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El Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera emitió el informe DFOE-SAF-IF-04-2015 sobre la gestión de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, sobre la fiscalización y recaudación de los impuestos sobre las utilidades y ventas, en los periodos fiscales del 2010 al 2014.

En términos de recaudación tributaria, el grupo de Grandes Contribuyentes aportó en promedio el 70% del total de ingresos tributarios internos del Gobierno Central en el periodo de estudio. La adecuada gestión que realice la Administración Tributaria sobre este grupo de contribuyentes debe ser eficaz, para garantizar que la fiscalización y la recaudación den un rédito acorde con su capacidad económica.

Resumen general de hallazgos

• En promedio, 93 Grandes Contribuyentes (22% del total) declararon cero impuesto de utilidades (no pagaron impuesto en su oportunidad), a pesar de que mostraron una capacidad económica importante, ya que declararon en conjunto montos de ingresos brutos por ¢3,0 billones y de activos totales por ¢6,7 billones en promedio por año.

• Un porcentaje importante de actuaciones de fiscalización programadas no se ejecutó (35% en promedio en el impuesto a las utilidades y el 15% en ventas en el periodo 2010-2014).

• El porcentaje de regularización (ingresos que se perciben al finalizar el procedimiento de fiscalización) fue bajo (2,9% en utilidades para el periodo 2010-2012 y 13,3% en ventas para el periodo 2010-2014), y la cantidad de actuaciones de fiscalización en las que no se determinó diferencia de impuesto aumentó en el periodo de estudio.

• Una situación que está afectando la eventual recuperación o recaudación, es la acción de inconstitucionalidad interpuesta desde agosto de 2014, contra el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y que se encuentra pendiente de resolución, lo que ha detenido el dictado de actos finales en los procedimientos de fiscalización de la DGT, para el eventual cobro de los impuestos respectivos. Al cierre de 2014, se habían determinado impuestos por cobrar por ¢37.895 millones (incluyendo intereses y sanciones), y estos montos han venido aumentando de manera importante con el transcurso del tiempo.

• El tiempo de resolución de los casos de controversias tributarias en el Tribunal Fiscal Administrativo continúa siendo muy amplio (17 meses en promedio, según estudio de CGR de 2014), lo que junto a debilidades en el cobro judicial, incide también en la eventual recuperación oportuna de impuestos determinados por sumas muy importantes.

• La Dirección de Grandes Contribuyentes carece de un sistema de información automatizado e integrado para la planificación y control del proceso de fiscalización, y requiere mejorar el desarrollo de las funciones de determinación de riesgo fiscal e inteligencia tributaria, y la idoneidad profesional y capacitación del recurso humano.

Disposiciones de la CGR

Al Director General de Tributación y al Ministro de Hacienda una serie de disposiciones para que se solventen las situaciones señaladas en este informe. Dichas disposiciones serán objeto de seguimiento por parte de la CGR.

El Área de Desarrollo Local de la CGR emitió el informe DFOE-DL-IF-12-2015 cuyo estudio fue determinar la efectividad de la gestión realizada por las municipalidades de Puntarenas (Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Esparza, Garabito, Golfito, Montes de Oro, Osa, Parrita, Puntarenas y Quepos), respecto del cobro de la cartera morosa y de las sumas en riesgo de prescripción.

Los gobiernos locales son responsables de ejercer una gestión eficiente respecto de la determinación y recaudación de los ingresos tributarios, en procura de lograr la sostenibilidad financiera y mejora de los servicios que prestan, de promover la inversión de obras y, en general, de lograr un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el desarrollo cantonal y regional.

Resumen General de Hallazgos

• Al 31 de diciembre de 2014, las once municipalidades de la Provincia de Puntarenas, en su conjunto, reportaron una morosidad por concepto de tributos de ¢14.927,19 millones. En términos porcentuales,para el año 2014, los adeudos de los contribuyentes de la Provincia de Puntarenas con sus respectivos gobiernos locales, alcanzaron un 47,68% del monto de los tributos puesto al cobro, porcentaje muy superior al 33,41% que presentó el sector municipal en ese mismo año.

• De esa cifra ‑¢14.927,19 millones‑, ¢4.858,71 millones (32,54%) se vinculan con sumas en riesgo de prescripción; es decir, tributos que eventualmente no entrarían a las arcas de las municipalidades.

• De los ¢4.858,71 millones en riesgo de prescripción, ¢2.909,67 millones corresponden a tributos relacionados con las licencias municipales y servicio de saneamiento ambiental, entre otros, con más de cinco años de morosidad y ¢1.949,04 millones se asocian al impuesto de bienes inmuebles (IBI) con atrasos superiores a tres años.

• La auditoría evidencia un crecimiento sostenido de la morosidad en las corporaciones municipales de Puntarenas en los últimos cuatro años, al pasar de ¢8.853,20 millones en el año 2011 a ¢14.927,19 millones en el año 2014.

La morosidad en las municipalidades de la Provincia de Puntarenas, deviene de una problemática compleja que obedece a factores muy diversos y, en algunos casos, propios de cada cantón. Entre ellos, a una débil gestión administrativa para controlar y promover un efectivo cobro de los tributos, a la disponibilidad de recurso humano idóneo suficiente y a la falta de planificación, de políticas y lineamientos internos para regular la gestión de cobro. Aunado a que las bases de datos de los sistemas de facturación de tributos presentan serias debilidades con información inconsistente de los contribuyentes, datos incompletos, erróneos, duplicados y omisos.

Disposiciones

Se giran disposiciones a los Alcaldes Municipales y a funcionarios encargados de la gestión de cobro, una serie de disposiciones para que se solventen las debilidades señaladas en este informe. Dichas disposiciones serán objeto de seguimiento por parte de la CGR.

La División de Contratación Administrativa de la CGR autorizó al CONAVI la contratación directa concursada de un fiduciario que constituya y administre el Fideicomiso del Proyecto “Desarrollo de obra pública Corredor Vial San José – San Ramón y sus Radiales", según Ley No.9292.

Con fundamento en las competencias legales contraloras y a partir de una lectura de la Ley No.9292 en la que se sustenta el proyecto, la CGR analizó la solicitud del CONAVI para elaborar un procedimiento concursando, concluyendo que resultaba procedente conceder la autorización al considerar que existe un número reducido de interesados en participar en el procedimiento de contratación. No obstante, en atención a la complejidad y trascendencia del objeto contractual, la CGR se reservó el conocimiento del recurso de objeción contra el cartel de la contratación y del recurso de apelación en contra del acto final del procedimiento.

La Administración debe tramitar el procedimiento de contratación autorizado, invitando al menos a los seis bancos del Sistema Bancario Nacional interesados en participar (Improsa, Lafise, BCT, Bancrédito, Banco de Costa Rica y Scotiabank) y debiendo considerar las propuestas de otros interesados que acudan al concurso. Una vez adjudicado el procedimiento de contratación, de conformidad con lo que dispone la Ley No.9292 el contrato que se suscriba deberá ser remitido a refrendo ante la CGR para su aprobación.

Contraloría otorga autorización con fundamento en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para ampliar en plazo y monto los contratos derivados de la Contratación Directa 2014CD-000140-OCV00 referidos a la "Conservación vial de la red vial nacional pavimentada por precios unitarios".

Mediante Oficio No. 15224 (DCA-2663) del 20 de octubre de 2015, la Contraloría General de la República, otorgó autorización al Consejo Nacional de Vialidad, para ampliar el plazo de vigencia y monto de los contratos referidos a la Conservación vial de la red vial nacional pavimentada por precios unitarios, suscritos con las empresas Constructora Hernán Solís SRL, CONANSA S.A., Constructora MECO, Grupo Orosi y Quebradores del Sur S.A.

La solicitud de la Administración se encontró referida a solicitar al órgano contralor la autorización para aumentar en doce meses adicionales la ejecución de los contratos para conservación vial, derivados de la autorización de contratación directa brindada por la Contraloría General durante el año anterior, así como un incremento en ¢81.455.233.478,37 (ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho colones con treinta y siete céntimos) por ese plazo.

La autorización se concedió sujeta entre otras condiciones, a que la Administración concluya dentro de ese plazo adicional, los procesos de licitación pública que para ese mismo propósito se encuentra desarrollando, de igual forma que las actividades de conservación vial no comprenderán construcción de obra nueva y además, que ha sido verificada la capacidad financiera de las empresas contratistas, como fue acreditado en el trámite de autorización.

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe (DFOE-DL-IF-8-2015) cuyo objetivo fue evaluar si los Comités Cantonales de Deporte y Recreación (CCDR) de la Provincia de Heredia cuentan, para el desarrollo de su gestión, con sistemas de control interno que coadyuven en el cumplimiento de sus objetivos vinculados con el fortalecimiento e impulso del deporte y la recreación cantonal.

Los CCDR son órganos adscritos a las municipalidades que cuentan con personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales; así como, para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración por el gobierno local respectivo. Los diez CCDR de la provincia de Heredia (Barva, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo y Sarapiquí), en el año 2014, administraron ¢1.646,30 millones y las respectivas municipalidades les cedieron la administración de 106 instalaciones deportivas y recreativas. Por estas razones, es fundamental que esos comités cuenten con procedimientos de control eficientes que garanticen, razonablemente, la gestión del patrimonio público con apego a las regulaciones legales y técnicas aplicables y que su uso y destino contribuyan con la promoción del deporte y la recreación cantonal.

Resumen general de hallazgos

• Los CCDR de la provincia herediana, en su mayoría, carecen de manuales y procedimientos para guiar y controlar el desarrollo de sus funciones y la administración de los recursos que les transfieren las municipalidades.

• Los Comités no disponen de regulaciones internas para el proceso de adquisición de bienes y servicios, no formulan el programa de adquisiciones, no cuentan con un registro de proveedores y no conforman expedientes de las contrataciones que realizan.

• El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la mayoría de estos órganos está desactualizado.

• Nueve comités cantonales de la provincia de Heredia, no rindieron cuentas por el empleo de recursos por la suma de unos ¢1.213,03 millones administrados en ese año. La ausencia de informes de gestión dirigidos al Concejo Municipal, no permite conocer sobre el uso y destino de los recursos asignados a financiar las actividades, obras e inversión vinculadas con el deporte y recreación del cantón, ni de las metas cumplidas en ese campo.

• Adicionalmente, nueve de los diez CCDR de Heredia, no han suscrito el convenio con la municipalidad respectiva para regular la administración de las instalaciones deportivas y recreativas. Aunado a que seis CCDR no reciben los dineros que recaudan los comités comunales de su jurisdicción, por el uso de las instalaciones deportivas que les han sido dadas en administración, o sea, esos dineros se están administrando al margen del control de los comités cantonales. Tampoco exigen a sus comités comunales la presentación de informes de su gestión.

En conclusión: salvo el CCDR de Belén, los restantes nueve comités cantonales de la Provincia de Heredia, muestran debilidades importantes en materia de control interno, que ponen en riesgo la administración eficiente de fondos públicos que les son transferidos anualmente por sus gobiernos locales.

Disposiciones

A las Juntas Directivas de los CCDR y a los Concejos Municipales una serie de disposiciones para que se solventen las debilidades señaladas en este informe, disposiciones que seráb objeto de seguimiento por parte de la CGR.

Este documento se presenta en acatamiento al artículo 40 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y tiene como propósito brindar información y opinión que sirva de insumo en el proceso de discusión y aprobación de ese proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.

Monto del presupuesto 2016

El proyecto de presupuesto para el 2016 asciende a ¢8,0 billones, financiado un 54,3% con ingresos corrientes, un 45,6% con bonos deuda interna y un 0,1% con transferencias de capital de algunas instituciones públicas. Comparado con el presupuesto del 2015 -al mes de agosto-, el presupuesto de la República para el 2016 crecería un 1,7% (3,4% si se excluye el servicio de la deuda), y como porcentaje del PIB, pasaría de un 27,8% en 2015 a un 26,4% en 2016. El 80% del presupuesto se concentra en tres partidas: Remuneraciones, Transferencias corrientes y Amortización.

Situación fiscal

La situación fiscal del Gobierno muestra una clara tendencia de crecimiento del desequilibrio: el déficit financiero alcanzó 5,4% del PIB en 2013 y 5,7% en 2014. Para 2015 y 2016 el presupuesto ajustado y el proyecto de ley de presupuesto –respectivamente– arrojan resultados del 7,2% y 6,9%, mismos que, por efecto de la subejecución del presupuesto de egresos, se espera que se materialicen en niveles inferiores pero siempre crecientes (5,9% y 6,6% en el mismo orden, según el Programa Macroeconómico del BCCR).

Deuda del gobierno y carga tributaria

Tal como ha sido anticipado en forma reiterada, en 2015 la deuda del Gobierno acabó por rebasar el comprometedor umbral del 40% del PIB, y se proyecta a un 43,5% en diciembre de este año y a alrededor del 47% a finales de 2016. Por su parte, la carga tributaria, continuaría en torno al 13% del PIB en 2016, de acuerdo con las proyecciones del proyecto. Al igual que en años previos, se incumple el principio del equilibrio al financiarse gastos corrientes con colocación de bonos por un total de ¢1.687.695 millones (28% de los gastos corrientes).

Conclusión preocupante

Estos indicadores muestran el desequilibrio creciente de las finanzas del Gobierno, ampliamente reconocido y que conduce a una eventual insolvencia en el mediano plazo, por lo que resulta urgente e impostergable empezar a ejecutar medidas de mayor alcance, tanto en gastos como en ingresos, para equilibrar las finanzas; de otro modo, se verá comprometida la estabilidad de la economía, y el Gobierno podría enfrentar dificultades adicionales para financiar sus operaciones.

Datos relevantes presupuesto 2016

• El proyecto de presupuesto propone 1.073 plazas nuevas, incremento que se concentra principalmente en plazas para docentes del MEP y para la parte penitenciaria del Ministerio de Justicia.

