emitió un informe al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) acerca del cumplimiento de normativa aplicable a la compra de electricidad a generadores privados con plantas existentes, para atención de la demanda eléctrica, y si esta se realiza bajo criterios de mínimo costo, cantidad y continuidad. El análisis abarcó la gestión de compras de electricidad de manera transparente y en apego al marco normativo, y se extendió en cuanto a compras, negociaciones y refrendo de acuerdos con los nuevos precios en los contratos vigentes.

Hallazgos principales:

El ICE suscribió cinco nuevos contratos para la compra de electricidad generada con plantas existentes, sin el fundamento técnico pertinente y sin dejar trazabilidad de las negociaciones efectuadas. No estableció términos de referencia y contrató plantas sin elegibilidad vigente, contrario a la normativa aplicable. Además, estos contratos los firmó un año antes y por un plazo hasta tres veces mayor a lo que señala su propio Plan de Expansión de la Generación 2022-2040.

La negociación de nuevos precios a septiembre 2023 tiene una probabilidad de representar mayores costos del 84,8% en la planta de mayor potencia contratada. Lo anterior, por cuanto al aplicar la nueva metodología de bandas tarifarias, acordaron precios del límite superior y promedio de la banda, sin distinción de franja horaria (precio diferenciado según sea punta, valle y noche).

Se efectuaron pagos con tarifas no vigentes y precios no autorizados por la ARESEP en relación a la compra de electricidad a generadores con contratos vigentes. Se estima que estos pagos provocaron sumas de más a los generadores privados por USD 3,6 millones aproximadamente.

El proceso se realizó con poca transparencia, rendición de cuentas y trazabilidad, por lo que no hay garantía de que tales compras sean al menor costo ni en atención a las cantidades requeridas y necesidades del SEN.

Es relevante indicar que aunque el país se enfrenta al fenómeno de "El Niño" que representa un estrés para el Sistema Eléctrico Nacional (considerando la significativa dependencia del agua como recurso para la generación eléctrica), cuatro de los cinco contratos suscritos por el ICE con privados son de plantas hidroeléctricas y las dos de mayor potencia contratada no han podido cumplir con los compromisos de generación suscritos en los respectivos contratos, lo que pone en perspectiva la contribución de estos contratos ante condiciones de sequía.

 

El día de hoy, la CGR ha notificado a los jerarcas de MIDEPLAN y del Ministerio de Hacienda la resolución R-DC-00114-2023 del 27 de noviembre de 2023 del recurso de apelación en subsidio (posterior resolución del recurso de revocatoria) ante el oficio de advertencia sobre el tema Ciudad Gobierno (adjunto) del 4 de setiembre de 2023, mismo que es producto de la investigación de una denuncia que tramita la CGR sobre el tema de Ciudad Gobierno. Dicha denuncia y expediente son de acceso restringido dada la normativa vigente aplicable.

Sobre lo resuelto:

El recurso de revocatoria fue resuelto el 5 de octubre de 2023 por parte del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR, la cuál resolvió rechazar de plano el recurso en contra de la advertencia y declarar sin lugar el recurso en cuanto a la interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, de modo que procedió entonces la resolución de la apelación en subsidio ante el Despacho de la Contralora, en el cuál se resuelve lo siguiente (resumen, se adjunta la resolución para mayor detalle):

1) Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.

2) Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.

3) Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.

4) Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.

No hay retraso atribuible a CGR:

Es importante aclarar que la vía recursiva fue planteada por autoridades del Poder Ejecutivo de modo que no puede achacarse retraso alguno culpa de la CGR en dicho proyecto. Adicionalmente, no es posible que se señale un atraso en la ejecución del proyecto si las autoridades han indicado que se encuentran en fase de estructuración, etapa que dista sustancialmente de una eventual etapa de ejecución. El oficio de advertencia no es respecto del Proyecto Ciudad Gobierno sino de la imposibilidad legal de utilizar el artículo 67 para contratarlo de manera directa a un tercero. Se trata de una acción de fiscalización preventiva de los fondos públicos y del principio de legalidad, misión constitucional de la Contraloría General de la República.

¿Qué sigue ahora?

La vía recursiva contra el oficio de advertencia agota la vía administrativa. La denuncia del tema Ciudad Gobierno se encuentra en curso, de modo que estamos imposibilitados para referirnos por el fondo a los recursos resueltos, para no entorpecer ni comprometer temas que se analizan en dicha denuncia. Por esa razón, solo es posible facilitar la resolución sin referirnos más allá de su contenido.

La Contralora General, Marta Acosta Zúñiga, expone en este momento ante la comisión legislativa investigadora del SINART, el detalle de las acciones de fiscalización desplegadas en esa institución, tanto en materia presupuestaria, contratación administrativa y respecto de la investigación que actualmente se lleva a cabo por parte del ente contralor.

Dado el amplio detalle contenido de la presentación (adjunta), por tener la CGR una investigación en curso y para no comprometer criterio de forma anticipada, remitimos al enlace a la transmisión vía YouTube de dicha audiencia para obtener declaraciones de la Contralora General. Fuera de esta audiencia, no se referirá al tema SINART.

Adicionalmente, es relevante informar que la CGR emitió hoy dos órdenes a 7 instituciones por contrataciones realizadas con el SINART S.A. entre el período de 1 de diciembre de 2022 y el 24 de septiembre de 2023, fundamentadas en el uso de excepciones del inciso b) y d) del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública, en las cuales no constan actividades en la fase de ejecución. Al respecto, en ambos documentos (adjuntos), se ordenó "Tomar las medidas pertinentes para finalizar las relaciones contractuales señaladas en la presente orden, ajustándose a las disposiciones establecidas en la LGCP y su reglamento. Para futuras contrataciones en las que se pretenda el uso de las excepciones reguladas en el artículo 3 de la LGCP deberá asegurar la observancia de los requisitos generales y específicos dispuestos en la ley y el reglamento, así como una interpretación restrictiva y la priorización del principio constitucional de licitación". El plazo para cumplir con lo ordenado vence el 22 de diciembre de 2022.

La CGR emitió un informe respecto de Entornos Urbanizados y su relación con la Hacienda Pública, una perspectiva de servicios públicos sostenibles. En este documento se analizaron dos temas principales a saber: La urbanización acelerada como determinante de cambio social y el crecimiento urbano en Costa Rica, así como las implicaciones de este en la sostenibilidad de los servicios públicos e infraestructura social. El informe concluye que es crucial enfocar esfuerzos y recursos en condiciones necesarias para avanzar hacia servicios públicos sostenibles que contribuyan al cumplimiento de objetivos sin la necesidad de aumentar los recursos públicos, en vista de la difícil situación fiscal por la que atraviesa el Estado.

A continuación se presenta información destacada del informe:

Para el año 2030, el 60% de la población habitará en ciudades y se han observado impactos negativos como la falta de cobertura de servicios básicos, problemas en el transporte público, precariedad en la vivienda y escasez de espacios públicos.

Se evidencia un crecimiento acelerado y desordenado, carente de elementos esenciales para un desarrollo urbano sostenible; con el paso de 50 a 81% de población urbana entre 1990 y 2020.

Según estimaciones, el aumento futuro en el crecimiento urbano podría costar al Estado ₡47,000 millones anuales por cantón debido a la provisión de servicios e infraestructura.

Existe un grupo de cantones en la GAM con mejores resultados en la prestación de servicios públicos, desarrollo inmobiliario sostenible y contribuciones al PIB per cápita cantonal. Sin embargo, se identificaron cuatro escenarios de alerta temprana que podrían poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos en algunas municipalidades.

La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la eficiencia y la eficacia del servicio de educación pública para personas jóvenes y adultas, impartido por el MEP en distintas modalidades con el fin de promover condiciones académicas accesibles para la población joven y adulta que ha quedado rezagada en el proceso de formación. Este servicio atiende en promedio 134.982 personas por año.

Principales hallazgos:

Disminución en la cobertura del servicio, pasando de 100.600 en 2019 a 91.300 personas en 2022. Disminuyendo también las posibilidades de esta población de acceder a mejores empleos, trabajo decente y emprendimiento.

Ausencia de capacitación a docentes en técnicas para educación de su población objetivo. El servicio se presta usando técnicas de mediación pedagógica para niños y adolescentes.

Debilidades de infraestructura física y acceso a internet, limitan el acceso a la educación, la aplicación de distintos métodos de aprendizaje, así como potenciar el uso de distintos recursos educativos.

Falta de mecanismos o acciones para fomentar la permanencia de estudiantes en el sistema educativo. Por ejemplo, servicios de alimentación, transporte y transferencias monetarias condicionadas.

El promedio general de aprobación decreció de 79.7% a 75.8% (entre 2021-2022), lo cual genera que se requiera una erogación mayor de recursos para atender a estudiantes reprobados.

La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), sobre su capacidad de gestión financiera; aspecto relevante por cuanto, los recursos financieros utilizados para la prestación de sus servicios de capacitación técnica y formación profesional ascendieron a ₡268.506 millones en 2022. El estudio determinó que existen debilidades que repercuten en la administración de los recursos y consecuentemente en la prestación eficiente de esos servicios.

Principales hallazgos del informe:

El 56,1% del superávit acumulado al 2022 proviene de recursos obtenidos previo a la aplicación de la regla fiscal, esto refleja debilidades en el direccionamiento de los recursos hacia el cumplimiento de los fines públicos y la atención de las necesidades de la ciudadanía.

Ausencia de controles para la revisión de liquidación presupuestaria, aplicación de modificaciones en programas o actividades financiadas con recursos para un fin específico o comprometidos por ley.

¢1.383,7 en saldos no ejecutados del Fondo Especial para la Educación y Formación Técnica Profesional Dual, se incorporaron al superávit libre de la Institución, en 2022. Tan solo se ejecutaron un 5,7% de los recursos destinados para dicho fondo y 9,5% de lo previsto para becas. Demostrando que los recursos no son utilizados con el fin inicial presupuestado.

Carencia de procedimientos que regulen la gestión financiera del Fondo para la Educación y Formación Técnica Profesional Dual; No existe rendición de cuentas sobre la naturaleza y ejecución de los aportes y recursos administrados bajo esa figura.

Inversión de ¢1.817,6 millones en un proyecto de mantenimiento del sistema financiero para el registro y control de transacciones, que a la fecha se encuentra pendiente el desarrollo de módulos relevantes para la gestión financiera.

La CGR emitió un informe de auditoría respecto de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), la cual fue creada para establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil con diferentes modalidades de prestación de este tipo de servicios, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil. A diciembre de 2022, la REDCUDI había prestado servicios de cuido a un total de 71.994 niños, con una inversión de ₡69.494 millones de colones.

