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La CGR refrendó el contrato y la adenda no. 1, suscritos entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y Constructora Meco S. A. para el “Diseño y Construcción de las estructuras para el paso elevado vehicular tipo viaducto, calles marginales, paso inferior y rampas de aceleración y desaceleración en Hatillo 4, intersección calle Costa Rica y ruta nacional no. 39", por un monto total de ¢4.550.896.475,78 (cuatro mil quinientos cincuenta millones ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta y cinco colones con setenta y ocho céntimos), derivadas de la Licitación Pública No. 2019LN-000019-0006000001.

La CGR finalizó una auditoría sobre el Programa Proteger implementado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para determinar la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos a subsidios temporales conocidos como bono proteger. Al 31 de julio de 2020, se había entregado a 533.869 personas que representaban el desembolso de ₡164.606 millones; asimismo, a esa fecha existían ₡255.954 millones disponibles para ese fin. Se determinó que la asignación de los recursos presenta limitaciones significativas en aspectos tales como cobertura, focalización, distribución de recursos, calidad del programa y efectos generados en la población beneficiaria:

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, 6.678 Pruebas de Diagnóstico Molecular para determinación de Virus Respiratorios, incluido el SARS-COV-2, mediante la metodología de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢645.113.298,06 (seiscientos cuarenta y cinco millones ciento trece mil doscientos noventa y ocho colones con seis céntimos).

La CGR realizó auditoría sobre el reconocimiento de incentivos salariales en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), durante el 2020. El año anterior RECOPE S.A. reportó a CGR un monto total ejecutado por ¢45.291.418.721,14, en la partida de remuneraciones; de ese monto el 35% (¢15.844.110.715,08) corresponde a incentivos y compensaciones salariales. Es así que resulta relevante su revisión por el impacto en las finanzas institucionales del gasto incurrido. Debe indicarse que RECOPE planteó recursos de revocatoria con apelación en subsidio a este informe, de modo que se encuentran en trámite.

Desglose de gasto 2019 en incentivos y compensaciones

Hallazgos relevantes:

• Nominalización incompleta de incentivos y compensaciones salariales.
• Acreditación insuficiente de requisitos normativos para pago de incentivos y compensaciones.
• Contratos indefinidos por dedicación exclusiva (sin plazo definido).
• Debilidades en la conformación y custodia de expedientes de personal.

Disposiciones a RECOPE:

• Incentivos y compensaciones salariales reconocidos y pagados de forma porcentual: adoptar el cálculo en términos nominales fijos y efectuar los ajustes correspondientes en el módulo de planillas.
• Dedicación Exclusiva: definir el plazo de vigencia para cada uno de los contratos, firmar las respectivas adendas, y elaborar una propuesta de criterios de suscripción de nuevos contratos o de renovación de los existentes; así como, establecer e implementar un mecanismo para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos para la existencia y renovación de estos contratos.
• Requisitos normativos: Implementar mecanismos de verificación de la normativa aplicable sobre evaluaciones del desempeño, que garantice que estos documentos respaldan el pago de la Anualidad y de la Experiencia Laboral en Carrera Profesional. Además, revisar y ajustar el reconocimiento de puntos, a fin de lograr orden, claridad y exactitud razonable en su cálculo y pago.
• Expedientes de funcionarios: verificar su orden y foliatura consecutiva y que todos contengan las respectivas acciones de personal firmadas; de forma que se asegure su completitud, coherencia, orden cronológico y custodia.

La CGR autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar, en forma directa con oferente idóneo, 557.100 unidades de reactivo para diagnóstico molecular (PCR) de Coronavirus para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢7.760.503.278 millones de colones, para abastecer los próximos 6 meses:

Código intitucional	Descripción del producto	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Monto total aproximado
2-88-50-0025	Reactivo para diagnóstico molecular (PCR) de Coronavirus incluidos COVID-19.	Unidades	557.100	¢13.930,1800	¢7.760.503.278,00

La CGR emitió un análisis a la Asamblea Legislativa sobre las Juntas de Educación y Administrativas, creadas en 1944 como un mecanismo de participación y control ciudadano, cuyo rol remite al cuido y vigilancia para la buena marcha de los centros educativos. Parte de su gestión se centra en facilitar la provisión de servicios complementarios a los centros educativos, para lo cual recibieron recursos del Presupuesto de la República, entre otras fuentes, por el orden de ¢289.530 millones en el año 2019.

Las Juntas tienen una naturaleza muy particular dado que están sometidas a las directrices del MEP pero los nombramientos y destituciones de sus miembros son competencia de los Gobiernos Locales. Gran parte de sus funciones les han sido asignadas reglamentariamente y sobrepasan la capacidad operativa de un órgano comunal y ad honorem, ante un eventual exceso en el ejercicio de la potestad delegativa del MEP. A junio de 2019, se contabilizaban 4.554 Juntas, número que varía en el tiempo ante la apertura/cierre de centros educativos.

La CGR analizó una muestra de los presupuestos ordinarios y extraordinarios para el 2018 de 1.441 Juntas, pertenecientes a 10 Direcciones Regionales del MEP, y determinó:

La gestión financiero-presupuestaria de las Juntas presenta importantes riesgos y complejidades así como débiles controles.

No es posible conocer la ejecución real versus los montos presupuestados, pues la información no está sistematizada ni estandarizada, además del poco personal que tienen.

DEBILIDADES de control en cuentas bancarias. De 10.634, 989 tenían estado "cerrada o inactiva". Estas registraban en conjunto a junio 2019 un saldo alrededor de ¢146 millones, sin control o monitoreo.

Se requiere coordinación entre las distintas instancias del MEP y en un contexto de sistemas de información desintegrados y prevalencia de procesos manuales.

CONCLUSIÓN: El sistema bajo el que operan las Juntas desincentiva la participación; la carencia de información sistematizada y con atributos de calidad, afecta la rendición de cuentas, la transparencia y la prevención de la corrupción; la poca claridad y dispersión del ordenamiento técnico-jurídico también afecta el apego a las normas, así como el logro de los resultados (eficiencia y eficacia).

RECOMENDACIÓN: Es pertinente revisar el modelo bajo el cual trabajan las Juntas, para readecuarlo según su capacidad operativa y dada su naturaleza como un mecanismo de participación y control ciudadano. Urge una revisión profunda del marco normativo que regula el otorgamiento, propósito y rendición de cuentas en torno a los recursos públicos que perciben las Juntas, aparte de explicitar la naturaleza jurídica de estas entidades.

La CGR realizó auditoría acerca de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio de saneamiento de aguas residuales por parte del AYA y la Unidad ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), evaluando tres temas principales: infraestructura de saneamiento, caudal de entrada y calidad de aguas vertidas de la Planta de Tratamiento Los Tajos. En proyectos de esta naturaleza, se han destinado más de $490 millones, desde el año 2008.

Desempeño en proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento
Periodo 2007 - 2018

Hallazgos importantes

1. Atraso en plazo y aumento en costo de 3 proyectos ejecutados en el marco del programa.
2. AyA no ha sido oportuno en prepararse para asumir la operación y el mantenimiento de la nueva infraestructura de alcantarillado sanitario que desarrolla la Unidad Ejecutora.
3. La planta de tratamiento Los Tajos opera al 16% de su capacidad debido a colapsos y falta de interconexión de obras de alcantarillado sanitario.
4. AyA no cuenta con previsión de acciones futuras para el tratamiento de contaminantes provenientes de jabones, pese a que el vertido cumple con los parámetros de calidad establecidos en la normativa.

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sobre la prestación del servicio de atención de situaciones de emergencia para la seguridad ciudadana, en el periodo comprendido entre enero 2018 y mayo 2020. Para ello se analizaron los incidentes de emergencia en donde peligra la integridad física de las personas o sus bienes y que son trasladados por el Sistema de Emergencias 9-1-1 (SE-911) a la Dirección General de la Fuerza Pública. Del estudio resultan dos hallazgos importantes que requieren especial atención por parte del MSP.

Proceso de atención de incidentes desde el SE-911 hasta atención por el MSP

• En la atención de incidentes de emergencia en los cuales está en peligro la integridad física de las personas o sus bienes, el tiempo promedio requerido para la llegada de los recursos al sitio del incidente desde su comunicación el SE-911 al MSP, fue de 38,25 minutos. Dichas situaciones son incongruentes con las responsabilidades del MSP, para dar una atención inmediata y eficiente de los incidentes de emergencia que le traslade el SE-911.
• Se identificaron debilidades reportadas por 16 Fiscalías del Ministerio Público, en la cadena de custodia de evidencia, la manipulación, empaque y entrega de objetos recabados por los oficiales de la Fuerza Pública del MSP, lo cual, puede poner en riesgo la integridad de elementos que podrían ser utilizados como prueba en procesos judiciales. Además, se determinaron debilidades en la configuración de los informes policiales elaborados por oficiales de la Fuerza Pública los cuales son utilizados para comunicar y trasladar pruebas a las autoridades judiciales.

La CGR autorizó al Banco Central de Costa Rica para promover una contratación directa concursada, para contratar una solución tecnológica de Pasarela de Transporte, componente esencial del Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP); autorización que se concede con fundamento en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa.

