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• Escuela Alejandro Rodríguez Rodríguez es certificada por CGR como primer centro educativo probo del país.

• Jóvenes del Liceo Vuelta de Jorco de Aserrí son reconocidos por la CGR como líderes en la prevención de la corrupción gracias a su éxito en la primera Contraloría Estudiantil.

La corrupción debe combatirse también desde la prevención, por lo que este año la CGR desarrolló, por primera vez, dos proyectos piloto orientados a generar intolerancia a la corrupción, ruptura a la indiferencia y promoción del ejercicio responsable de la participación ciudadana, mediante la formación y puesta en práctica de valores en menores, a través del primer programa de vinculación ciudadana “Juntos somos más”. Dichas experiencias fueron realizadas como proyectos modelo que, junto al MEP, se aspira paulatinamente implementar a nivel nacional.

Proyecto escolar “Galardón de la Probidad”

Dicho proyecto abarcó a toda la comunidad educativa de la Escuela Alejandro Rodríguez Rodríguez, compuesta por 345 niños. Su fin era que, mediante el desarrollo actividades vivenciales y creativas sostenidas en el tiempo, los estudiantes aprendieran e hicieran suya la práctica cotidiana de cinco de los principios que forman parte del valor probidad, sean: uso eficiente de los recursos, rectitud, buena fe, no discriminación y legalidad.

Durante el año, cada nivel (15 secciones en total) –desde maternal hasta sexto grado- realizaron 181 actividades que generaron impacto no solamente en el centro educativo sino en los núcleos familiares, al introducir la participación y vivencia de valores en su cotidianidad. Para lo que se hizo uso de conversatorios, murales, marchas en la comunidad (como la de la no discriminación y la del ahorro del agua), el uso de un vasito para tomar agua y ahorrar este recurso, el abrazo fraterno para fomentar la inclusión de los niños, un día sin pupitre, el cumplir con el orden en el uso del comedor y cancha sintética (para comprender normas dispuestas, así como el costo y necesario cuido de mobiliario), el correo de la amistad, recolección de víveres, vigilia, entre muchas otras.

El avance del proyecto se graficó mediante un “árbol” (mural exhibido en la Escuela) como ejemplo de vida que, al desarrollarse, profundiza sus raíces y genera cada uno de tales principios representados en sus ramas. Al cumplirlos y corroborar su impacto, el centro educativo fue obteniendo una rama hasta completarlo, siendo que ello se certificó por la CGR en dos asambleas escolares mediante la rendición de cuentas de cada nivel.

Precisamente, este 24 de noviembre se hace entrega del galardón correspondiente a la citada escuela que le acredita como el primer centro educativo probo del país, el cual consiste en una bandera azul con un árbol y una estrella dorados como representación del primer nivel de cinco posibles de certificación.

El próximo año se espera el desarrollo de este proyecto en la Escuela Roosevelt de Montes de Oca, Rafael Francisco Osejo en Sabana Sur y Cubujuquí en Heredia Centro, abarcándose una población aproximada de 1740 niños en total.

 

Proyecto de secundaria “Contralores Juveniles”

En el Liceo Vuelta de Jorco se constituyó la primera Contraloría Estudiantil, formada por un grupo élite de 17 jóvenes, designados en razón de diversas cualidades personales y no solamente académicas, con la misión de formarse y trasladar ese conocimiento e invitar a participar al resto del Liceo de diversas actividades. Para ello, recibieron un aproximado de 30 horas de capacitación en diferentes temas como valores, liderazgo, participación y Juventud, competencias de la CGR y uso de sus sistemas de información, nociones básicas sobre recursos públicos, su presupuestación en su comunidad y liceo, cómo se contrata en el Estado, sus instituciones y el Liceo, alcances del Estado de derecho y de la cultura de legalidad, entre otros.

A lo interno, como grupo, llevaron adelante 6 veedurías o investigaciones relativas al uso eficiente de los recursos públicos asignados al Liceo (en materia de implementación de políticas de desarrollo sostenible), al manejo administrativo de tales recursos por parte de la Junta de Educación, de la Dirección y en programas concretos como el comedor escolar. Las conclusiones y recomendaciones han sido entregadas a la Dirección del centro educativo.