• La partida de Remuneraciones presenta un crecimiento del 7,2% con respecto a 2015 (es la partida con mayor incremento relativo). De esta forma, el monto asciende a ¢2.461.947 millones, lo que representa el 30,8% del Proyecto de Ley de Presupuesto 2016. La partida continúa creciendo a tasas elevadas, superiores a las de la inflación, situación que debe ser objeto de revisión por parte de las autoridades gubernamentales, pues es uno de los principales disparadores del gasto, dado su carácter recurrente y su peso relativo dentro de la estructura de egresos.

• El proyecto asigna recursos para destinos específicos por un monto de ¢3.659.497 millones (no incorpora aún ¢134 mil millones, suma inferior a la del año anterior); estos destinos generan gran presión sobre el erario público. Es necesario ajustarlos a la realidad económica y social del país.

• El presupuesto 2016 implica una reducción importante del gasto de capital, que a su vez se concentra en transferencias de capital. Casi el 70% del gasto de capital corresponde a transferencias, operaciones que en muchas ocasiones incrementan los pasivos en Caja Única, sin ser ejecutados por las instituciones beneficiaras con celeridad y oportunidad.

• Producto de un esfuerzo de vinculación del presupuesto con el PND, la programación física del presupuesto incorpora en su mayoría objetivos del PND, y se proporciona información sobre la cantidad de recursos que cada ministerio destina al cumplimiento de los objetivos del PND, señalando una suma global de ¢3,2 billones. No obstante, hace falta información sobre los recursos que específicamente se destinan a cada una de las metas del PND, y los indicadores deben ser mejorados en suficiencia y precisión.

• Para el Servicio de la deuda: ¢2.500.529 millones (8,2% del PIB y 31,2% del presupuesto global). Se compone de ¢1.555.541,9 millones para amortización y ¢944.987,1 millones para el pago de intereses y comisiones. Para 2016 el Gobierno no está autorizado a endeudarse con bonos en el exterior.

• Para el pago de intereses sobre títulos internos se presupuestan ¢775.739 millones (1,9% de crecimiento respecto al presupuesto 2015 a agosto). Las estimaciones iniciales de esta subpartida han estado por encima del gasto devengado que se realiza.

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe de fiscalización DFOE-SOC-IF-12-2015, cuyo fue analizar el cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG), formulada por el INAMU en coordinación con las instituciones públicas que desarrollan programas en beneficio de las mujeres y de las organizaciones sociales en que ellas participan.

Resultados del estudio:

• Ausencia de metas para los objetivos estratégicos dificultan establecer el grado de cumplimiento de la PIEG.
• Carencia de seguimiento sobre el comportamiento de los indicadores de resultado vinculados con los objetivos estratégicos de la PIEG.
• Debilidades en el seguimiento del Plan de Acción 2012 – 2014 de la PIEG.
• La estructura organizativa creada para impulsar el cumplimiento y seguimiento de la PIEG, no ha contribuido al cumplimiento de dicha política.
• Insuficiencias en la coordinación interinstitucional para la ejecución de la PIEG.

Conclusiones del estudio:

El INAMU debe fortalecer su gestión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que le establece su Ley de creación, para efectos de lograr un mayor posicionamiento del tema de equidad e igualdad de género en las instituciones ejecutoras de la PIEG y potenciar la coordinación interinstitucional necesaria para promover un mayor avance de esa política y de sus planes de acción. Se requiere fortalecer el apoyo político e institucional y realizar esfuerzos adicionales que permitan establecer su grado de cumplimiento y la oportuna definición de acciones correctivas, que impulsen el logro de la visión propuesta al 2017, condición que necesariamente debe considerarse en la próxima política que se emita sobre esa temática, para posibilitar la medición periódica sobre sus avances.

Disposiciones y recomendaciones del estudio:

Se giraron disposiciones al Rector del Sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social, la Junta Directiva del INAMU y a la Ministra de la Condición de la Mujer (Presidenta Ejecutiva de INAMU), con el fin de que se subsanen las debilidades señaladas en este informe. El área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR realizará la verificación de cumplimiento de dichas disposiciones y recomendaciones, conforme los plazos establecidos en el informe.

Por medio de oficio adjunto, la Contraloría General de la República devolvió sin aprobación las modificaciones al contrato de concesión de obra pública con servicio público suscrito entre el Poder Ejecutivo y la sociedad concesionaria Autopistas del Sol S.A. y las empresas que la conforman para la “Concesión de obra Pública con Servicio Público, Proyecto Carretera San José- Caldera”, producto de la Licitación Pública Internacional con Precalificación No. 01-98.

Sobre lo resuelto por la Contraloría

Se rechaza la Adenda No. 6 presentada el día 14 de agosto del 2015, y la Adenda No. 7 presentada el día 31 de agosto del 2015, por parte del CNC.

Razonamiento de la decisión de la Contraloría

• Que en la Adenda No. 7, se incorporaron los acuerdos tomados por las partes en razón del proceso arbitral No. 00215-2011/AR/AD HOC, y que dio por terminado las diferencias patrimoniales entre ellas, siendo que el requisito del refrendo no resulta necesario; por cuanto dicho efecto se lo concede el carácter de cosa juzgada con la que gozan los laudos que se emiten con ocasión de un proceso arbitral.

• Sin embargo, del análisis efectuado por este Despacho se detectó que en la cláusula tercera la adenda No. 7 (1.8.6), se fue más allá de lo contemplado en el acuerdo suscrito por las partes con ocasión del proceso arbitral, sin que se aportara el sustento legal de ese cambio.

• La modificación al punto 1.8.6 (punto anterior) afectó el documento de la adenda No. 6 que se encontraba en trámite, lo que impide a esta Contraloría realizar un análisis de la adenda No. 6.

• Adicionalmente, se solicitó se considere una serie de observaciones sobre el contenido de la Adenda No. 6, entre ellas sobre la Cláusula de Ingresos Mínimos Garantizados y la obra nueva Radial Atenas.

¿Qué sigue?

La Administración debe valorar las observaciones hechas por la CGR y, en caso de considerarlo, presentar una nueva gestión, aportando la información solicitada por medio del oficio de devolución.

Por medio de la resolución R-DCA-755-2015 (adjunta), la División de Contratación Administrativa de la CGR resolvió el recurso de apelación interpuesto por las empresas EDIFICAR, S.A., EDICA LIMITADA, ESTRUCTURAS, S.A., CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES, S.A. en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2015CD-000250-32900, promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para el “Diseño estructural y construcción de primera etapa del edificio para la sede central del MOPT, San José, sistema constructivo prefabricado en concreto”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa EUROBAU S.A., por un monto de ¢6.375.000.000,00 (seis mil trescientos setenta y cinco millones de colones exactos).

Sobre lo resuelto por la CGR

• Mediante dicha resolución, este órgano contralor procedió a rechazar el recurso de apelación interpuesto por las referidas empresas, al no contar con legitimación para recurrir dicho procedimiento de contratación, siendo que no presentaron oferta dentro del concurso.

• No obstante, con sustento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se declaró la nulidad de todo el procedimiento realizado por el MOPT. Esa norma habilita a la CGR para entrar a valorar, inclusive de oficio, la nulidad absoluta de las actuaciones realizadas en un procedimiento de contratación; potestad que en muchas oportunidades se utiliza aunque se haya declarado sin lugar el recurso.

Razonamiento de la decisión Contralora

La decisión de anulación se tomó considerando inconsistencias en el manejo del plazo de apertura de ofertas que lesionó la buena fe de los oferentes. A los efectos, se valoró que la Administración confirió un plazo de 5 días hábiles para la presentación de ofertas y varios potenciales oferentes manifestaron su inconformidad con dicho plazo; sobre lo cual la Dirección de Edificaciones del Ministerio manifestó su anuencia a prorrogar el plazo para presentar ofertas por 13 días. Sin embargo, a tan solo un día antes de la fecha fijada originalmente para la apertura de ofertas, el Ministerio cambió su decisión y comunicó a los oferentes que la apertura de ofertas se realizaría al día siguiente. Es por ello que la CGR consideró que el actuar de la Administración dejó a los potenciales oferentes sin capacidad de reacción, los indujo a error, afectando la confianza legítima de los interesados en el procedimiento, vulnerando con ello el principio de buena fe que debe garantizarse en todo procedimiento de contratación.

¿Qué sigue?

La resolución de la División de Contratación Administrativa anula el procedimiento de contratación, pero manifiesta que en caso de mantenerse las condiciones en que se justificó la autorización otorgada, el MOPT podría promover un nuevo procedimiento de contratación amparado en la autorización otorgada mediante el oficio 04320 DCA-0711 del 20 de marzo de dos mil quince. Adicionalmente, se advierte que se deberá procurar que las cláusulas cartelarias y actuaciones cuenten con la suficiente motivación técnica, jurídica, financiera según corresponda.

El Área de Servicios Económicos de la CGR emitió el informe DFOE-EC-IF-24-2015, cuyo propósito fue analizar el estado actual de los procesos de otorgamiento y revalorización de pensiones en la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), específicamente la suficiencia de los procesos automatizados así como de los controles establecidos en éstos. El período de este estudio comprendió del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2014.

La DNP tiene a su cargo la administración y control de 14 diferentes regímenes de pensión y 2 regímenes de prejubilación, cada uno de los cuales tiene una base legal propia. En el periodo de estudio, se determinó que los sistemas de información que posee la DNP no le daban el soporte necesario para cumplir en forma adecuada con las funciones que le asigna la Ley. Por este motivo, la DNP en septiembre de 2011, inició a un proceso de contratación administrativa para el desarrollo de un Sistema de Pago de Planilla y Revalorización de Pensiones, con un costo de US $2.230.363,49.

Resumen General de Hallazgos

• Insuficiencia en el soporte automatizado de gestiones sustantivas en el proceso de pago de planillas y revalorización de pensiones.

• Los roles del sistema automatizado de pago de planillas y revalorización de pensiones que son competencia del Departamento de Declaración de Derechos son ejercidos por otra dependencia.

• Ausencia de revalorización automatizada de las pensiones.

• Debilidades en los mecanismos de control por variaciones en la numeración consecutiva generada por el Sistema Automatizado de Pago de Planilla y Revalorización de Pensiones.

• Ausencia de una metodología de administración de proyectos de tecnologías de información en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Disposiciones del informe

A la Directora General de Pensiones y al Jefe del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para que se atiendan las debilidades señaladas en el informe. El área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR realizará el seguimiento correspondiente.

El informe de seguimiento semestral de la situación fiscal y presupuestaria del sector público costarricense al 30 de junio de 2015, constituye un insumo para las autoridades legislativas y hacendarias, así como para la ciudadanía, para el control, la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Contexto Económico. La economía mundial apunta hacia un moderado crecimiento del 3,3% en 2015 según el Fondo Monetario Internacional, luego de una revisión a la baja respecto a las proyecciones de inicio de año.  Para Costa Rica, en julio el Banco Central corrigió a la baja su estimación de crecimiento económico para el 2015, al ubicarla en 2,8%, frente al 3,4% estimado en enero.

La inflación alcanzó el 0,08% a junio, las tasas de interés se redujeron levemente y el tipo de cambio se mantiene estable.

Para 2016, el Banco Central prevé un mayor crecimiento económico, aunque señala eventuales riesgos de orden interno y externo que pueden incidir sobre el crecimiento del país.

Resultado Fiscal

• Las finanzas del Gobierno continúan debilitándose, y el BCCR estima que el déficit del Gobierno Central alcanzará 5,9% del PIB en 2015 y 6,6% en 2016, situación que preocupa a todos los sectores, y que la Contraloría General República remarcó como tema urgente en su Memoria Anual 2014.

• Sin medidas que conlleven reducciones sustanciales en el gasto y un aumento en la carga tributaria, el déficit fiscal continuaría creciendo al igual que la deuda gubernamental (que se espera supere el 45% el próximo año).

• El resto del Sector Público, con la salvedad principal del BCCR, presenta un comportamiento de leve superávit financiero.

• Resulta, así, necesario ejecutar medidas adicionales de carácter estructural, para controlar el crecimiento del gasto, principalmente el de las remuneraciones y las transferencias, y aumentar la recaudación tributaria, mediante una efectiva gestión tributaria y reformas que se requieren al marco jurídico, en forma perentoria.

• Si bien el Gobierno de la República y las señoras y señores diputados han presentado diversas iniciativas dirigidas a controlar el crecimiento del gasto y a avanzar hacia una mayor efectividad en la recaudación de ingresos y el combate a la evasión y la elusión, se requiere adoptar con urgencia acuerdos y decisiones para atender el grave problema fiscal que enfrenta el país.

Ejecución de los presupuestos públicos al primer semestre 2015

Al 30 de junio el sector público ha ejecutado ingresos por ¢12.390.067 millones y los egresos ejecutados en el primer semestre 2015 ascienden a ¢9.518.660 millones, 3,5% más que a junio de 2014.

Gobierno Central

• El gasto total sin amortización como porcentaje del PIB aumenta de 9,4% en 2014 a 9,8% en 2015. No obstante, su tasa de crecimiento se reduce al pasar de 11,7% en el primer semestre 2014 a un 9,9% durante el primer semestre del 2015.

• En el gasto primario –sin intereses de deuda ni amortización- el cambio a la baja es más notable, pues la tasa de crecimiento pasa de 12,4% a 8,4%; no obstante, igualmente el cociente gasto/PIB sube de 8,2% a 8,4%.

• La ejecución de gastos totales del Gobierno Central en el primer semestre 2015 es 19% mayor que la observada en el primer semestre 2014; sin considerar el servicio de la deuda pública, el incremento se ubicaría en un 8,5%.

• Las remuneraciones son el principal rubro de egresos, con una ejecución de ¢1.053.354 millones. La variación observada respecto a junio 2014 es de un 9,5% nominal (8,4% real), que contrasta con una inflación acumulada del 0,08% a junio.