La CGR realizó una auditoría sobre la gestión financiera de recursos en el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) del BANHVI, cuyo propósito es obtener y gestionar recursos financieros para programas de crédito para vivienda de clase media. En el periodo de estudio fue de enero 2018 a junio 2020. La gestión financiera de FONAVI evidencia limitaciones significativas que afectan el desempeño y el generar valor público. Estas son las alternativas de financiamiento disponibles:

Alternativas de financiamiento de vivienda en FONAVI

En la auditoría se detectaron los siguientes hallazgos:

• De las 7 alternativas de financiamiento solamente se han implementado dos.
• El traslado ₡2.149,1 millones de más del FONAVI a la Cuenta General del Banco para cubrir los gastos administrativos afecta la disponibilidad de recursos para el cumplimiento del objetivo de financiamiento de viviendas de clase media.
• Carencia de análisis que permita determinar necesidades de la población y promover la mejora en la calidad de vida.
• No se realiza análisis de riesgos estratégicos, por lo que no se dispone de esa información para apoyar el proceso de toma de decisiones respecto a esa gestión.

La CGR emitió un informe de auditoría cuyo propósito fue verificar en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT- y en el Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI-, la aplicación de la normativa y buenas prácticas en materia de diseño en los proyectos de infraestructura vial. A continuación, los hallazgos:

Análisis de proyectos con estudios preliminares

	Gestión institucional no guiada por procesos, procedimientos y protocolos formales que garanticen la gestión de diseño de obras de infraestructura vial a partir del desarrollo del ciclo de vida del proyecto.
	No se garantiza un proceso de maduración natural de los proyectos viales en la fase de preinversión, que definan con claridad el valor público, lo que se ve reflejado en múltiples variaciones posteriores a las aprobaciones del diseño definitivo o constructivo.
	17 de 21 proyectos analizados, no presentan estudios de ingeniería de previo al desarrollo de las especificaciones cartelarias, conllevando a desarrollar el diseño definitivo del proyecto con un alto nivel de incertidumbre en el alcance, presupuesto y plazos.
	86% de los proyectos analizados pasan de la etapa de perfil a la etapa de diseño sin justificación del sustento técnico que demuestre que con este nivel básico de perfil se garantiza la identificación de la necesidad pública real.
	Existe riesgo de desactualización de los diseños en función de la variabilidad en el tiempo transcurrido entre la obtención de los diseños definitivos y la primera orden de inicio del proyecto.

La CGR remitió al Directorio Legislativo criterio del proyecto de “Ley Marco de Empleo Público” (expediente legislativo 21.336) alertando sobre la viabilidad en la aplicación del transitorio XI, donde se contempla la posibilidad de trasladarse voluntariamente al salario global para aquellos funcionarios que, al momento de entrada en vigencia de la ley, devengan un salario compuesto menor que aquel que les va a corresponder como salario global de su respectiva categoría, dadas las implicaciones que en el corto plazo tendría frente a las precarias finanzas públicas actuales de nuestro país.

Es nuestro deber como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa alertar sobre la ausencia de datos claros y precisos sobre las estimaciones económicas del costo de la implementación del transitorio y su fuente de financiamiento, lo que puede provocar un mayor desequilibrio fiscal del que ya tienen las finanzas públicas. Tampoco se contemplan las instrucciones de transición para aquellas instituciones públicas que ya han implementado esquemas de salario único o global con base en sus propias regulaciones especiales. El siguiente gráfico expone las implicaciones económicas del transitorio en su actual propuesta:

Conclusión

Luego del análisis realizado, se concluye que para lograr la eficacia y la sostenibilidad de las reformas propuestas en el transitorio XI del proyecto, es imprescindible la reformulación de su texto en aras de lograr la viabilidad fiscal del mismo, permitiendo una transición sostenible y gradual a partir de una medida razonable para lograr una verdadera reforma al régimen de empleo público. Como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, la CGR no recomienda la aprobación del transitorio en los términos actuales dado el efecto significativo sobre las finanzas públicas, en el contexto de una comprometida disponibilidad de fondos para hacer frente a nuevas erogaciones por parte del Estado.

La CGR aprobó el contrato suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI- y el consorcio Typsa-Conansa-Puente Prefa, para el “Diseño y Construcción del paso a desnivel en el Cruce “La Galera” Rutas Nacionales número 2 y 251", por un monto total de ¢2.019.966.005.75 (dos mil diecinueve millones novecientos sesenta y seis mil cinco colones con 75 céntimos), mismo que resulta derivado de la Licitación Pública No. 2019LN-000014-0006000001.

La CGR emitió un reporte de fiscalización sobre el control tributario para la recaudación en el Ministerio de Hacienda, enfocado en el cumplimiento de los Planes de Control Tributario y de nuevas acciones a cargo de la Dirección General de Tributación (DGT), ante la emergencia nacional (corte al 30 de setiembre 2020). Las acciones planificadas en el Plan Integrado de Control Tributario (PICT) 2020 requieren una mayor ejecución por parte de la Dirección General de Tributación dado que, al 30 de septiembre, el nivel de ejecución es de 53%.

Rezagos a continuación:

Adicionalmente:

Ningún sistema registra información de personas con actividad lucrativa no inscrita.

Aumento en promedio mensual de no declarantes del IVA de enero a julio, en relación con 2019.

Las actuaciones de control intensivo programadas cubren el 9,8% de Grandes Contribuyentes y 3,7% de las Grandes Empresas Territoriales.

El área de Denuncias e Investigaciones de la CGR, en atención de una denuncia relacionada con la supuesta negociación de Convenciones Colectivas al margen del principio de legalidad y particularmente de la Ley Nro.9635, emitió el oficio adjunto mediante el cual se advierte a la Ministra de Trabajo, en su condición de Jerarca y Presidenta de la Comisión de Políticas para la negociación de convenciones colectivas en el Sector Público, la necesidad y obligatoriedad de que en los trámites de homologación y demás relacionados con los convenios colectivos debe verificarse que dichos instrumentos convencionales se ajusten al principio de legalidad y particularmente a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nro. 9635; caso contrario y para evitar abuso de los fondos públicos, ese Ministerio, en el ejercicio de sus competencias, deberá prevenir a las partes involucradas para su respectivo ajuste al ordenamiento jurídico y proceder de conformidad.

Importante indicar que la CGR aborda en este oficio únicamente lo escrito en el párrafo anterior (no analizó las convenciones colectivas integralmente ni aspectos adicionales/distintos al contenido en el oficio). Queda ahora en manos de la Ministra la atención de lo indicado.

La CGR realiza auditoría sobre contrataciones de la CCSS ante la emergencia Covid-19, y emitió un reporte sobre el proceso de contenido y formato de la información disponible al usuario, para el fortalecimiento de la transparencia. Los recursos aprobados para financiar dichas compras -vía fondo de contingencias de la CCSS-, asciende a ¢125.000 millones de colones, por lo que resulta fundamental que la información relacionada esté disponible de forma completa y veraz.

Este es un resumen de los hallazgos principales:

• Aún no se utiliza SICOP (al momento del informe recién iniciaba el uso del sistema) razón por la cual la información de las compras no se encuentra digitalizada en dicha plataforma pública.
• Ante la emergencia COVID 19, se dispuso de una sección en línea denominada "Transparencia Covid-19" para informar a la ciudadanía respecto a las compras para la atención de la pandemia, que presenta las siguientes deficiencias:

	No existe verificación integral de los datos cargados al Sitio Web público. Se omite información indispensable o se registra información incompleta.
	59,26% de casos no documentan los criterios utilizados en selección del proveedor.
	17,24% de los expedientes registran errores en moneda de adjudicación. 9,20% de los casos presentaron errores en el monto en que se realizó la contratación.
	55,17% de la muestra consultada no cuenta con adjuntos descargables para revisión de veracidad.

La CGR autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- para comprar, en forma directa con oferente idóneo, 450.000 mascarillas para protección facial, aislante de micro partículas, material infeccioso, sangre y otros líquidos, transparente y de material flexible, para la atención de la pandemia y por un monto máximo de ¢301.950.000 colones.

La CGR autoriza contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social para comprar en forma directa, con oferente idóneo, batas de protección descartable no estéril, de un solo uso, impermeable, nivel de protección AAMI2, varios tamaños, para la atención de la pandemia. Por un monto máximo de ¢2.070.000.000,00 (dos mil setenta millones de colones exactos).

La CGR autoriza contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social, para contratar en forma directa con oferente idóneo, las obras complementarias para la adecuación de las instalaciones del Hospital Nacional de Psiquiatría, para la atención de la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢334.870.413,00 (trescientos treinta y cuatro millones, ochocientos setenta mil cuatrocientos trece colones exactos).

La CGR autorizó hoy una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- para comprar, en forma directa con oferente idóneo, 266.400 unidades de tarjetas para estudio de anticuerpos, para la atención de la pandemia, por un plazo de seis meses y por un monto máximo de $1.425.240 dólares.