Se generaron dos campañas en las cuales transmitieron a los estudiantes sus conocimientos e se involucraron en diversas actividades:

1) Disposición de residuos: poniendo en práctica su investigación sobre uso de recursos para ello y políticas de reciclaje, en la cual se hizo una concientización a toda la comunidad educativa sobre su importancia, haciendo uso de murales, visitas a las aulas, entre otros. Además, ante la carencia de ellos, los contralores junto a los estudiantes elaboraron y colocaron basureros en todas las aulas para la separación de los diferentes residuos y encargaron a otros alumnos designados como contralores asistentes el velar por la debida recolección de los residuos;

2) Cultura de legalidad y Estado de Derecho: para transmitir sus conocimientos obtenidos, a través de murales y la confección de un brochoure sobre la importancia de las normas y su respeto.

Adicionalmente, embellecieron el liceo mediante el programa Arte por la Paz del MEP-Viceministerio para la Paz, dejando en 4 murales elaborados y en sus pupitres mensajes relativos a valores y lecciones aprendidas en este proceso. Otro impacto fue el externo, mediante la “rendición de cuentas” que los contralores juveniles hicieron a la sociedad costarricense al participar en la Feria del Ambiente (junio 2016) en el que dieron a conocer los resultados de sus investigaciones en desarrollo sostenible, así como al visitar la Asamblea Legislativa en la que a legisladores, funcionarios y ciudadanos rindieron cuentas de sus trabajos realizados.

Contralores Juveniles contó con el apoyo interinstitucional de Instituto Costarricense sobre Drogas, el Viceministerio de Paz, la Defensoría de los Habitantes, el Viceministerio de Juventud, y el Ministerio de Educación Pública. Para el próximo año se espera realizar este proyecto en el Liceo de Heredia centro, Liceo José Joaquín Vargas Calvo, Liceo de Costa Rica y, de nuevo, el Liceo de Vuelta de Jorco de Aserrí, abarcándose una población estudiantil estimada de 3733 jóvenes, y con un grupo aproximado de 165 de contralores juveniles.

El Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la CGR emitió el Informe Nro. DFOE-IFR-IF-15-2016, estudio mediante el cual se evaluaron las acciones implementadas por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para el control y supervisión de las obras ejecutadas en el proyecto de rehabilitación y ampliación del puente sobre el río Virilla, ruta nacional Nro. 1, en el período comprendido entre setiembre de 2013 y setiembre de 2016, por un total de ₡7.650.609.711,75 colones.

Hallazgos principales

• El CONAVI no cuenta con un programa de trabajo actualizado para el debido control del proyecto y seguimiento del proceso de ejecución, para el período de estudio.

• No se cuenta con el Plan de Control de Calidad por parte de la empresa constructora, requisito que tampoco fue exigido por la Administración, ni tampoco con el plan de verificación de calidad que debe elaborar dicha Administración.

• El plazo original para la realización del referido proyecto, estimado por la Administración, originalmente en 13 meses, ha sido objeto de reiteradas ampliaciones y suspensiones, lo que ha incidido en que finalmente se estime una duración total que alcanzará los 40 meses.

• En relación con el servicio de supervisión estructural se determinó que no ha estado alineado con las fechas de inicio y reinicio de la ejecución del proyecto de rehabilitación y ampliación del puente.

Disposiciones del informe

Se giran disposiciones al Director Ejecutivo del Conavi con el fin de que a la brevedad se solventen las debilidades señaladas en el informe.

El Área de Desarrollo Local de la CGR emitió el informe (DFOE-DL-IF-06-2016); dicha la auditoría consideró, fundamentalmente, el análisis de los siguientes temas vinculados con la gestión de las 10 federaciones municipales existentes en el país: FEMETROM, FEMUGUA, FEDEMUCARTAGO, FECOMUDI, FEDEHEREDIA, FEDOMA, CAPROBA, FGLCFN, FEDEMSUR y FEMUPAC.