• Se observa una variación importante en la amortización (53,9%) y los intereses (19,6%), asociadas al Servicio de la Deuda; a pesar de los canjes de deuda realizados por el Ministerio de Hacienda, el perfil de vencimientos muestra una concentración importante para este año, al tiempo que para 2015 se tiene programado la cancelación de dos cupones correspondientes a la colocación de eurobonos.

• El gasto en transferencias del Gobierno Central al 30 de junio asciende a ¢1.225.783 millones (crecimiento nominal del 8% con respecto al 30 de junio 2014). Este crecimiento es inferior al observado en los últimos cuatro años; sin embargo, el gasto en las transferencias presenta crecimientos superiores al crecimiento de la producción y del nivel general de precios.

• Del total de transferencias devengadas, las pensiones representan aproximadamente un 29%, lo que evidencia que la dimensión de su cuantía y su posible incremento –dado el envejecimiento poblacional– requiere de un monitoreo técnico riguroso y constante sobre la sostenibilidad de los regímenes de pensiones.

• La Contraloría ha señalado la necesidad de modificar la legislación en materia de destinos específicos para ajustarla a la realidad económica y social del país.

• Al 30 de junio de 2015 se han devengado ¢1.707.992 millones en gasto social, para una variación del 9,1% respecto al primer semestre 2014. Como porcentaje del PIB, la inversión social del Gobierno Central se ha mantenido en los últimos tres años cercana al 6%.

• Durante el primer semestre del año en curso, dentro del total del gasto devengado en gasto social, los rubros más importantes son educación (61%) y protección social (pago de pensiones entre otros) con un 31%; el gasto en salud representa el 7%, mientras que otros gastos sociales alcanzan el 1%.

Remuneraciones

• Al primer semestre de 2015 el gasto del sector público en remuneraciones asciende a ¢2.538.638 millones, monto que representa un 8,8% del PIB estimado para 2015, y un 7,4% más que durante el mismo período del año anterior.

• Las cinco instituciones con mayor gasto en dicha partida para el período en análisis son: el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica.

• Uno de los puntos medulares en la discusión sobre el empleo público es la coexistencia de múltiples esquemas remunerativos y la diversidad en los incentivos existentes. Para prácticamente todos los grupos los incentivos salariales crecen a tasas superiores que las remuneraciones básicas, con excepción de las instituciones públicas financieras (IPF).

• Aunado a los efectos de largo plazo de la política salarial, se debe considerar también su complejidad en el sector público, al existir encadenamientos de unas remuneraciones a otras, como ocurre en el caso de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas (Ley No. 6836).

• Es urgente un mayor compromiso y acuerdos para lograr los acuerdos necesarios para efectuar las reformas pertinentes, en materia de empleo público.

La deuda del sector público y del Gobierno Central

• El saldo de la deuda del sector público al 30 de junio de 2015 alcanza un monto de ¢16.390.122 millones, equivalente a un 58,0% del PIB, y un crecimiento del 10,3% con respecto al saldo del mismo periodo al 2014.

• A junio de 2015 la deuda del Gobierno Central alcanza un monto de ¢11.593.030 millones, reflejando un crecimiento nominal de 10,5% (41% del PIB). El 75% corresponde a pasivos internos, y el 25% a créditos con organismos internacionales para financiar proyectos de inversión y a la colocación de bonos en el mercado internacional.

Adicionalmente, en el informe se analiza la ejecución de 12 instituciones del sector público, así como de los gobiernos locales.

El área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe DFOE-SOC-IF-10-2015, cuyo objetivo fue analizar, de manera integral, la función actuarial que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social, en relación con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Por tal motivo se consideró la revisión de la metodología utilizada en las valuaciones actuariales, la presentación y contenido de los informes emitidos por la Dirección Actuarial y Económica, y la vinculación de la función actuarial con la determinación del riesgo. Funcionarios de la SUGESE colaboraron con esta auditoría.

Es fundamental garantizar la sostenibilidad financiera del SEM para garantizar la calidad, cantidad y oportunidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. La gran cantidad de recursos que administró la CCSS en el SEM, para los años 2013 y 2014, a saber: ¢1.606.106,3 millones y ¢1.766.975,2 millones respectivamente, representaron alrededor del 60% del presupuesto de la CCSS para dichos años.

Hallazgos relevantes

Las metodologías que utiliza la CCSS en los estudios para efectos de la valuación actuarial del SEM no contemplan variables establecidas por la técnica en materia actuarial. Por ejemplo: los horizontes máximos de proyección utilizados son a 5 años, situación que no permite tener una visión de los efectos que podrían generar las decisiones presentes sobre el financiamiento, el gasto y la inversión dentro del régimen del SEM, en el mediano y largo plazo.

• En cuanto a la determinación y proyección del ingreso, únicamente se están contemplando los ingresos por cotizaciones, sin considerar la variable de “otros ingresos”, que también forman parte del financiamiento del Seguro, tales como la inversión y sus intereses, variable que según la técnica actuarial, requiere de un análisis y proyección específica.

• Sobre el rubro de “reservas técnicas”, desde el año 2004 la Junta Directiva de la CCSS acordó que en forma temporal no se trasladarán recursos para dicho rubro; sin embargo, no se han transferido recursos por este concepto por más de diez años.

• No existe un análisis específico en materia de riesgos para el Seguro de Salud, análisis que según lo establecido por la técnica actuarial, debe realizarse en las valuaciones actuariales.

• Los instrumentos que se utilizan en la CCSS como base para la realización de los estudios de valuación actuarial presentan debilidades de naturaleza técnica y carecen de las aprobaciones que corresponden a nivel de la CCSS.

• Limitada función asesora de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS sobre la gestión del Seguro de Salud, tanto por sus participaciones producto de la crisis financiera que vivió esa institución (2010-2011) como sobre explicaciones del informe emitido por la Oficina Panamericana de la Salud sobre esta materia.

Las disposiciones del informe se dirigen a la Junta Directiva y a la Presidenta Ejecutiva: analizar, definir e , implementar ajustes a la metodología y al instructivo de las valuaciones actuariales en el Seguro de Salud; realizar un estudio sobre los efectos de la ausencia de conformación de reservas técnicas en el SEM, proceder a cumplir con la resolución administrativa de la CCSS vinculada con el traslado del Área Administración de Riesgo a la Dirección Actuarial y elaborar e implementar normativa interna en materia de riesgos que permita identificar, medir y controlar los riesgos específicos para el Seguro de Salud.

El área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR estará al tanto del seguimiento de lo dispuesto en esta auditoría.

El Área de Servicios Públicos Generales, emitió el informe Nro. DFOE-PG-IF-16-2015, cuyo objetivo fue evaluar los mecanismos para la generación y recopilación de la información relacionada con las inscripciones de los hechos vitales (nacimientos, matrimonios y defunciones) que tiene a cargo el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones.

El registro de los hechos vitales es el que da vida jurídica a los ciudadanos costarricenses y con ello se brinda el acceso a los bienes, servicios, derechos y responsabilidades que ofrece el Estado, por ello el registro oportuno de los hechos civiles (nacimientos, matrimonios y defunciones) resulta de vital importancia para el sistema jurídico, financiero, educativo y social. La implicación de que un hecho vital no se registre a tiempo, o en su defecto nunca se realice, lesiona los derechos fundamentales de los ciudadanos costarricenses.

Resumen general de hallazgos

• La recopilación de la información para la inscripción de los hechos vitales se lleva a cabo por medio de 13.788 registradores auxiliares aproximadamente, de los cuales el 1% son funcionarios del TSE y el 99% restante corresponden a registradores auxiliares ad honorem, que no tienen una relación de dependencia directa con el TSE.

• El Registro Civil carece de procedimientos debidamente documentados, aprobados y divulgados, que le permitan: garantizar el uso y la custodia adecuada de los formularios en blanco por parte de los registradores auxiliares, controlar la devolución de los formularios, revocar la investidura de los registradores auxiliares, entre otras.

• La información consignada en el listado de los registradores auxiliares que están autorizados para realizar declaraciones de hechos vitales adolece de una serie de debilidades en cuanto a su calidad.

• La capacitación que reciben los registradores auxiliares no obedece a una programación anual planificada, lo cual tiene incidencia en las devoluciones realizadas y los motivos por los cuales no se efectúan algunas inscripciones.

• En línea con lo anterior, el análisis de la información para el período del 2007 al 2014, evidenció que de 45.481 devoluciones (nacimientos, matrimonios y defunciones) 7.591 obedecen a que el formulario carecía de la firma y/o sello, ya sea del registrador o del declarante, siendo éste un requisito vital que no debe obviarse a la hora de recopilar la información.

• El proceso de captura de información de los hechos vitales se desarrolla de forma manual por medio de formularios preimpresos que carecen de elementos de seguridad que permita garantizar su autenticidad e impida su suplantación.

• El Registro Civil no tiene formalmente establecido mecanismos para la recopilación y traslado de las declaraciones de hechos vitales desde donde se origina el hecho hasta la sede central. Es un proceso completamente manual y documental con una total interacción humana; lo que genera riesgos ante la pérdida, sustitución o deterioro de los formularios.

Disposiciones

Se giran disposiciones al Director General del Registro Civil y al Oficial Mayor del Departamento Civil con el fin de que se solventen las debilidades señaladas en este informe. La CGR realizará el seguimiento de disposiciones correspondiente.

El área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe DFOE-DL-IF-00004-2015, el cual contiene los resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2014. El IGM evalúa la gestión de las municipalidades durante un año completo y está conformado por 61 indicadores relacionados con las siguientes temáticas:

Se analizaron los datos registrados por las 81 municipalidades del país en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).

El informe se ubica en la página Web de la CGR y la explicación de los resultados en el Canal de YouTube.

 

Principales conclusiones

De los 5 años de cálculo del IGM (2010-2014), se evidencia que la calificación promedio del sector municipal ha venido en crecimiento, como se muestra en el gráfico.

Las municipalidades se clasificaron en 4 grupos (A, B, C y D), conformados a partir de las variables: cantidad de presupuesto definitivo del periodo 2014, Índice de Desarrollo Humano cantonal (IDHc) 2011, kilómetros cuadrados de territorio y unidades habitacionales combinadas con el IDHc; según el cuadro siguiente:

Las municipalidades que bajan su calificación respecto de los resultados obtenidos en el periodo 2013 son:

La calificación promedio por área de los años 2013 y 2014 es la siguiente:

Se observa que las áreas que muestran mayor mejoría, en relación con los resultados del periodo 2013, son las del servicio de aseo de vías y sitios públicos y rendición de cuentas. Por su parte, las áreas de atención de servicios y obras sociales y contratación administrativa disminuyen la calificación promedio.  

Los mayores avances y retrocesos en los resultados del IGM-2014 son:

Las que obtienen la mejor calificación por eje y grupo son:

Las municipalidades de San Carlos, Belén, Santa Ana, Moravia, Escazú y San Rafael de Heredia, obtienen calificaciones superiores a 80 puntos, siendo la Municipalidad de San Carlos la que logra la mayor calificación del IGM-2014 con 92,22 puntos de 100.

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-07-2015, cuyo objetivo fue determinar la suficiencia y razonabilidad del análisis realizado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. -CNFL- para el desarrollo del Parque Eólico Valle Central, así como la razonabilidad de los resultados de la generación eléctrica.

Resumen general de hallazgos

• Debilidad e insuficiencia de los procesos de concepción, formulación y evaluación del Proyecto Eólico Valle Central, lo cual inició con la poca claridad de la necesidad y origen del Proyecto.

• Ausencia de una fase de prefactibilidad, así como deficiencias en la viabilidad motivadas por la omisión de estudios básicos y esenciales como son el de mercado, -elección del sitio más razonable para su ubicación, sensibilidad e incertidumbre de sus variables críticas y costo de oportunidad de uso alternativo de los recursos.

• Inconsistencias en los ingresos, costos y resultados de los indicadores de la viabilidad financiera del Proyecto; específicamente:

- No son confiables los ingresos estimados, pues la generación eléctrica fue estimada en 40,76 gigawatts, y la real en 2014 fue menor de 34,05; y no es razonable que los costos permanezcan iguales para los 20 años del Proyecto.

- Los indicadores financieros se muestran positivos pero en realidad son desfavorables, y miden la rentabilidad de la empresa conjunta (EVCSA) creada entre la CNFL y el BCIE, no la del Proyecto y la Compañía.

- No fueron evaluadas posibles fuentes de financiamiento para la inversión ni el efecto financiero en la CNFL S.A. del esquema establecido de financiamiento, ejecución, operación y adquisición del Parque Eólico Valle Central.

Transcurrieron 15 años desde 1998 cuando inició la conceptualización del Proyecto y hasta la puesta en operación del Parque Eólico en el 2012. Además, entre el 2006 cuando el Consejo de Administración aprobó la propuesta de inversión del Proyecto y su puesta en operación en el 2012, el costo total en términos nominales se incrementó de $21.116.715 a $53.331.021, o sea 2,5 veces.

Conclusiones del informe

La energía producida en el Parque Eólico Valle Central no es competitiva ni reducirá los costos de la electricidad para la CNFL S.A. o de las tarifas a sus abonados; el alto costo de la producción supera el precio promedio al que vende la energía y casi duplica el precio promedio al cual compra al Instituto Costarricense de Electricidad.

Para el 2013 y 2014 la Contraloría General estimó una pérdida de aproximadamente $1.097.789 y $1.134.761, respectivamente, pues el producto de la venta de la energía eléctrica del Parque fue menor al costo de su producción. Además, estimó que el costo de producir esta energía en vez de comprarla al citado Instituto, implicó en dichos años incrementos del costo promedio por las sumas de $1.964.817 y $1.863.378, respectivamente. Así, el costo de inversión por kilowatt instalado es el más elevado de los parques eólicos en Costa Rica.

