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El área del Sistema de Administración Financiera de la CGR emitió el informe DFOE-SAF-IF-00009-2017, el cual contiene los resultados de una auditoría cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de la gestión de la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación, dentro del proceso de declaración tributaria. Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, constituye un punto de apoyo básico en la política preventiva del fraude fiscal.

Enfocados en una valoración de servicio al cliente, se realizó un sondeo denominado “Encuesta de Satisfacción con el Servicio al Contribuyente del Ministerio de Hacienda” aplicado a los agremiados de colegios profesionales donde se obtuvieron 4.312 respuestas. Además se evaluó la cobertura de programas de Educación Fiscal, principalmente de los planes de educación de primaria y secundaria.

Hallazgos generales del estudio

Poco conocimiento de los usuarios de la existencia de los canales de la Dirección de Servicio al Contribuyente, y bajo nivel de satisfacción con el servicio recibido afecta la calidad del servicio

• Persiste un desconocimiento de los canales de servicio al contribuyente para la elaboración y declaración tributaria con los que cuenta la Dirección de Servicio al Contribuyente (conocimiento del 30% en promedio).

• Existe un nivel moderado de satisfacción (59%) con la solución de las consultas realizadas y problemas en la rapidez de la atención de estas. Lo anterior puede incidir de manera negativa en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, principalmente generando mayores costos de reprocesos para el contribuyente y para la administración lo que también podría aumentar el riesgo de operar en la informalidad.

Alta complejidad en los procesos asociados a la búsqueda de información para el proceso de declaración en la página web del Ministerio de Hacienda y en el uso de los sistemas de presentación y declaración tributaria

• La facilidad de búsqueda de información contenida en la página web del Ministerio de Hacienda no alcanza los parámetros establecidos y se requiere de mayor claridad y simplicidad del lenguaje de los contenidos.

• Con respecto a los sistemas de declaración tributaria, la facilidad de su uso en sistemas como EDDI7, Declar@Web y Tributación Digital, requieren de atención inmediata por parte de la administración, por cuanto presentan un nivel de satisfacción con el uso inferior al 70%, así como una mejora en la claridad y simplicidad del lenguaje en todos los sistemas.

Bajo nivel de cobertura de los programas de primaria y secundaria de educación y cultura fiscal

• La cobertura de los programas de educación fiscal a nivel de primaria y secundaria alcanza un 48,6%, lo que evidencia un débil alcance a la población objetivo, incidiendo negativamente en la generación de una cultura y conciencia tributaria adecuada en las futuras generaciones.

• Del sondeo realizado por la Contraloría General de la República, un 69,7% de los encuestados indicó que desconoce en qué se gastan los impuestos recaudados por el Ministerio de Hacienda, lo que evidencia una necesidad de mejorar la rendición de cuentas pública.

Se giran Disposiciones al Ministro de Hacienda, al Director General de Tributación y a la Ministra de Educación Pública para la corrección y mejoramiento de las situaciones determinadas en esta auditoría, misma que tendrá el debido seguimiento de disposiciones en el órgano contralor.

El área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe DFOE-SOC-IF-014-2017, el cual contiene los resultados de una auditoría cuyo objetivo fue examinar de manera integral la gestión de cobro de la Caja Costarricense del Seguro Social, siendo que se trata de una de las áreas de riesgo institucional más importante en la gestión de esa entidad pública.

Al primer trimestre de 2017, la Gerencia Financiera de dicha entidad reporta una morosidad patronal acumulada de ¢220.470 millones, con un total de 70.403 patrones, y 151.703 trabajadores independientes, con una morosidad acumulada de ¢171.589 millones, para un total ascendente a ¢392.059 millones.

Resultan evidentes las mejoras que se deben implementar en esta materia, donde la pronta recuperación de las deudas impactaría positivamente en la situación financiera de la entidad, y con ello, coadyuvaría a que se generen mejores servicios para todos los asegurados.

¿Qué encontramos en el estudio?

• Las estrategias de control de la morosidad de los periodos 2011-2016, y 2016-2020, y los planes presupuesto de los años 2014-2015 y 2016-2017 de la Dirección de Cobros y de las Direcciones Regionales de la CCSS, no incluyen metas e indicadores para procesos, productos intermedios y finales y de impacto relacionados con la gestión de cobro.

• La CCSS no dispone de criterios estándar para priorizar y seleccionar patrones o trabajadores independientes a los cuáles se les realizará la gestión de cobro correspondiente.

• Respecto de las notificaciones de los avisos de cobro de patronos y trabajadores independientes realizadas durante el año 2016, se constató que, en el caso de patronos, de un monto de ¢50.866,1 millones, solo se notificó ¢22.015,9 millones (43,3%), y en el caso de los trabajadores independientes de ¢20.402,3 millones, se logró notificar únicamente ¢3.803,6 millones (18,6%).

• El Centro de Llamadas de dicha institución realizó durante el 2016 un total de 146.048 llamadas, en donde logró contacto directo con el cliente solo en aproximadamente el 20% de los casos. En el 80% restantes fue ineficaz el contacto, situaciones que se presentan porque la información personal de los morosos se encuentra desactualizada en el sistema SICERE.

• Un 83% de la cartera morosa a diciembre de 2016 fue remitida a cobro judicial, sin que se estableciera previamente algún tipo de filtro, como por ejemplo, las comprobaciones que se realizan para clasificarlos como de difícil recuperación, siendo que durante el año 2016 la CCSS incurrió en un gasto de ₵70,4 millones por concepto de honorarios profesionales a abogados externos por la atención de casos que una vez trasladados a cobro judicial fueron declarados de difícil recuperación.

Se giraron disposiciones a la Gerencia Financiera de la CCSS para la corrección y mejoramiento de las situaciones determinadas en esta auditoría, misma que tendrá el debido seguimiento de disposiciones en el órgano contralor.

El área de servicios Ambientales y Energía de la CGR emitió el informe DFOE-AE-IF-0012-2017, producto de una auditoría que tuvo como objetivo examinar la razonabilidad de la inversión final en la Planta Hidroeléctrica Toro 3, para comprobar el retorno financiero de la inversión; los principales ingresos devengados, costos y gastos incurridos por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y el Fideicomiso P.H. Toro 3, en la construcción de la planta que permita verificar su registro contable, y los flujos de caja proyectados y reales del fideicomiso para determinar su sostenibilidad financiera.

Las plantas de generación de energía eléctrica deben satisfacer la demanda de energía con calidad y al menor precio posible, mediante el pago de costos razonables de inversión, operación, financiamiento y administrativos, por lo que resulta relevante verificar el cumplimiento de estas condiciones en la gestión del ICE y JASEC como socios en el Convenio de Alianza Empresarial que constituyeron para desarrollar la Planta Hidroeléctrica Toro 3, y del Fideicomiso como medio para financiar y arrendar esta planta el cual está a cargo del Banco de Costa Rica como Fiduciario.