Principales hallazgos del estudio:

En una muestra de 43 centros de cuido, se identificaron incumplimientos de los estándares y disparidades en la calidad de los servicios brindados por las alternativas de atención, con un incremento en brechas de desarrollo de la niñez usuaria, según la unidad ejecutora a la que pertenezca. (Cen-Cinai, PANI, IMAS)

La cobertura en servicios de cuido y desarrollo infantil creció sólo un 1,6% entre 2018-2022, muy por debajo de la meta de 15% establecida en el Plan Estratégico Interinstitucional para ese periodo.

Debilidades en funcionamiento de Comisión Consultiva. Entre 2018-2022 únicamente se aprobaron 15 de 101 acuerdos planteados, afectando el direccionamiento de la Red y su adecuada operación, a través de la emisión de políticas, lineamientos, entre otros.

Falta de claridad en roles y responsabilidades tanto en instituciones que integran las instancias de la Red, como en la Comisión Técnica Interinstitucional afectan contribuciones e implementación de acciones, para el cumplimiento de los objetivos, dificultando la mejora de los servicios de cuido y desarrollo infantil.

La CGR emitió hoy, por segundo año consecutivo, el Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública (ICM), que muestra resultados sobre el cumplimiento de las instituciones en relación con la atención de disposiciones emitidas por la CGR en sus informes de auditoría. El objetivo es brindar a las entidades del sector público un panorama general sobre el nivel de cumplimiento e implementación de las acciones necesarias para concretar las mejoras esperadas a partir de las auditorías realizadas por la CGR, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión y la rendición de cuentas institucional.

Principales resultados:

Resultados reflejan menor porcentaje de cumplimiento en relación al 2022.

65% de las instituciones se encuentran en un nivel intermedio o inferior.

27% del total evaluadas en ambos años 2022-2023 (82 instituciones) descendieron su nivel de cumplimiento.

Más de 40% de las disposiciones requirieron más de 90 días adicionales para su atención.

Los incumplimientos se concentran en temáticas como: prestación de servicios, prevención de fraudes, otorgamiento de permisos, cumplimiento de normativa, entre otros.

Principales desafíos:

Aún quedan pendientes disposiciones emitidas en los años 2021-2022 que requieren acciones oportunas, considerando el rezago mostrado y su importancia en la gestión institucional. Por ejemplo: 1. En el MOPT (CONAVI Y COSEVI) la definición e implementación del Sistema Nacional de Carreteras, así como un mecanismo de valoración continua de precios de los insumos utilizados para conservar la Red Vial Nacional. Además, la consolidación de gestiones orientadas a la continuidad de los servicios de inspección técnica vehicular. 2. En el MSP - MJP la definición de la Política de Seguridad Ciudadana. 3. Persisten desafíos en cuanto a: ejecución de créditos externos, aplicación de controles para la seguridad de la información y fortalecimiento del modelo e implementación de la Ley de Contratación Pública.

La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Hacienda, respecto de la eficacia del Sistema de Comprobantes Electrónicos como mecanismo de control en los impuestos sobre el valor agregado, e ingresos y utilidades. Este sistema es una herramienta relevante en el fortalecimiento del control tributario, puesto que podría incidir en la reducción del incumplimiento tributario en el país, el cual fue estimado en un 5,0% del producto interno bruto en el impuesto de renta y el impuesto de ventas por el Ministerio de Hacienda, cerca de ¢1,8 billones de colones según cifras a 2018.

Principales hallazgos:

El sistema de comprobantes electrónicos presenta un nivel medio de eficacia y un comportamiento a la baja en el periodo 2021-2022.

Baja eficacia en gestión de riesgos de incumplimiento tributario; el porcentaje de obligados tributarios del IVA omisos incrementó de un 13,2% en 2021 a un 24,3% al primer semestre de 2023.

Limitada cantidad de contribuyentes que emiten comprobantes electrónicos, le restan eficacia al sistema de comprobantes electrónicos para fines tributarios.

Incremento en la omisión de declaración de impuestos sobre ingresos y utilidades de 20,1% en 2021 a 24,7% en 2022.

En promedio 60.934 obligados tributarios del impuesto sobre ingresos y utilidades declararon cero impuesto o pérdidas, a pesar de tener ingresos brutos por ¢7,3 billones y activos por ¢19,4 billones.

En promedio 33.107 obligados tributarios del impuesto al valor agregado declararon en cero, pese a registrar venta de bienes y servicios gravados en sistema de comprobantes (reflejando desarrollo de una actividad económica lucrativa), al primer semestre de 2023.

La Dirección General de Tributación ejecuta menos de la mitad del total de las actuaciones fiscalizadoras programadas en el IVA (41%) que utilizan como insumo información de comprobantes electrónicos.

La CGR finalizó el proceso de análisis presupuestario del tercer presupuesto extraordinario del SINART, en el plazo establecido por la normativa, y nos permitimos informar las razones técnicas, presupuestarias y jurídicas de la improbación del mismo (oficio adjunto), por un total de ₡4.150,2 millones de colones.

Al respecto, se incumplen los siguientes principios presupuestarios:

a. El principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, el principio de universalidad e integridad, por cuanto se identificó que de la certificación aportada por el SINART se detallan gastos sin ejecutar únicamente por ₡3.632,5 millones, de lo cual se desprende que ₡517,7 millones han sido ejecutados sin la aprobación previa de la CGR.

b. El principio de plurianualidad debido a que las proyecciones plurianuales no se sustentan en supuestos e información que respalden razonablemente los ingresos y gastos para el periodo 2023-2026.

c. El principio de universalidad e integridad dado que se identificaron inconsistencias en elementos básicos en siete de las trece contrataciones que justifican los ingresos presupuestados por el SINART, que equivalen a ₡3.181,0 millones representan un 77% del monto total presupuestado.

d. Principio de vinculación del presupuesto con la planificación ya que se determina falta de coherencia con el PNDIP 2023-2026 y el plan anual operativo reformulado.

La competencia de aprobación presupuestaria consiste en verificar si se cumple o no con los requisitos establecidos en la normativa para que un presupuesto sea aprobado o será improbado por la CGR, conforme sus competencias constitucionales, legales y normativas en la materia, competencias que son de pleno conocimiento de la entidad.

Acorde con las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos, el período para presentar a aprobación de esta CGR presupuestos extraordinarios concluyó el último día hábil del mes de setiembre de 2023. El SINART ya presentó ante la CGR para su correspondiente trámite el presupuesto inicial 2024, mismo que se encuentra en análisis.

La CGR ha analizado dos presupuestos extraordinarios del SINART en el año 2023, mismos que han resultado rechazados parcial y totalmente (oficios adjuntos). Se adjunta también el requerimiento de información previo a resolver ésta última solicitud presupuestaria del SINART.

Conviene indicar que la CGR mantiene actualmente una investigación del tema de contrataciones en el SINART y no nos podemos referir al respecto conforme la normativa vigente.

La CGR realizó un informe de auditoría en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sobre la seguridad de la información de los sistemas sustantivos. El AyA tiene a cargo los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales para gran parte de la población y, en la prestación de sus servicios, requiere una infraestructura tecnológica que soporte y garantice la seguridad de la información en los sistemas más críticos, dado el alto volumen de información que procesan y la relevancia para el país.

Conviene destacar lo indicado en el informe: "Lo evidenciado obedece al escaso direccionamiento y monitoreo del jerarca y titulares subordinados para conciliar la seguridad de la información como parte esencial del giro de negocio y la falta de seguimiento en la implementación de las políticas y controles de seguridad de la información... Las situaciones encontradas exponen a la institución a un riesgo de pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información que se almacena en sus sistemas de misión crítica, así como a una posible interrupción de servicios y tiempo excesivo de recuperación ante un evento..." (página 4 del informe - resumen ejecutivo).

Hallazgos de la auditoría:

AyA presenta muy bajo cumplimiento del marco normativo y buenas prácticas aplicables en materia de seguridad de la información.

Tiene débiles controles en materia de ciberseguridad: sistemas críticos en el AyA presentan vulnerabilidades en cuanto a componentes externos y configuraciones del sitio web.

Carencias más relevantes: 1. Cláusulas de confidencialidad de información y garantía de continuidad del servicio en documentos contractuales para servicios TI. 2. Gestión de cuentas de usuario pese a que el acceso a sistemas está restringido y existe una política de contraseñas. 3. Estrategia de gestión de continuidad del negocio que asegure la provisión de servicios ante eventos que afecten la disponibilidad. 4. Análisis de Impacto del Negocio, ni plan para la Contingencia Tecnológica, sumado a que la programación de respaldos no contempla las pruebas que garanticen su efectividad. 5. Doble autenticación o superior configuración, en controles de autenticación de usuarios y de entrada de datos para los sistemas críticos.

Procedemos a aclarar, nuevamente, sobre el presupuesto extraordinario del SINART, en análisis actualmente en la CGR:

Ese presupuesto extraordinario está en análisis actualmente, en plazo y sin retraso alguno.

Como está previsto en el ordenamiento jurídico, remitimos un requerimiento de información indispensable para resolver y dimos plazo de 8 días hábiles, que vencen el 20 de octubre.

De recibir toda la información como fue requerida, nuestro plazo de ley para resolver vencería el 26 de octubre. En caso de no recibir tal cuál la información, no podemos adelantar un nuevo plazo dado que dependerá de cuándo atienden el requerimiento y si viene todo lo requerido completo.

La normativa presupuestaria es de amplio conocimiento de las instituciones por lo que deben planificar su funcionamiento en función de sus respectivos trámites constitucionales y legales.

En el oficio DFOE-BIS-0868-2023 (14245) encontrará el detalle de las situaciones que se presentan en el presupuesto enviado por SINART a trámite a la Contraloría.

La CGR no puede adelantar criterio sobre este tema hasta terminar el trámite correspondiente.

La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) en relación con la gestión para resultados en programas de desarrollo de vivienda y proyectos habitacionales, financiados con recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). Esta gestión resulta relevante considerando que atiende poblaciones vulnerables, en condición de pobreza, pobreza extrema y que requieren de una vivienda propia o realizar mejoras o reparaciones a la vivienda existente.

Hallazgos relevantes:

Existe un vacío de conocimiento estratégico relacionado con la población objetivo a atender con recursos del SFNV, que considere los problemas, causas, efectos e impactos, así como las necesidades puntuales de vivienda.