Disposiciones

Se dispone a las autoridades de la CNFL una serie de acciones con el fin de que se tomen las decisiones que correspondan acerca de la operación futura del referido Parque Eólico. Dichas disposiciones tendrán el seguimiento correspondiente en la CGR.

El Área de servicios de Infraestructura de la CGR realizó el estudio DFOE-IFR-IF-06-2015, relacionado con la razonabilidad de la definición del alcance de los proyectos que son financiados con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones -FONATEL- correspondientes al Programa N.° 1 Comunidades no Conectadas o Subconectadas, según el Plan de Proyectos y Programas del FONATEL, a partir de la política pública dictada por el Poder Ejecutivo. Se verificó en el campo la operación de los primeros proyectos realizados en La Roxana de Guápiles y en Siquirres.

El cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones busca satisfacer las necesidades de las poblaciones geográfica, social y económicamente vulnerables en cuanto a la disposición de los servicios de telecomunicaciones, en procura de avanzar en la disminución de la brecha digital en el país.

Hallazgos del informe

• Debilidades en la definición del alcance de los proyectos que se financian con los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que repercutieron en la oportunidad de su ejecución.

• Falta de claridad en el establecimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2009-2014, y la coexistencia de iniciativas gubernamentales que dificultaron la definición de los alcances de los proyectos.

• Ausencia de una definición completa de los requerimientos asociados a los proyectos financiados con recursos del Fondo.

• Debilidades en el ejercicio de coordinación que le compete al Ministro Rector, así como con las diferencias de actuación y de criterio entre la Rectoría y el Regulador sobre la gestión del FONATEL.

• Prácticas que pueden derivar riesgos para la gestión del Fondo, asociadas con el establecimiento de plazos para la ejecución de proyectos condicionados a la obtención de permisos por parte de contratistas, el otorgamiento de anticipos con garantías colaterales cuya recuperación puede no resultar oportuna, y la necesidad de impulsar la actualización del Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad (RAUSUS).

Proyectos visitados por la CGR

La Contraloría General efectuó una revisión de los proyectos de las zonas de Roxana y Siquirres y comprobó que el acceso a Internet fijo, pretendido para esos sitios, fue satisfecho conforme lo requerido en los carteles correspondientes para cada proyecto desarrollado por los operadores adjudicados, y en el tiempo establecido en los contratos respectivos. No obstante, se determinó que los usuarios de los centros educativos visitados carecían de: equipo de cómputo para hacer uso de los servicios de telecomunicaciones, adecuada infraestructura (seguridad, conexión eléctrica, obras civiles, cobertura de red limitada), conocimientos suficientes sobre los beneficios que otorga el FONATEL; y sobre el uso de herramientas informáticas, entre otras. Con ello se evidencia el desaprovechamiento de la totalidad de los beneficios que se pueden obtener del acceso y prestación del servicio de Internet.

Otros proyectos en desarrollo

EL FONATEL está en proceso de desarrollo de otros proyectos similares en la Zona Norte y Zona Sur del país. Aún y cuando el Proyecto de Zona Norte está con un alto grado de avance, no fue posible verificar en el sitio si las carencias determinadas en las comunidades de Roxana y Siquirres fueron superadas en los cantones de Los Chiles y Guatuso, ya que al mes de marzo de 2015 estaban en proceso los trámites finales de recepción de los servicios por parte del proveedor. Tampoco en los cantones de San Carlos, Sarapiquí y Upala fue posible hacer dicha verificación debido a la falta de algunos permisos, que provocan atrasos en la ejecución de los proyectos.

Disposiciones del informe

Se dispuso a la SUTEL y al Ministro Rector la elaboración conjunta de procedimientos y lineamientos para atención de todos los requerimientos del informe. El área de Seguimiento de Disposiciones realizará el debido seguimiento a los plazos de las disposiciones contraloras.

Mediante oficio adjunto, la CGR refrendó las adendas 3, 4 y 5 del contrato de construcción de la ruta nacional 4, sección Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper, suscrito entre el MOPT y la empresa Constructora Sánchez Carvajal. Asimismo denegó solicitud previa de autorización de las modificaciones al contrato, objeto de la adenda, por carecer de competencia este órgano para su conocimiento.

Las adendas pretenden ajustar renglones de pago necesarios para la adecuada consecución de los fines del proyecto a saber:

• 5 intersecciones a desnivel
• un tramo de 2KM con accesos puntuales a la ruta No. 4 y retornos a nivel y pasos transversales a desnivel
• 12 accesos a la carretera desde vías secundarias y fincas cuya transitabilidad existente se interrumpe con el trazado de la nueva vía
• trabajos internos en Hacienda La Josefina.

Dichas modificaciones tienen un costo adicional de ¢10.687.485.962,16, de colones y aumenta el plazo de ejecución en 225 días calendario, para un total de 955 días calendario.

Asimismo se establece un adelanto de pago por la suma de ¢2.100.000.000 de colones, monto que debe ser destinado exclusivamente para cancelar insumos de los costos directos de las obras incorporadas al proyecto mediante las adendas 3, 4 y 5 (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, inciso 1, del Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto 33114-MEIC y sus reformas), verificación que queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración.

Se adjunta audio del Lic. Edgar Herrera, Gerente asociado de la División de Contratación Administrativa, quien detalla esta autorización.

El Área de Servicios Económicos de la CGR emitió el informe DFOE-EC-IF-18-2015, mediante el cual se comunican los resultados de la auditoría realizada en el Instituto Nacional de Seguros -INS-, con el fin de determinar el cumplimiento de la normativa legal y técnica en la administración de los recursos financieros, específicamente en aquellos procesos vinculados con el establecimiento de las reservas patrimoniales y del superávit específico, el comportamiento de los gastos de personal, así como la elaboración y reestructuración de los Estados Financieros Consolidados; todos ellos referentes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

Resumen general de hallazgos

Como resultado de la auditoría se determinó la existencia de una serie de situaciones que afectan la gestión financiera del Instituto, entre las que están las siguientes:

• La clasificación incorrecta de la denominada Provisión de Contingencias, como un pasivo, siendo lo correcto de conformidad con la teoría contable como una reserva obligatoria de capital.

• La creación sin sustento legal de la Reserva de Capital del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), la cual no muestra incrementos desde el año 2009, ya que la SUGESE improbó el cobro de los recursos que la sustentaban.

• La aplicación incorrecta del parámetro establecido para el pago del incentivo denominado "componente salarial variable" a los funcionarios de las Sedes del INS, lo cual le ha ocasionado al INS gastos adicionales por aproximadamente ¢742,2 millones.

• Las debilidades en el proceso de consolidación y reestructuración de los Estados Financieros del Grupo INS, lo cual genera una sobrevaluación de dichos estados financieros, especialmente, en lo que respecta a los pagos por compra de repuestos con entidades relacionadas.

• La carencia de una valoración de riesgo en el Departamento de Contabilidad.

Disposiciones del informe

Se giran disposiciones a la Junta Directiva y a la Presidencia del INS, para que se atiendan las debilidades señaladas en el informe, así como se recomienda el establecimiento de un Comité de Nominación y compensación, con el fin de establecer, modificar y monitorear las políticas de incentivos para los empleados del INS.

Este informe será objeto de seguimiento en todas sus disposiciones por parte del área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR.

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-05-2015, cuyo objetivo fue determinar la razonabilidad del control ejercido por el Ministerio de Salud sobre las actividades llevadas a cabo por aquellas industrias que poseen sistema de tratamiento de aguas residuales y generan lodos de tipo especial y aguas tratadas. Para ello, se analizaron las acciones y los controles que ejercen el Ministerio de Salud y sus Áreas Rectoras de Salud sobre dichos establecimientos. El periodo estudiado es de enero de 2012 y hasta diciembre de 2014.

Es fundamental la rectoría que ejerza el Ministerio de Salud para garantizar la salud pública y calidad de vida de los habitantes del país, así como, la protección al ambiente humano. Como parte de las acciones para lograr estos cometidos, es necesario minimizar la generación de residuos y garantizar su disposición segura, y así, evitar la afectación a la salud de los ciudadanos. Ello obliga a dicho Ministerio a mantener el control, fiscalización y monitoreo que asegure el manejo responsable y disposición final controlada, lo cual incluye los lodos y las aguas tratadas provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo especial.

Resumen general de hallazgos

• El MINSA ejerce un control insuficiente sobre los procesos de recolección, tratamiento y disposición final de lodos de tipo especial, originados del proceso de tratamiento de las aguas residuales especiales generadas por la industria, por falta de normativa que regule esos procesos; estos residuos son peligrosos y podrían estar siendo mezclados con residuos en botaderos a cielo abierto, lotes baldíos o en ríos.

• El MINSA no ha establecido el plazo máximo que tienen los entes generadores de aguas residuales para presentar a las Áreas Rectoras de Salud los reportes operacionales que den cuenta del cumplimientos de parámetros que las hagan aptas para ser depositadas en ríos, quebradas, alcantarillas u otros cuerpos receptores; de forma que no dañen la salud de las personas ni el ambiente.

• Tampoco ha definido el plazo máximo para que los técnicos de las Áreas Rectoras del Ministerio de Salud analicen y reporten el resultado del cumplimiento de parámetros de calidad de las aguas tratadas a la Dirección de Protección al Ambiente Humano, esto limita tomar acciones correctivas oportunas en caso de incumplimiento como girar ordenes sanitarias.

• Existe oportunidad de mejora acerca del control cruzado que realiza el Ministerio de Salud entre el resultado de las pruebas de laboratorio para verificar la calidad de las aguas tratadas, y el que reportan los establecimientos industriales, pues son escasas las pruebas de laboratorio solicitadas a las industrias.

Disposiciones del informe

Se dispone a las autoridades del Ministerio de Salud ajustar y remitir a la Presidencia de la República el proyecto de Reglamento para el manejo y disposición final de lodos y biosólidos, así como solventar las demás deficiencias señaladas en este informe, cuyo seguimiento realizará la CGR en el área de Seguimiento de Disposiciones.

El Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la CGR emitió el Informe DFOE-IFR-IF-5-2015, cuyo objetivo fue evaluar la gestión de la Administración relacionada con la construcción y mantenimiento de puentes de la red vial nacional, así como evaluar la gestión de rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) relacionada con dicha infraestructura vial.

El país enfrenta un problema de deterioro de las estructuras de puentes desde hace varios años y en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 se proyectó invertir un monto significativo de recursos públicos, monto que asciende a $167 millones, es decir ¢91.103.510.000,00. Además, los puentes son el activo más crítico dentro del conjunto de elementos que componen las carreteras, debido a que si estos colapsan no solamente se interrumpe la comunicación terrestre sino que la vida de los usuarios de la red vial nacional se ve sometida a riesgos fatales y se generan pérdidas económicas importantes.

Resumen general de hallazgos

• La deficiente planificación ha llevado al país a una situación de urgencia en el tema de puentes, ya que el CONAVI no cuenta con planes y programas de inversión de mediano y largo plazo, y basa su gestión únicamente en planes operativos anuales, los que además no han sido formulados considerando una priorización de inversiones a partir de un inventario actualizado y completo de la condición o estado de los puentes

• En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 se estimó una inversión de U.S. $167 millones para la construcción de puentes de la red vial nacional, de los cuales el CONAVI presupuestó un 36,67% y ejecutó un 19,66% de dicha suma, en el período comprendido entre los años 2011 y 2013.

• El CONAVI no soporta su gestión en un sistema de administración de puentes, pese a que desde hace más de 7 años, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) concluyó el desarrollo del Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP) y recomendó su implementación.

• El CONAVI no cuenta con un inventario completo y actualizado de las estructuras de puentes de la red vial nacional, lo cual trae como consecuencia la falta de control de dichas estructuras viales.

• Existe una normativa técnica oficial limitada en materia de puentes, según lo estipulado en el Reglamento al artículo 6 de la Ley 8114.

• Carencia de manuales de funciones y de procedimientos, tanto en el CONAVI como en el MOPT, acorde con las competencias asignadas en la legislación vigente, en materia de puentes de la red vial nacional.

Los hallazgos determinados en esta auditoría no permiten a la Administración, entre otros, garantizar la seguridad de los usuarios de la red vial nacional; proteger la inversión patrimonial; estimar el monto de los recursos necesarios para la conservación, rehabilitación, reconstrucción, mejoramiento y construcción de los puentes; garantizar la continuidad y la calidad del servicio y optimizar la aplicación de los recursos públicos.

Disposiciones del informe

Se están girando disposiciones al Lanamme, al MOPT y al Conavi, con el fin de que se corrijan las debilidades señaladas en el informe, mismas que serán objeto de seguimiento por parte de la CGR en el área de Seguimiento de Disposiciones.

El 22 de mayo, a las 4 pm, venció el plazo establecido legalmente para presentar la declaración jurada de bienes que anualmente están obligados a presentar funcionarios que ocupan altos cargos en la Administración Pública o que, por la naturaleza de sus funciones, requieren presentar dicho documento legal, en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), ante la Contraloria General de la República.

Los datos de presentación de dicho documento, con corte a las 07:00 pm del jueves 21 de mayo, revelan que han presentado su declaración jurada de bienes un total de 14883 funcionarios, quedando pendientes de declarar poco más de 4.500 funcionarios (fuente: Unidad de Servicios de Información, CGR).

Los funcionarios públicos que no presenten su declaración jurada de bienes o lo hagan extemporáneamente se exponen a la apertura de procedimientos administrativos y procesos sancionatorios, cuya sanción puede resultar, incluso, en la separación del cargo (artículo 39 de Ley 8422).

En cumplimiento de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la función pública, Nº 8422, del lunes 4 de mayo al viernes 22 de mayo, la CGR recibirá la declaración jurada de bienes de alrededor de 19.300 funcionarios personas, que ocupan cargos en la Administración Pública o que, por la naturaleza de sus funciones, administran, fiscalizan o recaudan fondos públicos.

