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La Contraloría General de la República otorgó autorización al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para modificar el Memorando de Acuerdo CONAVI –UNOPS: “Supervisión del proyecto “Corredor Vial Circunvalación Norte, Ruta Nacional No. 39, sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ruta Nacional No. 109)” y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial”, por el plazo de 16 meses y el monto de $2.870.355,00. De tal forma, que la vigencia del contrato de supervisión coincida con las fechas de finalización de la fase de construcción, prevista para el 30 de abril de 2023. Lo anterior mediante oficio No. 23015 (DCA-4874) del 17 de diciembre de 2021.

El COSEVI remitió a la CGR una gestión (referencia de ingreso NI 36933), relacionado con el proceso de gestión para garantizar la continuidad de los servicios en la prestación del servicio de inspección técnica vehicular. Apenas ingresando a la CGR por lo que es materialmente imposible referirnos a su contenido, qué sigue o plazo para resolver dado que tenemos primero que ver qué tipo de gestión es y qué corresponde. Se trata ahora de un documento en trámite por lo que no emitiremos pronunciamiento alguno al respecto hasta tener clara la naturaleza de la gestión y trámite respectivo en la CGR.

Antecedente:

El Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la CGR, dentro del marco de la auditoría sobre el diseño del proyecto para la implementación de la Red Educativa del Bicentenario (REB) por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) (auditoría en curso) determinó que existe una transferencia de competencias esenciales del MEP a la Fundación Omar Dengo (FOD) por lo que emitió la orden DFOE-CAP-ORD-00001-2021 para que el MEP asuma directamente sus competencias vinculadas con la REB y se suspendan las actuaciones que estuviera ejecutando la FOD.

La referida orden fue impugnada por el MEP y por la FOD. El Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, al resolver los recursos de revocatoria, los declara sin lugar (resolución N.° R-DFOE-CAP-00003-2021 del 10 de noviembre de 2021) y el Despacho Contralor resolvió las apelaciones en la resolución ( R-DC-111-2021 del 8 de diciembre de 2021), tras comprobar que la Fundación está asumiendo el desarrollo y gestión de la REB con un papel protagónico, limitándose el MEP a avalar las actuaciones de la FOD, rechaza los recursos y confirma la orden girada.

Resolución:

La CGR reconoce que la REB es importante para el sistema educativo nacional, especialmente para afrontar las distintas realidades, brechas y necesidades tecnológicas que existen y que se han agudizado con la pandemia, pero resulta ineludible la función del MEP que no puede transferir sus potestades constitucionales y legales a un sujeto privado. Se reconoce que la participación de sujetos privados en la articulación de soluciones para cubrir necesidades de interés público es posible, pero no puede aceptarse un vaciamiento de las competencias del aparato estatal en las condiciones ocurridas en este caso.

El MEP no puede justificar la delegación del proyecto o una incapacidad alegada para ello dado que cuenta con los recursos económicos y el personal técnico necesarios, pudiendo acudir a los procedimientos de contratación administrativa para atender las necesidades de bienes o servicios que pudiera requerir. Finalmente, el MEP debe garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las opciones que actualmente utiliza para la conexión de 4.821 centros educativos.

Sobre el papel de la FOD se aclara:

• Dicha fundación se encuentra habilitada por la Ley de Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa, N.º 8207 (PRONIE) para participar en la ejecución de ese programa, lo que ha hecho por muchos años.
• Sin embargo, la REB tiene como propósito no solo apoyar el desarrollo de contenidos curriculares sino que incorpora la implementación de servicios de conectividad también para la gestión administrativa institucional del MEP, incidiendo sobre todos los programas sustantivos y de apoyo organizacional (lo que va más allá del PRONIE) e involucra la participación de otros actores, como FONATEL y MICITT.
• De este modo, no es posible que cualquier proyecto que pretenda llevar adelante el MEP se califique como parte del PRONIE y se pretenda cubrir con la citada Ley N.° 8207, para trasladarlo de manera directa a la Fundación.

La CGR realizó una auditoría en la Refinería Costarricense de Petróleo -RECOPE- cuyo propósito fue determinar la congruencia del proceso de preinversión de RECOPE S.A. con la normativa aplicable y buenas prácticas internacionalmente reconocidas, en particular la razonabilidad, suficiencia y oportunidad al decidir si la iniciativa del proyecto se ejecuta, posterga, abandona o si se requiere profundizar los estudios que lo respaldan. El período de análisis comprendió del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020, y se amplió a 2021 únicamente para incorporar el análisis de los estudios de preinversión del proyecto “Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el Plantel Barranca". La fase de preinversión de proyectos es un proceso fundamental y se asocia a la elaboración de estudios que determinan la factibilidad y viabilidad de las propuestas, por lo que permite identificar, formular, evaluar y seleccionar las que resultan rentables considerando la técnica, el mercado, lo financiero, económico, social y ambiental, para una toma de decisiones informada y razonada.

¿Qué encontramos?

La conclusión general es que RECOPE S.A. se ha apartado de la orientación establecida por MIDEPLAN y las buenas prácticas de preinversión, manteniendo así una visión desligada del entorno y los elementos que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública. No ha sido consistente en el fortalecimiento, a todo nivel, de la cultura institucional de inversión pública, y MIDEPLAN no ha sido riguroso en velar por el cumplimiento de su propia normativa aplicable.

Se determinó que RECOPE presenta:

Incongruencia en la definición de roles y responsabilidades en la fase de preinversión de los proyectos llevados a cabo por RECOPE S.A.

Insuficiente información en los insumos necesarios para la toma de decisiones de inversión.

Aprobación del Proyecto Terminal Pacífico sin contar con los elementos técnicos, financieros y jurídicos.

Debilidades en la normativa interna desarrollada por RECOPE S.A. para gestión de preinversión.

Sobre este último, el proyecto Terminal Pacífico, se analizaron 3 estudios de preinversión y se determinaron incongruencias en la toma de decisiones de la Junta Directiva de RECOPE S.A., lo que ameritó la emisión de la Orden n.° DFOE-SOS-ORD-00001-2021, en la que se solicitó anular de inmediato el acuerdo de Junta Directiva que aprueba el “Estudio de Factibilidad del Proyecto Terminal Pacífico” del 5 de abril de 2021, así como la decisión inicial de contratación y eliminar del SICOP el procedimiento licitatorio. Posteriormente,la Junta Directiva de RECOPE efectuó un nuevo estudio de factibilidad, y en el acuerdo 5 del Acta de la Sesión Ordinaria #5245-217 lo aprobó, así como el desarrollo y financiamiento del proyecto mediante fideicomiso de obra pública, pese a que no se contaba con los análisis suficientes para haber tomado dichas determinaciones a la fecha de ese acuerdo, por cuanto: 1) el estudio de factibilidad se aprobó sujeto a condicionamientos legales y financieros establecidos en el propio estudio, lo que condujo a la aprobación del desarrollo y financiamiento del proyecto; 2) se insta a solicitar autorizaciones para el financiamiento del proyecto, sin haber completado los requisitos del procedimiento de conformidad con las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019) y; 3) aún no se tiene claridad acerca de la posibilidad de RECOPE S.A. de cumplir con la regla fiscal al ejecutar el proyecto. De todo lo anterior, la Administración señaló que se encuentra en proceso para completar los requisitos pendientes.

La CGR emitió un reporte de auditoría al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para determinar si la gestión realizada en las intervenciones de conservación de la red vial nacional se realizan bajo el enfoque para resultados, conforme al marco legal y normativo, así como las buenas prácticas aplicables. Se determinaron serias debilidades y limitaciones en los elementos de planificación institucional, presupuesto y administración financiera y adquisiciones, así como lo relacionado con la preparación para la implementación de la Ley General de Contratación Pública N°. 9986.

Indica el reporte: "Por ejemplo, ante la ausencia de análisis costo/desempeño de las intervenciones y la no identificación de factores externos e internos que inciden en el incremento del costo de las obras y que crean diferencias en la ejecución de los montos inicialmente planificados ".. según la información de costos contenida en las bases de la contratación N°.2020LN000004-000600000116 (¢597.340.081.808,62)17, dicho monto se incrementó más de tres veces respecto al adjudicado inicialmente en los contratos establecidos en el año 2016" (página 6).

Se detallan a continuación los hallazgos de este primer reporte de la auditoría:

La CGR realizó una auditoría de la Estrategia Puente al Desarrollo 2019-2022, sobre la eficacia y eficiencia de dos componentes, Puente al Bienestar y Puente al Trabajo. La estrategia es una propuesta de articulación interinstitucional para incidir en la condición de vida de las familias en pobreza o pobreza extrema. En el componente Puente al Bienestar participan activamente, más de una decena de instituciones públicas y en Puente al Trabajo otras 3. Se destaca: "Los resultados mostrados permiten concluir que la Estrategia, si bien es una propuesta ambiciosa y necesaria para el país, en su implementación ha presentado dificultades en el desempeño de los principios de eficacia y eficiencia. Lo anterior, porque no se han desarrollado algunos eslabones que aseguren la eficacia de la articulación interinstitucional y con ello, poder atender desde una perspectiva integral la problemática de la pobreza. (conclusiones pág. 19 del informe)".

La CGR realizó auditoría al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para verificar el cumplimiento del control de las concesiones de Puerto Caldera, llevadas a cabo por su Unidad Técnica de Supervisión y Control y la Secretaría de Fiscalización. Este puerto, el más importante del Pacífico costarricense, movilizó cerca de 17 millones de toneladas de mercancías entre los años 2017 a 2019, por tanto es muy importante la aplicación de las mejores técnicas de control y fiscalización, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la oferta de servicios portuarios.

Los siguientes son los hallazgos más relevantes del estudio:

La CGR realizó una auditoría sobre la eficacia, eficiencia y economía en la implementación de compras sostenibles, en el Sector Público costarricense. De dicha auditoría se emiten dos informes a diferentes ministerios involucrados entre ellos: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un informe sobre la gobernanza de las compras públicas sostenibles y otro sobre implementación en el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural.

El informe sobre eficacia de la gobernanza en la implementación de las acciones de política pública alcanza un nivel de avance de un 12% sobre las compras públicas sostenibles, se concluye que es necesario impulsar el potencial de éstas como motor de desarrollo sostenible a partir de la inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad y exclusión, ya que pueden contribuir además del crecimiento y dinamización de la economía, a erradicar la pobreza y desigualdad, así como las protección del medio ambiente.

Principales hallazgos

El informe sobre la eficacia, eficacia y economía de la implementación de las compras compras públicas sostenibles de bienes y servicios agropecuarios, se concluye que dicho tema posee un nivel de avance en la implementación de 6,9%, reflejando un nivel incipiente. Lo que refleja la necesidad de impulsar mercados menos concentrados, más equitativos e incluyentes.

Principales hallazgos

La CGR emitió dos informes de auditoría a la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS-: uno sobre los servicios de salud brindados por los equipos básicos de atención integral en salud -EBAIS- y otro sobre las compras de equipo médico de alta complejidad realizadas por la institución.

El informe sobre eficacia y eficiencia del servicio brindado por los EBAIS concluye que es necesario ejecutar mejoras para incrementar el valor público que brindan a la población considerando que son el primer nivel de atención de la CCSS, al cual esta institución destinó ¢491.794,6 millones durante el 2020. Allí se brindó el 75,7 % del total de consultas realizadas, en un total de 1079 EBAIS y 105 áreas de salud.