Hallazgos del estudio

• El ICE no se apegó a las buenas prácticas de evaluación de proyectos, para elaborar los flujos de caja del proyecto Toro 3 contenidos en el estudio de factibilidad, pues:

1. Se omitió el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), indicador generalmente aceptado por los evaluadores para medir la rentabilidad deseada de un proyecto.

2. Se calculó de forma imprecisa la Tasa Interna de Retorno (TIR), indicador que mide de forma complementaria la rentabilidad de un proyecto.

3. No se incluyeron los costos financieros del capital invertido ni el incremento en el precio de los insumos para la construcción.

4. No se utilizó una sola metodología para elaborar el flujo de caja operativo, ya que combinó precios corrientes (nominales) con precios constantes (reales).

5. Aplicó un método incorrecto para estimar los ingresos y gastos; lo cual, originó un crecimiento mayor de los ingresos que sobrestimó la rentabilidad del proyecto, efecto que se aprecia en el siguiente gráfico:

• El ICE y JASEC no han liquidado los gastos y costos incurridos ni los beneficios de la energía generada en pruebas durante la etapa previa a la entrada en operación de la planta, por más de ₵3.625 millones; esto a pesar de que dicha etapa finalizó desde enero 2013.

• El Fideicomiso P.H. Toro 3 registra en sus estados financieros el arrendamiento de la planta como operativo a pesar de que es financiero porque transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas de la planta al ICE y JASEC como arrendatarios; congruente con la Norma Internacional de Contabilidad 17 Arrendamientos y según criterio contable del Ministerio de Hacienda.

Se giran diversas disposiciones al ICE, a JASEC, al BCR y a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda para corregir las situaciones encontradas en el estudio e informar a la CGR al respecto. La CGR realizará el seguimiento de disposiciones correspondiente.

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR emitió el documento de Opiniones y Sugestiones para la Asamblea Legislativa N° DFOE-AE-OS-01-2017, con el objetivo de suministrar un panorama fiscal relativo a la presión sobre la Hacienda Pública producto de la variabilidad y cambio climático y los desafíos que implica en este contexto mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El tema es relevante pues el aumento de la temperatura media global, alteraciones en el patrón de las precipitaciones, alza del nivel del mar y eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos, inciden en la infraestructura pública, la salud y el bienestar de la población, lo cual a su vez, pone en riesgo la Hacienda Pública.

Así, entre 1988 y 2010 se registraron 320 eventos como se ilustra de seguido:

Fuente: Elaboración propia con datos de IMN, CNE y MIDEPLAN.

La CGR identificó en el cambio climático una tendencia a ser considerada por los gestores públicos, en la administración oportuna de riesgos que permitan la orientación del diseño de la política pública y la previsión de erogaciones para atender, adaptarse o mitigar sus efectos. Esto requiere recursos financieros, tecnológicos y humanos.

El estudio permite realizar alertas en las siguientes áreas:

• Costos de reparación y reconstrucción del capital afectado periodo 1988 a 2010

La CCR estimó que el costo anual de la reparación y reconstrucción de infraestructura afectada por inundaciones, temporales y sequías pasó de ¢8.903 millones en 1988 a ¢202.681 millones en 2010, en ese último año representó el 1,01% del PIB; y se determina un crecimiento exponencial del costo en carreteras, puentes, acueductos y otra infraestructura relevante. Entre 1988 y 2010 los costos de estos fenómenos climáticos extremos variaron entre 0,3% y 1,7% del PIB por año, y en promedio cada trimestre es un 3% más costoso que el anterior.

• Tendencia creciente en costo del 2011 al 2025

Del 2011 al 2025 la CGR estima un costo creciente en la atención de los eventos hidrometeorológicos y climáticos extremos. Al 2025, en un escenario conservador estos costos absorberían entre un 0,68% y 1,05% del PIB; y en un escenario que prevé mayor riesgo entre 1,64 % y 2,50% del PIB. Este último porcentaje implicaría erogar 1,47 veces el máximo porcentaje del PIB en que se ha incurrido a la fecha.

• Necesidad de crear un marco fiscal climático para Costa Rica

En opinión de la CGR es propicio crear un marco fiscal climático, el cual refiere a los mecanismos que permitan identificar y proyectar los recursos destinados a financiar acciones de mitigación, adaptación y atención de fenómenos hidrometeorológicos y climáticos extremos. Este marco debe permitir: 1) Identificación y estimación precisa de las fuentes de recursos; 2) Asignación de los recursos según prioridades, fundamental ante la escasez de recursos de la Hacienda Pública y las necesidades urgentes; 3) cuentas presupuestarias que permitan identificar el gasto climático y la inversión en obra pública resiliente ,y 4) medios para poner oportunamente a disposición del público esta información, y permitan el análisis de las demandas ciudadanas.

Ejes del Marco Fiscal Climático

Desafíos fiscales por el cambio climático

Los desafíos para atender eficazmente las necesidades futuras en materia de cambio climático se orientan a:

• Promover acciones que reduzcan la presión del cambio climático y armonizarlas con el desarrollo del país.

• Realizar un riguroso ejercicio de planificación, presupuestación, capacidad ejecutora y evaluación del desempeño en la inversión pública.

• Construcción del mecanismo que identifique las fuentes de financiamiento climático.

• Innovación en los medios de captura de recursos mediante impuestos, exoneraciones y otros incentivos que armonicen el financiamiento de acciones climáticas con el equilibrio fiscal de país.

• Mejora en la asignación del gasto que incremente de forma gradual el peso a las acciones de adaptación como reponer la infraestructura pública, movilidad en el sector transporte e inversión en capital natural.

• Incorporación de la convocatoria del sector social en todos los procesos pues el cambio climático acentúa la pobreza y desigualdad.

¿Qué es el Índice de Gestión Municipal (IGM)?

El IGM es un documento que expone los resultados de la evaluación realizada a las corporaciones municipales compuesta por 61 indicadores, distribuidos en cinco ejes a saber:

• Desarrollo y Gestión Institucional.

• Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

• Gestión de Desarrollo Ambiental.

• Gestión de Servicios Económicos.

• Gestión de Servicios Sociales.

Lo anterior con el fin de evaluar las actividades sustantivas y de apoyo relativas al quehacer de los gobiernos locales.

Principales resultados del IGM 2016

Resultados relevantes por grupo

Conclusiones

• El Índice de Gestión Municipal 2016 contempla los resultados de las evaluaciones realizadas a la totalidad de los gobiernos locales del país. En general, se presenta un retroceso importante respecto de la calificación global obtenida en los últimos cuatro años (2012-2015).

• Lo anterior obedece en parte a la revisión de la totalidad de los expedientes electrónicos que respaldan las respuestas de cada uno de los indicadores, así como de la documentación aportada por la municipalidad para el año evaluado.