Resumen general de hallzagos

• Los proyectos y actividades trazados por las federaciones municipales en los planes anuales operativos para el año 2015, con salvedad de la FEDEMUCARTAGO y la FEDEHEREDIA, no se fundamentan en un diagnóstico de las necesidades particulares de los ayuntamientos afiliados y de sus comunidades.

• Las metas establecidas en los planes anuales operativos del 2015 de esas federaciones, en un elevado porcentaje, carecen de unidad de medida, no son claras sobre el fin que persiguen, no permiten la vinculación con los objetivos que plantean los estatutos y no facilitan la medición de su grado de cumplimiento para la rendición de cuentas.

• Las 10 federaciones municipales ejecutaron en el año 2015 un 54% (¢586,4 millones) del total de egresos (¢1079,0 millones) en la compra de bienes y el pago de servicios para atender las labores administrativas, tales como pago dietas, salarios, alquileres y suministros. El 46% restante (¢492,6 millones) se destinó a financiar actividades vinculadas con el fortalecimiento de las capacidades municipales y el apoyo a algunos proyectos de inversión.

• Algunos gobiernos locales realizan asignaciones presupuestarias para el pago de las cuotas a sus federaciones hasta un 70% menor de lo acordado en los estatutos correspondientes, argumentando que su situación financiera es deficitaria y que tienen dificultades para ejecutar el cobro de sus tributos.

• Al 30 abril de 2016, 53 entidades municipales mantienen cuotas pendientes con la mancomunidad a la que están afiliadas, por una suma de unos ¢562,2 millones. Dicha deuda representa un 51% del ingreso proyectado para el año 2016. En algunos casos, las sumas adeudadas presentan antigüedad de hasta 10 años.

A los Concejos Directivos se les dispuso que se atiendan las disposiciones señaladas en el informe con el fin de corregir las debilidades señaladas en este informe. Este informe será objeto de seguimiento de disposiciones en el área correspondiente de la CGR.

Esta guía es una recopilación de criterios jurídicos de interés sobre temas municipales de Hacienda Pública, como un insumo relevante para la toma de decisiones a lo interno de cada Gobierno Local.

Los criterios abordan temas relacionados con remuneraciones, beneficios y pluses salariales, tanto para el cargo de Alcaldes y Vicealcaldes municipales, como para los funcionarios municipales en general; en lo que corresponda.

Asimismo, se aporta una recopilación de criterios relevantes en materia de contratación administrativa y otros criterios relacionados con diversos asuntos en materia municipal emitidos por este órgano contralor.

El Área de Infraestructura de la CGR emitió el informe Nro. DFOE-IFR-IF-14-2016, cuyo objetivo fue verificar el avance en el cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) específicamente la relacionada con el proyecto de rehabilitación de la Red Ferroviaria Nacional para el transporte de carga para mejorar 20 km durante el año 2015.

Hallazgos del informe

• Durante el año 2015 se rehabilitaron únicamente 7,8 km de los 20 km previstos de la Red Ferroviaria de transporte de carga, es decir el equivalente a un 39% de lo establecido como meta para ese año. Dicha meta se definió en su oportunidad sin considerar la capacidad del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) para ejecución de proyectos de inversión.

• Existen debilidades respecto a la documentación de la ejecución de las metas, por lo que no cuenta con un expediente documental específico ni se obtuvo evidencia de que se haya emitido alguna directriz o regulación de carácter vinculante para la elaboración de expedientes de proyectos o metas a ejecutar.

Disposiciones del informe

Las disposiciones fueron dirigidas al Presidente Ejecutivo del INCOFER: a efecto de programar e implementar las acciones necesarias a fin de cumplir la meta de rehabilitar la red ferroviaria para el transporte de carga, en concordancia con el objetivo establecido en el PND de mejorar la capacidad de movilización de mercancías en el país. Además, el INCOFER debe emitir una directriz para que las metas y proyectos cuenten con su respectivo expediente documental, para una toma de decisiones sustentada en información suficiente, competente, relevante y que contribuya con la transparencia y rendición de cuentas durante su ejecución.