Hallazgos

Acceso a consulta externa limitado Los EBAIS bajaron sus porcentajes de atención de población entre el 2019 y el 2020 alcanzando niveles muy bajos o nulos en estándares institucionales.

Calidad del servicio Bajo desempeño en los controles óptimos de personas con enfermedades crónicas; con un marcado retroceso durante la pandemia.

Coordinadores de EBAIS indican diferentes dificultades para los usuarios (censo 1069 médicos) • 73% dificultades de acceso a cita. • 28,9% dificultades referentes a distancia. • 12,6% a medicinas. • 71,6% mencionó insuficiencia en cantidad de citas.

Disposición de recurso humano • 719 EBAIS no tienen acceso a personal en Promoción de la Salud, 533 en Nutrición, 371 en psicología y 279 de laboratorio clínico. • En 47 EBAIS se encontró la falta de personal fundamental para su funcionamiento.

El segundo informe analizó si las compras de equipo de alta complejidad se realizan de conformidad con el marco normativo vigente, lo cual resulta relevante dado que la institución destinó $45,72 millones entre 2018 y 2020 en 11 proyectos para la compra de este tipo de equipo.

Hallazgos

Poca planificación e identificación de necesidades de compra de equipos médicos 7 de 11 proyectos surgieron por solicitud de prestatarios, impulsados por mandatos legales, o informes de la Auditoría Interna de la CCSS.

De 11 proyectos (2018-2020) Ninguno contó con la evaluación de la tecnología por adquirir, en consideración de aspectos técnicos y de la prestación de servicios de salud.

No aplicación de un proceso técnico y objetivo Que priorice y seleccione los proyectos de compra de equipo médico de alta complejidad.

Recursos financieros asignados sin considerar criterios de igualdad y equidad en la prestación de los servicios de salud.

La CGR notificó ayer, de forma preventiva y dentro de sus competencias de fiscalización, criterio ya emitido en el pasado sobre la improcedencia del reconocimiento salarial a funcionarios suspendidos por causa penal que impide el desempeño de sus labores a las Municipalidades de San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Osa y Golfito. La CGR tiene la obligación de notificar primero a las partes (dichas municipalidades) antes de poder informar a cualquier tercero sobre sus actuaciones sustantivas de fiscalización.

Se notificó a dichos municipios sobre pronunciamientos emitidos en su labor consultiva, donde se ha señalado que en aquellos casos donde exista un impedimento que es ajeno tanto a la voluntad del trabajador como a la del patrono, por el cual el trabajador no puede cumplir su obligación, la relación laboral se suspende, tal y como lo dispone el numeral 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario. Asimismo, se ha indicado que no le corresponde el pago de salario a aquel funcionario que le hayan sido impuestas por el juez penal medidas cautelares, aunque no se trate de la privativa de libertad, si con ellas se le imposibilita asistir al trabajo. (oficio n.° 14312 (DJ-1326) del 05 de octubre de 2018 (criterio vinculante para el gestionante) y oficio n.° 11259 (CGR/DJ-1547-2015) del 06 de agosto de 2015 (opinión jurídica).

Se trata de criterio vigente remitido oportunamente para su debida consideración en decisiones que corresponda adoptar a esas instancias, con vista en los hechos que han trascendido públicamente donde se vincula a servidores públicos de esas instituciones en investigaciones penales en curso y la discusión de medidas cautelares. Es deber de las autoridades públicas actuar con apego al principio de legalidad, aspecto que deben asegurar las jerarquías institucionales e instancias administrativas y pueden verificar también las auditorías internas.

La CGR resolvió recurso de objeción al cartel interpuestos por TPF GETINSA-EUROESTUDIOS S.L., ALSTOM TRANSPORT S.A., TRANSDEV GROUP S.A. y Bryan Hernández Lizano, en contra del cartel de la licitación pública internacional No. 2021LI000001-00129-COPSP, promovida por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles -INCOFER-, para la etapa de precalificación de la concesión de obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del tren eléctrico para el Gran Área Metropolitana.

La CGR resolvió declarar parcialmente con lugar el recurso del señor Bryan Hernández Lizano por considerarse que el INCOFER no ha dado cumplimiento a las disposiciones del informe de auditoría de la CGR sobre el proceso de planificación del tren eléctrico del GAM desarrollado por el INCOFER (informe DFOE-CIU-IF-00002-2021), en el cual se planteó a la Administración una serie de hallazgos y emitió una serie de disposiciones sobre el proyecto en cuestión, considerándose que el resultado de estos análisis que debe llevar a cabo la Administración, podría incidir en el contenido del cartel de precalificación objetado. La resolución dispone al INCOFER brindar cumplimiento a las disposiciones de dicho informe previo a continuar con el proceso licitatorio en cuestión.

Respecto al recurso presentado por TPF GETINSA-EUROESTUDIOS S.L., ALSTOM TRANSPORT S.A., TRANSDEV GROUP S.A., fueron desestimados de trámite por petición de parte de las empresas, se procedió al archivo de este recurso.

La CGR se encuentra ejecutando una auditoría en el CONAVI sobre la gestión del proyecto de ampliación del Corredor Vial San José – San Ramón, para la cuál se contó con insumos técnicos del LanammeUCR, sobre la calidad de las obras ejecutadas en el Lote N°.1 de las Obras Impostergables (OBIS).

Se determinó una débil gestión para garantizar que las obras contratadas se encuentren apegadas a las especificaciones técnicas de calidad definidas a nivel contractual así como graves problemas sobre la calidad de los trabajos de base estabilizada y mezcla asfáltica que componen la estructura del pavimento, entre otros incumplimientos que afectan la vida útil de las obras.

Por lo anterior expuesto se emitió una orden al Fideicomiso suscrito por el MOPT, CONAVI y el Banco de Costa Rica a cargo de las obras viales:

1. Al Banco de Costa Rica en su rol de banco fiduciario, se ordena: aplicar los criterios de aceptación de las obras en función de su calidad, esto con la intención de garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas acordadas, sin incurrir en gastos adicionales para el Estado. Se ordenó la aplicación obligatoria de los criterios de calidad establecidos contractualmente en las obras pendientes de ejecutar.
2. Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al CONAVI, en su rol de fideicomitentes se le solicitó ordenar al Banco de Costa Rica el cumplimiento de las obligaciones definidas contractualmente, referentes al aseguramiento de la calidad de las obras gestionadas por el fideicomiso.

La CGR realizó un informe de auditoría sobre la eficacia y eficiencia del Programa Alivio, implementado por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el cual otorgó un total de ₡3.927 millones de fondos no reembolsables (capital semilla), para apoyar a pequeñas, medianas y micro empresas (PYMES) y unidades productivas agropecuarias (UPAS) afectadas ante la emergencia nacional por COVID-19; El programa buscó la supervivencia, conservación del empleo, encadenamiento y ventas, y posteriormente fortalecer las operaciones y la diversificación de productos destinados a la exportación. El período de evaluación comprendió entre el 1 de mayo 2020 y el 28 de febrero 2021.

• 87 empresas de 191 total, no tuvieron afectación en sus ingresos superior al 20%. (El programa estaba dirigido a empresas con esta característica) 60 presentaron un aumento promedio del 68% en sus ventas y 2 reflejaron variaciones positivas superiores a 1.500% en sus ventas.
• 32 empresas con utilidades operativas superiores al doble de los recursos entregados por el programa, ₡17 millones para medianas y ₡10,5 millones para pequeñas y micro empresas (máximos). De forma que los recursos no representaban un aporte indispensable para atender sus operaciones, aún en contexto de pandemia.
• 41 empresas beneficiarias, en las que la ejecución de costos y gastos en la etapa de estabilización representaron en promedio 22 veces más el monto recibido por “Alivio”. Los fondos entregados no eran representativos.
• 17 empresas recibieron más recursos de los que ejecutaron en insumos, salarios y maquinaria en un periodo, en estas los fondos públicos cubría 5,7 veces los costos y gastos reales ejecutados.
• Pese a fondos otorgados, empresas disminuyeron empleos, compraron menos insumos a los proveedores y presentaron reducción en las ventas, durante las distintas etapas.

- Limitantes en transparencia respecto a la ejecución del Programa.

- No se detalló la metodología utilizada para evaluar y clasificar a las empresas beneficiadas.

- No constan los análisis realizados para ajustar los planes financieros.

- Uso de datos inexactos para la elaboración de informes y presentación de resultados.

La CGR emitió un informe de auditoría al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) acerca de los sistemas de asignación de citas para prueba teórica y práctica, para obtención de licencia de conducir. El estudio se realiza con el objetivo de determinar si la estructura de control implementada para la operación de los sistemas es concordante con los requerimientos funcionales de los usuarios. Al respecto, se identificaron los siguientes resultados:

Oferta de cupos inferior a la demanda

Al interno los procesos de matrícula de pruebas teóricas y prácticas se gestionan de manera desarticulada y poco proactiva. En los últimos meses no ha permitido abarcar ni el 50% de los cupos requeridos.

No se asegura que cada persona se identifique de forma única

Los mecanismos de registro y autenticación permiten que dos o más usuarios tengan registrada una misma cuenta de correo electrónico en la cual reciben sus credenciales de acceso.

Cupos cancelados no vuelven a ponerse a disposición del público

Si no que pueden ser asignados, de forma discrecional por parte de la Dirección General de Educación Vial, condición que resulta altamente riesgosa dada la ausencia de controles básicos.

No se regula la cantidad y tipo de citas por persona

Esto ocasiona riesgos como que un mismo usuario logre matricular un número considerable de citas, o cancelar un gran número de ellas. Lo anterior debido a errores en los mecanismos de registro.

Alto riesgo de realización de cambios en sistemas

Debido a la duplicidad de funcionalidades, que es posible pues tanto el sistema actual de licencias como el antiguo coexisten (activos).

La CGR realizó una auditoría al Ministerio de Justicia y Paz acerca de la eficacia del sistema penitenciario para velar por el derecho a la salud de la población privada de libertad y el personal de la policía penitenciaria, pues le corresponde tomar las medidas necesarias para asegurar, entre otros derechos humanos, el derecho a la salud. El estudio fue realizado a 16 centros penitenciarios, a continuación los hallazgos:

• Debilidades en el establecimiento de condiciones mínimas para garantizar un ambiente digno a la población privada de libertad y Policía Penitenciaria:

• Desconexión de los sistemas de información utilizados y ausencia de una perspectiva integrada para asegurar cohesión y continuidad en las acciones de salud.
• Indefinición de procedimientos uniformados y debidamente formalizados, que contemplen las particularidades del sistema penitenciario y definan indicadores y parámetros para la prestación del servicio de salud.