• Es preocupante que solo 12 corporaciones municipales obtuvieron una calificación superior a los 70 puntos. Además, de los resultados expuestos en los últimos años se mantiene que las municipalidades muestran serias dificultades para brindar servicios públicos, tales como parques y obras de ornato, aseo de vías y sitios públicos, depósito, tratamiento y recolección de residuos, muchas veces financieramente insostenibles, producto de tasas desactualizadas o inexistentes y, en consecuencia, sin la inversión para su desarrollo.

• Las áreas de control interno y planificación continúan siendo las calificaciones más bajas del eje 1 y 2, respectivamente, evidenciando así el reto urgente de tomar acciones correctivas para fortalecer su gestión en procura de dar a los recursos públicos un uso eficiente y mejorar los servicios a la ciudadanía.

• Otros desafíos de los gobiernos locales corresponden a la urgencia de mejorar en materia de gestión vial, atención de servicios y obras sociales, mecanismos de participación ciudadana y gestión financiera.

• Finalmente, el IGM 2016 es un insumo para que los gobiernos locales utilicen sus resultados en la toma de decisiones. Asimismo, se implementen acciones necesarias para la mejora y la consideración de eventuales alianzas estratégicas con otras corporaciones municipales de las cuales puedan tomar buenas prácticas de gestión para la prestación de los servicios a las comunidades, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico aplicable.

La CGR emitió recientemente el informe Nro. DFOE-SOC-IF-12-2017, denominado “Auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia en el servicio de hospitalización del II nivel de atención, hospitales regionales y periféricos" de la CCSS, para lo cuál se valoraron 20 hospitales de dicho nivel.

Durante el estudio se revisaron los principales procesos de los servicios de hospitalización, considerando aspectos como la eficiencia en el uso de los recursos, la presencia de estándares de atención médica, la implementación de modalidades alternativas a la hospitalización, y el fortalecimiento de la atención a la población adulta mayor (PAM). Además se incluyeron elementos relacionados con la estancia prolongada así como la atención de las necesidades en recurso humano.

Resumen general de hallazgos

• Se determinó que cuatro de los veinte hospitales que conforman el II nivel de atención en la CCSS, requieren mejorar la eficiencia en el uso de reucrsos en el servicio de hospitalización, de conformidad con la metodología de Análisis Envolvente de Datos (DEA). Estos son: Hospital Dr. Tony Facio Castro, Hospital San Francisco de Asís, Hospital Manuel Mora Valverde y Hospital Tomás Casas Casajús.

• Se requiere fortalecer e implementar modalidades alternativas a la hospitalización convencional (MAHC), las cuáles que permitirían mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos. Actualmente de los 20 hospitales del II Nivel de Atención solo 6 utilizan la modalidad “Hospital de Día”, mientras que la “Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)” disminuyó en 9 hospitales entre los años 2015 y 2016.

• Ausencia de estándares en el manejo de los cuartos y las camas de aislamiento.

• A pesar de existir un lineamiento para realizar análisis de las estancias prolongadas, en cinco de los hospitales del II nivel, no se está ejecutando esa acción. Este tema es relevante a nivel hospitalario por los efectos negativos asociados a las estancias prolongadas tales como el incremento de costos para el hospital, mayor posibilidad de presentar eventos adversos como una infección intrahospitalaria, complicar su padecimiento con otras enfermedades, y congestionamiento de las camas.

• Los hospitales del II Nivel de Atención carecen de los medios básicos para atender la población adulta mayor (PAM), a pesar de que este grupo de pacientes según las proyecciones nacionales e internacionales es cada vez mayor.

Se giran disposiciones, a la Gerencia Médica de la CCSS, con el fin de subsanar las debilidades señaladas en este informe.

 

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe DFOE-SOC-IF-11-2017, el cual contiene los resultados de un estudio cuyo objetivo fue determinar si el IMAS ha diseñado e implementado mecanismos efectivos que promuevan una gestión Administrativa transparente en el proceso de selección y otorgamiento de beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.

Los beneficios otorgados por la entidad han sido cuantiosos en cantidad de recursos y beneficiarios:

• AÑO 2015: 215.099 familias recibieron 265.128 beneficios por ₡120.389 millones y 57 organizaciones a las que giró ₡1.963 millones.

• AÑO 2016: 218.220 familias recibieron 279.878 beneficios por ₡136.299 millones y 51 organizaciones a las que giró ₡2.827 millones.

Hallazgos del estudio

1) Sobre mecanismos de transparencia institucional insuficientes:

• Existen debilidades que limitan una gestión transparente.

• Falta de uniformidad en el trámite y atención de denuncias y quejas por parte de las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDS) y de las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS).

• Omisión de política y procedimiento sobre derecho de petición y el derecho a obtener pronta resolución.

• Insuficiencia de medios de publicación físicos para el acceso de la ciudadanía.

• Falta de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las Unidades Locales y las Áreas Regionales.

2) Sobre debilidades de los mecanismos de transparencia en la selección y otorgamiento de beneficio:

• Indefinición de los tiempos para el otorgamiento de beneficios.

• Ausencia de procedimientos para la depuración y administración de la lista de espera.

3) Sobre errores en la selección y otorgamiento del beneficio "Atención a familias":

• Omisión de la normativa en el otorgamiento del beneficio "Atención a familias”.

Se giran disposiciones al Presidente Ejecutivo y al Gerente General del IMAS, con el fin de subsanar las debilidades señaladas en este informe

 

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe N° DFOE-DL-IF-00006-2017; cuyo objetivo fue dar seguimiento de la gestión de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) respecto del control de la ejecución de los proyectos comunales financiados con recursos del Presupuesto de la República.

DINADECO es un órgano del Ministerio de Gobernación y Policía y está encargado de fomentar, orientar, coordinar y evaluar el proceso de organización de las comunidades, para lograr la participación activa de la población en el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental del país. Para impulsar las organizaciones comunales, el Estado le asigna recursos provenientes del equivalente al 2% del Impuesto sobre la renta, para distribuir entre las que estén debidamente constituidas y legalizadas.

DINADECO Proyectos financiados Período 2015-2016 (En millones de colones)
Año	Proyectos aprobados	Monto financiado
2015	95	5.541,4
2016	112	4.803,4
Total	207	10.344,8
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por DINADECO.

 

Hallazgos del estudio

• DINADECO, entre 2015 y 2016, recibió de diversas organizaciones comunales 285 proyectos, estimados en ¢20.260 millones, que al 2017 no han sido analizados para definir su viabilidad de financiamiento.

• Hay 107 proyectos, por un monto de ¢3.980 millones financiados entre los años 2007 al 2015, que se encuentran pendientes liquidación, una vez vencido el plazo máximo establecido en la normativa.

• En el año 2016 se otorgaron recursos del “Fondo por girar” a 22 organizaciones con liquidaciones pendientes de proyectos.

• En 95 expedientes de proyectos -financiados por ¢4.803 millones- se determinó la ausencia de documentos básicos que sustentan el control de los proyectos.

Se giran disposiciones al Director Nacional de Dinadeco y al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad para que se solventen las debilidades señaladas en este informe.