No se han identificado y priorizado las necesidades puntuales de vivienda que permitan determinar el alcance de la participación o contribución del SFNV en la reducción del déficit habitacional.

No se ha definido el valor público que se espera lograr con los recursos del SFNV en términos de efecto e impacto ni se han elaborado indicadores para su medición, líneas base y metas.

El BANHVI no cuenta con un inventario o portafolio acorde con las modalidades de vivienda ni su vinculación con los resultados esperados. Tampoco se ha definido una metodología que considere, entre otros, la mejora en la calidad de vida de las personas beneficiadas.

La CGR les invita a escuchar la II Temporada completa de su podcast, Voces Transparentes. Esta segunda serie titulada: "Conociendo la Contraloría, una mirada ciudadana" contiene 6 episodios y está dedicada a presentar, de forma breve y sencilla, el ser y quehacer de este órgano contralor.

¡Cordialmente invitados!

Temporada 2 Conociendo la Contraloría: una mirada ciudadana

	Episodio 1. Funciones. Invitada: Marta Acosta Z. ¿Qué hace la CGR y porqué tiene relación con la calidad de vida del ciudadano?
	Episodio 2. Fiscalización. Invitada: Amelia Jiménez R. ¿Para qué sirven las auditorías que realiza la Contraloría?
	Episodio 3. Contratación Administrativa. Invitado: Roberto Rodríguez A. ¿Cómo contratan las instituciones públicas los bienes y servicios que benefician a todos los ciudadanos?
	Episodio 4. División Jurídica. Invitado: Luis Ramírez G. ¿Qué pasa cuando un funcionario público comete un acto de corrupción?
	Episodio 5. Transparencia. Invitado: Gustavo Gätjens O. ¿Cómo podemos acceder a todos los sistemas de información que tiene la CGR para los ciudadanos?
	Episodio 6. Valor público. Invitados: Bernal Aragón B. y Carlos Morales C. ¿Cuál es el valor público que genera la CGR para beneficio de todos los ciudadanos dentro de nuestra democracia?

 

La CGR emitió un informe de auditoría del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y al Ministerio de Hacienda, en relación al otorgamiento y la revisión de permanencia para empresas en el régimen de zonas francas.

Datos relevantes del sector 2020-2021:

Total de exportaciones: US$8.255 millones.

Generación de 221.295 empleos directos e indirectos.

Monto promedio de exoneraciones fiscales de dicho régimen -de 2017 a 2021- fue de US$1.221 millones.

Beneficios país netos promedio de US$2.876 millones.

Hallazgos relevantes del estudio:

Existe un cumplimiento medio del marco jurídico relacionado con los otorgamientos y la revisión del cumplimiento de compromisos para la permanencia del régimen de zonas francas por parte de las empresas.

Procesos de solicitud en etapa de ingreso al régimen y resolución de otorgamiento, superan los plazos establecidos normativamente.

Comex no cuenta con parámetros técnicos para valorar el otorgamiento a empresas previamente beneficiadas.

No existe homogeneidad en las valoraciones realizadas sobre empresas de la misma categoría para efectos de otorgar nuevamente el régimen.

Procomer tiene un rezago de hasta dos años en la revisión de los informes anuales de operaciones de las empresas beneficiarias, donde se validan requisitos de inversión y empleo para la permanencia en el régimen.

Incumplimiento en los niveles de empleo comprometidos inicialmente por las empresas beneficiadas.

La CGR emitió un informe de auditoría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respecto del proceso de formulación presupuestaria de las Transferencias Corrientes del Gobierno Central. Para el 2023 el presupuesto inicial de la CCSS incorporó ingresos por un monto de ¢5.734.177,9 millones, de los cuales ¢458.407,2 millones corresponden a transferencias que el Gobierno Central debe girar a la institución, razón por la cual el control sobre dichos ingresos resulta de suma relevancia.

A continuación algunos hallazgos del informe:

La normativa disponible en la CCSS no regula las actividades de planificación, desarrollo y seguimiento del proceso de formulación de los ingresos por transferencias corrientes del Gobierno Central.

Las proyecciones plurianuales de dichos ingresos no consideran el comportamiento presupuestario de las referidas transferencias.

Falta de trazabilidad en los datos. El Ministerio de Hacienda incorpora en el Presupuesto de la República las transferencias corrientes destinadas a atender dichos ingresos y las distribuye en diversos títulos presupuestarios (Ministerio de Salud, Trabajo y Seguridad Social, Justicia y Paz y Regímenes de Pensiones), sin embargo no informa sobre esta distribución a la CCSS, de manera que ésta pueda conciliar los montos presupuestados versus los pagados.

La CCSS no dispone de reportes del seguimiento de los resultados de la referida formulación presupuestaria. Se limita a la emisión de informes de la ejecución presupuestaria de los ingresos, sin contar con actividades y productos de seguimiento. Para el año 2021, la CCSS no incorporó un monto de ¢6.279,9 millones, el cual había sido asignado en el Presupuesto de la República.

¿Porqué es importante este tema?

Porque ésta situación limita que la institución cuente con información sobre el efecto e impacto que las diferencias, entre lo presupuestado por la Caja y lo finalmente asignado en el Presupuesto de la República, podrían provocar en la gestión de los servicios de salud y de las pensiones brindadas a las poblaciones beneficiarias, así como en la capacidad de la institución de detectar situaciones que requieran de la implementación de acciones oportunas para el fortalecimiento del proceso de formulación presupuestaria de las transferencias corrientes del Gobierno Central. (cita textual del informe, pág. 4)

Ante consultas de medios de comunicación sobre la situación del presupuesto extraordinario del SINART, resulta pertinente indicar:

La CGR ha analizado dos presupuestos extraordinarios del SINART (adjunto los oficios para que conozcan los criterios).

Los criterios que rigen la materia presupuestaria se basan en el cumplimiento de normativa y principios presupuestarios, que son de pleno conocimiento de la entidad.

Esta competencia (aprobación presupuestaria) no es interpretativa, es decir, se cumple o no con los requisitos de ley para que un presupuesto sea aprobado o será improbado por la CGR, conforme sus competencias constitucionales en la materia.

Actualmente tenemos en análisis un nuevo presupuesto extraordinario y su plazo legal para resolver vence el 13 de octubre, de modo que estamos en plazo y de eso tiene pleno conocimiento la entidad también. De así requerirse técnicamente, podemos suspender ese plazo para solicitar la información adicional que se estime para mejor resolver.

Para mayor detalle de los criterios de la CGR en materia de aprobación presupuestaria, los indico a continuación: Normas Técnicas de Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE, emitida mediante resolución de la Contraloría General de la República, Nro. R-DC-24-2012 y reformada mediante las resoluciones DC 064 2013 y R DC 073 2020.

Es la CGR la que determina el cumplimiento de los requisitos normativos para que un presupuesto ordinario o extraordinario sea aprobado, no la entidad gestionante. Una vez resuelta la gestión, podremos facilitar con gusto el documento correspondiente; no daremos más detalle ni declaraciones al respecto hasta entonces.

La CGR emitió informes de auditoría a las Municipalidades de Cartago y Escazú, respecto de la seguridad de la información de los sistemas críticos y si esta responde al marco regulatorio y buenas prácticas aplicables en la materia. Los Gobiernos Locales apoyan sus procesos sustantivos en distintos sistemas de información, que almacenan datos de los contribuyentes, razón por la cual es necesario proteger la plataforma tecnológica contra uso fraudulento, acceso no autorizado, pérdida, alteración o difusión de la información crítica. Ambas auditorías concluyen que la seguridad de la información de los sistemas, tanto en la Municipalidad de Cartago, como en la Municipalidad de Escazú, no responde razonablemente al marco regulatorio y buenas prácticas aplicables, lo cual genera que estas instituciones se expongan a diferentes riesgos.

Hallazgos en la Municipalidad de Cartago:

No cuenta con un área o persona encargada formalmente de la seguridad de la información y tampoco ha gestionado capacitación en la materia.

Carece de instrumentos de planificación en gestión de seguridad de la información. No existen protocolos o procedimientos de atención de incidentes de seguridad.

No se cuenta con una categoría específica para catalogar incidentes de seguridad.

Se identificaron 269 vulnerabilidades en pruebas internas (91 críticas, 167 altas) y 9 en pruebas externas. Tanto en la red interna como en los servicios expuestos a Internet.

Hallazgos en la Municipalidad de Escazú:

No cuenta con un área o persona encargada formalmente de la seguridad de la información y tampoco ha gestionado capacitación en la materia.

Ausencia de capacitación sobre las políticas de seguridad de la información, así como a la falta de suscripción de acuerdos de confidencialidad con el personal, sobre el uso de información y plataformas tecnológicas.

Carece de instrumentos de planificación en gestión de seguridad de la información. No existen protocolos o procedimientos de atención de incidentes de seguridad.

No se efectúan pruebas para corroborar que los respaldos de información permitan recuperar la información.

Se identificaron 80 vulnerabilidades en pruebas internas (38 críticas, 39 altas ) y 8 en pruebas externas. Tanto en la red interna como en los servicios expuestos a Internet.

La CGR emitió el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2023 (IGSM 2023), compuesto por dos grandes agrupaciones de mediciones: Servicios Públicos Municipales Básicos y Diversificados. Este instrumento permite conocer el estado de situación en la gestión de los servicios municipales y constituye un mecanismo de generación de valor público, para la toma de decisiones y el accionar de un gobierno local, que promueva la satisfacción constante de las necesidades y el desarrollo de la comunidad. Conocer estos datos es relevante para la población porque le permite evaluar a su municipalidad en indicadores muy determinantes frente al resto de municipalidades del sector.

A continuación algunos de los hallazgos más relevantes:

80% de las municipalidades evaluadas se ubican en niveles de madurez "inicial o básico", el restante 20% no supera el nivel intermedio:

Los gobiernos locales de zonas costeras o fronterizas presentan niveles más bajos de madurez en gestión de servicios.

Servicios básicos como recolección, depósito y tratamiento de residuos, aseo de vías y sitios públicos, red vial cantonal, alcantarillado pluvial, servicios educativos, entre otros, presentan un nivel de madurez en la gestión básica o inicial.

La reglamentación de los servicios continúa siendo un punto débil del sector; este aspecto ronda en un nivel de cumplimiento de 50%.

El servicio de recolección, tratamiento y disposición de residuos es el caso más crítico, en temas de morosidad. Se encontraron 56 gobiernos locales con morosidades superiores al 30%.

El reconocimiento e inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, en la planificación de los servicios básicos, resulta bajo pues el porcentaje de municipalidades que lo consideran se encuentran entre un 11% y 50% del sector.