La CGR realizó un seguimiento de la gestión institucional sobre el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) por las instituciones, basada en el marco regulatorio y prácticas aplicables, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión de compras y la rendición de cuentas institucional. El estudio comprende la gestión realizada por 107 instituciones para promover el uso del SICOP en la tramitación de procedimientos de contratación administrativa, resultando:

96,3 % de las instituciones son usuarias activas de la plataforma, el resto se encuentran en proceso:

Únicamente el 8,7 % utiliza todos los módulos del sistema. El uso del SICOP se encuentra generalizado hasta la adjudicación, a partir de ahí su uso es menos frecuente por parte de las instituciones. El 22,4% de las instituciones participantes registran en el SIAC adjudicaciones por otros medios distintos al SICOP:

Deben dirigirse acciones hacia las oportunidades de mejora señaladas en vista de los ahorros potenciales para la Hacienda Pública de generalizar la práctica así como el debido cumplimiento del mandato legal:

La CGR realizó un informe sobre situaciones de control, identificadas en auditoría de los estados financieros de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Esto en complemento al informe DFOE-SOS-IF-00005-2021, en el cual se expresó opinión adversa sobre los Estados Financieros de la FANAL al 31 de diciembre de 2020. Las situaciones encontradas se atribuyen "...a la falta de un abordaje sistemático de las debilidades del proceso contable y de conformación de los estados financieros de la FANAL por parte de las autoridades del CNP, lo cual ha debilitado el ambiente de control e impide contar con información fiable para la toma de decisiones" (pág. 4 del informe).

Hallazgos del informe
1	• FANAL no conoce el valor real de sus activos fijos, lo que propicia que la situación financiera y los resultados de la entidad no se consideren fiables.
	- Diferencia de ¢2.424 millones en conciliaciones entre revaluación neta y superávit por revaluación.
2	• Existen situaciones que afectan la razonabilidad del saldo de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.
	- Estimación de ₡41.361 millones en cuentas por pagar (2,7 veces el importe de los activos totales).
	- ¢388 millones cuentas por cobrar sobre evaluadas. Dado que no se realiza conciliación oportuna de los saldos.
	- El saldo de provisión de cobranza dudosa (¢877 millones) no ha sido actualizado, fue calculado en 2016 según una directriz del Ministerio de Hacienda derogada desde 2012.
3	• No posee información suficiente para establecer una provisión por contingencias.
	- Riesgo: No contar con una reserva para hacer frente a pasivos como por ejemplo condenatorias por sentencias judiciales que se puedan materializar.
4	• Los Estados Financieros no contienen notas explicativas con información relevante o fiable de las transacciones, sucesos o condiciones que afectan la situación financiera.

La CGR emitió hoy la cuarta edición del Índice de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) 2021, el cual mide el grado de avance del cumplimiento de las instituciones públicas fiscalizadas, sobre las disposiciones emitidas por la CGR en sus informes de fiscalización.

Así se resumen los principales resultados del índice:

La CGR realizó un informe de seguimiento a la gestión pública sobre Retos y Competencias de las Instituciones que intervienen en la prestación del agua a nivel local. Además de mostrar las condiciones de interacción con instituciones rectoras en materia de agua a saber Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud. El estudio pretende brindar un panorama general sobre los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales y alcantarillado pluvial.

Al analizar los tres enfoques del agua, se observa que los retos son transversales y requieren de mejoras en la capacidad de gestión de las municipalidades, así como de integración y comunicación con las demás partes involucradas.

Conclusiones importantes:

Gestión de Agua Potable	Manejo de Aguas Residuales	Servicio Alcantarillado Pluvial
• Destaca la falta de integridad de los datos en cuanto a concesiones de fuentes de agua.	• Se requieren avances en aspectos como:	• Requiere fortalecer gestión, ante desastres naturales.
• Contar con proyecciones sobre oferta y demanda del agua a futuro.	- Ampliación de la cobertura del servicio de saneamiento.	• Infraestructura capaz de canalizar el agua de lluvia , para evitar inundaciones, deslizamientos, etc.
• Realizar análisis de indicadores de desempeño de los acueductos.	- Permisos de vertidos.	• Considerar:
• Ejercer vigilancia de los parámetros de calidad del agua que se ofrece para consumo humano y otros usos.	- Parámetros de calidad y seguimiento a la reportes.	- Cambios en las precipitaciones.
	- Una visión más amplia en relación con las proyecciones de aguas residuales y soluciones alternativas en cuanto a proyectos de reuso y aprovechamiento de aguas tratadas.	- Diagnóstico de capacidad de infraestructura.
		- Cobertura completa del servicio.
		- Retos del fenómeno de cambio climático.

La CGR realizó informe de auditoría al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre la educación primaria y su adaptabilidad, accesibilidad y seguimiento del servicio, durante la emergencia sanitaria. El informe concluye que las situaciones encontradas: "...derivan en la creación de desigualdades para los estudiantes, que de no ser abordadas de forma integral implica el desarrollo de barreras de acceso, no solo a mayores grados académicos, sino también a mejores oportunidades en el mercado laboral en el futuro, lo que compromete sus niveles de ingreso y aumenta el riesgo de estar en condición de pobreza". (pág. 26 del informe).

Los resultados del estudio se resumen así:

Adaptabilidad del servicio	Accesibilidad del servicio	Seguimiento del servicio
• No se conoce la efectividad de los programas y acciones para adaptar el servicio.	• 25.678 alertas en 1.023 centros educativos, respecto de personas en riesgo de exclusión, y no se sabe si la persona permaneció o salió del sistema.	• No existe un proceso de monitoreo sistemático que permita contar con datos. - Escenarios educativos de conectividad
• Se carece de información estadística sobre niveles y direcciones regionales de los docentes que participan en capacitación masiva y los que no.	• Limitaciones en la calidad de información sobre posibles beneficiarios del programa de Hogares Conectados.	• Rezago educativo. - No se dispone de mecanismos de recopilación información, para evaluar brechas de aprendizaje. - Acciones implementadas para abordar el rezago no se sustentan sobre una base diagnóstica y estratégica. - No hay evidencia de acciones para recuperar los aprendizajes no impartidos.
• No se dispone de datos cualitativos y cuantitativos específicos sobre la adaptación del servicio, que permitan realimentar y reformular acciones de manera oportuna.	• No existe garantía de que el servicio adaptado haya sido accesible. Pudiendo afectar la calidad del servicio e incidir en rezago educativo de poblaciones que ya eran vulnerables desde antes de la pandemia.
• No existen insumos para establecer planes de nivelación de aprendizajes impartidos o niveles de logro alcanzados.	• Aumento en la cantidad de estudiantes sin conectividad (2020 a 2021).
EDUCACIÓN PRIMARIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

La CGR realizó una auditoría con la finalidad de determinar si las acciones realizadas por el COSEVI, sobre la planificación de la estrategia para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de inspección técnica vehicular (IVE), cumple con el marco contractual, legal y normativo así como de buenas prácticas aplicables, dado que el contrato vigente para la prestación exclusiva de los servicios de revisión técnica integrada vehicular vence el 15 de julio del año 2022 (después de 20 años de vigencia).

Los resultados de esta auditoría preocupan a la CGR porque reflejan incertidumbre sobre la continuidad del servicio con vista en el plazo que corresponde a la Administración la toma de decisiones oportunas, razón por la cual se dispuso al COSEVI la atención urgente del proceso de planificación de este proceso de gestión, con el debido seguimiento de las disposiciones por parte del ente contralor.

Así se resumen los hallazgos del estudio:

Planificación de la estrategia para asegurar la continuidad del servicio de inspección técnica vehícular

La CGR se encuentra ejecutando una auditoría sobre el proyecto para la implementación de la Red Educativa del Bicentenario del MEP y como parte de los resultados de dicha auditoría, producto de las revisiones y análisis ejecutados, se detectaron incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales de ese Ministerio para el desarrollo de esa Red a la Fundación Omar Dengo (FOD), por lo que se le ordena a la Ministra de Educación Pública:

1. Adoptar, a la brevedad posible, las medidas necesarias a efecto de retomar y asumir directamente las competencias esenciales y los deberes públicos vinculados a esa Red conforme al marco legal aplicable.
2. Ordenar en un plazo de 24 horas a la FOD la suspensión inmediata de cualquier actuación que se encuentre en ejecución con motivo de la suscripción del Anexo N° 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y esa Fundación para la implementación de la Red.
3. En un plazo máximo de 5 días hábiles informar sobre las actuaciones tomadas a efecto de dar cumplimiento a los puntos 1 y 2 del presente oficio. Es importante indicar que la Contraloría General dará seguimiento al cumplimiento oportuno de esta orden (adjunta a este correo).

Es relevante indicar que la CGR es consciente de la necesidad de la implementación de proyectos en esta materia especialmente en el contexto de pandemia; sin embargo debe hacerse dentro del marco legal y competencial correspondiente, y el MEP cuenta con la organización funcional para cumplir la orden de la CGR.

La CGR emitió hoy el nuevo Índice de Gestión de los Servicios Municipales -IGSM- (antes conocido como Índice de Gestión Municipal -IGM-), el cuál está enfocado en evaluar los principales servicios que prestan las municipalidades al ciudadano; contempla la recopilación, validación y análisis de diferentes indicadores y prácticas aplicados a los 82 gobiernos locales.

Está compuesto por un total de 118 indicadores distribuidos en dos grandes agrupaciones: de Servicios Públicos Municipales Básicos (prestados por todos los municipios) y Diversificados (que no los prestan todas las municipalidades). Estos a su vez se dividen en tres ejes: Salubridad Pública, Desarrollo Urbano y Servicios Sociales. La nota final obtenida por cada municipalidad tiene una calificación cualitativa denominada "nivel de madurez".

A continuación resultados globales (corte a marzo 2021):

Tanto las municipalidades que brindan servicios básicos como diversificados son evaluadas en los mismos tres ejes; los servicios evaluados en el IGSM, dentro de cada eje, son los siguientes:

Esperamos que este nuevo índice les resulte de utilidad para conocer la gestión de servicios municipales en nuestro país.

La CGR tramitó dos recursos de apelación en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No 2021 PPI-000001-PROV-FOD promovido por la FUNDACIÓN OMAR DENGO para la “Contratación de una empresa que provea el servicio llave en mano, bajo la modalidad consumo según demanda para la implementación de la Red Educativa del Bicentenario en centros educativos del Ministerio de Educación Pública, ubicados en diferentes zonas geográficas del país”, acto recaído a favor de la empresa UFINET COSTA RICA S.A. por un monto total anual de $7.368.774,36 dólares.

Luego de realizado el análisis correspondiente, la CGR resolvió: 1) declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A., y 2) declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el Consorcio ICE-HUAWEI.

Con la declaratoria parcial del recurso del Consorcio ICE-HUAWEI, se dispuso anular el acto de adjudicación dadas las serias deficiencias detectadas en la adjudicación, especialmente en el análisis efectuado por la Fundación Omar Dengo de los proyectos aportados por los oferentes como experiencia previa según lo requerido por el cartel de la contratación, esto por considerarse existen ambigüedades importantes derivadas desde el mismo cartel, en cuanto al tipo y cantidad de actividades que para un mismo proyecto debía ser acreditado como experiencia por cada oferente.

La resolución de la CGR ordena a la Fundación efectuar el análisis de las cartas de experiencia presentadas tanto por el Consorcio ICE-HUAWEI como por la empresa UFINET, en igualdad de condiciones y determinando previamente la forma en que el requisito cartelario debe ser efectivamente aplicado.