La CGR emitió un estudio del análisis realizado sobre la continuidad en la prestación de 21 servicios críticos en 90 instituciones públicas durante la emergencia sanitaria. Se analizaron datos desde la gestión institucional del servicio público y desde el enfoque de las personas usuarias, con base en información suministrada por las administraciones, contralorías de servicios, auditorías internas, la Defensoría de los Habitantes, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, así como, una consulta ciudadana. Los resultados se resumen a continuación:

	Gestión institucional del servicio público	Opinión ciudadana del servicio
Financiamiento a la producción	Óptimo	Avanzado
Emergencias (hospitales)	Avanzado	Avanzado
Energía eléctrica	Avanzado	Avanzado
Telecomunicaciones	Avanzado	Intermedio
Consulta externa especializada	Intermedio	Avanzado
Atención primaria (EBAIS)	Intermedio	Intermedio
Abastecimiento de agua	Intermedio	Intermedio
Puertos y aeropuertos	Intermedio	Intermedio
Menores en condición de vulnerabilidad	Intermedio	Intermedio
Personas con discapacidad	Intermedio	Intermedio
Educación primaria	Intermedio	Básico
Educación secundaria diurna	Intermedio	Básico
Educación secundaria nocturna	Intermedio	Básico
Educación técnica	Intermedio	Intermedio
Recolección de residuos	Básico	Intermedio
Apertura de mercados y encadenamientos productivos	Básico	Intermedio
Generación de empleo	Básico	Intermedio
Seguridad alimentaria	Básico	Intermedio
Personas adultas mayores	Básico	Intermedio
Personas en condición de pobreza	Básico	Intermedio
Seguridad ciudadana	Básico	Intermedio

Ver infografía de la tabla

 

Principales conclusiones:

• La opinión ciudadana de los servicios refleja que si bien las entidades han mantenido la prestación de servicios ante la emergencia, existen brechas en los componentes de adaptabilidad, accesibilidad, transparencia y satisfacción de la persona usuaria, lo que hace necesario la implementación de acciones para el ajuste de su funcionamiento ante las nuevas circunstancias.

• Si bien para la prestación de los servicios se han realizado ajustes en los horarios y modalidades de atención, la ciudadanía señala que existen deficiencias en la comunicación de esos ajustes, en la atención de sus gestiones, en el acceso al servicio, la rendición de cuentas respecto a su prestación continua, entre otros.

Para conocer el detalle de los resultados de cada servicio se puede realizar una consulta interactiva sobre el nivel de gestión de su continuidad y su estado ante la emergencia sanitaria, considerando cada una de sus etapas y componentes.

La CGR realizó un seguimiento de la gestión en materia de áreas silvestres protegidas (ASP) que compara situación de 2014 con 2019. Se analizaron las acciones relevantes para la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro de las ASP, por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Es importante para el SINAC considerar el análisis de los resultados del seguimiento de la gestión para identificar los factores generadores de rezago en la implementación de acciones.

A continuación comparativo de resultados:

"En términos generales, la gestión de las ASP reviste de una gran complejidad producto de la multiplicidad de ecosistemas, actividades y usos permitidos en cada una de ellas, así como por los diversos actores involucrados en estos territorios. De esta forma, es necesario disminuir la baja o nula cooperación para mejorar la gestión de las ASP entre los diferentes niveles de organización del SINAC, así como mejorar las acciones de recopilación y análisis de información para evaluar los cambios en la diversidad biológica de las ASP, y los resultados económicos y sociales producto del uso sostenible de la biodiversidad." (pág 2. del informe).

La CGR autoriza contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro Social, para contratar en forma directa, con oferente idóneo, suministro de gases medicinales para la atención de la pandemia. Por un plazo de tres meses y por un monto máximo de ¢285.289.697,61 (doscientos ochenta y cinco millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos noventa y siete colones con sesenta y un céntimos).

La CGR emite, por tercer año consecutivo, el Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) 2020, el cual muestra el porcentaje de cumplimiento de las instituciones públicas fiscalizadas sobre las disposiciones emitidas por la CGR en sus informes de fiscalización. La infografía a continuación muestra los principales resultados del índice:

¿Qué es el Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)?

Es un instrumento que muestra la calificación de instituciones según el grado de atención de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de fiscalización en el período 2018-2019, el cual comprende tres factores primordiales en el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones, a saber: eficacia, eficiencia y gestión.

Resultados por temáticas

Avances

• Gobernanza de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación.
• Sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia.
• Ejecución del programa de integración fronteriza.
• Fortalecimiento y mejora de la transparencia en el Ministerio de Hacienda.
• Proceso de implementación de un ERP en el Instituto Costarricense de Electricidad.
• Mecanismos de control por parte del Empresa de Servicios Públicos de Heredia para su sostenibilidad financiera.
• Implementación de mecanismos de control para la ejecución y recuperación de créditos desembolsados por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal a los gobiernos locales.

En proceso

• Procesos de acreditación que realiza el Ente Costarricense de Acreditación.
• Acciones de política pública con el abordaje de la salud mental del Ministerio de Salud.
• Mejoras en la funcionalidad y suficiencia de los sistemas de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
• Calidad y seguridad de la información para la toma de decisiones de los procesos sustantivos del Ministerio de Hacienda.
• Transparencia en proceso de concesión de taxis en el Consejo de Transporte Público.
• Resiliencia de la infraestructura pública expuesta a fenómenos hidrometeorológicos extremos.
• Otorgamiento de créditos a los gobiernos locales por parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

Desafíos

• Planificación del recurso humano llevado a cabo por instituciones cubiertas por régimen de servicio civil.
• Programas de equidad ejecutados por el Ministerio de Educación Pública.
• Mejoras en el trámite para obtener un bono familiar de vivienda.
• Seguridad de la información de los centros de datos del Ministerio de Hacienda.
• Gestión del proyecto de construcción de la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper.
• Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables.
• Aplicación de las NICSP en 21 Municipalidades del país.

 

La CGR emitió el segundo reporte de la auditoría que realiza a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) para determinar el nivel de cumplimiento de los mecanismos de prevención de riesgos en los procesos ejecutados para la atención de la emergencia ocasionada por el COVID-19. En esta oportunidad, se analizó la gestión de ingresos que ha efectuado para la atención de la pandemia en el Fondo Nacional de Emergencias (FNE). A continuación, los resultados del estudio:

1. Es necesario fortalecer la potestad de la CNE para la recaudación de ingresos para el FNE:

   Los recursos que recibió la CNE por parte de diversas instituciones (ver cuadro abajo) no estuvo antecedida por un análisis de la disponibilidad de ingresos y asignación del gasto, pese a la potestad de la CNE de solicitar a las instituciones públicas el dinero que se requiera para atender la emergencia. En ese sentido, la CNE debe priorizar las necesidades por atender, establecer la relación causa-efecto entre el evento ocurrido, las acciones y el financiamiento requerido, todo mediante un proceso articulado que ponga en perspectiva la urgencia de los aportes y considere los análisis disponibles de los posibles impactos de la pandemia en las instituciones y sectores.

   Contribuciones de instituciones públicas para la emergencia por COVID-19 al 31 de agosto de 2020
   -millones de colones-

   Institución	Monto	Institución	Monto
   Junta de Protección Social de San José	600,0	Junta Administrativa de la Imprenta Nacional	13,0
   Instituto de Desarrollo Rural	600,0	Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur	3.750,0
   Consejo de Seguridad Vial	383,4	Refinadora Costarricense de Petróleo	5.000,0
   Instituto Nacional de la Mujer	330,0	Instituto Nacional de Seguros	1.000,0
   Registro Nacional	730,3	Instituto Nacional de Aprendizaje	6.500,0
   Tribunal Registra! Administrativo	1.883,7
   Total: 20.790,3

   Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la CNE.

2. Deben realizarse análisis prospectivos en la gestión del FNE:

   La CNE debe elaborar análisis prospectivos que permitan dimensionar la sostenibilidad del FNE para hacer frente a la presente emergencia, y disponer de información suficiente para la toma de decisiones en cuanto a la captación de ingresos y su aplicación en gastos. Temas como los cambios normativos que afectan la recaudación, la disminución en superávit libre del periodo 2020, y la tendencia a la baja de los recursos libres del FNE, así como otros factores emergentes relacionados a los gastos deben ser objeto de un análisis integral para la construcción de escenarios que permitan preparar proyecciones fiables para la toma de decisiones, principalmente en una emergencia como la actual, donde existe incertidumbre asociada con la disponibilidad y desembolso de recursos.

La CGR les invita a la presentación de resultados del Indice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) 2020, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 06 de noviembre, a las 10:00 a.m., por nuestro canal de YouTube. Este índice muestra el porcentaje de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la CGR en sus informes de fiscalización, por parte de las instituciones públicas fiscalizadas, en los últimos dos años.

Para ingresar deben darle clic en la siguiente invitación:

La presentación contará con un espacio para realizar consultas; únicamente deberá inscribirse el mismo día del evento, a través del formulario dispuesto para tales fines.

La CGR acaba de autorizar la contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar, en forma directa con oferente idóneo, varias interfases para ventilación mecánica no invasiva tipo escafandra o casco, para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢437.112.500 colones.

La CGR emitió dos nuevos reportes de la fiscalización que realiza sobre el Bono Proteger: sobre gestión de riesgos, controles de medición y seguimiento del desempeño, y sobre los procesos de diseño, definición de requerimientos, programación y pruebas de calidad de la plataforma implementada para la gestión del Bono Proteger, por parte del MTSS.

Control del PROGRAMA

• Se determinó una débil gestión de riesgos, en aspectos tales como: identificación, análisis, evaluación, administración y revisión de riesgos, que aseguren razonablemente el cumplimiento de los objetivos del Programa.
• Sobre la identificación de riesgos, por ejemplo, no se consideraron riesgos relacionados con el desempeño de programas de transferencias monetarias similares al Bono Proteger identificados en otros países en el contexto de emergencia, como riesgos de focalización (riesgos de fraude por medios remotos de solicitud; suplantación de identidad; medios de verificación no presenciales poco robustos; y duplicidad en el otorgamiento del beneficio) y riesgos de exclusión (información según grupo poblacional, acceso e integridad de la información de los solicitantes).
• El diseño de controles es incipiente para la medición y seguimiento del desempeño del programa del Bono Proteger. Las mediciones son insuficientes para controlar y brindar seguimiento a la focalización, cobertura, oportunidad en la entrega de las transferencias monetarias, y de acceso al programa de personas que por su condición no pueden gestionarlo de manera independiente.