En cuanto al tema de reglamentación interna de los servicios diversificados, el servicio de Zona Marítimo Terrestre, Seguridad y Vigilancia (modalidad vigilancia por soluciones tecnológicas) presentan mayores retos dado que más del 50% de las municipalidades que los brindan no tienen dicha normativa.

En análisis comparativo, se determinó que la mayoría de los servicios tanto básicos como diversificados presentaron retrocesos en sus niveles de madurez en todos los grupos de revisión.

La CGR emitió un informe de auditoría sobre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), acerca del modelo de gestión establecido para el desarrollo de proyectos de desarrollo rural articulados con terceros. El Inder financia proyectos con sujetos públicos y privados, en diferentes territorios del país, trasladando recursos líquidos que no son reembolsables. Entre el año 2021 y 2022 se destinaron CRC 10.794,29 millones aproximadamente.

Los principales hallazgos del informe son los siguientes:

El Inder no participa activamente de las propuestas de proyectos que se articulan con terceros para el desarrollo rural.

El Inder financió proyectos en territorios con nivel de prioridad “Bajo”, aun cuando existen territorios con mayor rezago en su desarrollo que no han recibido recursos para este tipo de proyectos: sólo un 36 % de los proyectos se ejecutaron en territorios con priorización “Alta”.

Inder no evalúa el impacto social o económico de los proyectos articulados en el desarrollo rural de los territorios, lo que imposibilita asegurar que la gestión realizada esté cumpliendo con las finalidades establecidas en la Ley N.° 9036.

Inder ejecuta proyectos articulados con sujetos privados mediante el otorgamiento de beneficios patrimoniales de recursos líquidos pero se limita a trasladar los recursos líquidos y deja al beneficiario la total ejecución del proyecto.

La CGR emitió un informe referente a la estrategia de Transformación Digital del sistema educativo, conforme el marco regulatorio y prácticas aplicables. La Transformación Digital representa una oportunidad para el sector público de efectuar cambios estratégicos en la gestión educativa, en procura de mejorar la experiencia de los estudiantes, la excelencia, agilidad, continuidad y sostenibilidad del servicio educativo. Este sector está conformado por 14 instituciones públicas, de las cuales solo la mitad cuentan con algún instrumento institucional que hace referencia a la transformación digital, así como proyectos relacionados con la materia.

Estos son los principales hallazgos del estudio:

No se evidenció por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) como rector del sector educación, acciones formales que orienten en materia de transformación digital, ni mecanismos de coordinación y articulación que permitan espacios de gestión y transferencia de conocimiento y que a su vez permitan cumplir con los propósitos en dicha temática.

El MEP presenta niveles básicos en transformación digital, aplica acciones aisladas que no responden a una visión integral del sector, que le permita posicionar las necesidades ciudadanas como la base para la estrategia formal.

Las entidades que conforman el sistema de Educación Superior Universitaria Estatal han realizado esfuerzos individuales para incorporar acciones y proyectos de transformación digital; no obstante, no se cuenta con una visión integral y sistémica en la materia.

No se cuenta con mecanismos de coordinación y articulación entre las entidades de educación superior, que permitan obtener una visión común, la capitalización de aprendizajes y mayores beneficios de un accionar conjunto.

La CGR aprobó el contrato suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la empresa Constructora Meco, S.A., para llevar a cabo el diseño y la construcción de las estructuras para el paso elevado vehicular y puente peatonal entre los Hatillos 7 y 8.

Datos relevantes de la obra:

Monto de la contratación: ¢3.791.471.833 colones.

Plazo de ejecución del contrato: 17 meses.

Orden de inicio de obras: el Conavi deberá dar la orden de inicio de la ejecución contractual dentro de los próximos 15 días hábiles.

Ante diversas consultas sobre si la CGR tiene alguna indagación en el SINART, se indica que actualmente se encuentra realizando una investigación iniciada de oficio en el SINART, desde el mes de julio, relativa a la materia de contrataciones recientes realizadas por esa entidad.

Denuncias recibidas posterior a esa fecha se han incorporado a la investigación, misma que es llevada a cabo por el área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.

En atención a la normativa vigente y por tratarse de una indagación en curso, no es posible adelantar criterio alguno ni dar acceso a información adicional.

Cuando emitamos algún producto de dicho estudio podremos informar al respecto.

La CGR emitió un informe de seguimiento a la gestión pública acerca de la transferencia de recursos del sector público a entidades privadas. Para el 2021, el total de los recursos presupuestados para transferencias de forma gratuita y sin contraprestación correspondieron a ₡73.604,0 millones, mientras que en el 2022 esa cifra se incrementó a ₡91.445,5 millones según el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) provisto por la CGR. Este órgano contralor realizó el estudio en conjunto con 10 unidades de auditoría interna de distintas entidades que realizan este tipo de transferencias. A continuación algunas generalidades.

¿Instituciones involucradas en el estudio?

Participaron 10 Unidades de Auditoría Interna de distintas entidades que realizan este tipo de transferencia. Estas representan cerca del 90% de los recursos transferidos, en el 2022.

¿Se cumple con la normativa técnica para transferir recursos?

Las 10 instituciones participantes se ubican en un nivel avanzado de cumplimiento de las normas, con un promedio del 82%. Sin embargo existen oportunidades de mejora en el ámbito de la rendición de cuentas.

Aspectos por mejorar

1. Normar y ajustar los procedimientos de control.

2. Ampliar el análisis y fortalecer la evidencia que respalda el otorgamiento de los recursos.

3. Revisión de instrumentos que regulan la relación entre el concedente y el sujeto privado.

4. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas para verificar que los recursos asignados fueron utilizados para los fines determinados.

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para determinar si la planificación de la transformación digital del sector público a su cargo, responde al marco regulatorio y prácticas aplicables en el tema, de forma tal que contribuya a alcanzar una transformación digital integrada, articulada y que le permita prepararse y anticiparse a los cambios en el entorno y las necesidades de los usuarios de sus servicios.

Estos son los principales hallazgos del estudio:

La planificación de la transformación digital para el periodo 2023 -2027 aún no cuenta con una estrategia formalizada que oriente al país en cuanto a los objetivos y metas propuestas en dicha materia.

La definición y priorización de intervenciones carece de identificación de las necesidades de los usuarios.

Existen debilidades en la articulación de las instituciones responsables de intervenciones y del Ministerio para la gestión y transferencia del conocimiento adquirido a través de dichos procesos.

No se realizan análisis de entorno, de escenarios posibles relativos a transformación digital en el sector público, o análisis de riesgos, efecto e importancia y probabilidad de ocurrencia, a partir de los cuales se puedan realizar ajustes a la planificación.

Se carece de un reglamento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Gobierno Digital como encargada de ejecutar los servicios y proyectos transversales o estratégicos en materia de gobierno digital.

La CGR le invita a escuchar la segunda temporada de su podcast Voces Transparentes, un espacio dedicado a transmitir información y conocimientos sobre temáticas relevantes de la Hacienda Pública, en un lenguaje sencillo y comprensible, con la intención de fomentar la formación ciudadana, promover el acceso a información pública, propiciar la transparencia y la rendición de cuentas en temas de interés ciudadano.

En esta nueva temporada llevaremos al oyente en un recorrido por el quehacer de la Contraloría General, desde una mirada ciudadana. Hablaremos sobre la institución desde sus orígenes constitucionales y sus funciones, presentando cada área de trabajo, en la voz de sus autoridades, para que usted pueda conocer, entender y ser parte, de esta gran tarea de velar por el mejor uso de los fondos públicos.

Habrá un nuevo episodio disponible cada 15 días, a partir de hoy 26 de julio del 2023.

A continuación desglose de episodios, que encontrará en esta temporada:

Temporada 2 Conociendo la Contraloría: una mirada ciudadana

	Episodio 1. Funciones. 26 de julio Invitada: Marta Acosta Z. ¿Qué hace la CGR y porqué tiene relación con la calidad de vida del ciudadano?
	Episodio 2. Fiscalización. 09 de agosto Invitada: Amelia Jiménez R. ¿Para qué sirven las auditorías que realiza la Contraloría?
	Episodio 3. Contratación Administrativa. 23 de agosto Invitado: Roberto Rodríguez A. ¿Cómo contratan las instituciones públicas los bienes y servicios que benefician a todos los ciudadanos?
	Episodio 4. División Jurídica. 06 de septiembre Invitado: Luis Ramírez G. ¿Qué pasa cuando un funcionario público comete un acto de corrupción?
	Episodio 5. Transparencia. 20 de septiembre Invitado: Gustavo Gätjens O. ¿Cómo podemos acceder a todos los sistemas de información que tiene la CGR para los ciudadanos?
	Episodio 6. Valor público. 04 de octubre Invitados: Bernal Aragón B. y Carlos Morales C. ¿Cuál es el valor público que genera la CGR para beneficio de todos los ciudadanos dentro de nuestra democracia?

La CGR realizó auditorías en las Municipalidades de Alajuelita, Mora, Nicoya, San Pablo de Heredia y Santo Domingo de Heredia, para analizar un factor crítico como es la continuidad del servicio de las auditorías internas dado que se trata de unidades unipersonales, es decir, que solo cuentan con el auditor interno como recurso humano. Dichas Unidades, en entornos tan cambiantes y cada vez más riesgosos, requieren un fortalecimiento inmediato.

Como componentes orgánicos del Sistema de Control Interno, las Auditorías Internas representan uno de los instrumentos más inmediatos de vigilancia y control para lograr mejoras oportunas en la gestión de los Gobiernos Locales. Con la emisión de estos informes, la CGR busca fortalecer la organización y funcionamiento de esas Unidades, de manera que se les pueda dotar de los recursos necesarios, con el fin brindar su función de forma continua, en procura de proteger la hacienda pública municipal, cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, y denunciar actos de corrupción.

La Contraloría realizó una auditoría al Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre la eficacia y eficiencia del servicio de educación primaria en escuelas unidocentes, brindado en el 32,1% del total de centros educativos del país, con una inversión anual por estudiante de aproximadamente ₡2,0 millones y una matrícula equivalente al 3,3% respecto de la matrícula en escuelas públicas de educación primaria.

Los principales hallazgos a continuación:

El servicio no ofrece igualdad de oportunidades de acceso y desarrollo de habilidades para estudiantes de I y II ciclo, especialmente para estudiantes de determinadas direcciones regionales que crean distorsiones y hacen que las oportunidades no sean equitativas.

Se carece de información confiable respecto del cumplimiento de lecciones y el plan de estudios recibido por los estudiantes.