 

Conforme competencias constitucionales y legales que le corresponden y en particular lo dispuesto en la Ley No.9292 (Ley de “Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso”), la CGR autorizó una modificación contractual y refrendó la Adenda No. 1 al Contrato de Fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón. Durante el análisis de la solicitud, se requirieron ampliaciones sobre aspectos técnico-jurídicos, tanto por parte de la Administración como de otras entidades relevantes (SUGEF y Ministerio de Hacienda).

El contrato ya había sido refrendado por la CGR el 27 de enero de 2017 y tiene por objeto planificar, diseñar, financiar, constituir, operar y dar mantenimiento del Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales, lo que incluye todos los componentes y etapas necesarias para la ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de dicha obra pública, que comprenderá el trayecto e infraestructura necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San José con la ciudad de San Ramón.

 

¿Qué aspectos incluye esta modificación del contrato?	¿Qué aspectos no incluye esta modificación del contrato?
• El Fiduciario (BCR) asumirá la Unidad de Administradora del Proyecto (UAP). • El Fiduciario (BCR) brindará el servicio de gestión de la estructuración financiera. •Definición del Manual de Operaciones del Fideicomiso a nivel contractual.	• Definición de plazos para la fase de ejecución. • Determinación de ahorros específicos de tiempo de ejecución. • Cambios de mando en los puntos de control de la Administración. • Diseños de las obras. • Contratos constructivos. • Definición de las tarifas de peaje.

 

Es importante aclarar el esquema de gestión de este proyecto para entender mejor en qué estado se encuentra. El color verde son etapas ya realizadas, el color amarillo son las actuales etapas del proyecto, y el color naranja son las etapas futuras, posteriores a esta autorización de la CGR:

Dado el asueto dispuesto por la Presidencia de la República con motivo de las condiciones climáticas que afectaron al país durante los días 05 y 06 de octubre del presente año, se brinda al público la resolución R-DC-72-2017 de las ocho horas del cinco de octubre de 2017, para su consulta.

El Área de Desarrollo Local de la CGR emitió el informe adjunto, el cual tuvo como objetivo evaluar la gestión del proceso de endeudamiento (ordenamiento jurídico y técnico, y sanas prácticas financieras) de las municipalidades de Alajuelita, Corredores, Dota, Escazú, Golfito, Grecia, Limón, Nicoya, Parrita y Pérez Zeledón.

Las municipalidades fueron seleccionadas a partir de las siguientes variables:

a) presupuesto de recursos por préstamos por varios años consecutivos sin que se observe el ingreso ejecutado por dicha fuente de financiamiento (Alajuelita y Corredores)

b) gobiernos locales con déficit presupuestario e ingresos ejecutados por préstamos (Golfito, Parrita, Alajuelita, Nicoya y Dota)

c) ingresos ejecutados por endeudamiento por montos significativos (Limón, Escazú, Grecia, y Pérez Zeledón).

Las municipalidades fiscalizadas, en conjunto, poseen 35 préstamos con saldos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016, para una deuda total de ¢16.236,6 millones.

 

Finalidad de los préstamos con saldos pendientes de pago:

Principales debilidades de la gestión del endeudamiento

• Las 10 municipalidades citadas no cuentan con una política de endeudamiento que regule dicha gestión.

• Un total de 17 de esos 35 préstamos, que representan ¢4.179,3 millones del total desembolsado por las entidades prestatarias, no responden a una vinculación con los instrumentos de planificación de las municipalidades.

• En 28 de los 35 préstamos (¢14.515,9 millones del total desembolsado) se omitió elaborar flujos de fondos que orienten sobre las fuentes de ingresos y la disponibilidad de liquidez para el cumplimiento oportuno de las obligaciones.

• En 27 de los 35 préstamos en análisis (¢11.962,8 millones del total desembolsado) el trámite por parte de las administraciones municipales respectivas se realizó sin los correspondientes estudios o análisis relativos a la viabilidad financiera y la capacidad de pago.

• También en 27 de los 35 créditos (¢11.862,3 millones del total desembolsado) las corporaciones municipales no efectuaron estudios para comparar o analizar diversas opciones de financiamiento ofrecidas por las entidades prestatarias con el objetivo de seleccionar la alternativa más favorable.

• En el trámite de 20 de los 35 préstamos en cuestión (¢12.296,7 millones del total desembolsado) no se realizó la conciliación de los saldos adeudados por préstamos entre los registros internos municipales y los de las entidades prestatarias.

• Se recomienda a las corporaciones municipales la definición clara de acciones que permitan fortalecer y corregir lo señalado sobre los procesos de gestión del endeudamiento.

La CGR emitió el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público 2017, en el cual se analiza la situación fiscal del gobierno y el sector público, las principales tendencias en la ejecución de los recursos públicos, así como el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, al primer semestre del ejercicio 2017.

El país se enfrenta ante una coyuntura fiscal crítica, caracterizada por alto nivel y crecimiento de la deuda pública, menor dinamismo de los ingresos tributarios y una gran rigidez del gasto público. Estas son tendencias son insostenibles en el mediano plazo y con un alto costo en términos del ajuste fiscal requerido.

A continuación los principales aspectos destacados en el informe:

• Al iniciar el segundo semestre de 2017, el Gobierno Central enfrentó dificultades de caja, generando con ello una señal de alarma sobre la situación fiscal; no obstante, la situación de fondo ha permanecido en el desequilibrio tendencial de varios años, manifiesta especialmente en un déficit primario significativo.

• A junio, el déficit financiero del Gobierno Central aumentó de 2,2% del PIB en 2016 a 2,4% en 2017, al tiempo que la persistencia de déficit primario mantiene en aumento la relación deuda/PIB.

• El crecimiento de la deuda por causa del déficit primario y por un mayor pago de intereses, indica que el ajuste requerido va en aumento, no solo para estabilizar la deuda sino para reducirla a niveles de menor vulnerabilidad.

• Al 30 de junio, la deuda del Gobierno Central alcanza un monto de ¢15.052.133 millones (45,5% del PIB), reflejando un crecimiento nominal de 7,2% con respecto a diciembre 2016.

• El portafolio del Gobierno incrementa su exposición al riesgo cambiario y de tasa de interés. Los crecientes e insostenibles niveles de la deuda del Gobierno han constituido factor determinante para la disminución de las calificaciones de riesgo.

• La deuda del sector público continuó su tendencia creciente, y a junio 2017 alcanza un monto de ¢20.550.884 millones, para una relación deuda/PIB del 62,1% del PIB.

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR emitió el informe DFOE-AE-IF-08-2017; la auditoría tuvo como propósito examinar la eficacia y eficiencia del proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE) en cuanto a su naturaleza, ámbito de aplicación y simplificación de trámites para los usuarios.

El proceso de EAE se estableció en el 2004 mediante decreto, y se efectúa previo a la implementación de políticas, planes, programas y proyectos estratégicos de gran relevancia para el país, a fin de asegurar que estos sean compatibles con el desarrollo social y ambiental. Actualmente, solo se aplica a planes de ordenamiento territorial que las municipalidades someten a revisión de la SETENA.