La Contralora General, Marta Acosta Zúñiga, presentó hoy en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios el Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el Ejercicio Económico 2022 (Expediente N° 22671). Dicho informe se remitió a dicha comisión bajo la modalidad de entregas parciales y dichos reportes están disponibles para consulta en el Sitio Web de la CGR en #Monitoreo CGR; el detalle de cada uno de los reportes parciales se puede acceder en los enlaces del cuadro a continuación:

Reportes Monitoreo IT 2022
Panorama de ingresos del Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°01
Comportamiento y evolución de los egresos en el proyecto de ley de presupuesto 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°02
Situación y perspectivas fiscales del Gobierno de la República para 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°03
Comportamiento de los egresos destinados a gastos menores para 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°04
Programación física y articulación de la planificación con la presupuestación para el ejercicio económico 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°05
Asignación de recursos a la agricultura y ganadería en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°06
Comportamiento y evolución de las remuneraciones en el proyecto de ley de presupuesto 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°07
El dictamen de la liquidación del Presupuesto como insumo para la formulación del Proyecto de ley de presupuesto 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°08
Asignación de recursos al Ministerio de Salud en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°09
Recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el Proyecto de Ley del Presupuesto ordinario y extraordinario de la República 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°10
Comportamiento esperado del endeudamiento del Gobierno	#MonitoreoCGR-IT2022 N°11
Principios presupuestarios en el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°12
Dictámenes de los informes de evaluación de resultados como insumos para el proceso de discusión presupuestaria	#MonitoreoCGR-IT2022 N°13
Resultados del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021-2026	#MonitoreoCGR-IT2022 N°14
Normas de ejecución del Presupuesto de la República 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°15
Asignación de recursos al Poder Judicial en el Proyecto de Presupuesto Nacional 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°16
Transferencias para el desarrollo local en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°17
Comportamiento del Servicio de la Deuda en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°18
Comportamiento de los gastos por clasificación económica y aplicación de la Regla Fiscal en el proyecto de ley de presupuesto 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°19
Comportamiento de las Transferencias y Destinos Específicos en el Presupuesto Nacional para el ejercicio económico 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°20
Regímenes de pensiones	#MonitoreoCGR-IT2022 N°21
Perspectiva presupuestaria del sector educativo en el Proyecto de Presupuesto Nacional para 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°22
Conclusiones sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2022	#MonitoreoCGR-IT2022 N°23

La CGR realizó una auditoría en el ICODER relativa a la planificación y desarrollo de proyectos de infraestructura, según la normativa aplicable y buenas prácticas, siendo que tiene como parte de sus responsabilidades desarrollar infraestructura deportiva y recreativa para contribuir al bienestar y salud de la población.

Para el año 2020, el presupuesto total del ICODER destinado a la construcción de infraestructura deportiva y recreativa fue de ₡11.703 millones (equivalente al 62% de su presupuesto) y para el 2021, dicho monto corresponde a ₡9.394 millones (54% del presupuesto institucional).

Los hallazgos más relevantes de dicha auditoría son:

Las autoridades del ICODER fueron debidamente notificadas de este informe al que la CGR dará seguimiento para la atención de las disposiciones correctivas emitidas.

La CGR remite adjunto oficio de aprobación presupuestaria del CNP, con recursos para compra de alcohol. Dicho oficio ya fue notificado a la Administración.

Se resuelve dentro del plazo de ley establecido para este trámite.

La CGR realizó una auditoría en el INCOFER con la finalidad de determinar si el proceso de planificación del proyecto del tren eléctrico cumple razonablemente con la normativa aplicable y las buenas prácticas en formulación y evaluación de proyectos, siendo que la etapa de planificación es fundamental para el desarrollo de un proyecto de estas características. Dicha auditoría fue notificada al INCOFER el miércoles 22 de setiembre y hoy fue publicada en el Sitio Web institucional (como es usual en todos los informes de auditoría de la CGR).

Hallazgos de la auditoría:

Disposiciones del informe:

• Las disposiciones del informe contralor son vinculantes, esto significa que son de acatamiento obligatorio por parte de la Administración.
• Se giran disposiciones al INCOFER orientadas a verificar la viabilidad del proyecto de acuerdo a la configuración final que se defina.
• En caso de confirmarse la viabilidad, deberá realizar y actualizar el análisis preliminar de riesgos, contingencias fiscales y estudios para confirmar la modalidad de contratación administrativa idónea para desarrollar el proyecto.
• Adicionalmente se giran disposiciones a MIDEPLAN y al Ministerio de Hacienda en asuntos propios de sus competencias.

La CGR realizó un informe sobre los requisitos y trámites establecidos en nueve Municipalidades, para el otorgamiento de licencias comerciales (patentes). Dicho estudio se realizó sobre el año 2020, contemplando las municipalidades de Alajuela, Belén, Escazú, La Unión, Liberia, Quepos, San Carlos, San José y San Ramón. Resulta relevante dada la necesidad de reactivar la economía del país, aplicando medidas que impulsen dicha reactivación, dentro de la cuales se encuentran la simplificación, eliminación y digitalización de trámites, apoyar pymes y emprendimientos, empleabilidad, inversión en infraestructura, entre otros.

Los resultados son los siguientes:

• Sobre cumplimiento de plazos: Se requieren acciones para disminuir la cantidad de días que tardan los Ayuntamientos en emitir una licencia comercial, de manera que se concedan en el menor tiempo posible, dado que es esencial para impulsar la economía local y favorecer el clima de inversiones en los cantones.
• Sobre cumplimiento de requisitos de mejora regulatoria: Es necesario implementar las herramientas de mejora regulatoria por parte de los ayuntamientos analizados, establecidas en la Ley N°. 8220.

La CGR realizó auditoría al Ministerio de Educación Pública (MEP) para determinar si ha implementado mecanismos de control sobre aprobación y seguimiento presupuestario de los recursos administrados por las Juntas de Educación y Administrativas conforme al marco regulatorio aplicable. El MEP tiene la responsabilidad de aprobar y dar seguimiento a presupuestos de más de 4000 Juntas de Educación y Administrativas, que durante el periodo 2020 ejecutaron ingresos que ascendieron a los ₡323.113,0 millones, de los cuales un 68% (₡219.532 millones) corresponde a transferencias giradas por ese Ministerio.

Los principales hallazgos son:

La CGR realizó una auditoría al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre los mecanismos de control vinculados con las transferencias realizadas a sujetos privados, en este caso Organizaciones no Gubernamentales (ONG) encargadas de la atención integral de la niñez, la adolescencia y la familia. Resulta relevante considerando que para el período 2015-2020, se han transferido a organizaciones privadas, en promedio más de ¢31.287 millones.

Hallazgos importantes

La Contralora General, Marta Acosta, expuso anoche las acciones de fiscalización de la CGR en materia de infraestructura vial en CONAVI, en la comisión legislativa que investiga el tema denominado "Cochinilla". La presentación de la Contralora se divide en varios bloques temáticos según las competencias que tiene la institución, desde la Constitución Política y su Ley Orgánica, de modo que sea posible delimitar actuaciones y responsabilidades de su quehacer, exponiendo las funciones que le fueron asignadas al ente contralor.

En la presentación se desarrollan a fondo los controles ejercidos por la CGR sobre el CONAVI (controles previos -contratación administrativa y presupuestos-, controles posteriores -auditorías-, y controles sancionatorios -casos remitidos a autoridades judiciales-), detallando múltiples acciones de fiscalización realizadas por la CGR en CONAVI, mismas que tienen actualmente el debido seguimiento por parte de la CGR. Dichas acciones de fiscalización sobre CONAVI han sido numerosas, permanentes y oportunas, en variados temas de su actividad sustantiva -construcción y conservación vial-, habiendo generado alertas tanto a autoridades de la Administración como remisión de casos a autoridades judiciales detectados por la CGR:

La CGR se encuentra actualmente realizando varias acciones de fiscalización en CONAVI, sobre las que no es posible adelantar criterio en atención a la normativa vigente. También se exponen recomendaciones y sugerencias para el mejoramiento del modelo de control y ejecución del CONAVI, dado el rol de órgano auxiliar de la CGR ante la Asamblea Legislativa.

La CGR llevará a cabo el V Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública, los días 01, 02, 07 y 08 de septiembre, durante las mañanas, dedicado a temas vinculados a la transformación digital en procura del mejoramiento de la gestión pública. Se trata de un congreso totalmente virtual, con expositores nacionales e internacionales de altísima calidad y experiencia. Los invitamos a participar y compartir (es gratuito).

La CGR está realizando una auditoría sobre la aplicación de la “gestión para resultados” en las intervenciones de conservación de la red vial nacional, del CONAVI, y emitió este 4 de agosto una orden al CONAVI de eliminar de inmediato del SICOP los procedimientos licitatorios N.° 2020LN-000004-0006000001 y N.° 2021LN-000001-0006000001, asociadas a la conservación de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional Pavimentada y rutas con capas de protección superficial, así como a la contratación de servicios por demanda para realizar labores de verificación de calidad en proyectos de obra vial, respectivamente, en virtud de que se presentan las siguientes situaciones que la CGR estima de carácter prioritarias:

• La Administración requiere asegurar una gestión para resultados y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de sostenibilidad fiscal y de la regla fiscal.

• El modelo de conservación vial que hasta el momento ha utilizado el CONAVI (precios unitarios) presenta características que limitan la gestión para resultados y la generación de mayor valor público.

• Resulta incompatible con la eficiencia y transparencia que se pretende con la revisión del modelo de conservación que ha dispuesto la Administración continuar con los procesos licitatorios N.° 2020LN-000004-0006000001 y N.° 2021LN-000001-0006000001.

Por tratarse de una auditoría en curso actualmente, la CGR no se referirá a la misma por el momento. El CONAVI está en potestad de recurrir lo ordenado por la CGR con fundamento en nuestro ordenamiento jurídico.

La CGR realizó una auditoría a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para determinar si la capacidad de gestión financiera cumple con el marco regulatorio y buenas prácticas, en el periodo comprendido entre enero 2019 y mayo 2021. Resulta relevante considerando que en el periodo comprendido entre 2018-2020 gestionó un promedio anual de ¢7147,9 millones en promoción del desarrollo de los cantones Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa, Coto Brus, mediante el otorgamiento de becas, préstamos y financiamiento de proyectos productivos.

Hallazgos

La CGR autorizó al Hospital Nacional Psiquiátrico de la Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS- para adquirir, mediante contratación directa pruebas efectivas Protombina (TP), Tromboplastina parcial (TTP), Fibrinógeno, Dímero D, Hemocultivos y Presepsina, para el abordaje de la pandemia causada por el Covid-19; por un plazo de tres meses y por un monto máximo de ¢64.623.825,00 de colones, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento.