El Área de Infraestructura de la CGR emitió el informe Nro. DFOE-IFR-IF-13-2016, cuyo objetivo fue determinar si la gestión del Fideicomiso 1082 del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), tanto la Unidad de Gestión, el Comité de Vigilancia y la materia presupuestaria, cumplen con el marco normativo en términos contractuales, de control y normativos. El contrato del fideicomiso 1082 (originado en un contrato entre el Banco Nacional y la SUTEL) constituye un instrumento jurídico y administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se realicen con cargo a los recursos del FONATEL y tiene bajo su administración cerca de ¢141.769.601.063,35 colones.

Resumen general de hallazgos

• Debilidades en el control que ejerce la SUTEL sobre recursos adicionales (servicios adicionales previstos en el contrato) que la Unidad de Gestión solicita al Fideicomiso.

• Debilidades en la gestión presupuestaria del Fideicomiso 1082: la gestión presupuestaria del Fideicomiso 1082 no satisface ​aspectos de lo establecido en la normativa que le resulta aplicable, lo cual se refleja en presupuestos y liquidaciones con información incompleta, sumas sin asignación presupuestaria que supera el 95% del presupuesto y una subejecución recurrente de los recursos presupuestados.

• Alrededor del 97% de los recursos presupuestados no han sido ejecutados, lo cual significó para el Fonatel dejar de percibir un ingreso estimado en $1.2 millones de dólares por recursos dejados de invertir (monto equivalente al costo del despliegue de infraestructura de los proyectos de conectividad realizados en las zonas de Siquirres, Roxana y Guatuso o bien al costo mensual de la Unidad Ejecutora por aproximadamente dos años, según los términos contractuales vigentes).

• Debilidades relacionadas con el sistema de control interno en la Unidad de Gestión: El contrato suscrito entre el Fiduciario (responsable de la gestión del Fideicomiso 1082) y la Unidad de Gestión, entre otras funciones, obliga a dicha Unidad a implementar un sistema de control interno; sin embargo, no se logró evidenciar que éste se encuentre debidamente implementado, lo cual puede generar errores en la gestión.

El Área de Servicios Sociales de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-SOC-IF-08-2016, cuyo objetivo fue analizar programas que ejecutan transferencias a favor de la población adulta mayor para determinar eventuales fragmentaciones, traslapes o duplicaciones que puedan afectar los servicios que se brindan a esta población. El período de examen fueron los años 2014 y 2015. Los recursos públicos invertidos en el 2015 se estiman en ¢94.846 millones (0,34% del PIB). Es relevante indicar, sobre envejecimiento poblacional, que en el 2015 habitaban en el país 355.637 personas mayores de 64 años, un 7,4% de la población total y se estima que en el 2050 habrán 1.262.311 un 20,7% de la población total.

Resumen general de hallazgos

• Fragmentación en el financiamiento estatal a organizaciones privadas: El financiamiento de hogares y centros diurnos se brinda a través de 10 instituciones públicas, en donde cada una transfiere por sí sola a los beneficiarios sin visión de conjunto.

• Duplicaciones programáticas y de gestión: Diversas instituciones poseen programas para girar recursos que financian servicios iguales a los mismos beneficiarios y para financiar los costos de atención a los mismos hogares y centros diurnos.

• Vacíos de gestión de la Comisión Técnica del Protocolo de Coordinación (CONAPAM, MINSA, JPS, IMAS): Esta comisión no analiza la distribución de los recursos que otorgan CONAPAM, JPS, BCCR, INS, MTSS y Régimen No Contributivo de Pensiones (RNCP) a hogares y centros diurnos para financiar el costo de estancia. Tampoco opina sobre la asignación de recursos para la construcción y equipamiento de infraestructura en hogares y centros diurnos, por parte de la DESAF, IMAS, municipalidades y JUDESUR. No ha sistematizado los controles y visitas conjuntas a los hogares y centros diurnos ni los procedimientos de fiscalización de los servicios y de supervisión sobre el uso de los recursos.