Solo el 33,8% de los docentes cuentan con formación administrativa requerida como directores. Se carece de información de aspectos como habilidades para el desarrollo humano y las competencias digitales.

Existe un bajo nivel de acciones para mantener a los estudiantes dentro del sistema educativo.

Solo el 10% de las escuelas unidocentes tenían en el 2021 acceso al ancho de banda mínimo.

La inversión por estudiante entre escuelas cercanas no es similar; la inversión anual por estudiante en el periodo 2018-2022 para escuelas unidocentes fue de ₡2.307.564,0 mientras en no unidocentes fue de ₡1.142.225,0.

CONGRESO INTERNACIONAL
Descarbonización y Compra pública estratégica
San José, Costa Rica, julio 2023

Red Iberoamericana de Contratación Pública

20 de julio, 2023
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Auditorio Pablo Casafont Romero, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

21 de julio, 2023
8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Auditorio Miguel Blanco Quirós, Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia.

La CGR resolvió hoy, recursos de objeción presentados por seis empresas, en contra del cartel de la Licitación Mayor N° 2023LY-000025-0001000001, tramitada por el Instituto Nacional de Seguros (INS), para la Adquisición de Tags RFID, equipos y servicios para el marchamo digital. En dicha resolución se declararon parcialmente con lugar cinco de los recursos y uno con lugar, debiendo el INS llevar a cabo una serie de ajustes al cartel de la licitación para poder continuar con el proceso de licitación.

Importante destacar que en la citada resolución, se hizo un fuerte llamado al INS en relación a la obligación de establecer en el cartel del concurso, un objeto plenamente definido en sus alcances y especificaciones, a efecto de evitar las repercusiones que una indeterminación de este, puede provocar al momento de presentación de las propuestas por parte de los oferentes, aspecto que fue tema en varias de las objeciones presentadas.

La CGR emitió un oficio preventivo con orientaciones para la adecuada gestión de los procedimientos administrativos en el sector público. El documento está dirigido a todos los jerarcas y demás responsables de la Administración Pública y contiene sanas prácticas útiles para las instituciones en el desarrollo de sus competencias y contribuir a la mejora de la gestión pública en materia de procedimientos administrativos. En el documento se desarrollan 10 medidas clave para dicho fin, a saber.

Tener un manejo adecuado de los expedientes administrativos.

Realizar una buena gestión de las investigaciones preliminares.

Contar con un sistema de información y bases de datos actualizadas, confiables y accesibles.

Disponer de asesoramiento Jurídico y técnico, así como tomar previsiones en caso de contratación de servicios externos.

Apoyarse en las herramientas tecnológicas para llevar a cabo las distintas tareas, especialmente las comparecencias virtuales.

Efectuar un oportuno control de los plazos que pueden incidir en la buena marcha de los procedimientos (caducidad y prescripción).

Anticipar y prevenir posibles conflictos de intereses.

Gestionar oportunamente los dictámenes preceptivos externos en los casos que se requiera conforme a la normativa legal.

Dar seguimiento a la ejecución, especialmente en los casos que amerite la recuperación de sumas por concepto de responsabilidad patrimonial.

Establecer un adecuado marco de control interno como apoyo en la gestión de los procedimientos administrativos.

La CGR realizó una auditoría en el Consejo Nacional de Producción (CNP) respecto del cumplimiento del proceso de asignación de mercado del Programa de Abastecimiento Institucional (-PAI- para compra de productos que requieren las instituciones públicas), el cual fue impulsado para fomentar la producción nacional a los micro, pequeños y medianos productores. Los recursos invertidos en el programa PAI en 2022 fueron de: ₡85.150 millones, para un total de 387 suplidores beneficiados.

Hallazgos relevantes de la auditoría:

Evidente incumplimiento en incorporación de suplidores y asignación de cuota de mercado.

No se realizan estudios para conocer la composición del mercado por región, para atender demanda y contribuir al reparto de beneficios.

Asignación de cuota a suplidores secundarios sin acreditar ausencia de oferta, o desabastecimiento en ámbito nacional a efectos de proceder con la vía de excepción (Art.9, Ley n° 2035). En 2020 el 19.6% de las compras del PAI se realizaba a suplidores secundarios, para el 2022 estos representan un 49%.

No se evidencian criterios empleados para asignación de cuotas de mercado.

Se desconoce la razonabilidad de la escogencia de un suplidor por sobre otro.

Tampoco constan criterios aplicados para decidir sobre la cantidad de puntos de entrega que se asignan a cada suplidor.

Existe riesgo de asignación y/o reasignación de mercado discrecional e injustificada; así como a la posibilidad de otorgar ventajas o tratos preferenciales. En 2022, un 42% del total de compras del PAI (₡35.706 millones) fueron realizadas únicamente a 38 suplidores.

La CGR realizó una auditoría en el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) sobre del marco regulatorio de la seguridad de la información, con el fin de prevenir afectaciones en la prestación de los servicios, dada la relevancia de esta entidad como encargada de planificar, regular y proveer los servicios de la aviación civil en el país. Al respecto se encontraron debilidades en 3 ámbitos: sistema de gestión de la información, continuidad del negocio y gestión de la ciberseguridad, resumidas a continuación.

Falta de procedimientos para proteger la confidencialidad, autenticidad, privacidad e integridad de la información y de una clasificación de la información institucional según su criticidad y sensibilidad a la divulgación o modificación no autorizada.

Carencia de una gestión de riesgos en la estructura de TI y de un plan institucional de concientización a los funcionarios sobre seguridad de la información, en la clasificación de activos tecnológicos.

Ausencia de plan de continuidad de negocio institucional.

Debilidades en los planes de continuidad y recuperación de desastres de los principales aeropuertos.

Detección de vulnerabilidades de seguridad en el entorno web e inconsistencias en el sistema de administración de usuarios.

Carencia de mecanismos de autenticación multifactor y debilidades en la seguridad física de los accesos a áreas restringidas de TI, así como en el proceso integral de restauración y respaldos.

La CGR resolvió hoy una apelación presentada contra el proceso LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° PRVC-II-127-LPI-O-2021, promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES -BID para la “contratación para el mejoramiento del sistema de drenaje y superficie de ruedo, así como la construcción de pasos peatonales del camino C02-01-001 (Ent. RN. 1 Puente El Coyol) – (Ent. R.3) a través del segundo programa red vial cantonal (PRVC-II)”, acto recaído a favor de CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. CONANSA, por un monto de ¢5.497.179.052,35 de colones. La CGR resolvió confirmar el acto de adjudicación siendo que ahora dicho ministerio debe poner en marcha dichas obras en las condiciones pactadas en el proceso licitatorio.

La CGR realizó una auditoría en 20 municipalidades del país, acerca del establecimiento e implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción. Esta gestión resulta muy relevante dado que los gobiernos locales encabezan la lista de entidades estatales denunciadas e investigadas regularmente por presuntos actos irregulares, lo cual lo convierte en un sector vulnerable, cuestionado con cierta frecuencia por eventuales actos de corrupción.

Podemos citar entre los hechos más relevantes los siguientes:

45% de los gobiernos locales no cuentan con mecanismos de control en el proceso de contratación de personal a fin de prevenir que estas se realicen sin contar con los requisitos formalmente establecidos.

40% de las 20 municipalidades aún no han establecido ningún mecanismo de control para administrar los posibles riesgos asociados con el proceso de adquisición de bienes y servicios.

12 municipalidades indicaron que no cuentan con un departamento para recepción y trámite de denuncias, 15 gobiernos locales no tienen un reglamento interno para regular este proceso.

Principales desafíos identificados:

Existencia de temas por fortalecer, asociados a la prevención de la corrupción, que representan un reto para auditorías internas y jerarcas. Velar por la evaluación oportuna de dichos temas y concientizar sobre la importancia de una cultura enfocada a la prevención de la corrupción.

Aún se conservan prácticas que limitan la transparencia y control ciudadano. Por ejemplo la falta de información en sus páginas web, para procurar transparencia y garantizar razonablemente a los habitantes del cantón el acceso a la información pública.

Aún existe en algunas municipalidades, una cultura de “debilitamiento” a la unidad de Auditoría Interna por abordar y evaluar temas relacionados con la prevención de la corrupción, lo cual se ve reflejado en la afectación de los recursos de la unidad y en general de su labor sustancial.

La CGR emitió un informe de auditoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respecto del otorgamiento de subsidios por parte del Programa Nacional de Empleo (PRONAE), tanto a beneficiarios de proyectos individuales como de naturaleza asociativa, así como su integración dentro del Sistema Nacional de Empleo. Dada la normativa que le asigna al Estado la obligación de mantener un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios así como procurar su integración al mercado laboral, se le ha asignado al PRONAE la función de promover la capacitación y formación de personas desocupadas o subempleadas de todo el país.

A continuación principales hallazgos del informe:

Carencia de seguimiento al cumplimiento de objetivos: no se plantean metas/indicadores/informes del programa de forma que permita identificar la información geográfica de cada participante del programa.

Falta de claridad sobre si los subsidios entregados a las personas, por concepto de capacitación, se están dirigiendo a las poblaciones objetivo previamente definidas en su Decreto de Creación.

Existen inconsistencias en bases de datos relacionadas con el número de cédula de los beneficiarios nacionales, personas no asociadas a ninguno de los proyectos, así como participantes en rangos de edades que no son razonables para constituirse en beneficiarios, por ejemplo menores de edad, superior a 65 y hasta 100 años, o bien fallecidos ante el Registro Civil.

Ausencia de un plan para articular e integrar el PRONAE dentro del Sistema Nacional de Empleo.

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Hacienda sobre la seguridad de la información de los sistemas, gestión relevante dada la rectoría del Sistema de Administración Financiera por la cual le corresponde la coordinación de actividades de procesamiento de datos para procesos como presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad, contratación pública, recaudación tributaria, gestión aduanera, entre otros.

Los principales hallazgos se detallan a continuación:

No se cuenta con un sistema de gestión de continuidad de negocio implementado que garantice una continuidad de los servicios planificada, probada y gestionada de manera constante.

58 de 430 servidores totales son monitoreados en una aplicación de monitoreo de servidores posterior al ciberataque, lo cual puede dificultar la identificación de problemas en el estado y rendimiento de esos servidores.

Los sistemas Integra y TICA tienen más de 600 cuentas de usuario activas que no corresponden a funcionarios con privilegios en el aplicativo o personal cesado. Lo que pone en riesgo la confidencialidad e integridad de la información.