Los formularios se estarán recibiendo en la sede de la CGR de lunes a viernes, de 7 am a 4 pm, para lo cual se facilitará equipo de cómputo y personal capacitado para asesorar a aquellos declarantes que no cuenten con los recursos tecnológicos necesarios para cumplir con este requisito legal; además, a efectos de posibilitar la entrega, se habilitarán puestos de recepción en distintas instituciones del país, tanto dentro del área metropolitana como fuera de ella, tal y como se muestra en los calendarios adjuntos.

Calendario del GAM*	Calendario de Zona Rural
* Se visitarán las oficinas centrales de cada institución programada.

Se insta a los declarantes que posean firma digital certificada, a presentar la declaración de forma eléctronica, desde nuestra página web, lo cual evitará la presentación del formulario impreso, y estarán contribuyendo con la reducción del gasto público y la protección del ambiente.

Los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes o lo hagan extemporáneamente se exponen a la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios, cuya sanción puede resultar, incluso, en la separación del cargo (artículo 39 de Ley 8422).

Las consultas o dudas sobre el proceso de recepción serán evacuadas a través del correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr, al teléfono 905-DECLARE (905-3325273), y mediante el servicio de atención en línea tipo WebChat habilitado desde nuestra página web.

El área de Servicios Públicos Generales de la CGR ingresó el martes 21 de abril, para su análisis de aprobación, un presupuesto extraordinario de la Fundación Parque La Libertad, a la cual el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes le realizará una transferencia de ¢130.000.000 de colones cuya finalidad es atender compromisos del Festival de las Artes del 2015. Sin embargo, dicho trámite requiere indispensablemente de un cambio en la descripción de la coletilla de traslado de los recursos dado que el origen de los ingresos se indican en el Decreto 38943-H, cuya descripción no establece recursos para el FIA sino para atender asuntos de la Fundación, razón por la cual estamos a la espera de dicho cambio por parte de la Administración (es responsabilidad exclusiva hacer dicho cambio a la brevedad posible).

Por otra parte, la División de Contratación Administrativa recibió el pasado viernes 24 de abril un recurso de apelación contra el acto de adjudicación a favor de la empresa Luztart para brindar el servicio de luz y sonido. Dicho Ministerio revocó la contratación de la empresa adjudicataria de modo que dicho recurso deberá resolverse considerando esta revocatoria, y a la brevedad posible.

A la luz de los acontecimientos de los últimos días relacionados con evidentes problemas de planificación, organización, desarrollo y ejecución del FIA 2015, y dado el cuantioso compromiso de fondos públicos que implica la realización de dicho festival, la CGR pedirá cuentas oportunamente a las autoridades correspondientes sobre las actuaciones desplegadas, conforme sus las competencias de control y fiscalización que le otorga.

Las actuaciones de fiscalización que realizará la CGR no implican en modo alguno decisiones relacionadas con la suspensión de las actividades programadas como parte del FIA 2015, en las que puedan haberse contraído ya obligaciones contractuales y económicas para el Estado costarricense, siempre que se realicen en apego al principio de legalidad, como una responsabilidad exclusiva de la Administración.

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe de fiscalización DFOE-SOC-IF-04-2015, cuyo objetivo fue examinar la magnitud de los recursos invertidos durante el periodo de ejecución, la finalización de los productos, el cumplimiento de la normativa aplicable al cierre presupuestario 2014, del Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación ejecutado por el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica (PROMECE), así como la existencia de acciones para la continuidad de los resultados de dicho proyecto.

El Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación se diseñó para reducir las brechas de calidad educativa en las áreas rurales y territorios indígenas y mejorar la equidad y la eficiencia en la asignación, administración y utilización de los recursos destinados al sector educativo, principalmente para la población indígena.

Debido a que durante los primeros cuatro meses del 2014 se llevó a cabo el proceso de cierre técnico y financiero del Proyecto, se consideró relevante examinar la situación final del mismo, con el fin de promover que los recursos invertidos y los productos generados se mantengan en el tiempo y se consolide el modelo educativo para la población indígena.

Resultados del estudio

• Para el desarrollo del Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación ejecutado por PROMECE, se invirtieron US$ 24,2 millones de los US$ 30,0 millones del préstamo suscrito con el Banco Mundial, lo que implica que se ejecutó el 81%; además se invirtieron US$ 20,0 millones de contrapartida local, para una inversión total del proyecto de US$ 44,2 millones de dólares. En este sentido, se estimó que durante toda la vigencia del Proyecto (2007-2014) ingresaron ¢17.910,44 millones y se gastaron ¢17.207,66 millones.

• Con el desarrollo del Proyecto se materializó una cantidad importante de productos, dentro de los cuales cabe destacar: la construcción y mejoramiento de 78 centros educativos en zonas indígenas, de los 81 previstos; el impulso del modelo de redes educativas de colaboración, que fue implementado en la Dirección Regional de Educación (DRE) Sulá; la implementación de un programa de capacitación en educación intercultural para el personal del MEP a nivel central y regional; el programa de mejora de la calidad de la educación rural adaptado al contexto local y cultural; y la transformación de las telesecundarias en liceos rurales con un modelo de red educativa donde el liceo es el núcleo.

• Se encontró que a marzo de 2015 se ha realizado el equipamiento tecnológico y la implementación del modelo pedagógico tecnológico en 42 de los 81 centros educativos beneficiarios del Proyecto.

• Además se determinó que una serie de productos que debieron haber sido concluidos no se materializaron, tales como: la construcción de algunas obras y equipamiento de tres escuelas en zonas indígenas que estaban programadas (Vesta de la Red Vesta, Sharabata de la Red Alto Quetzal y Jänkruhorä de la Red La Casona); los talleres en las comunidades indígenas sobre el mantenimiento de las obras construidas; y si bien es cierto, se finalizó la construcción de la DRE Sulá y sus seis sedes de circuito y se entregaron en abril de 2014, a la fecha, en lo que respecta a la sede del circuito 04, no ha podido ser utilizada porque no tiene electricidad, agua ni equipamiento; la del circuito 06 se encuentra funcionando pero no cuenta con el servicio de electricidad y por su parte, la propia Dirección Regional no está siendo utilizada porque no se han conectado la electricidad y el agua.

• Asimismo, falta por concluir los siguientes productos: el currículo educativo para las comunidades indígenas, la implementación del Título II del Manual de Puestos Indígenas, la elaboración de los puestos del Título I y la capacitación sobre el Reglamento de Juntas de Educación y Administrativas en las Direcciones Regionales de los territorios indígenas.

• Sobre la liquidación Presupuestaria 2014 sobre los ingresos recibidos y los gastos ejecutados, las cifras de dicha liquidación no resultan confiables debido a deficiencias de calidad en la información.

Disposiciones y recomendaciones

Se emite una recomendación y disposiciones a la Ministra de Educación Pública, se recomienda valorar la construcción y equipamiento de las obras de las escuelas Vesta de la Red Vesta, Sharabata de la Red Alto Quetzal y Jänkruhorä de la Red La Casona. Por su parte, se están generando disposiciones, entre las cuales cabe destacar: poner en pleno funcionamiento la Dirección Regional Sulá y sus sedes de circuito, capacitar sobre el mantenimiento de obras, concluir con el equipamiento y la implementación del modelo pedagógico tecnológico de los 81 centros educativos de población indígena, la implementación de los Títulos I y II del Manual de Puestos Indígenas, la realización de anotaciones a la documentación que respalda la liquidación presupuestaria 2014 del Proyecto Equidad y Eficiencia de la Educación, que contemple la aclaración de debilidades detalladas dentro de la presente auditoría y el traslado de la documentación de PROMECE al Archivo Central del MEP.

Estas recomendación y disposiciones tendrán seguimiento en plazos en el área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR.

Al Área de Servicios Públicos Generales de la CGR ingresó este martes 21 de abril, para su análisis de aprobación, un presupuesto extraordinario de la Fundación Parque La Libertad, a la cual el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes le realizará una transferencia de ¢130.000.000 de colones cuya finalidad es atender compromisos del Festival de las Artes del 2015.

Sin embargo, dicho trámite requiere indispensablemente de un cambio en la descripción de la coletilla de traslado de los recursos dado que el origen de los ingresos se indican en el Decreto 38943-H, cuya descripción no establece recursos para el FIA sino para atender asuntos de la Fundación, razón por la cual estamos a la espera de dicho cambio por parte de la Administración (es responsabilidad exclusiva hacer dicho cambio a la brevedad posible).

En este momento, en la CGR solamente se encuentra en trámite el descrito presupuesto extraordinario.

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe (DFOE-DL-IF-2-2015); cuyo objetivo fue examinar la situación financiera de la Municipalidad de Puntarenas con base en la información incluida en las liquidaciones presupuestarias aprobadas por el Concejo Municipal en los últimos cinco años (2010 al 2014).

Resumen general de hallazgos

· En los últimos cuatro años (2011 a 2014) la Municipalidad de Puntarenas presenta déficits presupuestarios recurrentes. El más alto lo registró en el período 2012, por un monto de unos ¢423,52 millones.

· La liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2014, revela que el superávit específico alcanzó la suma de unos ¢3.707,77 millones. De esa suma, ¢1.591,46 millones estaban depositados en la Caja Única de la Tesorería Nacional y unos ¢900,0 millones se mantenían en títulos valores. Esta acumulación de recursos con fines específicos, va en perjuicio del desarrollo de proyectos de inversión y obras de infraestructura y por ende, del desarrollo del Cantón.

· Por otra parte, los ingresos percibidos por concepto de recaudación de tasas por servicios comunales, han sido insuficientes para financiar sus costos de operación. Durante el año 2014, resultaron deficitarios los servicios correspondientes al aseo de vías y sitios públicos, la de basura y la administración del cementerio y del mercado, los cuales requirieron ser subvencionados con recursos de otras fuentes por un monto de unos ¢536,01 millones, que bien pudieron ser utilizados en la atención de otras necesidades del Cantón

· La recuperación de los tributos municipales puestos al cobro es crítica. Por ejemplo, para el año 2014, los adeudos de los ciudadanos (morosidad) alcanzaron la suma de unos ¢5.950,84 millones, lo que equivale a un 57% del monto puesto al cobro en ese año (¢10.374,70 millones).

· En los últimos 11 años (2004-2014), los niveles de morosidad exhibidos rondan en promedio un 54,16%, muy por encima del promedio del Sector que, según el Índice de Gestión Municipal (IGM) para el año 2013, alcanzó el 31,8%.

· El cantón de Puntarenas se ha visto perjudicado en cuanto a la asignación de recursos provenientes de partidas específicas con cargo al presupuesto nacional. Se estima que en los últimos ocho años (2007-2014), la Municipalidad ha dejado de percibir, unos ¢125,8 millones por rebajos aplicados por el Ministerio de Hacienda, en función de sus niveles de morosidad y lo dispuesto en ese sentido por la Ley N.° 7755.

· Las autoridades municipales, a pesar de reconocer que no están obteniendo los ingresos suficientes para atender los gastos vinculados con la actividad ordinaria del ayuntamiento, no han tomado medidas correctivas para fortalecer la recaudación tributaria e implementar estrategias efectivas orientadas a la contención del gasto.

En conclusión, de continuar con esta situación en sus finanzas, la Municipalidad de Puntarenas corre el riesgo de insostenibilidad financiera, lo que ocasionaría a ese gobierno local limitaciones importantes para atender, razonable y oportunamente, sus compromisos con la comunidad y con terceros, aunado a la desatención de múltiples necesidades de los vecinos del Cantón ante la posposición del desarrollo de obras y proyectos de inversión prioritarios.

Disposiciones del informe

Se le dispone al Alcalde amortizar la totalidad el déficit presupuestario acumulado al 31 de diciembre de 2014; ejecutar los recursos del superávit específico para los fines establecidos por ley y, disminuir y controlar el elevado pendiente de cobro. Al Concejo se le dispone, en el ámbito de sus competencias, apoyar las iniciativas que proponga la Administración y evaluar las acciones a cargo de la Administración orientadas a amortizar el déficit presupuestario, a ejecutar los recursos del superávit específico para los fines establecidos por ley y a disminuir el pendiente de cobro.

El Área de Servicios de Administración Financiera de la CGR emitió el informe DFOE-SAF-IF-02-2015 sobre la auditoría que tuvo como propósito evaluar los procesos de reclutamiento y selección de personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), con el fin de verificar su correspondencia con el marco normativo y sistema de control interno aplicable.

La naturaleza propia de las funciones de los profesionales de ingresos del Ministerio de Hacienda está caracterizada por una exposición constante a riesgos. Por este motivo, en el caso de la Dirección General de Aduanas el proceso de reclutamiento y selección de personal reviste particular relevancia. Por lo tanto, las mejoras que se vislumbren en este proceso podrán contribuir a una mejora efectiva de la gestión y fiscalización de los ingresos tributarios aduaneros, el mejoramiento de los controles para la prevención del fraude fiscal y el trasiego ilícito de mercancías en procura del bienestar de la ciudadanía.

Resumen general de hallazgos

• El proceso de reclutamiento y selección de personal para la Dirección General de Aduanas no garantiza la idoneidad técnica de los candidatos.

• Se determinó que no se realizan pruebas de conocimiento en materia aduanera a los aspirantes a un cargo.

• El 83% de los nombramientos en diferentes puestos de la DGA, se efectúan bajo la especialidad denominada “Gestión Aduanera” establecida en el Manual de puestos del Ministerio de Hacienda, la cual tiene asociadas simultáneamente más de 180 atinencias (sean distintas profesiones), sin que sea posible discriminar entre ellas.

• La selección del personal de nuevo ingreso se realiza mediante una terna de candidatos en el concurso, que brinda la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), que pueden tener cualquiera de esas 180 o más atinencias o profesiones, según lo establecido en dicho Manual de Puestos del Ministerio de Hacienda. lo cual en la práctica ocasiona que se deba seleccionar personal de una terna, aunque no posean las condiciones profesionales, conocimientos y experiencia requeridas según las características de las funciones que deben ser cumplidas en las distintas áreas de la Dirección General de Aduanas.