Controles en la PLATAFORMA

• Diferencias en la programación de los controles automatizados sobre la priorización y validación de documentos de los beneficiarios en la plataforma, (respecto al Decreto Ejecutivo sobre Bono Proteger).
• En criterios para la priorización en la asignación de los bonos, se determinó que variables como condición de empleo, condición de pobreza, sexo de la jefatura de hogar, cantidad de dependientes y edad, no están conforme con lo establecido en el citado Decreto. Esto podría provocar problemas de focalización, en el sentido de que se asigne el bono a personas que no tengan las condiciones requeridas o se excluya a personas con mayor afectación.
• Validación de la documentación de soporte que las personas adjuntan a su solicitud (como la cédula de identidad, la declaración jurada y, si corresponde, carta del patrono donde confirma el cambio en la situación laboral del solicitante), no se cuenta con controles, ni automatizados ni manuales, que permitan verificar la cantidad, el tipo y contenido de los documentos enviados junto con cada solicitud. También carece de un mecanismo de asociación de tales documentos con la solicitud correspondiente.
• Se identificaron debilidades en la calidad de la información de la base de datos del Bono Proteger debido a la carencia de pruebas de calidad de la programación de los controles de la plataforma tecnológica.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social, para comprar en forma directa y con oferente idóneo, 11.015 unidades de reactivo para diagnóstico molecular (PCR) de Coronavirus incluido Covid-19. Por un monto máximo de ¢152.810.103,65 (ciento cincuenta y dos millones ochocientos diez mil, ciento tres colones con sesenta y cinco céntimos).

La CGR realizó una auditoría sobre el control ejercido por las instituciones del Estado involucradas en la operación de la Terminal de Contenedores de Moín, (TCM). El estudio determinó una serie de debilidades y limitaciones en la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora, la Unidad de Supervisión de JAPDEVA y la Unidad Fiscalizadora, por lo que no es posible garantizar, desde el inicio de la etapa de explotación de la TCM, el pleno cumplimiento de las funciones de control en el cumplimiento integral de las obligaciones descritas en el contrato. Aís pueden resumirse los hallazgos del informe:

Servicios y controles de las Autoridades Públicas		Fiscalización Órgano Fiscalizador
Ausencia de mecanismos formales de comunicación.		Limitación de acceso ágil y actualizado a la información del proyecto.
Limitaciones manifestadas por las Autoridades para realizar sus funciones.		Inexistencia de una planificación de mediano y largo plazo.
Policía Control de Drogas No existe un sistema automatizado para solicitar las revisiones de contenedores, lo que podría afectar la confidencialidad de la información.		Supervisión Unidad ejecutora CNC-Unidad Supervisión JAPDEVA
Fitosanitario No existe un andén para revisar carga refrigerada.		Débil capacidad de operación y respuesta de la UE.
SENASA Limitación con el monitoreo y mantenimiento de aspersión.		La US cuenta con limitaciones que le permiten supervisar integralmente el contrato.
Aduanas Tiempos de respuesta tardíos por parte del Concesionario. Sin cámara de enfriamiento.		Ausencia de planificación estratégica.

La CGR emitió el segundo reporte sobre las actividades de control realizadas por Comités Municipales de emergencia, CNE, MEP e IMAS, en la distribución voy apasar la ide víveres con motivo de la emergencia sanitaria nacional, en 15 cantones: Desamparados, Tibás, Goicoechea, Turrialba, La Unión, San Rafael, Sarapiquí, Matina, Pococí, Esparza, Quepos, Grecia, San Ramón, Cañas y Tilarán.

La entrega de víveres demanda la implementación de controles por parte de los actores involucrados, para garantizar una correcta distribución y uso de los recursos. Entre marzo y agosto 2020, se entregaron alrededor de 89 mil paquetes de víveres por un monto estimado de 6.188 millones de colones. En relación a los controles que deben establecerse encontramos aspectos que deben ser mejorados en 4 áreas de trabajo:

La CGR realizó una auditoría al Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) para examinar los procesos de contratación administrativa de adquisición de bienes que realiza la institución, en el periodo comprendido entre enero 2017 a diciembre 2019. Al respecto, se encontraron debilidades a nivel de gestión del procedimiento, limitaciones en las etapas de dicho proceso, falta de valoración integral de los riesgos, situaciones que facilitan la posibilidad de actos de corrupción y el no cumplimiento de los objetivos institucionales.

La CGR autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar, en forma directa con oferente idóneo, 300.000 unidades de respiradores filtrantes de partículas, para la atención de la pandemia provocada por el Covid-19, por un monto máximo de ¢413.245.440 de colones.

La CGR acaba de autorizar dos contrataciones de urgencia, para atención de compras vinculadas a la pandemia por COVID-19:

• Al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, de la Caja Costarricense del Seguro Social, para comprar en forma directa con oferente idóneo, 37.800 unidades de respiradores filtrantes de partículas homólogos al respirador N-95 para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢132.300.000,00 (ciento treinta y dos millones trescientos mil colones exactos).
• A la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, 70.000 kg de bolsas rojas de polipropileno para desechos sólidos infecciosos grande, para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢191.240.000,00 (ciento noventa y un millones doscientos cuarenta mil colones exactos).

La CGR autorizó contratación de urgencia al Centro Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), para contratar en forma directa y con oferente idóneo, los servicios residenciales y servicios de profesionales en enfermería y/o medicina para atender a personas usuarias del Programa Servicios de Conveniencia Familiar identificadas como caso sospechoso o positivo de Covid-19. El monto máximo autorizado es de ¢14.500.000,00 (catorce millones quinientos mil colones exactos).

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Nacional Psiquiátrico, de la Caja Costarricense de Seguro Social, para contratar en forma directa y con oferente idóneo 15 teléfonos IP y 4 canastas de acarreo para usar en los módulos Covid del Hospital; por un monto máximo de ¢3.131.250,00 (tres millones ciento treinta y un mil doscientos cincuenta colones exactos). Se adjunta oficio correspondiente.

La CGR autorizó dos contrataciones de urgencia, para atención de compras vinculadas a la pandemia por COVID-19:

• Al Hospital Nacional Psiquiátrico de la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo, pruebas reactivas para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢38.881.200 colones.
• A la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo, reactivo para diagnóstico molecular (PCR) de Coronavirus incluidos COVID-19, por un monto máximo de ¢1.664.749.200 colones.

La CGR, cumpliendo con el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley de Administración Financiera, remitió a la Asamblea Legislativa, el último avance del Informe Técnico del proyecto de Presupuesto Nacional de la República para el año 2021. La CGR emitió avances de dicho análisis en las últimas semanas para colaborar con los órganos legislativos en la discusión del presupuesto 2021, mismos que se encuentran disponibles bajo el nombre #MonitoreoCGR en el sitio web de la CGR.

La CGR realizó un informe sobre la implementación de las leyes número 9848 y 9843, establecidas en mayo 2020 con el fin de apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, así como el fortalecimiento del Depósito Libre de Golfito ante la emergencia nacional por Covid-19.

Los principales hallazgos son:

• Los cinco Gobiernos Locales que recibieron apoyo con recursos de JUDESUR presentaron ante la Contraloría General presupuestos extraordinarios incluyendo dichos recursos por ₡1.432,5 millones, de los cuales se dió una aprobación parcial por ₡649,4 millones.
• 69 Municipalidades de las 80 que remitieron la información, han utilizado al menos un mecanismo de la ley para dar atención tanto al contribuyente como para su gestión financiera. La siguiente ilustración muestra otros mecanismos implementados:

El informe permite un revisión interactiva donde se puede consultar el accionar de cada Gobierno Local, según la aplicación de las Leyes.

La CGR realizó un estudio sobre la transformación digital de la Administración Pública, donde enfatiza en las oportunidades de ahorro y eficiencia que pueden aportar los avances en dicha transformación. Este tema se desarrolla ampliamente en el IX Congreso de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, que realiza la CGR este martes 29, miércoles 30 y jueves 01 de octubre, en el enlace: https://congreso.cgr.go.cr/index.html

El estudio refleja que el aprovechamiento de la tecnología durante la pandemia por COVID-19, ha demostrado ser clave para que las instituciones públicas mantengan la prestación de sus servicios sin altos costos adicionales:

Se identifican también avances en el proceso de transformación digital para algunos sectores institucionales pero quedan importantes retos todavía por afrontar:

1) La transformación digital contribuye a la reducción de niveles de ineficiencia en el sector público, impulsando el mejor aprovechamiento no sólo de la tecnología, sino de todos los recursos con los que se cuenta para la adecuada prestación de los servicios. Hay sectores institucionales con un mayor rezago en el aprovechamiento de los recursos para mejorar servicios, como en los gobiernos locales, que muestran los niveles más altos de ineficiencia: 35%.

2) Se estima que el uso eficiente de los recursos con los que ya cuentan las instituciones públicas, para prestar sus servicios con un mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos, puede generar un ahorro de recursos anual de 8,6% y 8,9% del PIB para el periodo 2018-2023 si se suman los esfuerzos de todo el sector público.

3) La transformación digital requiere superar limitaciones dentro de las instituciones para su efectivo avance, a saber:

4) Los retos señalados por el informe requieren el fortalecimiento de las relaciones entre los diferentes actores, en ocho pilares fundamentales:

Informe remitido a la Asamblea Legislativa para apoyar la toma de decisiones en esta materia.