No se ha realizado revisión y documentación de la completitud y actualización de la información de los sistemas críticos evaluados que permita brindar una garantía razonable de su integridad posterior al ciberataque.

Además de las alertas generadas por herramientas implementadas por el Ministerio para detectar, analizar y mitigar los riesgos de seguridad, se encontraron 1.660 alertas activas, de las cuales 1.057 son altas y medias, correspondientes al año 2022 y 2023.

Se identificaron 144 vulnerabilidades en la fortaleza del software de los servidores ante amenazas conocidas, de las cuales 80 son críticas y medias. Estas vulnerabilidades podrían ser explotadas por atacantes para comprometer la seguridad de los sistemas.

La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la Gestión del Endeudamiento Municipal en 14 Gobiernos Locales, durante el 2022. El endeudamiento constituye una oportunidad para atender temas de interés público, no obstante está sujeto a importantes riesgos para la administración de los recursos. Uno de los principales desafíos es que los gobiernos locales fortalezcan los mecanismos para transparentar su gestión y rendir cuentas, a la ciudadanía y otras partes interesadas con respecto a las decisiones, fundamentos, efectos e impactos de la gestión del endeudamiento.

A continuación cifras generales sobre resultados del estudio:

Evolución del endeudamiento general en las Municipalidades, 2018 - 2022.

₡77.630,52 millones. Saldo pendiente de pago por el sector municipal general, al cierre de 2022.

43.84% del total general, pendiente de pago está concentrado en las 14 municipalidades estudiadas.

₡48.882,75 millones. Monto formalizado para un total de 52 préstamos al 31 de diciembre 2022, por las 14 municipalidades estudiadas.

₡24.253,28 millones. Ejecutados en el periodo 2018-2022 por las 14 municipalidades por concepto de intereses, comisiones y amortización.

2 de 14 municipalidades no cuentan con registro completo sobre estado de deudas vigentes.

3 de 14 gobiernos locales disponen de política y 1 de estrategia de endeudamiento. Ninguna cuenta con plan de operacionalización.

6 de 14 municipios no vinculan las prioridades locales con los proyectos financiados con deuda pública.

La CGR informa que ha recibido alertas de usuarios sobre intentos de estafa a declarantes de bienes, a través de llamadas, correos electrónicos, y mensajes de Whatsapp, enviados supuestamente por funcionarios de esta institución, solicitando corregir errores o completar datos en la declaración jurada de bienes, lo cual tiene un fin delictivo.

Es importante reiterar que en las comunicaciones originadas por la CGR nunca se solicitará información confidencial que pueda comprometer su patrimonio, seguridad o privacidad, ni mucho menos ingresar a vínculos de dudosa procedencia o maliciosos.

En caso de duda, por favor comuníquese con el personal del proceso de Declaraciones Juradas de Bienes de la CGR, por medio de los teléfonos 2501-8150 o 2501-8000 o a los correos electrónicos declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr o contraloria.general@cgrcr.go.cr

La CGR emitió informe de auditoría sobre el establecimiento e implementación de mecanismos de prevención de la corrupción en los trámites de permisos de construcción y licencias municipales (patentes). El estudio comprendió 17 gobiernos locales y resulta relevante porque en diferentes estudios realizados por la CGR se han identificado debilidades en la gestión de ambos procesos como lo son: ejecución de obras sin licencia municipal, ausencia de requisitos para el otorgamiento del plan regulador, procesos de inspección deficientes, insuficiencias en la estructura organizacional, ausencia de procedimientos escritos y de sistemas de información y otorgamiento de licencias fuera del plazo legal establecido, entre otros.

Las principales conclusiones del informe son:

Únicamente la mitad de los Gobiernos Locales evaluados cuentan con código de ética; en todos los casos existen oportunidades de mejora con el propósito de generar un ambiente de control fuerte que evite que ocurran hechos irregulares en la gestión de permisos de construcción y patentes.

En la mayoría de ellas no se realiza un análisis de riesgos de corrupción en los departamentos a cargo de estas gestiones, lo que no permite establecer mecanismos de prevención para su contención, y minimizar la discreción en la toma de decisiones.

No hay avance en la implementación de simplificación de trámites, para reducir tiempos de respuesta, ni consolidación del proceso de actualización y publicación en web de documentación necesaria para trámites, lo que no apoya el control ciudadano ni la denuncia ciudadana.

Estas son las 17 Municipalidades que incluye el estudio:

La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Salud, respecto del marco regulatorio y buenas prácticas aplicables a la seguridad de la información, a efecto de prevenir afectaciones en la prestación de los servicios. Aspecto relevante por cuanto ese ministerio, como ente rector del Sistema Nacional de Salud, cuenta con sistemas para el apoyo de procesos sustantivos en los cuales recibe, procesa y genera información. El informe ya fue notificado al MINSA y estos son los principales hallazgos de esta auditoría:

El MINSA no contempla los incidentes de ciberseguridad dentro de los procesos de gestión de riesgos institucionales.

La institución carece de planes de formación para el personal encargado de seguridad de la información.

No hay garantía de que los usuarios estén cumpliendo medidas de seguridad para el acceso a equipos y sistemas.

No se identifican: información, sistemas y dispositivos institucionales críticos para asegurar la continuidad de los servicios, en caso de interrupción.

Se detectaron vulnerabilidades de seguridad en el entorno web del MINSA.

La CGR informa que este lunes 22 de mayo, finalizó el plazo para presentar ante la CGR la Declaración Jurada de Bienes anual 2023 (DJB). El proceso cerró con un total de 20136 declaraciones recibidas, 95,89% del total esperado. Recordemos que la cantidad total estimada se calcula en 21.000 declaraciones de funcionarios públicos y que el proceso fué totalmente digital, iniciando el 02 de mayo anterior. Abajo detallamos el proceso que inicia ahora con los incumplientes de la DJB.

Comparativo años anteriores

Al cierre del plazo estipulado, así se visualizó el resultado en años anteriores, en comparación a este año:

¿Qué sigue?

Una vez finalizado el plazo legal de presentación de la declaración anual 2023, se genera un listado definitivo de declarantes omisos, para luego aplicar la prevención establecida en el artículo 38, inciso i) de la Ley 8422, para lo cual se sigue el siguiente procedimiento:

1. Generar el reporte de declarantes omisos, de acuerdo con la Ley 8422.
2. Efectuar una depuración del reporte con el fin de identificar declarantes que tienen el plazo suspendido por encontrarse cubiertos por alguno de los eximentes mencionados en los artículos 73 y 74 del Reglamento a la Ley 8422.
3. Si no hay justificación del incumplimiento, se ejecuta el proceso de notificación de prevenciones.
4. Si vencido el plazo de prevención, el declarante no presenta la declaración, se traslada el caso al Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, que realizará las investigaciones que le competen.

¿Qué pasa ante incumplimiento?

El funcionario que incumpla puede ser sancionado con:

a) Amonestación escrita publicada en el Diario oficial,
b) Suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente de 15 a 30 días, y hasta
c) Separación del cargo público sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda la apertura de procedimientos administrativos cuya sanción puede resultar, incluso en la separación del cargo. Las responsabilidades administrativas y las sanciones por el incumplimiento en la presentación de este requisito, se regulan en la Ley No. 8422, concretamente en los artículos 38,39 y 40.

La CGR informa sobre el lento avance en la recepción de la Declaración Jurada de Bienes anual 2023. A tan solo 4 días de finalizar el plazo, aún se encuentran pendientes más de la mitad de las requeridas, cuya cantidad se estima en 21.000 declaraciones de funcionarios públicos, según datos en línea se han recibido:

9974 declaraciones

47,50% avance del total esperado

¿Qué debe declararse en ese formulario?

Mucho se especula sobre los bienes que deben declararse en este proceso, de modo que acá se adjunta la "Guía para declarar", que contiene los bienes sujetos de declaración: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/djb/guia-uso-sdjb.pdf

Se insta a la población declarante a cumplir con este requisito, según se establece en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El proceso es totalmente electrónico y se puede obtener soporte en caso de ser requerido a través de las siguientes vías: llamando al 905-Declare (905-3325273) / Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr / WebChat habilitado a lo largo del Sitio Web.

La CGR aprobó el contrato suscrito entre el INCOP y la Corporación Financiera Internacional (CFI) para brindar los servicios de asesoría técnica integral dentro de las actividades relacionadas con el concurso (concesión de obra pública con servicio público) dirigido a la selección del participante del sector privado para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Proyecto de Modernización y Expansión del Puerto Caldera. La CFI es una institución financiera multilateral de derecho público, perteneciente al Grupo Banco Mundial y creada para la promoción del desarrollo económico en países en vías de desarrollo.

¿En qué consiste este contrato?

Los servicios de asesoría integral que le corresponde brindar a la CFI abarcan:

• La elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad
• El proceso de precalificación y licitación
• La gestión de la contratación y adjudicación del proyecto

La asesoría que le corresponde brindar a la CFI, con ocasión de este contrato, consta de dos fases:

1. Fase 1 Preinversión, inversión y pliego de condiciones: duración 19 meses y costo US$1.060.000 dólares
2. Fase 2 Gestión de contratación y adjudicación: duración de 24 meses y costo US$2.800.000 dólares

¿Qué sigue ahora?

Una vez obtenido el refrendo de la CGR, puede dar inicio a la prestación del servicio por parte de la CFI que tiene con una de sus primeras obligaciones la entrega del Plan de Trabajo dentro de los dos meses siguientes a la obtención del refrendo.

¿Quién es el responsable de ejecutar y controlar este contrato?

El INCOP es el principal responsable de la implementación del proyecto y deberá tomar las medidas necesarias para procurar que las diferentes fases avancen de forma diligente con el fin de conseguir que el inicio de la operación del proyecto resulte compatible con los plazos de vigencia establecidos actualmente en los contratos de concesión relacionados con Puerto Caldera, que se encuentran en ejecución.

La CGR resolvió tres recursos de objeción interpuestos por las empresas Dekra Costa Rica Sociedad Anónima, Icards Solutions Sociedad Anónima de Capital Variable y Riteve SyC Sociedad Anónima en contra del pliego de condiciones de la Licitación Mayor 2023LY-000002-0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) para la prestación del servicio de inspección técnica vehicular a nivel nacional. Dentro de los temas que se discutieron en las objeciones se encuentran la experiencia mínima requerida como admisibilidad, los requisitos y su valoración en caso de consorcios, capacidad financiera, normas técnicas, sistema de evaluación propuesto, certificaciones asociadas al servicio requerido y aspectos operativos correspondientes a la segunda etapa de precalificación.