La Sala Constitucional dio trámite a la acción de inconstitucionalidad -expediente n.° 21-010643-0007-CO- interpuesta por la CGR contra el numeral 2 y transitorio único de la Ley de apoyo a beneficiarios del sistema de banca para el desarrollo para la reactivación de unidades productivas en la coyuntura de la situación económica del país (ley n.° 9966) y concedió la medida cautelar solicitada por la CGR indicando que la normativa impugnada es autoaplicativa, por lo que resulta aplicable de inmediato, ya que dispone la implementación de un trámite efectivo para resolver las solicitudes de condonación de deuda, para ser autorizada en los casos particulares, cuyos efectos aquí cuestionados serían irreversibles y afectarían gravosamente la Hacienda Pública, en razón de ello procede a suspender la aplicación de la normativa impugnada hasta tanto no sea resuelta esta acción de inconstitucionalidad. Los motivos de la inconstitucionalidad argumentada por la CGR son los siguientes:

1. Vicios de procedimiento:

• Por infracción al artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, porque al aplicarlo en el trámite del expediente legislativo la moción fue aprobada por 41 diputados a favor, tuvo 3 en contra y 2 clasificados como “No votación”, de modo que la decisión no fue adoptada de forma unánime y violando además al principio de publicidad.
• Por falta de conexidad entre la exposición de motivos del proyecto de ley y su articulado, porque la condonación establecida en la ley supuestamente busca mitigar el impacto que han tenido los sectores productivos ante la situación de emergencia provocada por el COVID-19, pero se está utilizando esa figura de condonación para perdonar deudas, devolver bienes y dar por finalizados procesos judiciales que no están ligados con la pandemia generada por el COVID-19.

2. Vicios de fondo:

• Por la violación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad de la norma.
• Por la ausencia de estudios técnicos, violación a los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos públicos, pues no queda claro cuáles fueron los verdaderos motivos que justifican la condonación de las deudas, ni la congruencia entre el medio escogido y el fin buscado, lo que a su vez se agrava pues dicha normativa no permite identificar quienes serán los verdaderos beneficiarios de la condonación ni se establece un límite claro y transparente que permita un control adecuado de dicho beneficio por parte del Sistema de Banca para el Desarrollo.

La CGR ordenó anular de inmediato el acuerdo de Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo -RECOPE-, que aprobó el Estudio de Factibilidad del proyecto Terminal Pacífico, así como anular la decisión inicial de la contratación de la construcción de dicha terminal y eliminar de inmediato del SICOP esa licitación, en resguardo de la Hacienda Pública y de forma oportuna en esta etapa tan determinante del proyecto, el cual, según el referido estudio, conllevaría un aumento en las tarifas de los combustibles. Los dos documentos emitidos por la CGR se encuentran adjuntos a este comunicado.

¿Qué es el Proyecto Terminal Pacífico?

¿Qué determinó la CGR?

• La CGR se encuentra ejecutando una auditoría acerca de la razonabilidad del proceso de preinversión de RECOPE S.A., en donde se revisó el proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto, contenido en el referido Estudio de Factibilidad. Al respecto, se encontraron una serie de omisiones normativas e incongruencias, que debido a su relevancia, hacen improcedente el desarrollo de actividades de la fase de inversión de ese proyecto.
• Se encontró que los actos referidos adolecen de vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta, pues se omitió la evaluación del costo-beneficio del proyecto, lo que significa que se promovió una licitación pública sin existir garantía razonable sobre su rentabilidad, incumpliendo a su vez diversa normativa técnica de Mideplan, normas de control interno para el sector público, la Ley de Contratación Administrativa y de su Reglamento, entre otras, referidas a los principios de eficiencia y seguridad contemplados en el ordenamiento jurídico.

¿Qué tramitó RECOPE?

La CGR emitió un reporte de auditoría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), para determinar si las acciones, en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de inspección técnica vehicular, cumplen con el marco contractual, legal y normativo, dado que el contrato vigente para la prestación exclusiva de este servicio vence en un año (julio 2022) tras 20 de vigencia. Se determinó una ausencia de elementos mínimos en la planificación de la estrategia para la continuidad del servicio y del cierre de la etapa contractual actual, que pueden resumirse así:

La CGR estima pertinente informar sobre acciones de fiscalización posterior relativas a contratos de conservación vial, en el contexto de la investigación que desarrollan en este momento autoridades judiciales, y ante consultas de actividad realizada por la CGR en este tema. Es importante indicar que las acciones desplegadas por autoridades judiciales se dan dentro del marco de competencias pertinentes para ese tipo de indagación (tipificación de ese tipo de delitos, intervenciones telefónicas, allanamientos, apertura de cuentas, pagos a privados, detenciones), competencias que la CGR no tiene como parte de sus potestades de control superior externo, a nivel normativo:

• En materia de auditoría, en temas de conservación vial, en el período 2018 a 2020, en CGR se emitieron varios informes de auditoría operativa: DFOE-IFR-IF-007-2018 sobre la eficacia, eficiencia y economía del proceso de conservación vial de carreteras de la red vial nacional pavimentadas; así como informes DFOE-IFR-IF-014-2020 y DFOE-IFR-IF-016-2020, sobre la eficacia, eficiencia y economía de las intervenciones de conservación ejecutadas en la red vial nacional en lastre. Estos informes se remitieron a la Administración para su cumplimiento de carácter vinculante.
• En materia penal, la CGR ha remitido, en ese mismo período, a instancias judiciales gestiones relacionadas con diversos casos de obras públicas: pagos de forma irregular de contratación administrativa de conservación y mantenimiento vial, expedientes número 15-000051-621-PE (acumulado a la causa 13-000045-621-PE); y 19-000073-1218-PE (carretera San Carlos sección Sifón- La Abundancia). Por respeto a las diligencias judiciales actuales en curso, no brindaremos detalle al respecto de las gestiones salvo indicar que están en trámite.

Por otra parte, los documentos públicos disponibles en CGR en materia de contratación administrativa se encuentra disponible en línea en el Sitio Web de la CGR en el sitio CONSULTAS, en CONSULTAS SOBRE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, donde el usuario indica el año y se puede revisar la actividad contractual de las INSTITUCIONES o ADJUDICATARIOS de interés.

Finalmente, la Contraloría General de la República, no solo por el ámbito de sus funciones sino también en el caso específico, es la más interesada en que esta situación se esclarezca lo antes posible y estamos en la mejor disposición de aportar lo que se nos indique por parte de las autoridades, las que se encuentran llevando a cabo distintas actuaciones de un caso del que no tenemos conocimiento oficial, dado que no hemos recibido notificación/gestión alguna al respecto.

Reiteramos nuestra disposición ante toda autoridad judicial para lo que estimen pertinente. En este momento, esto es todo lo que podemos documentar e informar.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar en forma directa con oferente idóneo, el suministro de gases medicinales para el abordaje de la pandemia causada por el Covid-19, por un monto máximo de ¢569.549.086,60 (quinientos sesenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ochenta y seis colones con sesenta céntimos).

La CGR realizó una auditoría de los procesos de compra de la Caja Costarricense del Seguro Social –CCSS- en el contexto de la pandemia por COVID-19, en la que se analizó la gestión del Fondo de Contingencias y la publicidad de los procedimientos de contratación de excepción, a efecto de que la Administración pudiera implementar acciones oportunas.

La CCSS ha tenido que recurrir a la contratación administrativa en situaciones de excepción con el Fondo de Contingencias de la CCSS, cuyo monto asciende a ¢125.000 millones de colones, de los cuales a diciembre 2020 se ejecutaron alrededor de ¢76.000 millones, lo cual resulta relevante de fiscalizar para asegurar la consecución de los objetivos en el marco del interés público así como la transparencia de los respectivos procedimientos.

Los resultados de dicho estudio señalan deficiencias en tres procesos que se exponen en el siguiente gráfico:

En resumen:

• Se evidencian fallas en la calidad de la información asociada al manejo del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud, tales como definición del proceso de gestión de información, oportunidad y utilidad.
• Existe ausencia de algunos requisitos de forma e integralidad: en documentación del inicio de las contrataciones, en definición de especificaciones técnicas del objeto de compra, así como en criterios para la evaluación de las ofertas y el análisis que sustentan la selección de las ofertas en los procedimientos de compras de excepción.
• Se requiere la supervisión de la información que se publica sobre las compras asociadas a la emergencia, de cara al mejoramiento de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

Se emitieron disposiciones a la Gerencia de Logística y la Gerencia Financiera (pág. 19 y 20 del informe).

La CGR emitió dos informes de auditoría del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE) los cuales evalúan la funcionalidad, operación y seguridad de la información del mismo. "Existen alrededor de 78 instituciones públicas usuarias del sistema, con al menos 42 programas sociales integrados; los cuales se ven beneficiados en su utilización para establecer las asignaciones de ayudas que se realizan sobre la base de la información allí contenida" de allí que sea relevante la verificación de su funcionalidad, operación y seguridad de la información. Estos son los principales hallazgos de los informes:

Funcionalidad y operación	Seguridad de la información
El 95% de instituciones usuarias no están cumpliendo la obligación de remitir información que alimente el sistema.	No se cuenta con un Sistema para gestionar la seguridad de la información. Esto es apremiante dada la sensibilidad de la información contenida y la privacidad que debe garantizarse a los beneficiarios.
El 32,1% de los usuarios del sistema perciben que la información no está actualizada.	No existe plan de continuidad del servicio, que garantice la disponibilidad de la información para toma de decisiones y recuperación en caso de eventos adversos.
El 50% de los encuestados indicaron desconocer herramientas de reporte de fallas del sistema.	Debilidades en materia de seguridad lógica como: gestión de identidades, segregación de funciones de TI, supervisión de usuarios con privilegios y gestión de contraseñas.
Un 74,5% desconoce acerca de la existencia del mecanismo de ayuda al usuario.
El 85,2% señaló no contar con manuales de funcionalidades del sistema.
La Administración no implementa procesos de gestión de la capacidad de su plataforma tecnológica.

La CGR autorizó al Consejo Nacional de Vialidad –CONAVI- a aumentar hasta por un monto de $21.810.262,95 dólares y un plazo de 30 meses adicionales, el Memorando de Acuerdo suscrito entre CONAVI y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), referido a los “Estudios previos, diseño y construcción de los puentes sobre los ríos Virilla en las Rutas Nacionales 32 y 147 (Préstamo BCIE 1)”, para un monto total de $ 65.178.508.29 dólares y un plazo de ejecución total de 109 meses.

Dicha modificación de recursos y de plazo se autoriza a efecto de proceder con la rehabilitación del puente existente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32, al haberse identificado factores de riesgo relativos a la seguridad estructural y a la seguridad de las personas y dado el interés público expuesto respecto del ahorro en plazos, costos, impacto ambiental, así como respecto de la seguridad para las personas en una obra de vital importancia como lo es el puente existente en el Río Virilla sobre la Ruta Nacional 32.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital México de la Caja Costarricense del Seguro Social para adquirir en forma directa con oferente idóneo, tres equipos transportables de rayos X, para la atención de la pandemia ocasionada por el Covid 19, por un monto máximo de ¢171.750.000,00 (ciento setenta y un millones setecientos cincuenta mil colones exactos).

La CGR emitió un reporte de fiscalización acerca de la implementación y uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los 82 Gobiernos Locales del país. A febrero del 2021, 67 municipalidades han implementado el SICOP, pese a que la Ley 9395 estableció que toda actividad de contratación debe realizarse en dicha plataforma, desde agosto del 2016.

De seguido, un resumen del reporte:

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, 300.000 frascos de propofol al 1%, medicamento sustantivo para el abordaje de la pandemia causada por el Covid 19, por un monto máximo de ¢630.000.000,00 (seiscientos treinta millones de colones con cero céntimos).