• No se dispone de un sistema de valoración de riesgos y aplicación de controles y procedimientos, tanto dentro del proceso de reclutamiento y selección del personal como en los procesos posteriores de gestión aduanera, para la prevención y detección de eventuales conflictos de interés y corrupción.

• El Ministerio de Hacienda cuenta con programas de inducción y formación inicial posterior a la selección del personal, elaborados por el Centro de Investigación y Formación Hacendaria de ese Ministerio; sin embargo, la ejecución de estos programas no contempla la existencia de una preparación o capacitación específica para Aduanas, y la participación de los funcionarios de nuevo ingreso no es obligatoria, con lo cual hay funcionarios que no reciben dicha inducción y formación.

Disposiciones del informe

• Se dispone al Ministro de Hacienda y al Director General de Aduanas para que tramiten ante la Dirección General de Servicio Civil un ajuste al Manual de Puestos del Ministerio de Hacienda, de tal forma que la escogencia permita el reclutamiento y selección del personal específico requerido para cada función, y se fortalezcan y se hagan obligatorios los programas de inducción y formación a los funcionarios de nuevo ingreso de la Dirección General de Aduanas.

• Se ordena al Director General de Aduanas, definir e implementar un sistema interno de actividades de control y procedimientos razonables para administrar los riesgos asociados a corrupción, conflicto de intereses, e idoneidad técnica, tanto en el proceso de reclutamiento y selección del personal como en otros procesos sustantivos de la gestión aduanera.

El Área de Servicios Económicos de la CGR emitió el informe DFOE-EC-IF-14-2015; dicha auditoría tuvo como propósito evaluar las acciones tomadas por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para dar cumplimiento a la Ley de Transformación del IDA en el INDER, en materia de desarrollo rural. Dicha ley entró en vigencia a partir del 30 de noviembre de 2012, fecha a partir de la cual el Estado Costarricense dio inicio a un nuevo proceso de desarrollo rural territorial, orientando sus acciones de manera prioritaria en las regiones con mayor rezago social, mediante el impulso de las actividades socioeconómicas afines a dichas zonas. Dicha ley le da la responsabilidad al INDER de asumir el papel de órgano máximo de coordinación en ese desarrollo en atención a las políticas emanadas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La ley plantea la urgencia del desarrollo rural con enfoque territorial, lo que implica una visión diferente de las dinámicas generadas en el medio rural, con un concepto más integral y de mayor participación, por parte de los actores sociales. Pone de manifiesto la necesidad de que el abordaje de los problemas se haga a nivel territorial y con una visión que sobrepasa lo esencialmente agropecuario. En este sentido, la instrumentalización de esa metodología se hace relevante y genera cambios y adaptaciones institucionales con el propósito de alcanzar los nuevos desafíos.

Resumen general de hallazgos

• El INDER se encuentra en un proceso de transición en donde aún no se han implementado competencias relevantes otorgadas por la Ley N° 9036. No se cuenta con la promulgación y formalización de las políticas de desarrollo rural por parte del MAG, para su implementación por parte del INDER.

• No se ha definido una estructura organizativa en donde se derive la definición de las unidades administrativas, técnicas y operativas de apoyo, acordes con los requerimientos que conlleva la citada ley, para lograr su cometido.

• Se tiene pendiente ajustes sustantivos en el plan estratégico institucional, así como en los planes operativos y en los planes de desarrollo rural, lo cual resulta necesario para identificar programas y proyectos que mejoren el entorno de los territorios rurales y formular soluciones para la atención oportuna de la compleja problemática de desarrollo de infraestructura, acceso a la tierra, transformación productiva y el mejoramiento en las condiciones de vida de la población rural.

• El INDER debe definir la estrategia de coordinación y fomento, para lograr la participación y unificación de esfuerzos de la población rural y de los diversos actores, en la adopción de decisiones, ejecución de actividades de organización, capacitación y educación rural, entre muchos aspectos que permitan abordar soluciones socioeconómicas viables para el desarrollo rural.

• Para dar seguimiento a las operaciones requeridas en esa ley, es necesario el desarrollo e implementación de un sistema de información integrado para esos fines, dado que la ausencia de ese sistema, limita el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Disposiciones del informe

Se giran disposiciones al Ministro de Agricultura y Ganadería en su rol de Ministro Rector del Sector Agropecuario Nacional y a la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva del INDER para que se atiendan las debilidades señaladas en el informe.

El área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR realizará el seguimiento de este informe.

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe de fiscalización DFOE-SOC-IF-03-2015, cuyo objetivo del estudio fue analizar los controles aplicados por el CONESUP para fortalecer la educación universitaria privada. Las organizaciones privadas que prestan servicios de educación superior universitaria han crecido en Costa Rica en las últimas décadas y en la actualidad existen 53 universidades, que ofrecen 1.651 planes de estudios de grado y postgrado aprobados por CONESUP y cubren cerca del 50% de la población que asiste a ese tipo de educación. Asimismo, el acceso y la calidad de la educación superior son temas de relevancia, que involucran aspectos económicos y multidimensionales, entre los cuales están los contenidos de los programas, el costo de la matrícula y de las materias que se imparten.

Resultados del estudio de la CGR

• Los planes de estudios que el CONESUP ha aprobado a las universidades privadas presentan desactualización, sin que esta instancia pueda solicitar de oficio la actualización de los mismos, en razón de que no existe una norma expresa que se lo permita.

• De 681 planes de estudios (de 23 universidades privadas), que constituyen un 41% del total de oferta académica aprobada para grados y postgrados por el CONESUP, se determinó que el 85% de ellos tienen una antigüedad mayor a los 5 años.

• El proceso administrativo de inspección que le corresponde realizar al CONESUP sobre las universidades privadas, resulta lento (en promedio 11,2 meses), desde la fecha de elaboración del informe hasta la decisión final de dicho Consejo.

• Se determinó que el CONESUP no ha definido el monto de tarifas que debe cobrar por los servicios que brinda a las universidades privadas, dejando de percibir recursos económicos que eventualmente pudieron haberse utilizado en mejorar su gestión en pro de un mayor fortalecimiento de la calidad de la educación superior privada.

• El CONESUP utiliza metodologías o procedimientos, para las autorizaciones de las tarifas iniciales y de aumentos de tarifas por costos de matrícula y materias, de las universidades privadas, que en la mayoría de los casos no están fundamentadas en estudios técnicos, que garanticen que éstas respondan a los costos y gastos de los servicios que dichas universidades prestan.

• El CONESUP no tiene facultades legales para autorizar ni ejercer control sobre cobros que realizan las universidades privadas por concepto de trámites administrativo-académicos como trabajos finales de graduación o tesis, convalidaciones, exámenes ordinarios, extraordinarios y por suficiencia, pruebas de grado y certificaciones. De una muestra de 9 universidades privadas, los montos muestran diferencias significativas, a saber, montos entre un rango de ¢70.000 colones a los ¢282.000 colones.

Disposiciones y recomendaciones

Se giran una serie de recomendaciones a la Ministra de Educación Pública y disposiciones, entre otras, al Consejo del CONESUP a fin de que coordine con la Dirección Ejecutiva y otras dependencias del CONESUP para corregir las deficiencias señaladas en el informe. En declaraciones ofrecidas por la Ministra de Educación en días pasados señaló su compromiso con corregir la problemática que la CGR le indicó en el informe citado, citando acciones tomadas por su dependencia en este tema tan relevante para la ciudadanía. Se realizará el seguimiento de disposiciones correspondiente en la CGR.

La CGR dio a conocer el Informe “Presupuestos públicos 2015. Situación y perspectivas”, en el cual se presenta la información correspondiente a los presupuestos del Sector Público que se ejecutarán en el 2015 y su vinculación con la situación fiscal del país. El Informe busca servir de insumo para la toma de decisiones en el campo de la gestión y el control de la Hacienda Pública, y contribuir a una mayor transparencia en el proceso de rendición de cuentas.

Datos Relevantes del Análisis

Para 2015, los presupuestos públicos alcanzan la suma de ¢22.117.136 millones, conformados por:

• Gobierno Central: ¢7.959.346 millones (36,0%)
• Entidades de los sectores descentralizado y municipal: ¢14.100.188 millones (63,8%)
• Entidades privadas que administran fondos públicos: ¢57.603 millones (0,3%)

Se analizaron 255 presupuestos (excluido el del Gobierno Central y el de la Municipalidad de Puntarenas, que no fue presentado), de los cuales:

• 176 fueron aprobados
• 73 aprobados parcialmente
• 6 fueron improbados (Municipalidad de San Ramón, Patronato Nacional de Ciegos, INVU y tres fideicomisos relacionados con la Dirección General de Migración y Extranjería).

Las improbaciones en su conjunto suman ¢809.660 millones, y obedecen principalmente a inclusión de montos significativos en la partida de sumas sin asignación presupuestaria, a sobreestimaciones de ingresos por percibir, a que se excedieron los límites de gasto autorizados por la Autoridad Presupuestaria y a inconsistencias en la información relativa a transferencias esperadas de otras instituciones.

Panorama Fiscal de los Presupuestos 2015

Continúan las finanzas públicas reflejando un importante desequilibrio que atenta contra la sostenibilidad de la deuda pública. Para el Gobierno Central, el déficit para el 2015 se proyecta al 5,7% del PIB, nivel similar al del 2014, mientras que la deuda mostró en 2014 un crecimiento de 3 puntos del PIB, superior a los crecimientos observados en años anteriores.
Solo para evitar mayores incrementos de su deuda, el Gobierno precisa de un ajuste a sus cuentas (en ingresos y/o gastos) de aproximadamente el 3% del PIB.

Ante los altos niveles del déficit y el crecimiento de la deuda, vuelve la CGR a reiterar la necesidad de adoptar acciones de impacto para contener tales situaciones, lo cual considere la revisión de gastos y de programas públicos innecesarios o que han perdido vigencia, revisión de la materia de empleo y compras públicas, así como del denominado gasto tributario (exoneraciones, no sujeciones y otros), medidas para aumentar la recaudación y reducir la evasión fiscal, y modificar la estructura tributaria para hacerla más progresiva, equitativa y eficiente.

Magnitud y Composición de los Presupuestos 2015

En comparación con los presupuestos iniciales de 2014, los recursos públicos muestran un crecimiento del 9,4% (2,7% con respecto al presupuesto definitivo 2014). Diez instituciones o títulos comprenden el 67% de los recursos aprobados para este ejercicio, el restante 33% de los recursos públicos es administrado por 291 instituciones o títulos. Ver gráfico siguiente:

Los recursos aprobados para el 2015 equivalen al 77% del PIB estimado por el BCCR para este período, y según el clasificador por objeto del gasto, el gasto público se distribuye de la siguiente manera:

• Remuneraciones: 25% de egresos presupuestados.

• Transferencias corrientes: 21% de egresos presupuestados.

• Materiales y suministros: 12% de egresos presupuestados.

• Servicios: 11% de egresos presupuestados.

• Amortización: 9% de egresos presupuestados.

• Intereses y comisiones: 9% de egresos presupuestados.

• Partidas de bienes duraderos, activos financieros, transferencias de capital y cuentas especiales, en orden de importancia: 14% de egresos presupuestados.