Resumen general de hallazgos

• El Estado costarricense no ha definido lineamientos que tracen la ruta en materia de evaluación ambiental estratégica (EAE) de políticas, planes, programas y proyectos de relevancia nacional, regional y multilateral, lo cual ha impedido que la SETENA emita la reglamentación para determinar los casos en que debe aplicarse y cómo efectuar dicha evaluación. Esta evaluación es necesaria por ejemplo en grandes decisiones país como fuentes de energía a explotar y mega proyectos de obra pública.

• En cuanto al procedimiento de la EAE aplicable a planes de ordenamiento territorial, no se ha determinado la técnica oficial para clasificar las áreas ambientalmente frágiles del territorio de un cantón, y dependiendo de la técnica selecciona a discreción de las municipalidades, origina diferencias en la cantidad de áreas y su tamaño, y por ende, en la rigurosidad de las medidas de protección ambiental del territorio.

• El Reglamento para aplicar la EAE a los planes de ordenamiento territorial es prácticamente inaplicable, pues los procedimientos son confusos, ambiguos y omisos, lo cual hace el proceso lento e ineficiente en la SETENA y en las municipalidades.

• Las medidas de protección ambiental que resultan de la EAE aplicado a planes de ordenamiento territorial, son imprecisas y en su mayoría refieren a normas de obligatorio cumplimiento ya establecidas en otros cuerpos normativos, y no guardan proporción con el trabajo técnico realizado.

Disposiciones

Se dispone al Ministro de Ambiente y Energía coordinar las acciones que permitan al Consejo Presidencial Ambiental emitir los lineamientos en materia de EAE; a la Comisión Plenaria de la SETENA elaborar la propuesta de reglamento para aplicar esta evaluación, así como, reestructurar el proceso de EAE aplicable a planes de ordenamiento territorial.

La División de Contratación Administrativa de la CGR mediante oficio No. 8016 del 12 de julio de 2017, denegó al CONAVI la solicitud de autorización para modificar en monto y plazo el contrato suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI- y la empresa Constructora Sánchez Carvajal S.A, para la construcción de la nueva carretera San Carlos, Tramo Sifón - La Abundancia, autorización cuyo objeto era incrementar el contrato por un monto de $24.661.460,65 y el plazo en 320 días. Con la modificación propuesta en la orden de modificación, se elevaría el monto del contrato a la suma de $213.503.818,18.

En el oficio adjunto (fechado 12 de julio, fecha en que vence el plazo de la CGR para resolver dicha gestión, confirme la normativa vigente) se expone en detalle la situación de dicha vía, de vital importancia para el país y para los usuarios directos de la zona, aspectos que se resumen a continuación:

• Lo propuesto en la adenda #8 no permite que la carretera se termine y sea utilizada.
• Falta culminar estudios y diseño de ciertos tramos de la vía.
• Los costos de la solicitud no serían los definitivos ni hay un estimado de dicho costo final.
• No se tiene claridad del plazo final para terminar la carretera.
• Con lo anterior se concluye que no se garantiza la funcionalidad de la carretera, o sea, que sea transitable de extremo a extremo.

Para la CGR resultan preocupantes las situaciones analizadas dado que es materialmente imposible acceder a la autorización solicitada por el CONAVI sin la certeza requerida a nivel jurídico, financiero, de diseño vial y de gestión de la obra en general.

Ahora queda en manos de la Administración tomar las decisiones necesarias con respecto al rumbo de este proyecto vial y determinar lo señalado en el oficio, previa remisión de nuevas gestiones a la CGR.

El área de Desarrollo Local de la CGR emitió el informe DFOE-DL-IF-00001-2017 en el cuál se analizó la gestión de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) en lo relativo a la planificación operativa y la respectiva vinculación con el marco normativo y estratégico de la organización y su gestión presupuestaria.

Hallazgos del estudio de CGR

• Las metas establecidas en el PAO de la UNGL para el año 2016 deben ser más claras respecto del fin que persigue y debe verificarse el grado de cumplimiento para la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las capacidades municipales.

• Ausencia de procedimientos y políticas internas para orientar la planificación institucional así como la formulación y evaluación presupuestaria, donde se especifiquen procesos, responsabilidades y funciones.

• Del análisis sobre cumplimiento del PAO de la UNGL para el 2016, se determinó que de un total de 42 metas planteadas, solamente el 31% (13) se cumplió, un 19,0% (8) reflejó un cumplimiento parcial, mientras que el 50% (21) restante no se cumplió.

• La planificación operativa de la UNGL incorpora una oferta de servicios y funciones que no se visualiza articulada con los propósitos fundamentales del marco normativo de esa entidad y prioridades de su estrategia institucional.

• El 89% del presupuesto de la UNGL del 2016 no se encuentra justificado en su planificación operativa, lo que se traduce en egresos cercanos a ¢925,0 millones, que no están vinculados a objetivos y metas formuladas.

• Gastos aprobados fueron ¢1.037,0 millones; no se ejecutó la suma de ¢343,3 millones (33.1%).

Un sondeo realizado por la CGR a municipalidades, concejos municipales de distrito y federaciones (realizado a 1.466 funcionarios y autoridades municipales) permitió determinar múltiples áreas de mejora en la UNGL.

Conclusiones del estudio de CGR

A la Dirección Ejecutiva de UNGL: elaborar, implementar y divulgar, políticas y procedimientos vinculados con la planificación institucional y las fases de formulación y evaluación del proceso presupuestario. Además, efectuar una revisión y análisis de las actividades y proyectos planificados por la UNGL, a efecto de que se ajusten a las competencias asignadas a esa Unión en el ordenamiento jurídico y estratégico.

Este 22 de mayo venció el plazo establecido legalmente para presentar la declaración jurada de bienes que anualmente están obligados a presentar funcionarios que ocupan altos cargos en la Administración Pública o que, por la naturaleza de sus funciones, requieren presentar dicho documento legal, en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422).

Los datos de presentación de dicho documento, corte al miércoles 24 de mayo de 2017, son los siguientes: declaraciones recibidas 18711 (91%) Entre los declarantes pendientes se encuentran una ministra, un embajador, una magistrada y un alcalde, lo que resulta preocupante dado que se trata de una obligación legal clara y conocida para todos los declarantes en puestos como los señalados. Estos funcionarios están siendo prevenidos sobre dicha omisión a la brevedad.

Una vez finalizado el período de recepción de la declaración, se inicia:

• Proceso de revisión de los funcionarios que no presentaron su declaración
• Remisión de prevención por incumplimiento en la presentación de la declaración jurada de bienes

La figura de la prevención por incumplimiento en la presentación de alguna de las declaraciones juradas de bienes, tiene fundamento en el artículo 38, inciso i, de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública No. 8422, el cual establece:

“Artículo 38.causales de responsabilidad administrativa:
(…)
"i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas a que se refiere esta Ley si, vencido el plazo para su entrega, es prevenido una única vez por la CGR para que en el plazo de 15 hábiles cumpla con su presentación”.