La CGR advierte el vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), este lunes 24 de mayo. Lo anterior dado que aún no se alcanza el 50% de presentación de este requerimiento legal, tan solo se han recibido 9789 documentos de los 21.000 esperados. Este es el reporte de avance diario en la presentación de DJB:

Día	Inicial	Anual	Final	Total
4/05/2021	8	455	18	481
5/05/2021	16	715	14	745
6/05/2021	11	431	9	451
7/05/2021	13	340	5	358
8/05/2021	3	73	2	78
9/05/2021	0	71	4	75
10/05/2021	9	571	9	589
11/05/2021	18	542	8	568
12/05/2021	4	528	8	540
13/05/2021	13	575	11	599
14/05/2021	0	39	1	40
15/05/2021	1	142	2	145
16/05/2021	3	167	6	176
17/05/2021	25	1106	14	1145
18/05/2021	24	1345	9	1378
19/05/2021	27	1424	6	1457
20/05/2021	13	380	7	400
Total	201	9446	142	9789

Es importante recordar que la responsabilidad administrativa y las sanciones por el incumplimiento en la presentación de este requisito, se regulan en la ley no. 8422, artículos 38, 39 y 40. El funcionario que incumpla puede ser sancionado con: a) Amonestación escrita publicada en el Diario oficial, b) suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente de 15 a 30 días, y hasta c) Separación del cargo público sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda.

Se recuerda que la presentación es totalmente electrónica y está disponible en línea 24/7, ingresando al Sitio Web CGR: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html.

Para consultas comuniquese:

Teléfono: 905 - Declare (905-3325273)

Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

WebChat CGR: disponible a lo largo del Sitio Web www.cgr.go.cr

 

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Aviso importante: Se recuerda a la población declarante, que la Contraloría General de la República NO está solicitando información confidencial o claves por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales, para este proceso. Reiteramos la recomendación de no brindar su información personal, a ninguna persona. Si tiene alguna consulta puede realizarla a través de los medios dispuestos para los fines.

La CGR resolvió la apelación planteada contra el acto de adjudicación correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000017-5101, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS- para la adquisición de L-Asparaginasa 10.000 U.I. FCO-ampolla 10 ml código 1-10-41-4167, la cuál ya fue notificada a las autoridades y fue resuelta dentro del plazo de ley conferido para este tipo de recurso.

Al rechazarse dicho recurso, queda en manos de las autoridades de la CCSS proceder de conformidad, de modo que deben consultar a dichas autoridades al respecto de la compra del medicamento dado que en la CGR no queda tramite alguno en curso.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Nacional Psiquiátrico de la Caja Costarricense del Seguro Social, para contratar en forma directa con oferente idóneo, mano de obra, materiales e instalación de 626 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el HNP COVID, por un monto máximo de ¢14.153.181,61 (catorce millones ciento cincuenta y tres mil ciento ochenta y un colones con sesenta y un céntimos).

La CGR informa el avance en la recepción de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), que deben presentar alrededor de 21.000 personas, en cumplimiento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Este año, el plazo para la presentación vence el lunes 24 de mayo y a la fecha tan solo 4524 personas han cumplido con dicho requerimiento. Este es el reporte de avance diario en la presentación de DJB:

Día	Inicial	Anual	Final	Total
4/05/2021	8	455	18	481
5/05/2021	16	715	14	745
6/05/2021	11	431	9	451
7/05/2021	13	340	5	358
8/05/2021	3	73	2	78
9/05/2021	0	71	4	75
10/05/2021	9	571	9	589
11/05/2021	18	542	8	568
12/05/2021	4	528	8	540
13/05/2021	13	575	11	599
14/05/2021	0	39	1	40
Total	95	4340	89	4524

Se recuerda que la presentación es totalmente electrónica y está disponible en línea 24/7, ingresando al Sitio Web CGR: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb.html.

Para consultas comuniquese:

Teléfono: 905 - Declare (905-3325273)

Correo electrónico: declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

WebChat CGR: disponible a lo largo del Sitio Web www.cgr.go.cr

 

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Aviso importante: Se recuerda a la población declarante, que la Contraloría General de la República NO está solicitando información confidencial o claves por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales, para este proceso. Reiteramos la recomendación de no brindar su información personal, a ninguna persona. Si tiene alguna consulta puede realizarla a través de los medios dispuestos para los fines.

En aclaración al panorama de la compra de medicamentos para la leucemia en niños, difundida ayer por autoridades de salud, les informamos:

• Todos los procesos de licitación deben contemplar la totalidad de trámites posibles dentro de un proceso de compra, incluyendo la presentación por parte de otros oferentes de recursos de apelación, como está establecido en la legislación.
• Los plazos de dichos trámites están establecidos por ley y son de pleno conocimiento de la Administración de modo que la responsabilidad al respecto recae sobre la misma entidad que tramita. Si se tramitan los procesos de compra con vista en todo el proceso posible, se debe incluir cada etapa posible y prever los tiempos.

En el caso de este medicamento, se han presentado dos gestiones ante la CGR:

1. Recurso de apelación en donde se discute la decisión final adoptada por la CCSS para la compra del medicamento, en plazo de estudio por el fondo actualmente.
2. Cómo se presentó esa apelación, la CCSS tramitó una autorización de urgencia para que la CCSS lo compre mientras tanto y se emitió desde el 06 de mayo.

Mientras se esté en el proceso de resolución, no podemos referirnos más ampliamente que lo acá indicado.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, 140.000 ampollas de fentanilo base 0,005 mg/ml, para abordaje de la pandemia causada por el Covid 19, por un precio unitario de $1,15 (un dólar con quince centavos), para un monto máximo de $161.000,00 (ciento sesenta y un mil dólares exactos).

La CGR emitió un reporte de auditoría sobre la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19 desarrollada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para procurar disponibilidad, despliegue y aplicación de la vacuna contra Covid-19. El periodo evaluado comprende del 30 de noviembre 2020 hasta el 26 de febrero 2021. Este reporte fue notificado en días pasados a las autoridades.

El estudio determina tres aspectos relevantes por atender:

La CGR autorizó dos compras urgentes para atención de necesidades dada la pandemia para el Hospital Psiquiátrico de la CCSS, las cuales se detallan a continuación:

• Contratación, en forma directa con oferente idóneo, el suministro de gases medicinales, para el abordaje de la pandemia causada por el Covid-19, por un monto máximo de ¢236.586.500,00 (doscientos treinta y seis millones quinientos ochenta y seis mil quinientos colones exactos).
• Contratación, en forma directa con oferente idóneo, la mano de obra y materiales para acometida eléctrica para para hacer viable el uso de carros térmico-transportadores de alimentos del Servicio Nutrición-COVID-19, para el abordaje de la pandemia causada por el Covid-19, por un monto máximo de ¢14.292.000,00 (catorce millones doscientos noventa y dos mil colones exactos).

La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su deber constitucional, remitió este 1 de mayo a la Asamblea Legislativa, la Memoria Anual 2020, cuyos contenidos principales se detallan a continuación:

• Documento de Opiniones y Sugestiones dirigido a la Asamblea Legislativa, el cual se denomina "Costo inicial y lecciones del COVID-19: hacia una nueva Hacienda Pública". Se presenta una estimación del costo inicial de atención de la pandemia, se proporciona información acerca de su forma de financiamiento, y se analizan los principales efectos observables hasta el momento sobre la continuidad, la percepción y otros desafíos estructurales que emergen en la gestión de los servicios públicos. Finalmente,el informe contiene una serie de reflexiones sobre cómo capitalizar los aprendizajes de este período tan atípico. Enlace a video de la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga: Memoria Anual 2020 CGR - Costo Inicial del COVID

Con respecto a los distintos dictámenes que requieren opinión de la institución, se detallan a continuación sus resultados:

• Dictamen de la liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto de la República: se emite un dictamen con abstención de opinión relacionada principalmente con la incertidumbre producto de situaciones identificadas en las partidas de remuneraciones del MEP, así como gastos no incluidos en la liquidación y gastos mal clasificados, conceptos por los cuales el déficit financiero se encuentra subestimado en 0,4% y 0,2% del PIB en 2020, respectivamente.
• Dictamen del Informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y Dictamen del Informe de resultados físicos del Presupuesto de la República: se emite una opinión con reservas y adversa respectivamente.
• Informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 2020 en su primer año de aplicación: se determinó que de 154 instituciones contempladas en el alcance del informe, 113 cumplieron con la regla fiscal, 12 instituciones incumplieron y sobre 29 casos la CGR se abstiene de emitir opinión dado que existe una limitación relativa a la disponibilidad de la totalidad de la información requerida.
• Memoria del Año Económico cuyos análisis de temas presupuestarios y fiscales se publicaron en el sitio #MonitoreoCGR. Enlace a video de la Contralora General, Marta Acosta Zúñiga: Memoria CGR 2020 - Dictámenes constitucionales

A partir de este martes 4 y hasta el lunes 24 de mayo, se abre el período de recepción de la Declaración Jurada de Bienes 2021 ante la CGR, según artículo 56 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422. Dicho proceso es totalmente electrónico y se realiza ingresando a la página www.cgr.go.cr Este año se estima que dicha obligación recae sobre 21.000 funcionarios.

En acatamiento a las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud y para evitar riesgo de contagio de COVID-19, se brindará toda la asesoría requerida por los usuarios por diversos medios descritos a continuación:

	declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr
	905-DECLARE (905-3325273) | 2501-8150
	WebChat CGR habilitado a lo largo del Sitio Web CGR

Estaremos informando los avances del cumplimiento de este requisito legal por parte de los declarantes, a lo largo del plazo establecido por ley para tal fin. Agradecemos la ayuda en difundir dicha información para lograr el mejor cumplimiento de los funcionarios sujetos a dicha obligación legal.

Pueden ingresar al vínculo: https://www.cgr.go.cr/05-tramites/djb/djb-info-mayo.html para encontrar información detallada sobre autogeneración de clave, cómo llenar la declaración, comunicados y avisos relacionados, entre otros. Se adjunta video del Sr. Manuel Martínez, gerente de la División de Gestión de Apoyo, sobre el proceso de declaraciones juradas.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, 10.000.000 unidades de mascarillas médicas descartables para el abordaje de la pandemia causada por el Covid 19, por un precio unitario de $0,168 (ciento sesenta y ocho centavos de dólar), para un monto máximo de $1.680.000,00 (un millón seiscientos ochenta mil dólares exactos).

La CGR autorizó hoy la modificación del contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial “Circunvalación Norte”, Ruta Nacional No. 39, Sección Uruca (Ent. Ruta Nacional No. 108) – Calle Blancos (Ent. Ruta Nacional No. 109), producto de la licitación pública internacional No. 2013LI-000008-0DE00, suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad y el Consorcio Estrella – Hernán Solís, a efectos de incorporar la construcción de la Unidad Funcional V, por un monto de $59.996.879 dólares y un plazo de 18 meses.

¿Qué pasó durante el trámite?

• Primera gestión presentada el 26 de febrero de 2020 y archivadal el 16 de junio de 2020, por solicitud expresa de la Administración, para resolver temas relacionados con el presupuesto extraordinario institucional.
• Segunda gestión presentada el 12 de agosto de 2020 y archivada el 08 de setiembre de 2020, por cuanto el plazo de prórroga solicitado sobrepasa el previsto en el ordenamiento jurídico para resolver gestiones de modificación unilateral.