Análisis de algunas instituciones para el 2015

CCSS	• Presupuesto: ¢2.979.444 millones (61% para el SEM, 34% para IVM y 5% para el Régimen no Contributivo de Pensiones). • En el SEM, las contribuciones sociales –principal ingreso– crecen un 8,8% (el nivel más bajo de los últimos seis años) mientras que los egresos crecen un 17,5%. Los egresos crecen más que los ingresos debido a la disminución de recursos del financiamiento, que serían incorporados posteriormente mediante presupuestos extraordinarios. La CCSS debe continuar los esfuerzos para mejorar la recaudación y controlar los egresos de este régimen, especialmente en remuneraciones, partida que representa el 65% del total de gastos del SEM, y que crece un 15,1%, debido a la creación de 392 plazas en 2014 y a la previsión de un 5% de aumento a los salarios. Dentro de los ingresos, se incorporan ¢16.766 millones, provenientes del préstamo con el BCIE para el Programa de Renovación de Infraestructura y Equipamiento, que incluye recursos para el Hospital Monseñor Sanabria, Torre Hospital la Anexión de Nicoya, Torre del Hospital Rafael Calderón Guardia y el Expediente Digital Único. • En el IVM, se estima que las contribuciones sociales aumentarán 16,3%, como resultado del aumento que rige a partir del 1 de enero, al pasar de 8% a 8,5%, distribuido entre patronos, trabajadores y empleados. La partida de transferencias corrientes crece un 20%, para el otorgamiento de las pensiones por invalidez, vejez y muerte.
RECOPE	• Presupuesto: ¢1.905.223 millones. • RECOPE presenta históricamente bajos niveles de ejecución en el Programa de inversión: en 2014, de un presupuesto de ¢71.979 millones fueron ejecutados ¢49.994 millones (un 69%), sin alcanzar la meta propuesta para ese periodo (85%). • La ejecución de obras se ha visto afectada por: atrasos en los permisos de construcción, el cumplimiento de requisitos previos y de los contratistas, condiciones climáticas; además, en el caso de inversiones menores se requiere mejorar la programación de los procesos en las etapas previas a la contratación, y en la consideración de los plazos para resolver una licitación, de tal forma que en el presupuesto se incluya el contenido, cuando se cuente con mayor certeza sobre su ejecución.
INS	• Presupuesto aprobado: ¢906.986 millones (-9,9% respecto al presupuesto inicial 2014). La aprobación otorgada por la CGR fue parcial, pues se improbaron los recursos asignados a la partida de egresos «Cuentas especiales», que representaba un 19% (¢215.730 millones) del monto total propuesto.
ICE	• Presupuesto: ¢1.849.101 millones. Los ingresos disminuyen un 7% respecto a 2014, como resultado principalmente de la disminución de los recursos estimados como ingresos corrientes, que a su vez obedece a que el presupuesto del 2015 no contempla incrementos tarifarios, a que se estimó un monto menor por concepto de Costo Variable por Combustible (al considerar la entrada en operación de las plantas eólicas Chiripa, Orosí y Tilawind) y a que disminuyen los ingresos por concepto de servicios de construcción del proyecto hidroeléctrico Reventazón.
MOPT Y CONSEJOS DE TRANSPORTE	• Los presupuestos iniciales del MOPT y los Consejos de Transporte (CONAVI, COSEVI, CNC y CTP) para el 2015 ascienden a un total de ¢551.941 millones (excluyendo las transferencias del MOPT a favor de sus Consejos). • Se observa una baja ejecución de los recursos destinados a la infraestructura de transporte. • El Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial ubica a Costa Rica en la posición 119 de 144 países evaluados en el pilar de calidad de carreteras (es decir, en el último quintil de la lista).
FODESAF	• Presupuesto: ¢529.276 millones. • En 2015, se asignan transferencias al Gobierno Central por ¢192.634 millones (37% del total de transferencias), principalmente para el Programa Avancemos del MEP (¢48.500 millones), a la CCSS a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por ¢65.323 millones para financiar las pensiones de adultos mayores en situación de pobreza, y ¢19.158 millones para comedores escolares que se transfieren a Juntas de Educación. • Se destinan ¢54.780 millones para la CCSS para el Régimen no Contributivo de Pensiones, y ¢34.000 millones para la Atención a Indigentes. • Al IMAS se destinan ¢57.641 millones, que incluyen, ¢21.171 millones para el Programa Red Nacional de Cuido. • Como transferencias de capital se destinan ¢95.640 millones al FOSUVI y ¢3.423 millones a OCIS-Ministerio de Salud para la construcción y equipamiento de Centros de Nutrición CEN-CINAI. • No obstante esta importante canalización de recursos, la CGR ha venido manifestando su preocupación por las debilidades que históricamente ha mostrado el Sector Público en cuanto a la atención articulada del fenómeno de la pobreza y la desigualdad, aunado a las dificultades que el país ha registrado para reducir el nivel de pobreza, que en 2014 se ubicó en el nivel más alto de los últimos cinco años, al alcanzar un 22,4% de los hogares.
IMAS	• Presupuesto: ¢173.748 millones. • En la aplicación de los recursos, sobresalen las Transferencias Corrientes y de Capital con un 76% del presupuesto, con las cuales se financian los programas Avancemos, Seguridad Alimentaria, Fideicomiso 32-04 BANCREDITO/IMAS-BANACIO/73-2002, Oferta Programática Generación de Empleo, y Bienestar y Promoción Familiar, previstos para la atención de familias en riesgo social y pobreza extrema; además de la asignación al Programa Red de Cuido para la atención de niños y niñas a través de Hogares Comunitarios, Organizaciones de Bienestar Social, CECUDIS, Juntas de Educación para el desarrollo de proyectos de infraestructura, y organizaciones del sector público y privado, entre otros.
Entidades de Educación Superior	• Presupuesto (ITCR, UCR, UNA, UNED y UTN): ¢580.533 millones. • La principal fuente de ingresos de las universidades es la transferencia del FEES, que en promedio aporta el 71% de los ingresos totales y para el 2015 asciende a ¢410.488 millones (1,43% del PIB). • La partida de Remuneraciones es la más significativa (60% del total de recursos). Dicho rubro contempla el pago de 14.037 plazas correspondiente a las cinco universidades (467 plazas más que en 2014). • El ITCR incluye recursos para financiar obras como el núcleo integrado de Diseño, el Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos y del Centro Académico de San José, y los núcleos de Tecnologías de Información y Comunicación, de Seguridad Laboral, de Química Ambiental, las Residencias Estudiantiles y el Sistema de gestión e información. • Los proyectos de la UCR se financiarán con los fondos provenientes del Banco Mundial, y serán incorporados mediante presupuesto extraordinario; se usarán para financiar, entre otros, la construcción del edificio de aulas y laboratorios de informática y multimedia, edificio de aulas y laboratorios para Ingeniería Industrial, edificio de aulas y laboratorios de ingeniería química, biología, física, en la sede de Limón; edificio de aulas y laboratorios de ingeniería industrial y desarrollo sostenible, en la sede Regional del Atlántico. • La UNA incluye recursos por ¢2.833 millones para financiar la construcción del edificio de Emprendedurismo, Educación y Cadenas de Abastecimiento, la planta de tratamiento para la Escuela Veterinaria y la piscina de la Sección Regional Sarapiquí. • La UNED asigna la suma de ¢11.695 millones para financiar la construcción del Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional de Cartago y Puntarenas, la construcción del edificio Investigación y Desarrollo, y de la red de centros universitarios para la innovación y desarrollo local.
AyA	• Presupuesto: ¢205.913 millones. • Se improbaron ¢11.718 millones, debido a que se excedía el límite de gasto autorizado por la Autoridad Presupuestaria para el 2015.
INVU	• Se improbó el presupuesto propuesto debido a que el Presupuesto Nacional no incorporó una transferencia a esta institución con la cual se pretendía financiar principalmente salarios y servicios. • En consecuencia, regirá el presupuesto definitivo del 2014, excluyendo los ingresos y egresos que únicamente tengan eficacia en ese período, y sin perjuicio del límite de gasto autorizado por la Autoridad Presupuestaria; la suma asciende a ¢43.852 millones. • Esta institución enfrenta una situación financiera deficiente y problemas de gestión que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.
JAPDEVA	• El presupuesto aprobado asciende a ¢61.920 millones. • Respecto al presupuesto definitivo 2014 se da un crecimiento del 38%, que en su mayor parte obedece a la incorporación de ¢15.100 millones correspondientes a una transferencia del Gobierno Central, que habían sido acreditados al CNC para el pago de indemnizaciones y que fueron restituidos a JAPDEVA en atención a un criterio de la CGR. Estos recursos se destinarán a la compra de equipos importantes para esa entidad.
Sector Municipal	• Presupuesto aprobado: ¢360.470 millones. • Se improbó el Presupuesto inicial de la Municipalidad de San Ramón, por incumplimiento de principios presupuestarios (universalidad y anualidad) previstos en el bloque de legalidad. Además, la Municipalidad de Puntarenas no presentó su presupuesto inicial para el 2015 a la aprobación de la CGR. Para estos dos casos, las municipalidades contarán con presupuesto ajustado definido a partir del presupuesto definitivo del periodo de 2014, según lo establece el Código Municipal. • Solamente 26 municipalidades incluyeron el rubro de Recursos de vigencias anteriores en su presupuesto inicial para el 2015, dejándose de incluir ingresos por ¢95.500 millones. Ese monto representa un 26,5% de los ingresos adicionales que se podían haber presupuestado oportunamente, de manera que al no estar disponibles desde el inicio del año se retrasará la ejecución de obras, la prestación de los servicios y el giro de transferencias dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de los respectivos cantones.

Para mayor detalle del análisis de cada entidad pública, se puede revisar el documento completo, adjunto.

La CGR ha notificado la denegatoria de la autorización solicitada por el Ministerio de Hacienda para adquirir de manera directa el inmueble inscrito en el Registro Nacional, partido de San José, sistema de folio real matricula 605220-000, por un monto máximo de ₡68.058.893.244,70 colones, desglosados de la siguiente manera:

• Valor del terreno: ₡2.718.396.200,00
• Valor de las construcciones: ₡46.408.765.540,00
• Valor de instalaciones: ₡234.801.640,00
• Valor de equipo: ₡431.460.000,00
• Valor de remodelación de oficinas: ₡14.066.458.823,27
• Valor de suministro de mobiliario: ₡4.199.011.041,43

Las razones de dicha denegatoria pueden resumirse así:

1. El Ministerio de Hacienda no incorporó dentro del Presupuesto Ordinario de la República del 2015, el monto para cubrir la compraventa que se solicita autorizar, con lo que no cuenta con los recursos disponibles para dicha compra en este momento.

2. El inmueble que se pretende comprar al día de hoy se encuentra afecto a una anotación y un gravamen o afectación, siendo que la compra de inmuebles por parte de instituciones públicas debe ser libre de afectaciones.

3. Para la selección del inmueble se aporta un estudio de mercado que no pondera inmuebles similares al seleccionado. Para la elaboración de ese estudio de mercado no se hizo publicación que permitiera recabar información de posibles inmuebles con características como las pedidas por el Ministerio de Hacienda.

Se adjunta audio de vocera institucional al respecto y oficio.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió a favor de la CGR dos acciones de inconstitucionalidad 13-1265-07-CO y 13-4221-07-CO, interpuestas por Johnny Araya Monge y Jorge Chavarría Carrillo respectivamente, en las cuales valida la potestad de la CGR para sancionar alcaldes municipales.

A la CGR le complace que finalmente dichas acciones fueran resueltas dada la relevancia que en las acciones de control y fiscalización de la Hacienda Pública tiene la potestad sancionatoria, dentro de sus competencias ejercidas desde su marco normativo actual, legal y constitucional.

Dichas acciones de inconstitucionalidad fueron declaradas sin lugar, por unanimidad, mediante sentencia 2015-1780, con lo que se confirma en dichas resoluciones la potestad de imponer sanciones administrativas a los funcionarios municipales, incluidos los de elección popular. Sin embargo, queda todavía pendiente la acción de inconstitucionalidad 13-3585-07-CA, interpuesta por el señor Wilberth Aguilar Gatjens, contra normas que permiten a la CGR sancionar en la materia.

Esta última acción pendiente de resolución obliga a la CGR a mantener suspendidos 213 procedimientos administrativos sancionadores que implican una cantidad de 526 personas investigadas. Esperamos que la Sala Constitucional resuelva de manera pronta y diligente la acción pendiente.

Se adjunta audio de la Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, sobre estas resoluciones emitidas por el órgano constitucional.

• Torre de la Esperanza
• Procesos de formación y distribución de especialistas en la CCSS
• Hospital del Trauma

1. Auditoría sobre la implementación del Proyecto Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños (HNN).

La auditoría determinó que, pese a los esfuerzos realizados por la CCSS y la Asociación pro Hospital de Niños (APHNN) (encargada por ley de desarrollar este proyecto) en pro de la materialización del Proyecto Torre de la Esperanza, éste se mantiene sin una definición clara de su dimensión. En este sentido, llama la atención de la CGR que, luego de cuatro años de emitida la ley que le asigna el 0.78% de los recursos de FODESAF a dicho proyecto, no exista un diseño definido, completo, consensuado y aprobado formalmente por las partes involucradas. Cabe destacar que, durante el período 2010-2013 dicho 0.78%, equivalió a una suma total de ¢10.559,5 millones, recursos que fueron redistribuidos por FODESAF en otros programas sociales, dados los limitados avances que ha presentado este proyecto.

2. Auditoría sobre los procesos de formación y distribución de especialistas en la CCSS.

Los hallazgos de la auditoría realizada sobre los procesos de formación y distribución de especialistas en la CCSS indican:

• La importancia de que se promulguen estudios técnicos estandarizados, en cuanto a sus métodos de investigación y fuentes de información, de forma tal que, orienten mejor las decisiones en torno a la determinación de necesidades y formación de médicos especialistas.

• La carencia de un programa de actividades de evaluación de resultados de los procesos de formación y distribución de especialistas, que le provea insumos a la CCSS para la toma de decisiones en torno a esos procesos.

• La necesidad de que la CCSS optimice el monitoreo y el control del cumplimiento del tiempo de servicio de los médicos especialistas, una vez finalizado el programa de estudios de la especialidad.

• La importancia de que los contratos de retribución social vigentes, se sustenten en estudios técnicos y financieros.

• La necesidad de que se concluya el proceso de revisión y los trámites para la actualización de los planes de estudio de aquellos programas de especialidades médicas que aún se encuentren pendientes, ya que, se encontró que un total de 21 especialidades médicas tienen más de cinco años de no actualizar sus planes de estudio.

3. Auditoría operativa sobre la gestión del Hospital del Trauma S.A.

Se encontraron una serie de debilidades dentro de las cuales están:

• El proceso de compras institucionales presenta una débil estructura organizativa.

• No se cuenta con toda la normativa interna y procedimientos necesarios para guiar las labores de contratación administrativa y existen deficiencias en la tramitación de sus contrataciones.

• Inexistencia de un sistema de costeo y por ende, de una metodología para definir y determinar los costos que conllevan los servicios que brinda el HDT.

• En cuanto a la eficiencia en el uso de los recursos del Hospital, se evidenció que existen niveles de desuso de los espacios e infraestructura física de la entidad, destinadas para la prestación de los servicios hospitalarios, equipos médicos y de hospital en general, que desde la fecha de su adquisición se encuentran sin utilizarse y que la Administración no tiene información sobre el uso y rendimiento del equipamiento hospitalario.

• Finalmente, en cuanto a una de las principales actividades del HDT, cirugías y procedimientos quirúrgicos, se determinó que al mes de octubre de 2014, aproximadamente el 85% de esos servicios, se realizaban fuera de las instalaciones del HDT, lo que redunda en la subutilización de su moderno y costoso equipamiento médico.

Para cada uno de los informes se emitieron disposiciones a las cuales esta CGR les dará seguimiento.

La CGR efectuó una auditoría sobre los modelos de evaluación del desempeño que incluyen un incentivo económico por el incremento en la productividad y los resultados institucionales, en cada uno de los bancos públicos (DFOE-EC-IF-08 del Banco Popular, DFOE-EC-IF-09 del Banco de Costa Rica y DFOE-EC-IF-10, del Banco Nacional), en vista de la magnitud del costo total asumido por esos bancos por el reconocimiento de los incentivos por productividad asociados a esos modelos de evaluación del desempeño. La CGR valoró la razonabilidad de las políticas y la normativa en la materia, establecidas durante el periodo 2006-2012 por dichos bancos, así como su efecto sobre los costos operativos y las utilidades en aquellos bancos públicos que han aplicado sistemas de pago por incentivos a la productividad.