La CGR emitió un reporte sobre la gestión del Fondo de Contingencias de la CCSS, como parte de una auditoría que se encuentra realizando sobre las contrataciones realizadas por la CCSS ante la emergencia sanitaria del Covid-19. Se analizó la programación de la ejecución y la calidad de la información emitida por la Dirección de Presupuesto y el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la CCSS (CAED), con corte al 31 de agosto de 2020. Para la atención de esta emergencia se han previsto alrededor de ¢85.000 millones de colones para el Fondo, razón por la cual es de suma importancia fiscalizar su administración y los riesgos asociados a su ejecución.

Los siguientes datos revelan la atención urgente que debe darse a este Fondo de la CCSS:

Principales hallazgos

• En ausencia de nuevos ingresos y de mantenerse los niveles de gasto promedio mensuales (calculados en ¢8.760 millones), la probabilidad de que los fondos se agoten para diciembre 2020 es de un 94,34%, es decir, para enero 2021 no habría recursos. La CCSS ya remitió a la CGR un presupuesto extraordinario para gestionar recursos ante esta situación urgente. Igualmente, en el presupuesto ordinario 2021 deberán incorporar recursos para este fondo.
• Se evidenció que el CAED no ha establecido objetivos específicos que delimiten las aprobaciones que se están realizando, y se prioricen los gastos, en el marco de la pandemia.
• El CAED y la Dirección de Presupuesto llevan registros diferentes a pesar de que ambas tratan sobre la gestión del Fondo. Se identificaron diferencias que ascienden a los ¢12.152 millones de colones, por lo cual, unificar los registros de la información de ambas instancias, es indispensable para una mejor toma de decisiones.
• La CCSS no ha realizado proyecciones de ingresos ni de gastos del Fondo, lo que en el contexto de la pandemia debilita la definición de requerimientos, el monitoreo y la determinación de la suficiencia del Fondo de Contingencias.
• Se determinó que de los ¢45.000 millones de colones para compras de emergencia, desde marzo del 2020, la Gerencia Financiera apenas tiene conocimiento de la ejecución del 7% de los recursos, lo que no per
• mite a las autoridades tener una visión integral de la evolución del Fondo.

La CGR autorizó hoy una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo, kimonos tallas M, L, XL y XXL para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢378.600.000 de colones.

La CGR realizó una auditoría sobre la eficiencia y eficacia del servicio de comercialización, capacitación y asistencia técnica brindado por el Consejo Nacional de Producción, para el fomento de la producción de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas desde una perspectiva de valor público, en el periodo de enero 2018 a mayo 2020, determinando:

Resultados de auditoría operativa en CNP

• Los servicios de comercialización, capacitación y asistencia técnica, brindados por el CNP presentan limitaciones significativas que afectan su eficiencia y eficacia.
• No se dispone de planificación estratégica institucional, lo que limita el alcance de los objetivos y metas referentes a contribuir con el fomento a la producción y a la competitividad de los micros, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas.
• Carece de información actualizada que permita conocer la cantidad de productores beneficiados mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
• 21,5% de los productores del PAI no tenía cuota de mercado y un 22,1% de quienes sí tienen couta se dedican al acopio y distribución de productos; es decir, no corresponden a beneficiarios agroindustriales o productores primarios.
• Existen debilidades que limitan determinar la razonabilidad en el establecimiento de los precios de compra y venta.
• Los mecanismos de capacitación y asistencia técnica, para promover proyectos con valor agregado agropecuario, constituyen acciones dispersas sin una visión estratégica de intervención acorde con los resultados esperados.

La CGR autorizó la contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo, respirador homologado No. 95 para la atención de la pandemia, por un monto máximo de $5.880 dólares.

La CGR autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo, batas de protección descartable tallas S, M, L, XL y XXL para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢11.040.000.000 (once mil cuarenta millones de colones exactos). La CCSS argumenta la urgencia de abastecimiento de estos insumos y poder disponer de estas batas que se requieren en las diferentes unidades médicas en donde se atienden pacientes con esta enfermedad dado que la no disponibilidad de estos insumos paraliza los servicios de atención. La distribución de los productos por comprar se encuentra en un cuadro en la página 2 del oficio así como los mecanismos de control de dicha compra, mismos que se señalan con precisión en la página 4 del mismo.

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Hacienda para determinar el cumplimiento de acciones de integración del control tributario por parte de las Direcciones Generales de Tributación, de Aduanas y de Hacienda. Al respecto, se evidenciaron serias debilidades en tres áreas relevantes:

La CGR acaba de autorizar una contratación de urgencia al Hospital Nacional Psiquiátrico de la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo, autoclave calor en seco luz ultravioleta como parte de los requerimientos para la atención de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢850.000 colones.

La CGR autorizó una contratación de urgencia al Hospital Nacional Psiquiátrico de la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo, el servicio de instalación de fibra óptica como parte de los requerimientos para la atención de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo es de $53.811,77 dólares.

La CGR realizó una auditoría al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) para determinar si éste consideró en su gestión y planificación, los cambios definidos en la Ley de Fortalecimiento del Instituto No. 9366. Al respecto se evidenciaron carencias de gestión en tres ejes:

La CGR autorizó hoy contratación de urgencia al Ministerio de Seguridad Pública para comprar, en forma directa con oferente idóneo, 5.500 pares de botas tácticas policiales, caña alta y 1.270 pares de botas para selva y montaña a fin de mantener las acciones operativas en razón de la atención de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢565.650.120 colones.

La CGR recién autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo, 22.500 unidades de reactivo para diagnóstico molecular (PCR) de Coronavirus incluidos Covid-19 para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢296.113.950 colones.

La CGR realizó un estudio sobre la gestión del riesgo por corrupción en 10 municipalidades, con la finalidad de determinar la capacidad de gestión que presentan esos gobiernos locales para prevenir el riesgo de corrupción, así como la promoción de la automejora, el autoaprendizaje y la implementación de buenas prácticas.

El informe revela que las municipalidades evaluadas "...no están preparadas para gestionar de manera integral, acciones y buenas prácticas enfocadas a la prevención y lucha contra la corrupción. Dicha situación incrementa los riesgos de que ocurran actuaciones contrarias a la ética, la integridad y a las normas por parte de los funcionarios. Además podría ocasionar desconfianza en la población y de posibles actos irregulares en contra de los bienes y recursos financieros municipales. Todo esto en detrimento de la transparencia institucional, del logro de los objetivos institucionales y del bienestar de los ciudadanos" (pág.3).

A continuación los ejes evaluados en cada entidad, así como la calificación final obtenida.

Calificación porcentual obtenida

• Corredores: 47%
• Vásquez de Coronado: 31%
• Buenos Aires: 29%
• Jimenez: 26%
• Upala: 26%
• Alajuelita: 18%
• Cañas: 16%
• Atenas: 15%
• Abangares: 14%
• Talamanca 8%

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar, en forma directa con oferente idóneo,:

1. Equipo médico para la atención de pacientes con la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de $4.147.774,15 dólares.
2. Reconversión de la infraestructura de módulos (edificios) del Hospital Nacional Psiquiátrico para la atención de la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢900.000.000 colones.

En el oficio viene un cuadro con el detalle con las contrataciones urgentes de equipo requerida por la CCSS (páginas 2-4).

La CGR acaba de autorizar una contratación de urgencia al Hospital Nacional Psiquiátrico de la Caja Costarricense del Seguro Social, en forma directa con oferente idóneo, insumos y activos para las instalaciones que se usarán para la atención de pacientes con la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢212.355.721 colones.

La CGR autoriza contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS-, en forma directa con oferente idóneo, de sistema para pruebas PCR totalmente automatizado, para detección de patógenos de muestras biológicas con mínimo tratamiento manual para la atención de la pandemia causada por la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢475.576.950 colones.

La CGR realiza actualmente un proceso de fiscalización sobre el Bono Proteger, de la cual emitió ya dos reportes sobre los temas de diseño del programa y de la plataforma tecnológica implementada para la gestión del mismo. Los resultados se resumen a continuación:

1. Diseño del programa

El análisis evidenció, que a pesar de los esfuerzos realizados por el MTSS y el IMAS para diseñar el Bono Proteger, se requiere fortalecer la trazabilidad del objetivo general con el problema identificado y los efectos propuestos en la cadena de resultados, así como definir objetivos específicos que contribuyan al alcance del proyecto como un todo. Se requiere fortalecer el monitoreo y la evaluación de la intervención pública mediante la definición de indicadores, metas, líneas base e instrumentos de evaluación.

2. Plataforma tecnológica

La CGR analizó los acuerdos de niveles de servicio que brinda el proveedor y las responsabilidades de la contraparte. Determinó que se requiere el establecimiento de acuerdos mínimos de niveles de servicio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la empresa desarrolladora, para garantizar la operación en términos del servicio mínimo requerido, tiempo de respuesta al usuario, y resolución de incidentes a solicitud del Ministerio, mismo que debe incorporar a su Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) como contraparte técnica en la implementación de dicha plataforma.