En el oficio de prevención (adjunto) se señala al declarante el estado de incumplimiento y se señalan sanciones que podría tener de persistir el incumplimiento:

• Suspensión sin goce de salario de hasta 30 días

• Separación del cargo público sin responsabilidad patronal

• Prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por un plazo de 2 a 8 años

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR emitió el informe DFOE-AE-IF-06-2017; la auditoría tuvo como objetivo determinar si la gestión de JASEC relativa al Proyecto Red de Infocomunicaciones garantizó la sostenibilidad financiera, así como el apego al marco normativo aplicable a los procedimientos de contratación administrativa.

Desde el 2008, la JASEC está facultada para prestar servicios de infocomunicaciones. En el 2009, la Junta Directiva de JASEC autorizó la construcción de una red de transmisión de datos en fibra óptica para la comunicación entre sus edificios y la conexión de los dispositivos de gestión remota de la red de distribución eléctrica, y en enero de 2015 inició la comercialización de los servicios de internet a terceros.

El Proyecto Red de Infocomunicaciones resulta relevante pues se asocia al servicio público que brinda JASEC en la provincia de Cartago, cuya prestación debe atender principios de legalidad, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera, así como el apego a normativa de contratación administrativa que garantice la sana inversión de recursos públicos.

Resumen general de hallazgos

• Se determinó una débil formulación y evaluación del Proyecto Red de Infocomunicaciones de JASEC pues no contó con estudios de prefactibilidad ni factibilidad que permitieran precisar si era rentable y, por ende, si correspondía invertir recursos públicos en su desarrollo.

• Una vez en construcción la red de fibra óptica, el adjudicatario presentó un Plan estratégico de infocomunicaciones que no sustituye un estudio de factibilidad y carece de flujo financiero, monto por depreciación de activos fijos y análisis de la estructuración financiera del proyecto.

• El flujo de caja de infocomunicaciones 2014-2030 que suministró JASEC, omite costos por: obsolescencia tecnológica, reemplazo de módems y el de reinversión y mantenimiento del software de la Plataforma de operación, mantenimiento y facturación; y se fundamenta en una meta de clientes conectados 3 veces superior a lo real en los dos años de operación de la red.

• Según cálculos de JASEC, si en el 2019 se alcanza la meta de 34.938 clientes se generaría un valor positivo de ȼ3.701,92 millones, pero si se logra en el 2021 o después dejaría pérdida por ȼ339 millones para la JASEC como inversionista; lo cual es riesgoso porque la probabilidad de alcanzar esa meta en el 2019 es inferior al 5%.

• La oferta adjudicada relativa a la Licitación Pública 2010LN-000001-03 para construir la red no contó con verificación de razonabilidad de los precios de los bienes y servicios ofrecidos; y en esa condición se utilizó como base para comparar los precios de compras posteriores.

• Fueron adjudicados equipos y programas no previstos en el cartel de la contratación 2011LN-000002-03, y recibidos en vez de aceptar el descuento en efectivo ofrecido por el contratista y un reembolso por 12 licencias de base de datos cotizadas de más por error del oferente.

• JASEC realizó dos contrataciones directas para adquirir equipo y licencias sin evidenciar el cumplimiento de dos condiciones obligatorias para no seguir el procedimiento ordinario, como son: comprobar la razonabilidad del precio y el descarte de mejores alternativas en el mercado.

Disposiciones del informe

Se dispone a las autoridades de JASEC: emitir el procedimiento para la formulación y evaluación de proyectos ajustado a buenas prácticas; analizar las variables de estimación de clientes y ajustar las proyecciones; analizar la situación financiera del negocio de infocomunicaciones y decidir sobre la operación según convenga a las finanzas institucionales. También, establecer parámetros técnicos para verificar la razonabilidad de los precios ofertados en las contrataciones administrativas y medidas de control que eviten las situaciones como las comentadas. La CGR se encuentra valorando eventuales responsabilidades sobre los hallazgos de esta auditoría.

Desde el pasado martes 2 de mayo y hasta el lunes 22 de mayo, la CGR continúa recibiendo la declaración jurada de bienes a la que están obligados a presentar alrededor de 20.500 funcionarios, en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422).

A tres días del vencimiento del plazo de ley para presentarla, solo lo han hecho el 42% de declarantes, o sea, 8662 declaraciones.

Es importante recordar:

• La declaración jurada de bienes se hacen en línea desde el Sistema de Declaración Jurada que se encuentra disponible en nuestra página web (www.cgr.go.cr), se llena el formulario y desde ahí mismo se envía por correo electrónico.

• No es necesario contar con firma digital, y no se requiere entregarla de forma personal en las oficinas dela CGR dado que el mismo sistema le genera una confirmación de envío al declarante cuando se concluye y se envía la declaración.

• Las consultas o dudas sobre el proceso de recepción serán evacuadas a través del correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr, al teléfono 905-DECLARE (905-3325273), y mediante el WebChat habilitado desde nuestra página web en la dirección www.cgr.go.cr.

La Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017, realizada en febrero de este año por parte de la Contraloría General, tuvo como objetivo conocer la opinión -a nivel nacional- sobre la percepción de la corrupción para tres tipos de población: la ciudadanía, los funcionarios públicos y los oferentes del sector público:
https://goo.gl/5ho6X5

Para esto, se utilizaron cuatro módulos (enlace a resultados de cada módulo):

1- Percepción de la corrupción en el sector público:
https://goo.gl/qHTkFC

2- Sensibilidad ciudadana ante la corrupción:
https://goo.gl/upfq7e

3- Percepción de la corrupción de los empleados públicos:
https://goo.gl/m2NYhb

4- Percepción de la corrupción de los oferentes de bienes y servicios a la Administración:
https://goo.gl/bzNBEx

Se encuestó de manera telefónica a 3208 personas: 2171 ciudadanas y ciudadanos, 605 funcionarios públicos y 432 oferentes de bienes y servicios-. El nivel de confianza de la encuesta es del 95% en los cuatro módulos.

Sobre los resultados de esta encuesta, indica la Contralora General de la República, Marta Acosta: "Por tercer año consecutivo la Contraloría realiza una encuesta de percepción y en esta ocasión a tres actores relevantes de nuestra sociedad; la ciudadanía propiamente dicha, los funcionarios públicos y los oferentes de bienes y servicios del Estado quienes nos revelan sus percepciones sobre corrupción, la cual perciben como el segundo problema nacional después de la seguridad y el 61% opina que ésta ha aumentado en los últimos dos años. Debemos seguir trabajando no solo en su detección y sanción sino en su prevención con mayor énfasis, y de ninguna manera se puede permitir que las manifestaciones de la corrupción se asuman con normalidad o indiferencia. Necesitamos más liderazgos y personas comprometidas que den la debida importancia a los valores necesarios para evitar la corrupción. Entendemos por corrupción pública el abuso de poder para el beneficio propio, tanto directo como indirecto del corrupto o del grupo al que pertenece. Corrupción implica el incumplimiento de normas jurídicas o éticas y comportamientos que anteponen el interés privado sobre el interés general. Debemos recordar que el beneficio social de evitar un acto de corrupción es mucho mayor que el obtenido con la detección y sanción de ese mismo acto de corrupción. Existe entonces un gran beneficio social al dirigir los esfuerzos públicos hacia los enfoques preventivos, los cuales han sido poco desarrollados en todos los países" (audio adjunto con declaración de la Contralora Acosta).