Estos esquemas de evaluación del desempeño con incentivos económicos, están amparados en la autonomía constitucional y legal que ostentan los bancos públicos comerciales, en un decreto presidencial que avala la aplicación de incentivos económicos asociados a la productividad y en un marco de normativa interna aprobado por sus juntas directivas. La CGR reconoce que tanto la valoración como las decisiones tomadas son responsabilidad exclusiva de la administración. Sin embargo, no puede permanecer ajena al hecho de que en esta ocasión los medios instaurados han superado los fines y objetivos de la institucionalidad pública. Incluso en algunos casos los incentivos han sido incorporados en sus convenciones colectivas, con lo que paulatinamente han generado signos de perpetuidad, su aplicación se torna cada vez más automática y los pagos asociados son cada vez más inflexibles a la baja.

Resumen General de Hallazgos

• Tres de los cuatro bancos públicos comerciales del Sistema Bancario Nacional han aplicado en los últimos años, políticas de gestión del potencial humano sustentadas en modelos de evaluación del desempeño que incluyen un incentivo económico por la productividad.

• El costo de esos incentivos ha llegado a representar un 23% de las suma de utilidades netas (más de 99 mil millones de colones entre el 2006 y el 2012), lo cual ha subido sus costos de operación y ha desplazado esos recursos de otras opciones relacionadas con el giro del negocio o con una menor distribución de las utilidades que deben destinar a la micro, pequeña y mediana empresa o a distribuir a entidades como CONAPE, la Comisión Nacional de Emergencias, al Fondo de Pensiones de la CCSS o el INFOCOOP.

• De las auditorías efectuadas en los bancos públicos comerciales que han aplicado estos incentivos económicos, se ha podido demostrar su desvinculación con los objetivos estratégicos institucionales y el incumplimiento de la directriz presidencial que los avaló.

• El costo total por el pago de los incentivos ha superado los montos máximos establecidos, cuando éstos han sido establecidos: 37% frente a un tope de 15% de las utilidades en el BNCR, 16% frente a un tope de 8% de las utilidades en el BCR y 11,2% de las utilidades del BPDC que no cuenta con un monto máximo. Finalmente, se ha encontrado una sobrevaluación de los incentivos pagados en el BNCR y en el BCR porque se toma como base de cálculo las utilidades de los conglomerados, que incluyen tanto los bancos como sus subsidiarias.

A partir de hoy la Contraloría General de la República se incorpora a las redes sociales y abre su cuenta de twitter. Nos puede encontrar en https://twitter.com/cgrcostarica

La CGR, mediante oficio adjunto, rechazó el refrendo a la adenda No. 6 del contrato suscrito entre el Poder Ejecutivo y la sociedad concesionaria Autopistas del Sol S.A. y las empresas que la conforman para la “Concesión de obra Pública con Servicio Público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Carretera San José- Caldera”, producto de la Licitación Pública Internacional con Precalificación No. 01-98.

El principal motivo de tal decisión es que aún existe un proceso arbitral en el que las partes se encuentran discutiendo las diferentes interpretaciones que tienen sobre la cláusula 12 de la adenda No. 5, en cuanto a las sumas que se deben reconocer por el precio de la obra, los costos asociados y la rentabilidad asociada a estos. Esa discusión pretende ser materializada en varias cláusulas de la adenda que se remite a la CGR para aprobación lo que no resulta jurídicamente viable.

Adicionalmente, de la documentación presentada no se desprende una voluntad firme de las partes que esté siendo plasmada en la adenda, ya que ello podría estar sujeto a una variación futura de lo que se resuelva en la sede arbitral.

Así las cosas, en el tanto la discusión establecida en sede arbitral no sea finalizada, según las vías posibles y contempladas en el ordenamiento jurídico aplicable y vigente, no es posible otorgar el refrendo a la adenda sometida a análisis en CGR.

Finalmente, en dicho documento la CGR realiza observaciones adicionales que la Administración deberá considerar en el escenario de presentar un nuevo trámite de refrendo. Dentro de ellas destaca:

• Se modifica el contrato para que en caso de que finalice anticipadamente el contrato o al final del plazo del mismo, se reconozca a la sociedad concesionaria la diferencia para alcanzar un monto cercano a $44.000.000,00 dólares, sin que se dieran las razones técnicas ni jurídicas para ello. Además, de no aclararse porque no se siguieron los mecanismos de ajuste de equilibrio económico que ya prevé el contrato y se incluye dicha alternativa.

• Se incorporan como obras nuevas algunas que desde un inicio ya estaban a nivel del contrato de concesión sin que se den las razones de esa circunstancia.

• Se modifican las condiciones para que opere el mecanismo de Ingresos mínimos garantizados del contrato, sin que se dé una explicación de las condiciones técnicas o jurídicas que avalen el cambio, particularmente porque han existido dudas sobre los riesgos que ello puede implicar.

• Se incorporan en la adenda aspectos que no corresponde incluir, como el análisis de balances de pago y la definición de puesta en servicio definitivo que es una potestad de la Administración y que está regulada normativamente.

Queda en manos de la Administración las decisiones futuras al respecto de esta obra.

La CGR efectuó una auditoría sobre el comportamiento y la efectividad de la recaudación del Impuesto sobre la Ventas, para el período 2008 a 2014, con el propósito de proponer medidas de mejoramiento que se estimen pertinentes. Dicho impuesto constituye en la actualidad el principal ingreso tributario del Presupuesto Nacional, y su efectiva recaudación es vital para la prestación y el sostenimiento de los servicios que presta el Gobierno. Los resultados del estudio constituyen insumo importante para el análisis de política tributaria y la gestión tributaria relativa a este impuesto (informe DFOE-SAF-IF-11-2014).

Hallazgos del estudio

• El rendimiento o efectividad del Impuesto General sobre las Ventas mostró un descenso en el período 2008-2014. Mientras en el año 2008, el Impuesto General sobre las Ventas representaba un 39% del total de la recaudación tributaria (6% del PIB), en el año 2014 dicho tributo alcanza solo un 36% del recaudo (4,7% del PIB).

• El Impuesto General sobre las Ventas tiene dos componentes: el de aduanas (que se cobra directamente en el momento de la importación de bienes), y el que se denomina interno (que es la parte del Impuesto que se recauda en la comercialización de los bienes y servicios dentro del país). Según el estudio realizado, en la citada disminución que muestra el rendimiento del Impuesto, se observa una baja más pronunciada en la recaudación aduanera, como porcentaje del PIB, pues solamente alcanza un 2.3% del PIB en el 2014 frente a 3.1% del PIB en el 2008, en contraposición a la parte interna, que representaba un 2.8% del PIB en 2008 contra 2.4% del PIB en 2014.

• La recaudación del Impuesto General sobre las Ventas se ha visto disminuida debido en gran parte a la recomposición de las actividades económicas del país, así como por la disminución general de importaciones, entre otros factores que también están asociados a la gestión tributaria.

• Las actividades de servicios pasaron de representar un 41,8% del PIB en 2008 a un 50,8% del PIB en 2014 (9,0% del PIB más), mientras que comercio y manufactura, pasaron en ese período de 38,4% del PIB a 30,4% del PIB. Esta recomposición de la economía, tiene gran importancia para el rendimiento del Impuesto, por cuanto las industrias que mayoritariamente están gravadas son el comercio y la manufactura, no así una gran parte de los servicios.

• En adición a este factor de recomposición, la disminución de las importaciones experimentada desde el 2009 en proporción del PIB, ha generado también una baja de la carga tributaria o productividad del impuesto, dado que la tasa del impuesto en proporción de las importaciones más bien ha tendido a aumentar.

• Fuera de los factores de la evolución de las actividades económicas y las importaciones, se da también una pérdida en el rendimiento de este impuesto en 2013 y 2014, de aproximadamente un 0.1% del PIB, con lo cual la administración del Impuesto cobra también importancia.

Conclusión general del estudio

Se determina la necesidad de revisar la estructura del Impuesto en relación con las actividades económicas no sujetas y con las exoneraciones, así como la gestión y fiscalización del Tributo, todo con el fin de aumentar el rendimiento del Impuesto en el contexto de una reforma fiscal, que contemple también el ajuste del Impuesto sobre la Renta, y la revisión del gasto público, principalmente del gasto corriente.

Disposiciones del informe

Se giran disposiciones al Ministro de Hacienda, para que se realice una valoración de la disminución del rendimiento del Impuesto General sobre las Ventas, con el fin de proponer los ajustes normativos y de gestión que resulten pertinentes. La CGR realizará el seguimiento de disposiciones correspondientes para verificar el cumplimiento de las mismas. Se adjunta el informe completo y un audio del Lic. Federico Castro Páez, Gerente del área de Administración Financiera, quien detalla los hallazgos del estudio.

El área de Infraestructura de la CGR examinó la gestión realizada por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en relación con la administración de los recursos públicos destinados a la construcción de puentes tipo “Bailey” en la red vial nacional. Asimismo, estudió el traslado de estructuras metálicas modulares que se realiza del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) al CONAVI y el sistema de control de inventarios que mantienen estas entidades.

Los puentes representan el activo más crítico que componen las carreteras además de que durante el período comprendido entre los años 2011 y 2014, el CONAVI y el MOPT efectuaron inversiones por un monto total de U.S. $12.912.234,31 en la adquisición de estructuras metálicas modulares destinadas a la construcción de puentes tipo “Bailey” para las carreteras de la red vial nacional.

Hallazgos del estudio

• Limitada capacidad del CONAVI para atender la gestión de puentes tipo “Bailey”, situación que se evidencia en la dificultad para concretar un proceso de contratación de compra de “entrega según demanda” que permita satisfacer las necesidades de la red vial nacional y no depender de las estructuras metálicas modulares adquiridas por el MOPT y trasladadas o prestadas al CONAVI, por un monto que asciende a la suma de U.S. $9.240.588,86.

• Deficientes controles en ambas instituciones sobre las estructuras metálicas tipo “Bailey” adquiridas por un monto total de U.S. $12.912.234,31. En cuanto a los “Sistemas de Control de Inventarios” de las estructuras metálicas modulares: CONAVI no se cuenta con un sistema de este tipo y, pese a que el MOPT si tiene, el mismo no permite controlar las existencias de las diferentes piezas o elementos.

• En relación con los espacios empleados por ambas instituciones, para almacenar las estructuras metálicas modulares tipo “Bailey” y otros materiales para la construcción de estos puentes, no reúnen las condiciones de almacenamiento que permitan garantizar la conservación y seguridad. Otro aspecto importante es que el CONAVI utiliza propiedades privadas para almacenar estructuras metálicas, sin que se hayan formalizado documentos que permitan garantizar su custodia y debida disposición.

• Deficientes controles del CONAVI en la construcción de los puentes tipo “Bailey” tales como: la falta de documentos que permitan acreditar el cumplimiento de estudios de ingeniería y diseño previo al emplazamiento, la carencia de un procedimiento formal de entrega y recepción de las estructuras a las empresas encargadas del montaje y desmontaje, y la falta de procedimientos o protocolos técnicos que aseguren la adecuada supervisión de la construcción.

• Tampoco se dispone de un inventario –ubicación, características, condición o estado, etc.- de los puentes que se encuentran en servicio, lo que genera riesgos ya que no se puede garantizar las condiciones de capacidad y seguridad de los puentes tipo “Bailey” de la red vial nacional.

• El CONAVI no realiza evaluaciones de la vida útil remanente de las estructuras metálicas modulares cuando estas son removidas de la red vial nacional, generándose un alto riesgo de que se conviertan en estructuras inutilizables o de que sean utilizadas nuevamente sin reunir las condiciones de capacidad y seguridad requeridas.

Disposiciones del estudio

Como resultado de esos hallazgos, se dispuso al Ministro de Obras Públicas y Transportes y a las autoridades del CONAVI girar las instrucciones respectivas para la atención de los hallazgos documentados en este estudio. La CGR realizará el seguimiento de las disposiciones del mismo.

La CGR emitió informe de auditoría DFOE-SAF-IF-07-2014, relacionado con la recaudación y uso de los impuestos de salida por vías terrestres y de exportaciones por vías terrestres, creados mediante la Ley N° 9154 de julio de 2013.

Hallazgos del informe

• Se determinó que la puesta al cobro del impuesto de salida por vías terrestres enfrentó dificultades que implicaron que ese impuesto no se comenzara a cobrar regularmente hasta en abril de 2014.

• El Poder Ejecutivo no ha emitido el reglamento para el cobro de estos impuestos, aunque cabe señalar que esta deficiencia ha sido atendida mediante la emisión de resoluciones por parte de la Dirección General de Tributación.

• El producto de estos impuestos está destinado a la modernización de los puestos fronterizos terrestres y a realizar transferencias a las municipalidades de los cantones donde dichos puestos se ubican. Sin embargo, al 30 de septiembre de 2014 no se ha ejecutado suma alguna -que a esa misma fecha alcanza un recaudo total de 1.541 millones de colones, a pesar de que los puestos fronterizos terrestres adolecen de notables deficiencias de infraestructura.

• La Dirección General de Tributación no está requiriendo a la Dirección de Migración y Extranjería toda la información de las estadísticas sobre tránsitos de personas en los puestos fronterizos terrestres que resultaría de utilidad para un mejor control del impuesto de salida por vías terrestres, y que hace falta fortalecer los mecanismos de divulgación y publicidad sobre la naturaleza y forma de pago de este impuesto.

Disposiciones del informe

Para atender estas situaciones se han girado disposiciones correctivas al Ministro de Hacienda, al Director General de Tributación y al Presidente del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres. La CGR realizará el debido seguimiento de disposiciones del informe.