Poseen	Carecen
Términos cualitativos	Términos cualitativos
• Soporte	• El servicio mínimo requerido
• Disponibilidad	• Tiempo de respuesta al usuario
• Confidencialidad	• Resolución de incidentes
	• Solicitudes del MTSS
Términos cuantitativos	Términos cuantitativos
• Espacio para almacenar información de aproximadamente para 1 millón de habitantes	• Métricas para evaluar la calidad y cumplimiento del servicio
• Disponibilidad 24/7
• Ventana máxima de pérdida de 4 horas
• Conservación de respaldos hasta por 30 días

La CGR realizó una serie de reportes sobre la evolución fiscal y presupuestaria del sector público costarricense, correspondientes al primer semestre 2020. En el pasado, se emitía un informe de medio período conocido como "Evolución de las Finanzas Públicas", mismo que ahora se convierte en un proceso de monitoreo de las finanzas público contínuo y disponible en línea. Los temas específicos que se abordan en este reporte son: contexto y perspectivas macroeconómicas, situación fiscal del sector público, gasto del Gobierno Central, situación del sector descentralizado y Ejecución del gasto corriente del sector público. Con este aporte esperamos contribuir al ejercicio de las funciones legislativas, a la toma de decisiones de la Administración y al acervo de información disponible para la ciudadanía en materia de Hacienda Pública.

La CGR realizó un análisis de las acciones y controles realizados por los actores públicos involucrados, en la distribución de víveres en 15 cantones, con motivo de la emergencia sanitaria nacional, para verificar la coordinación interinstitucional entre Comités Municipales de emergencia, CNE, MEP e IMAS.

El análisis evidenció la falta de una estrategia integral en la entrega de vivieres, ya que cada uno de los actores ha definido criterios de entrega de manera individual, dando respuestas diferentes que carecen de coordinación entre ellos. Algunas acciones fueron ejecutadas sin una priorización coordinada o con diversos criterios en la distribución de paquetes de alimentos.

Paquetes otorgados a la población de los cantones objeto de estudio

Fuente: elaboración propia

La CGR emitió informe de auditoría, sobre el avance en la implementación del Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público, propuesto desde el año 2014; se determinó que a mayo del 2020 apenas muestra un lento avance con la aprobación de su diseño conceptual y la hoja de ruta para la ejecución de las primeras fases del proyecto. Este proyecto se encuentra a cargo de un Comité conformado por los jerarcas del MOPT, CTP, INCOFER, ARESEP y BCCR.

El informe contralor revela:

Carencia de un plan de proyecto, clave para orientar y gestionar estratégicamente el alcance, el tiempo, los riesgos y los recursos necesarios.

Indefinición de roles, responsabilidades y habilidades del recurso humano, necesario para la implementación del proyecto.

No se han identificado los riesgos que se enfrentan, para el desarrollo e implementación del Sistema, lo que implica que no se gestionen.

Ausencia de un plan de gestión de costos del proyecto, que permita planificarlos, estructurarlos, realizar estimaciones presupuestarias y controlarlos.

Desactualización de los riesgos y documentación del proyecto para implementar el sistema informático de recaudo, necesario para el pago electrónico.

Implementar el pago electrónico es importante porque generaría mejoras en la recaudación de impuestos, el cálculo de tarifas, la planificación y eficiencia del servicio que se brinda a la ciudadanía. Y ante la actual emergencia sanitaria, incidiría positivamente en la salud, al disminuirse el contacto físico que implica el pago en efectivo.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Nacional Psiquiátrico, de la Caja Costarricense de Seguro Social, para contratar en forma directa y con oferente idóneo insumos de aseo para las instalaciones que se usarán para la atención de pacientes con la enfermedad Covid-19. Por un monto máximo de ¢259.093.750,00 (doscientos cincuenta y nueve millones noventa y tres mil setecientos cincuenta colones exactos).

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para contratar en forma directa y con oferente idóneo el arrendamiento de edificio para albergar el Servicio de Oftalmología del ente hospitalario, ante la emergencia de la enfermedad Covid-19. Por un monto mensual de ¢5.132.106,00 (cinco millones ciento treinta y dos mil ciento seis colones exactos) por un plazo máximo de seis meses.

El informe emitido por la CGR contiene un análisis de la gestión que realizan 90 instituciones públicas para continuar prestando sus servicios ante imprevistos como la actual emergencia sanitaria, en 21 servicios públicos que se consideran críticos para la ciudadanía, entre ellos:

Resultados del estudio:

Las instituciones analizadas se encuentran en promedio en nivel “Básico” de gestión de la continuidad institucional, ya que se han realizado esfuerzos aislados para implementar acciones y existe un amplio margen de mejora en la mayoría de ellas. Esto se traduce en que solamente una de las entidades se encuentra en el nivel “óptimo” (BNCR), siete están en el nivel “avanzado” (BCR, ICE, CNFL, BPDC, Bomberos, Municipalidad de Cartago y ESPH) y 82 entidades en los niveles intermedio, básico e incipiente (ver Anexo 1 al informe).

"El INS no ha logrado modernizar su plataforma tecnológica ni proveer a la institución de una solución tecnológica que apoye la gestión de sus procesos, esto a pesar de los distintos proyectos que ha iniciado con este objetivo, siendo el proyecto Axis uno de esos esfuerzos que inició desde el año 2015 y a la fecha de cierre de esta auditoría solo se ha culminado una de las cuatro etapas planificadas del proyecto y para lo cual ha ejecutado ₡5.025,0 millones, principalmente por concepto de recurso humano, monto que representa un 83% de los costos presupuestados por ese concepto" (página 14, informe DFOE-EC-IF-00012-2020).

Así concluye un informe de la CGR sobre el proyecto AXIS del Instituto Nacional de Seguros, el cual pretende adquirir e implementar un sistema para administrar todos los seguros del Instituto, para contar con la necesaria actualización tecnológica de su core de seguros.

La CGR realizó un análisis sobre el endeudamiento en una muestra de 15 Gobiernos Locales, el cual determinó un comportamiento incremental alcanzando el monto de ¢86.888 millones, en el período 2015-2019. Si bien es necesario contar con recursos constituye una oportunidad para desarrollar proyectos de inversión en los cantones, se identifican limitaciones en la administración del endeudamiento así como deficiencias en cuanto a la oportunidad y confiabilidad de las cifras de endeudamiento reportadas por esas instituciones:

Estas son las municipalidades de la muestra analizada:

1. Abangares 2. Alajuela 3. Buenos Aires 4. Corredores 5. Dota 6. Guatuso 7. Liberia 8. Naranjo

9. Pérez Zeledón 10. San Pablo 11. San Ramón 12. Santa Ana 13. Santa Bárbara 14. Santo Domingo 15. Zarcero

La CGR realiza una auditoría en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), sobre la cual emitió un primer reporte relativo al nivel de cumplimiento de mecanismos de prevención de riesgos en los procesos ejecutados para la atención de la emergencia por Covid -19, en el proceso de planificación y la publicidad de la información relativa a la atención de la emergencia. El reporte indica:

• La CNE destina recursos cuantiosos a la atención de la emergencia por el COVID-19 sin estar asociados a un Plan General de Emergencia, que aseguren la asignación óptima de los recursos; el ritmo de asignación del gasto promedio del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) durante los últimos meses supera 4,5 veces el promedio mensual proyectado para 2020.

• No se evidencia la publicación de información completa en el sitio web oficial de la CNE sobre los recursos provenientes del FNE que han sido utilizados en la atención del COVID-19, lo que limita la articulación de acciones entre los actores involucrados en la atención de la emergencia así como la capacidad de prever flujos de recursos necesarios.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social, para comprar en forma directa y con oferente idóneo 185.000 batas limpias descartables, para la atención de la enfermedad Covid-19. Por un monto máximo de $971.250,00 (novecientos setenta y un mil doscientos cincuenta dólares exactos).

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social, para comprar en forma directa y con oferente idóneo 4 ventiladores pulmonares, para la atención de la enfermedad Covid-19. Por un monto máximo de $142.000,00 (ciento cuarenta y dos mil dólares exactos).

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social, para contratar en forma directa con oferente idóneo, el suministro de servicios de alimentación para los pacientes hospitalizados y ambulatorios, por un plazo de 3 meses, ante la atención de la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢191.856.600 colones.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital de la Anexión de la Caja Costarricense de Seguro Social, para contratar en forma directa y con oferente idóneo, el suministro e instalación de mamparas de escritorio, para resguardar la salud del personal ante la atención de la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢8.202.100,00 colones.

La CGR realizó auditoría a la labor de supervisión del MOPT, sobre programa de Infraestructura de Transportes (PIT), gestor de obras viales de rehabilitación y marítimo portuarias. Se detectaron debilidades en la planificación, control y seguimiento de las acciones establecidas en dicho programa, limitando el avance en obras y la toma de decisiones oportunas, generando atrasos en la ejecución del programa y gastos adicionales por concepto de comisiones.

El programa esta conformado de la siguiente forma:

Componentes del programa

Obras Viales Obras Marítimo Portuarias Administración, auditoría y evaluación Obras de rehabilitación y ampliación de puentes y carreteras de la Red Vial Nacional. Rehabilitación y reforzamiento del Rompeolas de Caldera. Gastos relacionados con: Diseños, supervisión y estudios relacionados con la Red Vial Nacional. Plan Maestro del Puerto de Caldera. Gestión socio-ambiental del programa.   Terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya. Prevé la reconstrucción y ampliación de terminales y muelles de Puntarenas. Apoyo a la ejecución y administración.     Auditorías financieras externas.     Monitoreo y evaluación.

Proyectos como la conclusión del tramo Limonal-Cañas o el inicio del proyecto Barranca-Limonal, se han visto afectadas por los atrasos mencionados, siendo obras que permitirán una mayor competitividad del país y un mejor servicio para el ciudadano en cuanto a la reducción de tiempos de tránsito y a una disminución de costos de transporte.