¿Qué se resolvió y qué sigue ahora?

La CGR rechazó de plano el recurso presentado por la empresa Icards, mientras que las impugnaciones interpuestas por Dekra y Riteve fueron declaradas parcialmente con lugar, en la medida en que la Administración estuvo de acuerdo con varios de los puntos alegados en los recursos. Asimismo, la CGR realizó una serie consideraciones de oficio respecto de la figura contractual y algunos estudios técnicos que deberán concluirse para la tramitación de la segunda fase del concurso de precalificación.

Ahora el COSEVI debe atender lo resuelto y ajustar el pliego de condiciones en lo que resulte necesario para continuar con la tramitación. Una vez ajustado el cartel, debe publicarlo y nuevamente iniciar el proceso de recepción de ofertas, del cuál es responsable en toda su gestión.

La CGR informa el avance en la recepción de la Declaración Jurada de Bienes anual 2023, que deben presentar alrededor de 21.000 funcionarios públicos, en cumplimiento de la ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Nos encontramos casi a la mitad del plazo, el cual vence el próximo lunes 22 de mayo, por lo que instamos a los funcionarios públicos a realizar a tiempo este trámite establecido de ley, que es totalmente electrónico y se encuentra disponible 24/7:

3411 declaraciones recibidas

+ de 83% aún pendiente (del total esperado)

Las DJB son un insumo de información patrimonial de los funcionarios públicos dentro de diversos procesos de fiscalización de la CGR, por lo que es fundamental su cumplimiento por mandato de ley.

Para consultas puede comunicarse por estas vías: Llamando al 905-Declare (905-3325273) / Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr / WebChat habilitado a lo largo del Sitio Web.

La CGR presentó este 1ro de mayo ante la Asamblea Legislativa, su dictamen sobre los informes del cierre del ciclo de la rendición de cuentas pública, según lo dicta la Constitución Política, la Ley de Administración Financiera y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Estos informes emiten opinión sobre temas relevantes de Hacienda Pública:

Rendición de cuentas sobre la Hacienda Pública

Informe de opiniones y sugestiones

Emergencia Cibernética: Obstáculo para la transformación digital y el bienestar social; retroceso para la transparencia y la rendición de cuentas

Informes de cierre y dictámenes

Informe de auditoría sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2022

Dictamen sobre la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto de la República, ejercicio económico 2022

Dictamen del informe anual 2022: Balance de resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022

Dictamen del informe de resultados físicos del presupuesto de la República del periodo 2022

Memoria del año económico 2022

A partir de hoy 2 de mayo, la CGR inicia el periodo de recepción de la Declaración Jurada de Bienes anual 2023, cuyo plazo finaliza el lunes 22 de mayo, proceso totalmente digitalizado que se realiza en acatamiento al artículo 22 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422. La presentación de este requisito recae sobre 21.000 funcionarios públicos aproximadamente y se brindará asesoría por los siguientes medios:

Correo electrónico

declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

Centro de llamadas

905 DECLARE(905-3325273) / (506) 2501-8150

Video llamadas

Previa coordinación con el cliente

Atención en línea

Webchat habilitado en todo nuetro Sitio

En el transcurso del plazo de recepción de las DJB estaremos informando sobre el avance en el cumplimiento de este requisito legal por parte de los declarantes. Agradecemos la ayuda en difundir esta información, para facilitar el conocimiento de las personas sujetas a este deber legal.

Ya se encuentra disponible la primera temporada completa del podcast Voces Transparentes, cerrando hoy con un episodio especial en el que participan Marta Acosta, Contralora General y Bernal Aragón, Subcontralor General, compartiendo con el público criterio sobre la importancia de la implementación de la Ley General de Contratación Pública y la participación ciudadana en los procesos.

Les invitamos a escuchar el Podcast, un espacio que se propone promover el acceso a información pública con la intención de propiciar la transparencia y la rendición de cuentas en temas que resultan de interés para todos los ciudadanos. Además, muy pronto estará disponible la segunda temporada de la colección Voces Transparentes.

Encontrará dos episodios de estreno disponibles en diciembre y un episodio cada 15 días, a partir del 11 de enero de 2023.

La CGR realizó un informe de auditoría en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) sobre la gestión de proyectos de desarrollo de obra pública, lo cual tiene como propósito que los entes ejecutores entreguen infraestructura tangible para la materialización de bienes y servicios dirigidos al desarrollo regional, sostenible e integral de la Zona Sur. Lo anterior resulta relevante por cuanto esa zona afronta condiciones socioeconómicas muy desfavorables en el país. (Encuesta Nacional de Hogares 2022 - INEC).

Estos son los principales hallazgos:

Inversión pública realizada sin definición, gestión conjunta, o identificación de proyectos que pueden interrelacionarse para impulsar el uso óptimo de recursos, entre otros aspectos.

Carencia de instancia responsable de la administración de proyectos, o políticas, normas y herramientas que contribuyan a la gestión controlada de la inversión pública.

8 de 10 proyectos analizados entre el 2014 y 2022 evidencian una gestión deficiente, en aspectos como, estudios de pre inversión, seguimiento/ avance de obras financiadas, duración de ejecución, entre otros.

Limitada información dificulta la construcción de líneas base de la problemática general y la forma en la que se va a medir el cumplimiento de los objetivos y beneficios del proyecto, para determinar el valor público generado.

Datos generados en la gestión evidencian limitaciones relacionadas con la gestión de proyectos de desarrollo de obra que impiden mejorar la toma de decisiones , la rendición de cuentas y la transparencia institucional.

La CGR realizó un informe de auditoría a Acueductos y Alcantarillados (AYA) sobre el proyecto de ampliación y mejoramiento del alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón (distrito), para determinar si el avance físico y financiero del proyecto es conforme con la programación de las obras y la normativa aplicable en cuanto a las acciones emprendidas entre 2019 y 2022. Se determinaron serios imcumplimientos que reflejan el estado crítico del proyecto, mismos que pueden resumirse así:

7 años de retraso

En la fase de inversión por discrepancias internas de criterio, retrasos en los diseños finales y falta de adquisición de los terrenos.

41,2% costo adicional

Costo inicial USD 41,9 millones (2017) incrementó a USD 59,4 millones (2022) Se excede el monto del financiamiento del préstamo por cambios en materiales, ajustes a los diseños y aumento de costos por tiempo.

Menor alcance

AyA decidió reducir el alcance en el Sector II a únicamente 3 de 15 cuencas y no actualizó estudios de factibilidad por posibles efectos de este cambio.

Omisión en gestión de riesgos

Omisiones en el diseño e implementación de una estrategia de atención de riesgos relevantes para el proyecto, comunicados por el AyA a la Dirección de Crédito Público entre 2019 a 2022.

Recursos financieros

Incierta disponibilidad de recursos financieros. El plazo para efectuar la totalidad de desembolsos del préstamo vence en junio 2023, sin que conste la aprobación de una prórroga al plazo.

La CGR resolvió dos recursos de objeción presentados por COOPESAIN y COOPESALUD en contra del pliego de condiciones de la licitación promovida por la CCSS para la prestación de los servicios integrales de salud en un primer nivel de atención (EBAIS). Solo uno fue declarado parcialmente con lugar.

Sétima ronda de objeciones al cartel

Es relevante indicar que esta es la sétima ronda de objeciones y aunque la mayor parte de los argumentos no fueron acogidos y de atenderse lo resuelto el pliego podría quedar consolidado, la CCSS deberá tomar las medidas necesarias para que el procedimiento ordinario transcurra de forma diligente en las diferentes fases para conseguir poner en ejecución los contratos derivados de este procedimiento ordinario, sin generar afectación alguna a los usuarios del servicio.

¿Qué resolvimos?

• Recurso interpuesto por COOPESAIN: argumentos fueron desestimados al determinarse que carecían de fundamentación.
• Recurso presentado por COOPESALUD: si bien la mayor parte de los argumentos son declarados sin lugar, se declaró parcialmente con lugar el recurso sobre el documento denominado Instrumento de Verificación incorporado como anexo dado que hace referencia a otros procedimientos y cuenta con plazos que no coinciden con los previstos en la cláusula cartelaria referente a la Metodología de verificación, sin que la Administración se haya referido a este argumento en la respuesta a la audiencia otorgada para referirse a dicho recurso. Este aspecto es relevante porque la primera interesada en resolver con diligencia y por el fondo es la misma Administración y no actuó en consecuencia en esta oportunidad.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde a la CCSS realizar el ajuste correspondiente al único aspecto declarado con lugar para proceder a fijar una nueva fecha para la apertura de ofertas. Cabe recordar que, en setiembre anterior, la CGR había concedido una autorización para contratar directamente con los contratistas actuales en cada una de las diez áreas de salud, por un plazo máximo de 18 meses, mientras se tramita el procedimiento de licitación pública para la contratación de dicho servicio.

La CGR resolvió declarar sin lugar tres recursos de apelación presentados en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 2022LI-000001-0006900001 promovida por el Ministerio de Justicia y Paz para el “Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad (conocida como la contratación de las tobilleras)”, con lo que se confirma el acto de adjudicación dictado a favor del Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR, por un plazo de 48 meses y un precio unitario de $5,989.

Los recursos admitidos para estudio fueron declarados sin lugar, por las siguientes razones:

• Recurso interpuesto por el Consorcio BEP: por incumplimiento con la certificación IP68 que acredita que el funcionamiento del dispositivo y sus componentes no se verá interrumpido por la exposición al polvo y al agua.
• Recurso interpuesto por el Consorcio SOIN-TRACK: por incumplimiento relacionado con el sistema de posicionamiento GPS, al no acreditar que el dispositivo de vigilancia electrónica puede trabajar con redes Wifi de forma complementaria.
• Recurso interpuesto por la empresa Consorcio SPC-ATTENTI: por incumplimiento relacionado con el consumo de los aires acondicionados de la solución.

En fase de admisibilidad, se rechazó un recurso interpuesto por parte del Consorcio Panóptico Costarricense, por no haber presentado oportunamente el certificado de homologación ante SUTEL del dispositivo electrónico y sus componentes.

¿Qué sigue ahora?

En virtud de lo resuelto, le corresponde a la Administración proceder con la suscripción del contrato con el Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR e iniciar la ejecución contractual con la etapa de implementación de la solución.

La CGR publicó recientemente una serie de monitoreos relativos a los Presupuestos Públicos 2023, de los cuales se emiten análisis y reportes sobre el proceso de aprobación presupuestaria que llevó a cabo la Asamblea Legislativa en relación con el Gobierno de la República, y sobre el proceso de aprobación externa de los presupuestos del Sector Descentralizado a cargo del órgano contralor.