¿Qué se autoriza?

Tercera gestión presentada el 03 y 04 de febrero de 2021, cuyo plazo se interrumpe por requerimientos de información adicional y convocatorias a reuniones. Una vez resueltos los temas relacionados con el contenido presupuestario, la vigencia del contrato de construcción, entre otros, y ante un plan de trabajo que permite ejecutar las obras sin intervención de los sitios pendientes de expropiación, se autoriza la modificación del contrato para el Diseño y Construcción del Corredor Vial “Circunvalación Norte”, para así garantizar la conectividad completa del corredor vial Circunvalación Norte.

¿Qué sigue?

• La Administración debe gestionar las expropiaciones de las propiedades pendientes de la manera más célere posible, procurando que las mismas no se conviertan en un obstáculo para concluir el proyecto en el plazo propuesto y así no generar mayores costos.
• La Administración deberá adoptar las medidas necesarias para contar con la supervisión que garantice la correcta ejecución de la construcción de la Unidad Funcional V.

La CGR realizó un informe sobre la capacidad de los gobiernos locales del GAM para llevar a cabo la planificación urbana y el ordenamiento territorial, en un contexto de aceleración de la urbanización. El estudio evaluó 31 cantones y considera un periodo de estudio desde 2019 hasta el 18 de enero del 2021.

Panorama General

 

• Se requieren acciones urgentes para fortalecer la capacidad de gestión en cuanto a la planificación urbana de los cantones.
• Algunos gobiernos locales deben mejorar en materia de renovación urbana e inspección de construcciones.
• Persisten brechas en trabajo intermunicipal e interinstitucional para desarrollar proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano del GAM.
• Se evidencia la implementación de buenas prácticas, como el diagnóstico de renovación urbana, implementación de sistemas TI para la inspección de construcciones (teledetección) y ordenamiento territorial, implementación de criterios y recomendaciones establecidos en instrumentos de planificación nacional y regional, y ejecución de proyectos conjuntos por parte de algunas municipalidades.

La CGR dio hoy luz verde al contrato de supervisión de la Circunvalación Norte, una vez que el CONAVI logró certificar la suficiencia en los recursos presupuestarios para hacer frente al diferencial cambiario señalado en el oficio notificado ayer, como parte del trámite gestionado por esa entidad conforme el marco normativo vigente y obligatorio para la Administración en este tipo de gestiones.

Queda ahora en manos de la Administración, bajo su responsabilidad, ejecutar lo pertinente. Se adjunta tanto el oficio remitido por el CONAVI junto a dos certificaciones de recursos requeridas como el oficio de la CGR con el aval legal.

El día de hoy la CGR resolvió la solicitud de autorización para modificar el memorando existente entre el CONAVI y la agencia de la UNOPS para la supervisión de las obras de la Circunvalación Norte (ver oficio adjunto). Como se ha informado anteriormente, este trámite se atiende por segunda ocasión:

• Ya en enero de este año la CGR debió rechazar la gestión por problemas para acreditar que cuentan con todo el contenido presupuestario por parte del CONAVI para pagar las obligaciones correspondientes al año 2021. La CGR está imposibilitada técnica y legalmente para aprobar gestiones de esta naturaleza si no cuentan con todo el contenido presupuestario requerido.
• En esta oportunidad, se determina que pese a que la Administración incorporó la mayor parte de los recursos para hacer el pago correspondiente, no lo hizo en forma integral por condiciones de tipo cambiario. Tal situación no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de contratación administrativa y, por ende, la CGR no puede aprobar la gestión tal y como fue remitida.

Ahora queda en manos de las autoridades de la Administración ajustar el monto total y remitir la gestión a la CGR para tal fin, siendo un tema de absoluta prioridad para el ente contralor en el momento en que se ajuste el presupuesto al monto debido.

La CGR procede a informar la realidad de los hechos documentables sobre el trámite de prórroga del contrato de supervisión de la Circunvalación Norte, dada la versión imprecisa y omisa dada por el CONAVI:

1. El primer trámite se presentó por medio del oficio DIE-07-2020-1424 (39) del 17/12/2020 del CONAVI, recibido el 06 de enero de 2021, ante esta Contraloría General. Dicha gestión se rechazó con el oficio No. 00954-2021 del 21 de enero de 2021, en el cual se deniega la solicitud por no tener el contenido presupuestario suficiente para cubrir los pagos de ese contrato.
2. La gestión en trámite actualmente ingresó con el oficio DIE-EX 07-2021-127 (78) recibido en la Contraloría el 4 de febrero del 2021. Se han emitido requerimientos de información vital para resolver, sobre el tema de la vigencia del contrato actual y sobre la acreditación de que se cuenta con contenido presupuestario para hacer frente al primer desembolso que se efectuaría a este año.
3. La suspensión unilateral del CONAVI no es de resorte de la CGR en tanto es un acto que debe explicarse como interés público institucional por causas imprevistas o imprevisibles, las cuáles no son atribuibles a las actuaciones de la CGR. Adicionalmente, esa suspensión será responsabilidad de la Administración en cuanto al costo y daños que ocasione la decisión, mismos que -estando en plazo la CGR para resolver sobre el trámite actual- no son atribuibles tampoco al ente contralor.
4. Las acciones de la Administración son las que marcan los resultados de los procesos de autorizaciones, ya sea para aprobar o rechazar. La Administración conoce sobradamente los plazos establecidos en la legislación y los trámites que deben cumplirse en un Estado de Derecho como el nuestro. La decisión de suspender un contrato conlleva riesgos y genera responsabilidades para quien lo decide. De este modo, debe asumir CONAVI sus decisiones como responsable de ello y debe dejar constancia de su fundamentación que eso implique.

Esta gestión se encuentra en trámite en la División de Contratación Administrativa de modo que no nos referiremos en adelante hasta su debida resolución.

La CGR recién autorizó una contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la CCSS para adquirir, en forma directa con oferente idóneo: 796.000 guantes de nitrilo talla S por un costo unitario de ¢169,87; 870.000 guantes de nitrilo talla M por un costo unitario de ¢169,87 y 440.000 guantes de nitrilo talla L por un costo unitario de ¢132,37; para la atención de la pandemia causada por el Coronavirus, cuyo monto máximo total es de ¢341.247.320,00 (trescientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos veinte colones exactos) y por un plazo de dos meses.

La CGR emitió el documento Opiniones y Sugestiones acerca de los desafíos de la transición energética desde la perspectiva de la Hacienda Pública, el cual pretende aportar una visión integral de la necesidad de cambio en el sector, así como de los principales desafíos que representa la transición energética, los cuales requieren de discusión y toma de decisiones en el Congreso y otros espacios públicos.

Principales retos identificados:

1. Instrumentalizar la política pública con base en la ciencia y la técnica.
2. Ejercer de forma efectiva las potestades institucionales del Subsector Energía.
3. Manejar eficiente y sosteniblemente los recursos públicos.

Sugerencias de cara a la transición:

Ayer venció el plazo otorgado por la CGR al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -MTSS- para que ese ministerio dispusiera en su sede de la base de datos del Bono Proteger, tal y como indica la orden emitida por la CGR (adjunta). Es relevante aclarar que el origen de la orden dada por la CGR obedece a la aplicación de lo expresamente establecido en el propio Decreto Ejecutivo que creó el Programa Bono Proteger, según el cual la administración y responsabilidad de dicha base de datos debió estar en manos de ese Ministerio, y no en manos de la empresa privada donante de dicha plataforma. El MTSS informó, dentro del plazo establecido, que dicha base de datos fue debidamente trasladada al Ministerio, en cuyo caso la CGR realizará las valoraciones pertinentes sobre este particular.

Es importante aclarar imprecisiones dadas por representante de la empresa privada donante de la plataforma en días pasados:

1. La CGR no tuvo acceso a la base de datos completa del Bono Proteger dado que la información de la citada base de datos que suministró el MTSS a la CGR correspondió sólo a los datos estrictamente vinculados al cumplimiento de los objetivos previstos en los procesos de auditoría. Es falso, por ende, indicar que la CGR cuenta con una copia de dicha base de datos en su sede.
2. En relación con el manejo de dicha información, la CGR cuenta con profesionales e infraestructura tecnológica actualizada, con protocolos, lineamientos, procedimientos y directrices tendientes a proteger toda la información catalogada y clasificada, garantizando su resguardo en repositorios seguros. Es incorrecto indicar que la CGR no tiene condiciones de seguridad para resguardar la información requerida para la auditoría del Bono Proteger.

No nos referiremos más en detalle a este tema dado el proceso de seguimiento en que se encuentra la institución sobre lo dispuesto en los informes.

La CGR autorizó contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar en forma directa con oferente idóneo, guantes ambidextros de nitrilo, para el abordaje de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢5.867.505.000,00 (cinco mil ochocientos sesenta y siete millones quinientos cinco mil colones). Según las siguientes características:

• Guantes ambidextros de nitrilo color azul o violeta, no estériles, tamaño pequeño (equivalente 7 o S).
• Guantes ambidextros de nitrilo sin polvo, color azul o violeta, no estériles tamaño mediano.
• Guantes ambidextros de nitrilo, tamaño grande, no estériles color azul o violeta.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social, para contratar en forma directa con oferente idóneo, el arrendamiento de edificio para albergar el servicio de oftalmología del ente hospitalario, para la atención de la pandemia, por un monto máximo de ¢5.132.106,00 (cinco millones ciento treinta y dos mil ciento seis colones exactos) mensuales, y un plazo máximo de seis meses.

La CGR resolvió hoy (resolución adjunta) los recursos de objeción al cartel de licitación del Ministerio de Justicia y Paz para las tobilleras electrónicas, recursos presentados por las empresas: Geotecnologías S.A., Empresa De Servicios Públicos De Heredia S.A., Soin Soluciones Integrales S.A., Asesores I.S.E. de Costa Rica S.A., Sáenz Fallas S.A., Buddi Limited, Grupo Visión Tecnologías de Costa Rica S.A., Grupo Computación Modular Avanzada S.A., SPC Telecentinel S.A., Enersys Mva S.A., y Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A.

Estos recursos fueron declarados de distintas formas: algunos sin lugar, parcialmente con lugar, o bien, se presentan aclaraciones por parte de la Administración. El recurso interpuesto por la empresa ADC MOVIL CRI S.A. se había rechazado de plano por extemporáneo. En relación con los alegatos expuestos por las empresas, a manera de resumen se detallan los principales aspectos sobre los que se revolvió así como las implicaciones que tiene lo resuelto:

¿Qué sigue con lo resuelto?
Sin lugar los alegatos	La cláusula del cartel se puede mantener como se encuentra actualmente.
Aclaración del tema	Al contestar el Ministerio de Justicia le aclara a la empresa recurrente cómo debe ser entendida la cláusula del cartel.
Parcialmente con lugar	No se acepta del todo el alegato de la empresa recurrente, pero se identifican aspectos que el MJP tendrá que justificar con el respaldo necesario. De requerirse deberá corregir el cartel luego de ese análisis, o bien, la Administración acepta modificar el cartel.