La CGR resolvió los recursos de apelación interpuestos por las empresas MULTISERVICIOS ELECTROMÉDICOS S. A. (MESA) y por ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y MÉDICA S. A. (ELEINMSA), en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000001-3110, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- para adquisición de rayos X transportables digitales, recaído a favor de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S. A., bajo la modalidad de entrega según demanda.

ANÁLISIS DEL CASO: En virtud de los alegatos de las partes se solicitó criterio al Ministerio de Salud en relación con los registros de equipo y material biomédico (EMB) presentados por los apelantes y el adjudicatario en el procedimiento para el objeto ofertado y se determinó que ninguno de los apelantes ni el adjudicatario cuentan con el respectivo EMB al día de apertura de ofertas. Aunado a lo anterior, para el caso del apelante MESA se determinó que incurrió en falta de fundamentación a efectos de acreditar que la totalidad de su personal cumpla con los requerimientos de las cláusulas cartelarias 11 y 17.

Indica la resolución “...se impone señalar que llama nuestra atención que este procedimiento haya tenido fecha de apertura de oferta desde hace casi dos años; que haya tenido que ser de conocimiento de la Junta Directiva en más de dos ocasiones y que se conformaran diferentes comisiones para el análisis de las propuestas y que, a pesar de todo ello, no se hubiera realizado una consulta formal al Ministerio de Salud en relación con los EMB de todos los participantes, a fin de tener claridad sobre un punto tan esencial para la adquisición de este tipo de bienes. Una gestión de compras públicas eficiente aconseja contar con los criterios suficientes que den solidez a los actos que en definitiva lleguen a emitirse” (negrita no es del original).

RESOLUCIÓN DE CGR: se rechazan los recursos de apelación presentados por carecer las empresas apelantes de la legitimación para hacer los reclamos planteados, y la CGR anuló de oficio el acto final dictado por parte de la CCSS por el incumplimiento de la empresa adjudicada. Corresponde ahora a las autoridades de la CCSS tomar las decisiones pertinentes para suplir esta necesidad institucional conforme a la Ley de Contratación Administrativa y el ordenamiento jurídico.

La CGR realizó una auditoría en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) con el fin de verificar el cumplimiento de mejoras regulatorias y la simplificación del trámite de renovación de licencias de pesca comercial, entre enero de 2017 y febrero de 2020. Durante los años 2017 a 2019 se renovaron 1.682 licencias cuya gestión implica para los pescadores una serie de requisitos, los cuales al ser optimizados permitirán una mayor eficiencia y reducción de costos y tiempo para los usuarios.

Los hallazgos de dicho estudio pueden resumirse así:

Bajos niveles de implementación de acciones

7 de 10 principios y disposiciones normativas, no han sido implementados

Se solicitan requisitos distintos según la oficina regional visitada

Los requisitos y actividades necesarias para renovar una licencia, implican varias visitas al instituto, elevando los costos para el cliente

Usuarios inconformes respecto a extravío de documentos y ausencia de personal autorizado en sede regional

 

La Contraloría General de la República autorizó una contratación de urgencia al Centro Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), para contratar en forma directa y con oferente idóneo, los servicios residenciales de profesionales, para atender a las personas usuarias del Programa Servicios de Convivencia Familiar, identificadas como caso sospechoso o positivo de la enfermedad Covid-19, por un monto máximo de ¢42.900.000,00 colones.

Una débil administración de bienes realizables en manos del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) generó costos de ¢637 millones, entre el 2016 y 2020, según una auditoría del área de Servicios Económicos de la CGR.

¿Porqué el BANHVI debe mantener y administrar esos bienes?

El BANHVI administra aproximadamente 700 bienes, que provienen de la ejecución de garantías hipotecarias, de operaciones de crédito que no fueron atendidas por las entidades financieras o que fueron adquiridos o donados para el desarrollo de viviendas. Esos bienes han estado a cargo del Banco hasta por 25 años, actualmente 576 propiedades tienen una antigüedad de más de 10 años y, en varios casos, corresponden a viviendas que son habitadas sin mediar un contrato, tienen problemas de invasión, entre otras situaciones que limitan su venta o disposición para otros fines. Mantener esas propiedades como bienes administrados por el BANHVI impide recuperar recursos que podrían ser destinados a proveer de vivienda a la población, sumado a los gastos de mantenimiento y custodia que implica su administración. Además, otros podrían destinarse directamente para proyectos de vivienda pero no han sido dispuestos para esos fines.

El área de Servicios Públicos Generales de la CGR realizó auditoría para revisar las acciones de control que ejerce la Dirección de Servicios de Seguridad Privados (DSSP) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), sobre la actividad de personas físicas y jurídicas que prestan ese tipo de servicios, verificando que dichas acciones se realicen en apego al orden jurídico vigente.

Menciona el informe "...es de interés público que esa fuerza privada de seguridad sea controlada y controlable por parte del Poder Ejecutivo, sujetos a una regulación definida para estos efectos que permita establecer esos controles sobre las personas físicas y jurídicas que prestan el servicio de seguridad privada en el país, a fin de que su actuar no represente, más bien, una amenaza latente para la seguridad estatal y ciudadana" (Página 3. El destacado no pertenece al original.)

La auditoría señala debilidades en:

• Proceso de inspección por parte del MSP a las agencias que prestan el servicio de seguridad privada.
• Control sobre el límite de crecimiento de agentes y sobre la actualización de registro de inventarios de armas.
• Debilidades en los sistemas de información que son utilizados para el abordaje de las presuntas irregularidades derivadas del proceso de inspección a estas agencias.

La CGR remitió criterio sobre el proyecto de ley No. 21.970 “Ley de Fomento Socioeconómico Local” con el fin de realizar observaciones de fondo que aporten valor a la Asamblea Legislativa. Las principales observaciones se refieren a:

• La creación de nuevos órganos, instituciones y comisiones. Existe un alto riesgo de que esa estructura de articulación no sea la adecuada, en términos de agilidad, simplicidad y costos, para atender la solución que se persigue y asegurar la satisfacción del interés público.
• Las fuentes de financiamiento de al menos ₡135.112,4 millones. Ponderar los eventuales riesgos respecto al uso de esos recursos, tales como los provenientes de FONATEL y de impuestos, considerando la situación país, la menor disponibilidad de recursos y la limitación de poder canalizar esos recursos a otros fines.
• Exenciones del pago del impuesto del valor agregado y de otros impuestos, a las municipalidades y empresas de la Economía Social Solidaria. Se insiste en que el establecimiento de exoneraciones comprende parte de la problemática fiscal actual que enfrenta el país, ya que constituyen una carga para las finanzas estatales.
• La propuesta se presenta como una herramienta para la gestión socioeconómica a raíz del estado de emergencia pero no se observa una estrategia clara que permita asegurar que los recursos se destinen de manera que se alcancen los objetivos.
• Se encuentran temas que van más allá de la atención del acontecimiento, mismos que podrían tener impacto sobre las finanzas públicas, el crecimiento del aparato estatal, el control interno, la transparencia y la rendición de cuentas.

El pasado viernes fue dictaminada, de forma afirmativa y unánime, en la comisión especial que tramitó esta iniciativa bajo el expediente 21546, la nueva Ley General de Contratación Pública que unifica todas las compras de las instituciones del Estado, simplificando y agilizando los procedimientos para la contratación administrativa, promoviendo un cambio de paradigma significativo en las contrataciones públicas en beneficio de los servicios que el Estado presta a los ciudadanos.

En medio de la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, la comisión legislativa que conoce el proyecto ha dictaminado esa iniciativa legal relevante para el país, siendo una decisión fundamental para las compras públicas pues permite a las autoridades nacionales en las entidades públicas contar con un instrumento eficaz para el gasto e inversión de los recursos de la Hacienda Pública. Los principales ejes del proyecto dictaminado son los siguientes:

Un ámbito de aplicación omnicomprensivo	La transparencia y la ética con una perspectiva transversal	La ciudadanía, un actor importante	Potencialización del uso de las Tecnologías de Información
Cimientos sólidos a partir de una adecuada planificación	Fomento de la competencia en la contratación pública	Control eficiente y proporcional	Una rectoría eficaz
	La contratación pública es un mecanismo estratégico	Impulso a la infraestructura pública

A continuación vídeo del Gerente de la División de Contratación Administrativa de la CGR, Lic. Allan Ugalde, quien resume el impacto del proyecto; también una presentación realizada por la señora Contralora General, Marta Acosta, en dicha comisión legislativa, misma que resulta de utilidad para mejor conocer el contenido del proyecto. Además audios de diputado y diputadas de la comisión legislativa, facilitados por AL. Por último el vínculo al vídeo sobre audiencia de la Contralora en la Asamblea Legislativa.

A pocas horas de vencer el plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes -DJB- aún restan alrededor de 3.000 personas por hacerlo, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El plazo para presentarla finaliza hoy a las 11:59:59 p.m. La presentación de la DJB es totalmente electrónica, en https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html

Los datos actualizados a esta hora son los siguientes:

Recepción Diaria
Diaria	Total
4/05/2020	779
5/05/2020	691
6/05/2020	514
7/05/2020	496
8/05/2020	446
9/05/2020	115
10/05/2020	103
11/05/2020	594
12/05/2020	658
13/05/2020	712
14/05/2020	648
15/05/2020	732
16/05/2020	193
17/05/2020	254
18/05/2020	1316
19/05/2020	1822
20/05/2020	2438
21/05/2020	3159
22/05/2020	1219

Es importante recordar que la responsabilidad administrativa y las sanciones por el incumplimiento en la presentación de esta, también se regula en la ley no. 8422, concretamente en los artículos 38,39 y 40. El funcionario que incumpla puede ser sancionado con: a) Amonestación escrita publicada en el Diario oficial, b) Suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente de 15 a 30 días, y hasta c) Separación del cargo público sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda.