Detalle de los monitoreos relativos a los Presupuestos Públicos 2023:

#MonitoreoCGR | Presupuestos Públicos 2023

Conclusiones sobre los presupuestos públicos aprobados para 2023 DFOE FIP MTR 00007-2023

Situación Fiscal del Gobierno y Sector Público 2023 DFOE FIP MTR 00006-2023

Evolución del gasto de capital en Ministerio Justicia y Paz, Ministerio Seguridad Pública y Ministerio Gobernación y Policía DFOE GOB MTR 00001-2023

Evolución del gasto de capitales asignados al Ministerio de Ambiente y Energía durante el periodo 2014-2023 DFOE SOS MTR 00001-2023

Perspectiva presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 2023 DFOE CIU MTR 00001-2023

Resultado del proceso de aprobación de la CGR para los presupuestos iniciales 2023 del Sector Municipal DFOE LOC MTR 00001-2023

Perspectiva presupuestaria de la CCSS para el 2023 DFOE BIS MTR 00002-2023

Composición y comportamiento de los presupuestos del Sector Público al 2023 DFOE FIP MTR 00005-2023

Evolución y comportamiento de las remuneraciones en el Sector Público 2023 DFOE FIP MTR 00004-2023

Perspectivas del PNDIP 2023-2026 y evolución de la planificación operativa del sector descentralizado 2019-2023 DFOE FIP MTR 00003-2023

Implementación de la visión plurianual en sector descentralizado al 2023 DFOE FIP MTR 00002-2023

Ejecución de recursos y manejo presupuestarios del ICODER DFOE BIS MTR 00001-2023

Presupuesto del Sector Educativo 2023 DFOE CAP MTR 00001-2023

Presupuesto aprobado para el Gobierno de la República para el año 2023 DFOE FIP MRT 0001-2023

La CGR emitió un informe de auditoría sobre la seguridad de la información en los sistemas críticos en la Municipalidad de San José, respecto de la gestión y administración de los servicios públicos locales y la promoción del desarrollo local del cantón, lo que conlleva el uso de varios sistemas de información, entre ellos: sistema de soporte a los procesos de servicios urbanos, bienes inmuebles, patentes, recaudación, cobro y plataforma de servicios, así como el Sistema Integrado Autorización Patentes (SIAP). Es necesario implementar un plan de remediación de las vulnerabilidades sobre seguridad de la información que permita subsanar las situaciones identificadas y un programa de sensibilización en esta materia.

Los principales hallazgos se resumen en esta infografía:

La Contralora General Marta Acosta, expone esta tarde ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, respecto del proyecto de Ley Modificación del Título IV de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente legislativo 23.330.

La CGR emitió un reporte de auditoría que se realiza al Ministerio de Hacienda sobre la seguridad de información de los sistemas de ese Ministerio. Este primer reporte presenta un análisis de la gestión de recuperación de los sistemas ante el ciberataque que enfrentó el Ministerio de Hacienda en abril 2022, así como el impacto para la información presupuestaria del país.

A continuación hallazgos más relevantes:

8 meses después del ciberataque, no se ha restablecido el 100% de la infraestructura de los sistemas. Los encargados funcionales señalaron inconsistencias en 55% de los sistemas.

Restablecimiento de sistemas críticos tomó entre 56 y 204 días pese a plazos establecidos hasta de 2 días.

No se recuperó 25.000 expedientes de cobro digitalizados, 18.023 expedientes de cobro asignados a los fiscales que representan un monto de ¢341.216 millones.

El 55% de los encargados de sistemas señalaron no tener acceso a información oportuna de procesos realizados por el Ministerio en términos de la recuperación, se desconocen protocolos para operar durante la contingencia y no se han comunicado acciones realizadas para la restauración de sistemas y/o servicios.

Si bien la planificación de la recuperación no se desarrolló durante y después de la disrupción con base en procedimientos y procesos definidos, lo cual limitó la respuesta rápida, eficiente y efectiva, aún se requiere realizar acciones para finalizar la recuperación posterior al ataque cibernético y estar preparados ante eventuales incidentes.

La CGR declaró parcialmente con lugar un recurso de apelación presentado por el Consorcio COPISA-INTRA Hatillos 7 y 8, en contra del acto final de readjudicación del concurso tramitado por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para el “Diseño y construcción de las estructuras para el paso elevado vehicular y puente peatonal entre los Hatillos 7 y 8, Ruta Nacional No. 39”.

¿Qué había ocurrido antes?

• El consorcio apelante había ganado inicialmente el concurso, pero a partir de un recurso anterior, el acto se anuló para que la Administración analizara la trascendencia de un eventual incumplimiento alegado a dicho consorcio.
• En esta oportunidad, la adjudicación recayó a favor de la Constructora Meco S.A., sin embargo, en el expediente electrónico tramitado en SICOP, la Administración no incluyó algunos documentos, dentro de los cuales se encuentra el señalamiento de los incumplimientos al consorcio apelante.
• De tal forma, que ante esa omisión, se vulneran los principios de transparencia, publicidad y control, en el tanto el apelante desconocía, al momento de interponer su recurso, los incumplimientos que le habían sido señalados.

¿Qué sigue?

En virtud de la anulación del acto final, le corresponde al Conavi incorporar todos los documentos correspondientes a los análisis efectuados y dictar un nuevo acto final para este procedimiento, haciendo la valoración integral de toda la documentación relacionada con esta contratación. Cualquier consulta sobre el fondo de dicha licitación, deberá dirigirse al CONAVI.

La CGR resolvió recursos de objeción presentados en contra del cartel de la licitación promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para la prestación de los servicios integrales de salud en un primer nivel de atención (EBAIS). La mayoría de los recursos recibidos correspondían a temas que ya habían sido abordados por este órgano contralor en un grupo de objeciones anteriores.

Luego del análisis correspondiente, dos de cinco recursos fueron declarados parcialmente con lugar, mientras que los otros tres fueron rechazados de plano o declarados sin lugar, considerando que en algunos puntos la Administración acepta realizar los ajustes propuestos por los recurrentes y en otros casos, se trataba de aspectos que habían sido resueltos por la Contraloría y el ajuste ordenado no se refleja en el pliego de condiciones de la licitación actual.

Cabe recordar que con respecto a este objeto, en septiembre anterior la CGR había concedido una autorización para contratar directamente con los contratistas actuales en cada una de las diez áreas de salud, por un plazo máximo de 18 meses, mientras se tramita el procedimiento de licitación pública para la contratación de dicho servicio.

¿Qué sigue ahora?

Le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, realizar las valoraciones y los ajustes correspondientes al pliego, para proceder nuevamente con la publicación y establecer la fecha para la apertura de ofertas. Esa institución deberá tomar las medidas necesarias para que el procedimiento ordinario transcurra de forma diligente en las diferentes fases, para conseguir poner en ejecución los contratos derivados de este procedimiento ordinario, sin generar afectación alguna a los usuarios del servicio.

La CGR les invita a participar este martes 31 de enero de 9:00 a 10:00 a.m., del webinar "Rendición de cuentas a partir de datos abiertos", una exposición de la mano de dos expertos en el tema, acerca de cómo a través del conocimiento de información pública, los ciudadanos (as) pueden informarse e involucrarse de forma activa en los procesos de compras públicas, procurando con esto un mayor control de la Hacienda Pública.

La CGR emitió reporte de una auditoría realizada en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), cuyo objetivo fue determinar si la planificación de ambas entidades, en relación con los programas de desarrollo de vivienda y proyectos habitacionales realizados con recursos del BANHVI, responden a elementos de la gestión para resultados y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas respecto de los resultados pretendidos y sus responsables, para una mayor transparencia ante la ciudadanía.

A continuación los hallazgos de la auditoría:

Vacío de conocimiento estratégico de la población objetivo

- Identificación y caracterización.

- Problemática.

- Causas, efectos e impactos.

- Necesidades largo y mediano plazo.

Falta de visión prospectiva con enfoque en valor público

- Desconocimiento de la transformación deseada.

- Falta de elementos orientadores de la gestión para resultados.

Ausencia de elementos operativos con enfoque en resultados

- Ausencia de elementos operativos con enfoque en resultados.

- Ausencia de alineación estratégica de objetivos, metas e indicadores.

La CGR alerta a la población sobre mensajes fraudulentos, supuestamente generados por el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en donde se solicita a usuarios comunicarse con "personal asignado" e incluye información de contacto. El mensaje indica cambios legislativos dada la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública, apegados a "mandatos de la Contraloría General de la República" entre otros aspectos, y menciona distintos artículos/leyes por los cuales solicita comunicarse para "registrar información faltante".

La CGR alerta que no es parte de este tipo de trámites por lo cual se insta a la población a corroborar la fuente de generación de este tipo de mensajes y acudir a las instancias competentes en caso de dudas. Ningún funcionario de éste órgano contralor le solicitará información confidencial o claves ni que ingrese a direcciones electrónicas. Por favor NO ingrese a vínculos ni abra adjuntos en correos de dudosa procedencia.

Ante la menor duda puede contactarnos por medio de los teléfonos 2501-8188 y 2501-8000, al correo electrónico contraloria.general@cgrcr.go.cr o bien mediante el servicio de WebChat disponible en nuestro Sitio Web.

La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), respecto de la gobernanza de la ciberseguridad del país y si esta responde al marco normativo y prácticas aplicables. Los hallazgos revelan que el sector público se enfrenta ante la incertidumbre de no tener claridad sobre la magnitud y cantidad de incidentes que actualmente han logrado vulnerar los sistemas informáticos, con el potencial de afectar la continuidad de los servicios públicos y la salvaguarda de la información.

A continuación mayor detalle:

Áreas de mejora en gobernanza de ciberseguridad

Principales hallazgos

Carencia de coordinación interinstitucional en un estado de necesidad y urgencia en ciberataques.

Participación intermitente CNE, pese a su rol de liderazgo ante la emergencia. (Decreto Ejecutivo n.° 43542-MP-MICITT).

Gestión inoportuna por parte de Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR) - MICITT. La CGR encontró 7 entidades públicas con incidentes materializados, mientras CSIRT-CR solo detectó uno.

Las alertas técnicas efectuadas por el MICITT corresponden a posibles vulnerabilidades de los sistemas informáticos, no así a ciberataques materializados.

Inexistente certeza sobre continuidad en gestión de ciberseguridad y adquisición de licencias informáticas para proteger al sector público en su actividad ordinaria.