Descargar tabla en formato .xlsx

La Contralora General, Marta Acosta, expone esta tarde, en la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa, el criterio de la CGR sobre proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital.

La CGR emitió criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado "Creación del Gran Parque de Diversiones del Caribe" (expediente no. 22.264) el cual propone autorizar a JAPDEVA la creación de un parque temático para la atracción de turismo, así como celebrar contratos de asociación empresarial con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, para crear dicho parque. Los principales términos del criterio emitido pueden resumirse así:

	No hay estudios técnicos que determinen la viabilidad técnica, presupuestaria, financiera, económica y el impacto social del proyecto. Es importante señalar que el aval estatal, presupone un análisis sobre la capacidad fiscal del Estado, por cuanto podría eventualmente convertirse en un pasivo para el Estado y con ello generar una mayor presión fiscal, en un contexto en el que las finanzas públicas muestran poco margen de disposición económica.
	Sobre la utilización del canon de fiscalización, la disposición de esos montos para otros fines distintos a los establecidos sería contrario a la normativa y podría afectar el sistema de control de la concesión.
	Todo proyecto cuyo financiamiento se derive del canon de desarrollo, sea incorporado a la cartera de proyectos para análisis de JAPDEVA, de manera que su elección se derive de un análisis técnico, financiero, económico, ambiental y comparativo con otros proyectos, según el modelo de gestión establecido.
	Si bien ya no se crea una asociación, se debe valorar el impacto institucional de la creación del parque temático dentro de la estructura de JAPDEVA y que no forma parte de las competencias propias y originarias de la institución.

Es importante indicar que la autorización que se concede mediante el proyecto de ley en el numeral 1 no es una excepción de la aplicación de la ley de contratación administrativa (para que JAPDEVA pueda celebrar contratos de asociación empresarial con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas).

Le invitamos a unirse este miércoles 17 de marzo a este evento virtual al margen de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas para un animado debate sobre las barreras que enfrentan las mujeres en los organismos de finanzas públicas y los pasos que deben tomarse para permitir una mayor paridad de género en el liderazgo de estos organismos.

Con la participación de la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga junto con otros importantes exponentes.

En comparecencia de esta tarde en comisión legislativa, la Contralora General, Marta Acosta, se refiere ampliamente a los informes emitidos por la CGR sobre la gestión del Bono Proteger, una vez resueltos los recursos planteados por la Administración (ya fueron notificados a la Administración). Los resultados de dichas auditorías se confirman y hoy la Contralora expone datos relevantes del tema.

La CGR emitió también una orden de acatamiento obligatorio sobre la base de datos de dicho bono (adjunta), dirigida a la Ministra del MTSS para que adopte las medidas necesarias para administrar y resguardar, bajo criterios técnicos, los datos de los solicitantes y beneficiarios del Bono Proteger, así como dar el respectivo seguimiento a las mismas, independientemente del medio en que se encuentre o del sitio de almacenamiento alterno donde se ubique la información referida. Las razones técnicas para emitir esa orden se basan en el proceso de auditoría sobre la plataforma tecnológica implementada para gestionar dicho bono en el MTSS (en curso en la CGR), en la cual se determinó que ese Ministerio, como institución responsable y dueña de la base de datos, no ha ejecutado acciones tendientes a asumir los controles y mecanismos correspondientes para ejercer un rol activo que garantice la seguridad en el tratamiento y accesos a los datos contenidos en la citada base de datos, así como su debido resguardo conforme a su deber de administración de la base de datos.

Ante múltiples consultas sobre la posibilidad de aplicar el artículo 209 del Reglamento de Contratación Administrativa como solución temporal (mientras está en curso una licitación internacional) para el contrato de tobilleras electrónicas para privados de libertad bajo ese régimen, lo que requiere la Administración -Ministerio de Justicia y Paz- para su implementación es el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• El contrato debe haber concluido pero requerirse suministros o servicios adicionales de igual naturaleza.
• El contratista debe aceptar el contrato adicional.
• El nuevo contrato se debe desarrollar sobre las bases del precedente.
• Se deben mantener los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las obligaciones anteriores No obstante se pueden presentar mejoras en esas condiciones en que se ejecutó el contrato anterior.
• En todo caso, el monto del nuevo contrato no puede ser mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas.
• En los contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. De tal forma que ese es un elemento a considerar según el contrato original.
• No debe haber transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir de esta fecha.
• Se debe determinar que el contratista no haya incurrido en ningún incumplimiento grave.
• Se debe incluir en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se justifica el nuevo contrato.

Estas condiciones deben estar determinadas por la Administración así como el resto de requisitos legalmente procedentes como: contar con el contenido presupuestario para cubrir las nuevas obligaciones, verificar que se mantenga el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, pagos de tributos, que no existan prohibiciones, ampliar garantías de cumplimiento, entre otros.

El uso del artículo 209 no se tramita ni requiere autorización de la Contraloría General de la República y queda bajo entera responsabilidad de la Administración la verificación de todo lo anteriormente indicado. No nos referiremos adicionalmente a este tema dado que queda en manos de la Administración.

La CGR estará realizando la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos 2021, del 8 al 24 de febrero. Esta será aplicada por funcionarios de la Institución, vía telefónica, a personas mayores de 18 años, y de forma anónima. El objetivo es conocer la percepción de la ciudadanía sobre la eficiencia de un conjunto de servicios públicos tales como: transporte público, servicios de electricidad, agua, conectividad a internet, servicios municipales, seguridad pública, educación pública, salud pública (EBAIS, clínica y hospitales) servicio de justicia, servicio de bonos de vivienda y gestión financiera.

La persona que aplica la entrevista se identificará claramente como funcionaria de la institución, pero si se tiene dudas al respecto, el ciudadano puede verificar la información sobre la aplicación de la encuesta en nuestra dirección electrónica www.cgr.go.cr, donde encontrará incluso el cuestionario que se está aplicando, o bien plantear cualquier consulta al teléfono 2501-8000.

Garantizamos que la información será resguardada de forma segura y confidencial, en tanto se procesan los datos, posterior a esto la información será eliminada.

La CGR autorizó al Ministerio de Educación Pública para contratar de manera directa el servicio de transporte, de rutas de transporte de estudiantes, para el período lectivo 2021, por un monto límite de ¢3.894.351.864 millones de colones, según monto fijado por el propio presupuesto de la Administración. Dicha autorización fue notificada a la administración el jueves 04 de febrero.

La CGR emitió un oficio de respuesta a la gestión planteada por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), cuya pretensión era prorrogar el contrato de tobilleras del MJP con argumentos que ya en anterior oportunidad se había indicado, con claridad y contundencia, no es viable, pero además mediante un trámite improcedente.

Es necesario señalar, dadas las declaraciones de las autoridades de ese ministerio sobre el tema, que la correcta planificación y la oportuna presupuestación de un contrato público es responsabilidad exclusiva de la Administración. Pretender que severos problemas en esos aspectos de la gestión deba solventarlos ahora la CGR, siendo una gestión tardía (a unas semanas de vencer el contrato) e incompleta (no tienen dinero) no es pertinente.

La CGR autorizó contratación de urgencia al Centro Nacional de Rehabilitación de la Caja Costarricense del Seguro Social para contratar en forma directa con oferente idóneo, el suministro de oxígeno líquido para los pacientes que son atendidos en el Centro de Atención Especializado para atención de pacientes Covid-19, por un monto máximo de ¢206.430.000,00 (doscientos seis millones cuatrocientos treinta mil colones exactos).

La CGR denegó la solicitud planteada por el Ministerio de Justicia y Paz, referida a la autorización para realizar una modificación unilateral de prórroga por 24 meses del contrato suscrito entre ese ministerio y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, derivado de la Contratación Directa no. 2016CD-000097-0006900001 para una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de la libertad (conocido como brazaletes electrónicos).

Dicha solicitud es denegada tomando en consideración los aspectos:

• Presupuesto: no se cuenta con el contenido presupuestario suficiente para atender la solicitud realizada.
• Precio: La administración no evidencia tener certeza del precio que regirá durante el plazo de contrato, si este se prorroga.
• Contrato: No se tiene certeza sobre la vigencia del contrato pues no se ha acreditado dicha condición según lo establecido en el cartel.

Nos complace informarles los resultados obtenidos por la CGR en la medición anual del Índice de Transparencia del Sector Público. El índice es evaluado por la Defensoría de los Habitantes, y este año midió a 253 instituciones en los siguientes ejes:

En los ejes de Rendición de cuentas y Participación ciudadana también se obtuvieron buenas calificaciones, sin embargo representa un reto a superar juntos, para mejorar como Institución y demostrar la Excelencia que nos caracteriza en todo lo que hacemos.

La CGR acaba de autorizar una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social para comprar, en forma directa con oferente idóneo, kimonos tallas S, M, L, XL y XXL para el abordaje de la pandemia causada por Covid-19, por un monto máximo de ¢356.850.000,00 (trescientos cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta mil colones exactos).

La CGR realizó una auditoría en el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) sobre el monitoreo de los dispositivos electrónicos como mecanismo alternativo de ejecución de la pena, específicamente la supervisión y seguimiento de las personas sujetas a esta modalidad de ejecución de la pena, en el periodo comprendido entre 1° enero 2018 al 31 de mayo 2020. Se concluyó que existen serias debilidades en:

• La supervisión y seguimiento de las personas sujetas a monitoreo electrónico en cuanto a la cantidad de alertas que permanecen sin atender, encontrando 907.956 alertas abiertas correspondientes a 1.485 personas monitoreadas en el período del 13 de mayo al 20 de octubre del 2020.
• El tiempo transcurrido en la atención de las alertas que ya han sido gestionadas; y en la comunicación de estos eventos a la Autoridad Judicial, así como en las gestiones de coordinación con los cuerpos policiales para el abordaje del seguimiento de la población monitoreada.
• La gestión documental y en el registro y reporte de los datos en la plataforma de monitoreo electrónico las cuales no permiten asegurar razonablemente la calidad de la información para el control de la población monitoreada.

Asimismo, conviene informar de dos gestiones adicionales en este tema, actualmente en trámite en la CGR:

• La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa giró una orden al Ministerio de Justicia y Paz relacionada con el avance en el proceso de licitación pública para la contratación de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad. Dicha orden consiste principalmente en la elaboración del cronograma de actividades del procedimiento licitatorio que considere todas las acciones necesarias a fin de empatar el vencimiento del plazo del contrato vigente, la incorporación del contratista que llegue a seleccionarse, así como cualquier fase de transición para el ajuste o cambio de dispositivos que resulte necesario. Esta orden se encuentra en seguimiento por cuanto se está realizando el análisis de la documentación remitida por dicho Ministerio a la CGR.
• La División de Contratación Administrativa de la CGR se encuentra en estudio una solicitud de prórroga del actual contrato de ese ministerio con la ESPH; se requirió información imprescindible para resolver a dicho ministerio cuyo plazo para presentarla vence el 22 de enero. Hasta que ingrese esa información a la CGR no es posible resolver sobre esa prórroga.

La CGR autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para comprar, en forma directa con oferente idóneo, 2.000.000 de unidades de respirador filtrante de partículas para el abordaje de la pandemia por Covid-19, por un monto máximo de ¢2.757.295.200 colones.