AVISO DE FRAUDE: La CGR nunca solicita información confidencial, claves bancarias ni de ninguna otra naturaleza a ningún ciudadano por correo electrónico, ni ofrece firmas o certificaciones digitales; en caso de recibir un correo que le genere dudas sobre su autenticidad, no debe acceder a los enlaces o abrir archivos adjuntos y verificar la validez con la unidad de informática de la institución para la que labore. También puede comunicarse a la CGR al teléfono 2501-8000 o escribir al correo contraloría.general@cgrcr.go.cr .

Les informamos el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes -DJB- que deben presentar alrededor de 21.000 personas, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El plazo para presentarla vence este viernes 22 de mayo.

Preocupa el avance en el cumplimiento de esta disposición legal, dado que a esta hora/hoy se han presentado 6950, lo que representa apenas el 33% del total de personas obligadas a presentarla. La presentación es totalmente electrónica y es posible realizarla 24/7 desde el enlace web: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html

Recepción Diaria
Diaria	Total
4/05/2020	779
5/05/2020	691
6/05/2020	514
7/05/2020	496
8/05/2020	446
9/05/2020	115
10/05/2020	103
11/05/2020	594
12/05/2020	658
13/05/2020	712
14/05/2020	648
15/05/2020	732
16/05/2020	193
17/05/2020	254
18/05/2020	15
	6950

AVISO DE FRAUDE: La CGR nunca solicita información confidencial, claves bancarias ni de ninguna otra naturaleza a ningún ciudadano por correo electrónico, ni ofrece firmas o certificaciones digitales; en caso de recibir un correo que le genere dudas sobre su autenticidad, no debe acceder a los enlaces o abrir archivos adjuntos y verificar la validez con la unidad de informática de la institución para la que labore. También puede comunicarse a la CGR al teléfono 2501-8000 o escribir al correo contraloría.general@cgrcr.go.cr .

Les informamos el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes -DJB- que deben presentar, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, alrededor de 21.000 personas: 3168 personas han presentado su DJB de forma totalmente electrónica, desde el enlace web: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html Este proceso inició el lunes 4 de mayo y finaliza el viernes 22 de mayo.

Recepción Diaria
Diaria	Total
4/05/2020	779
5/05/2020	691
6/05/2020	514
7/05/2020	496
8/05/2020	446
9/05/2020	115
10/05/2020	103
11/05/2020	24
	3168

AVISO DE FRAUDE: La CGR nunca solicita información confidencial, claves bancarias ni de ninguna otra naturaleza a ningún ciudadano por correo electrónico, ni ofrece firmas o certificaciones digitales; en caso de recibir un correo que le genere dudas sobre su autenticidad, no debe acceder a los enlaces o abrir archivos adjuntos y verificar la validez con la unidad de informática de la institución para la que labore. También puede comunicarse a la CGR al teléfono 2501-8000 o escribir al correo contraloría.general@cgrcr.go.cr .

La Contraloría General de la República recién autorizó dos nuevas compras relacionadas con la atención de la pandemia COVID-19; a continuación detallo objeto/monto:

• Contratación de urgencia a la Municipalidad de San José a comprar en forma directa con oferente idóneo, diarios para los habitantes del cantón central de San José en situación de vulnerabilidad por la pandemia, por un monto máximo es de ¢30.000.000 de colones.
• Contratación de urgencia a la Asamblea Legislativa para que contrate en forma directa con la Fundación Ayúdanos para Ayudar, el alquiler del Auditorio del Museo de los Niños para llevar a cabo las sesiones del Congreso, con ocasión de la pandemia, por un monto máximo es de ¢11.575.500 de colones.

Cada primero de mayo, la Contraloría General de la República remite a la Asamblea Legislativa, cumpliendo su obligación constitucional, su Memoria Anual del ejercicio económico anterior (2019).

Resumen infográfico de los principales datos de la Memoria Anual

A partir de hoy lunes 04 y hasta el 22 de mayo, alrededor de 21.000 declarantes deben realizar su Declaración Jurada de Bienes ante la CGR, según artículo 56 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; deben ingresar a la página www.cgr.go.cr a realizar la declaración de forma electrónica.

Este año la CGR ha implementado un formulario de declaración renovado, el cual facilitará el análisis posterior de la información para la fiscalización integral que realiza este órgano. Se han reforzado los medios de atención digital, para facilidad del declarante, y se ha implementado la autogestión de la clave de ingreso, esto debido a la imposibilidad de atender de forma presencial, dadas las restricciones dictadas por las autoridades sanitarias nacionales.

AVISO DE FRAUDE: La CGR nunca solicita información confidencial, claves bancarias ni de ninguna otra naturaleza a ningún ciudadano por correo electrónico, ni ofrece firmas o certificaciones digitales; en caso de recibir un correo que le genere dudas sobre su autenticidad, no debe acceder a los enlaces o abrir archivos adjuntos y verificar la validez con la unidad de informática de la institución para la que labore. También puede comunicarse a la CGR al teléfono 2501-8000 o escribir al correo contraloría.general@cgrcr.go.cr .

Guía para la autogeneración de clave por parte del usuario

El mundo atraviesa un momento decisivo al enfrentar la pandemia del COVID-19, cuyos efectos provocan una crisis sanitaria que trasciende las estructuras políticas, sociales y económicas. El acceso a información pública, la rendición de cuentas y la transparencia deben ser pilares en la toma de decisiones públicas que nos interesan a todos los ciudadanos. En virtud de lo anterior, la CGR, en su rol auxiliar de la Asamblea Legislativa, busca coadyuvar con herramientas digitales que permitan acceso a la información disponible en la CGR relativa a la atención del impacto de la emergencia, de forma útil y oportuna. Se busca ofrecer un medio de acceso sencillo y actualizado que permita conocer los datos y análisis que faciliten el control ciudadano y la profundización del ejercicio de la rendición de cuentas en tiempo real.

En el Sitio Web https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19 se estará actualizando permanentemente la información institucional relacionada con contratación administrativa, criterios de la CGR sobre proyectos de ley, artículos de análisis, y gestiones relevantes vinculadas de forma directa con la atención del COVID-19, con el propósito de que se puedan valorar oportunamente los eventuales impactos y riesgos de las decisiones públicas para la atención de la emergencia sanitaria.

Esperamos que esta herramienta sea un insumo que aporte positivamente en la gestión pública de la atención de la pandemia y promueva mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, seguimiento y control del gasto público, durante y posterior a la atención de la emergencia.

La CGR rechazó de plano los recursos de apelación presentados por China National Electronics Import & Export CO LTD, Consorcio Proyecto ITS COSEVI y el Consorcio ITS Costa Rica, en contra del acto de adjudicación de Licitación Pública Internacional promovida por el COSEVI para la implementación del sistema de cámaras viales, adjudicación que recayó a favor del Consorcio Gestión Tecnológica ITS por un monto aproximado de $54 millones de dólares.

Las razones del rechazo de los recursos obedecen, esencialmente, a que las apelantes no lograron desvirtuar una serie de incumplimientos atribuidos a sus ofertas en sede administrativa, lo que les restó legitimación para continuar con el proceso de impugnación ante la CGR. Con esta resolución queda confirmado el acto de adjudicación dictado por la Administración.

La CGR emitió dos documentos muy relevantes en el contexto fiscal actual, remitidos en diciembre 2019, a los señores Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa:

• "La caja única del estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público": documento que se refiere a los beneficios de administrar el dinero del sector público de forma centralizada. Cuantifica los recursos adicionales que podrían formar parte de esa caja o cuenta única, con importantes ahorros en pagos de intereses y comisiones para el Estado.

• "Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas: beneficios y ahorros de la unificación": este documento expone resultados del análisis y datos sobre el impacto del ahorro en tiempo y dinero por uso del SICOP por parte de las instituciones públicas, promoviendo con ello la eficiencia y transparencia en las compras públicas.

El área de Infraestructura de la CGR realizó una auditoría cuyo objetivo fue determinar el cumplimiento de las metas establecidas a los programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones; el resultado de dicha auditoría es que no se han alcanzado las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). El período de estudio fue del 2015 al 2018 y se determinaron atrasos en la ejecución de los proyectos, establecimiento de metas inalcanzables, proyectos pendientes de poner en ejecución pese a giro de recursos, entre otros.

Los hallazgos se pueden resumir así:

La División de Contratación Administrativa de la CGR autoriza al Ministerio de Educación Pública a proceder con la prórroga de los contratos para el servicio de transporte estudiantil en 130 rutas, para el curso lectivo 2020, por un monto máximo estimado de ¢3.413.921.854,00 colones.

Se prorrogan los contratos de transporte con la finalidad de no afectar el derecho a la educación de los estudiantes beneficiarios en cada una de ellas y en la obligación de la Administración de satisfacer un interés público de contar con el servicio formal de transporte de estudiantes. Pese a que se han venido desarrollando acciones con el fin de lograr la implementación del modelo tarifario (estimado para este año), en este momento aún no se dispone de la tarifa regulada por la ARESEP al efecto.