En el sitio web de la CGR (www.cgr.go.cr) está toda la información relacionada con la encuesta (cuestionarios, bases de datos, infografías y videos explicativos). Los resultados de esta encuesta forman parte del capítulo "Opiniones y Sugestiones" de la Memoria Anual 2016, remitida este 1 de mayo a la Asamblea Legislativa, por mandato constitucional (también disponible desde el sitio web de la CGR).

• Son alrededor de 20.500 declarantes.

• Plazo para presentar la declaración vence el 22 de mayo.

• Proceso es completamente digital.

 

¿Cuál es el marco normativo que ampara este requisito?

Es la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito N 8422.

¿Quienes deben declarar sus bienes?

Funcionarios que ocupan cargos en la Administración Pública que, por la naturaleza de sus funciones, administran, fiscalizan o recaudan fondos públicos.

¿Cómo es el proceso de declarar los bienes?

• La declaración jurada de bienes se tiene como recibida formalmente en la Contraloría, cuando el declarante la haya completado en el Sistema de Declaración Jurada, en el Sitio Web de la CGR en la sección de "Trámites", apartado "04 Declaración Jurada de Bienes".

• No es necesario contar con firma digital y no se requiere entregarla de forma personal en las oficinas de la CGR.

¿Puedo tener acceso a la declaración jurada de bienes de alguien que declara?

La declaración jurada de bienes es confidencial por ley y no es posible acceder por parte de terceros al contenido de la misma. Constituyen un insumo importante para los procesos de fiscalización de la CGR en los diversos procesos de trabajo como investigaciones, auditorías y estudios especiales, entre otros, donde resulta fundamental revisar el patrimonio de una persona.

Para conocer con detalle la información que contiene una Declaración Jurada de Bienes,
le adjuntamos el siguiente vídeo:

¿Cuáles son los beneficios de digitalizar el proceso?

• Optimización de todo el proceso de presentación.

• Reducción de costos económicos para la Administración.

• Disminución de la huella ambiental.

• Menor cantidad de personal dedicado al proceso.

¿Tiene dudas sobre el proceso de presentación?

• Correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr

• Teléfono 905-DECLARE (905-3325273).

• WebChat habilitado desde nuestro Sitio Web.

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe DFOE-SOC-IF-01-2017, mismo que expone los resultados de una auditoría cuya finalidad fue analizar las acciones realizadas por Instituto Mixto de Ayuda Social -IMAS- para crear y articular el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). También se analizaron las acciones emprendidas por el Consejo Rector del Sistema y la Dirección Ejecutiva del SINIRUBE, en sus papeles de coordinador y ejecutor del proyecto, respectivamente, en cumplimiento de lo consignado en la Ley N°9137.

¿Qué es el SINIRUBE?

El SINIRUBE nace como un órgano desconcentrado adscrito al IMAS cuya labor es el direccionamiento estratégico del sistema nacional de información y registro de beneficiarios de programas sociales del Estado. Cuenta con un Consejo Rector del Sistema (CRS), el cual está integrado por los jerarcas (o representantes) de las siguientes instituciones: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MINSA), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). El CRS tiene la potestad de definir y coordinar las políticas y las directrices que orienten el desarrollo y el adecuado funcionamiento del SINIRUBE.

Resumen de hallazgos de la auditoría

• El IMAS no ha culminado el proceso de creación y articulación del SINIRUBE, después de 3 años de la entrada en vigencia de la Ley.

• Debilidades en el funcionamiento del Consejo Rector del Sistema en cuanto a la aprobación de directrices y políticas que orientan su funcionamiento así como la definición de estrategias y mecanismos de coordinación debidamente oficializados.

• Se evidenciaron vacíos en la conceptualización del sistema de información y de su funcionamiento, en dos aspectos: 1) Ausencia de acuerdos con el total de las instituciones involucradas, y 2) Carencia de una metodología de gestión de proyectos que guíe adecuadamente la implementación del SINIRUBE.

• Ausencia de una definición detallada y anticipada de los requerimientos funcionales del sistema informático por adquirir.

Disposiciones del informe

Se giraron disposiciones al Presidente Ejecutivo del IMAS, al Consejo Rector del Sistema y al Director Ejecutivo del SINIRUBE, con el fin de solventar las debilidades indicadas en el presente informe. Dichas disposiciones serán objeto de seguimiento en el área correspondiente de la CGR.

Inauguración 2017 del proyecto “Galardón de la Probidad”

Mediante el programa "Juntos somos más", la CGR inició este año su programa de vinculación ciudadana enlazado con el sistema educativo de primaria: el Galardón de la Probidad.

Este proyecto busca certificar como “proba” la gestión de la comunidad de los centros educativos de primaria, incluyendo el cuerpo docente-administrativo así como todo el estudiantado. Dicha certificación se logra mediante el cumplimiento de una serie de actividades vivenciales en la que demostrarán la realización en su gestión de cinco de los principios que conforman el valor “probidad”: rectitud, buena fe, no discriminación, uso eficiente de los recursos y respeto a la legalidad. El proyecto aplica una metodología dinámica y lúdica que permita a los menores relacionarse fácilmente de tales principios.

Con estas iniciativas, la CGR se pretende impactar la comunidad nacional a través de la formación de menores de edad, para que logren romper la indiferencia en la cual hoy se encuentra inmersa nuestra sociedad y puedan generar intolerancia a toda forma de corrupción así como constituirse a futuro en una nueva ciudadanía consciente, participativa y vigilante del uso de los recursos públicos.

El programa "Juntos somos más" cuenta con apoyo del Ministerio de Educación Pública, los Viceministerios de Paz y de Juventud, Alcaldes de diversas comunidades, el Instituto Costarricense contra las Drogas y otras organizaciones interesadas en promover la prevención de la corrupción y la promoción de una mejor ciudadanía.

 

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR emitió el informe DFOE-AE-IF-02-2017, cuyo objetivo fue determinar si la gestión de JASEC relativa al Proyecto Red de Infocomunicaciones garantizó la sostenibilidad financiera y el apego al marco normativo aplicable a los procesos de contratación para construir la red de transmisión de datos.

La JASEC, desde el 2008, está facultada para prestar servicios de internet, telefonía y televisión mediante la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En el 2009, la Junta Directiva autorizó la construcción de una red de transmisión de datos para la conectividad entre los edificios y conexión de dispositivos para la red de distribución eléctrica. Este informe abarca la razonabilidad de la cuenta "Obras en Construcción" con un valor de ¢20.788.930.047,35, del cual el 68% corresponde a la red de infocomunicaciones.

Resumen general de hallazgos

1) Incorrecto registro contable de la red de infocomunicaciones

• Se determinó que la JASEC mantiene registradas contablemente obras de la red de infocomunicaciones con un valor de ¢14.116.272.895,69 como si estuviesen en construcción, a pesar de que ya fue recibida a satisfacción e instalada, certificada la calidad de la red, iniciaron los pagos de operación y mantenimiento, y presta servicios desde enero de 2015.

• Resulta incorrectas algunas prácticas contables como: sumar los gastos de operación por la venta de servicios al costo de la red, así como, deducir de ese costo los ingresos por la prestación del servicio de internet y televisión digital y analógica ( no son necesarios para poner el activo en funcionamiento sino que surgen de la prestación del servicio).

2) Ausencia de análisis de deterioro del valor de la red de infocomunicaciones

• La JASEC no ha efectuado un análisis para determinar si existe deterioro del valor de los activos de la red de infocomunicaciones para determinar si el valor registrado es mayor al recuperable, en cuyo caso se registraría una pérdida.

Disposiciones del informe

Se giran disposiciones a las autoridades de JASEC, con el propósito de solventar las debilidades comentadas en el informe, mismas que serán objeto de seguimiento por parte de la CGR.

La División de Contratación Administrativa de la CGR (oficio adjunto) refrendó el Memorando de Acuerdo suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por un monto de $8.539.322,00 de dólares para obras relacionadas con la radial de Lindora.

El objeto del memorando consiste en:

• La revisión, adecuación y aprobación de la totalidad de los planos existentes de la ampliación de la RN 147 (Radial Lindora) y de sus obras conexas (puente sobre el río Corrogres, y alcantarillas de las quebradas Pilas y Rodríguez).

• La realización del proceso de contratación y de supervisión de la ampliación de la vía Radial Lindora y de las alcantarillas de las quebradas Pilas y Rodríguez.

• La ejecución de la ampliación de la RN 147 en el tramo dispuesto en el oficio de refrendo y de las alcantarillas de las quebradas Pilas y Rodríguez.

• La auditoría de mediciones de la supervisión de las obras del puente sobre el río Corrogres.

Estas obras se complementan con lo acordado por las partes en el memorando del proyecto de la duplicación del puente sobre el río Virilla, lo cual no forma parte de este proyecto, así como otras labores que corresponde realizar al CONAVI.

Así, la vía ampliada contendrá cinco carriles finales: dos carriles en ambos sentidos y uno central para giros a los locales comerciales en Bosques de Lindora (Santa Ana).

El plazo es de 23 meses contados a partir de la orden de inicio que otorgará la Administración. Una vez transcurridos los primeros 9 meses se deberán recibir las obras contratadas para entrar en el período de notificación de defectos en el mes 10 para finalizar en el mes 22. El periodo de cierre operativo dará inicio al iniciar el mes 22 para llegar a su final en el mes 23.

De igual manera se refrendó la adenda No. 1 de dicho Memorando de Acuerdo, suscrita el día 17 de noviembre del 2016, por el Ministro de Obras Públicas y Transportes.

La CGR publicó el Informe “Presupuestos públicos 2017. Situación y perspectivas”, en el cual se presenta la información correspondiente a los presupuestos del Sector Público que se ejecutarán en el 2017 y su vinculación con la situación fiscal del país. Este Informe pretende contribuir al ejercicio del control político y administrativo, lo mismo que a la toma de decisiones que favorezcan el uso eficiente de los recursos públicos.

Magnitud y composición de los Presupuestos Públicos

• Los presupuestos a ejecutar por 266 instituciones públicas ascienden a ¢23.857.722 millones. Este monto se incrementa un 8,0% con respecto al presupuesto inicial 2016 y 0,4% con respecto al definitivo, dado que durante el año 2016 se incorporaron recursos vía presupuestos extraordinarios.

• El presupuesto del Gobierno Central representa un 37% de los presupuestos totales, versus 63% del Sector Descentralizado.

• Las remuneraciones ascienden a ¢5.881.392 millones, 4,1% más que el monto aprobado al finalizar el 2016, y representan un 24,7% de los gastos aprobados para 2017.

• Los incentivos salariales son la principal subpartida, con un peso del 40,8%, al tiempo que es la subpartida de mayor crecimiento.

• En 2017 se asignan ¢6.197.399 millones destinados a transferencias por parte del Sector Público (incluyendo transferencias entre instituciones), para una variación de 3,2% respecto al presupuesto definitivo de 2016.

• El presupuesto de transferencias del Gobierno Central, asciende a ¢3.110.115 millones, 5,6% más que en 2016. Los principales receptores de transferencias del Gobierno Central: los Regímenes de Pensiones, el FEES, la CCSS, FODESAF y las Juntas de Educación y Administrativas.

• Las transferencias del Gobierno Central, representan un 12,5% del presupuesto de ingresos del Sector Público Descentralizado para el año 2017, específicamente destaca que para los Órganos Desconcentrados representa un 48,5% del total de sus ingresos.

Presupuestos 2016 y situación fiscal

• La deuda del Sector Público (incluyendo la deuda entre instituciones) aumentó a 62,6% del PIB en 2016, (57,8% en 2015).

• La tendencia de la deuda del Gobierno Central superaría el límite natural, definido por el Banco Central, y se ubicaría en 49,1% del PIB a finales de 2017 (frente a 44,9% en 2016).

• La Contraloría General de la República realizó un análisis de riesgos fiscales del Gobierno Central por medio de indicadores de posición inicial (como el resultado primario), de posición fiscal de corto plazo (nivel de pasivos), sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo (recaudación tributaria) y de debilidades estructurales (rigidez del gasto público), y encontró que indicadores de tendencia estructural o de nivel alcanzan valores preocupantes.

• Lo anterior en conjunto con el aumento sostenido de la deuda pública configura un creciente riesgo de insolvencia.

Aprobación Presupuestaria de la Contraloría General

• La Contraloría tramitó un total de 264 presupuestos, de los cuales 171 fueron aprobados, 89 recibieron aprobación parcial y 4 fueron improbados (Judesur, Cable Visión y dos entidades privadas).

• La aprobación parcial de algunos presupuestos obedece principalmente a que exceden el límite de gasto establecido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la metodología presentada para justificar los rubros presupuestados fue insuficiente o se solicitó financiar gastos corrientes con ingresos de capital.

• El monto global de los presupuestos aprobados por el Órgano Contralor asciende a ¢14.587.237 millones.

El documento completo se puede encontrar en este enlace donde además se hace un análisis de algunas instituciones como CCSS, RECOPE, Sector de Gobiernos Locales, AyA, INS, Universidades Estatales, entre otras.