• Traslape de gestión: Varios programas domiciliares están dirigidos a la misma población objetivo y permiten acceder a elementos similares como alimentación, vestido y medicamentos.

• Complementariedades en la gestión: Personas que reciben pensión del RNCP además asisten en el día a los centros diurno y los beneficiarios de la Red de Cuido también asisten en el día a los centros diurnos.

• Vacíos de gestión del CONAPAM: No dispone de estudios sobre la totalidad de las localidades del territorio nacional donde habitan las personas adultas mayores en condición de pobreza o riesgo social; falta una estrategia de corto, mediano y largo plazo para la atención de la demanda actual y futura de la población adulta mayor en condición de pobreza y riesgo social.

Se emiten disposiciones al Ministro Rector del Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social, a la Junta Rectora del CONAPAM y a la Presidenta Ejecutiva de la CCSS.

Infografía del informe

 

Diagrama sobre la distribución de los recursos

La CGR emitió el informe Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público Primer Semestre de 2016, el cual contiene información actualizada al 1 de julio de 2016 sobre la ejecución presupuestaria en el sector público y estado de las finanzas públicas en general.

• Según el BCCR, la economía costarricense creció un 4,4% en el primer semestre 2016 (0,7 puntos porcentuales. más que 2015) y se prevé que crezca un 4,2% y un 4,3% en 2016 y 2017, respectivamente.

• La situación fiscal del Gobierno Central muestra una mejora: al I semestre 2016 el déficit alcanza un 2,2% del PIB (fue 2,8% en 2015). Sin embargo, la magnitud del déficit sigue superando el límite de sostenibilidad de la deuda, por lo que es necesario insistir sobre la necesidad de realizar ajustes fiscales que garanticen tanto la estabilidad de las cuentas como el adecuado suministro de los servicios públicos, así como reformas que potencien la recaudación fiscal y la gestión pública hacia mayores estándares de eficiencia y eficacia. El resto del Sector Público, con la salvedad principal del BCCR, presenta resultados de leve superávit, al igual que en anteriores ejercicios.

Ejecución de los presupuestos del Sector Público

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe DFOE-DL-IF-05-2016, el cual contiene los resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2015. El IGM evalúa la gestión de las municipalidades durante un año completo y está conformado por 61 indicadores relacionados con las siguientes temáticas:

Se analizaron los datos registrados por 80 municipalidades del país en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM). La Municipalidad de Los Chiles no digitó la información correspondiente al año 2015, en el SIIM.

El informe se ubica en el Sitio Web de la CGR y la explicación de los resultados en el Canal de YouTube.

Principales conclusiones

La calificación promedio de las 80 municipalidades evaluadas con el IGM-2015 fue de 59,07 puntos de 100 posibles, con un ritmo de mejora inferior al exhibido en periodos anteriores. Entre los años 2014 y 2015 el promedio aumentó en 0,09 puntos, mientras que en periodos anteriores el aumento fue de 2,67 (2013-2014) y 1,19 (2012-2013); tal como se muestra en el gráfico.

Índice de Gestión Municipal
Calificación promedio de las municipalidades
Años 2011 - 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos digitados en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

Las municipalidades se clasificaron en 4 grupos (A, B, C y D), conformados a partir de las variables: cantidad de presupuesto definitivo del periodo 2015, Índice de Desarrollo Humano cantonal (IDHc), kilómetros cuadrados de territorio y unidades habitacionales combinadas con el IDHc; según el cuadro siguiente:

En el año 2015 un total de 44 municipalidades mejoraron su calificación respecto de la obtenida en el 2014; mientras que 36 obtuvieron una calificación menor en ese mismo periodo.

Las municipalidades de Limón, Esparza, Guácimo, Osa, Puriscal, Santo Domingo y Nandayure, fueron las que mejoraron sustancialmente los resultados respecto del IGM-2014; siendo Limón la que destaca en ese grupo por su progreso, que se refleja en un incremento de 19,86 puntos y se convierte en la municipalidad con mayor avance en esta evaluación del IGM-2015.

Por su parte, las municipalidades de San Carlos, San Mateo Abangares, Alvarado, Flores, Belén y Paraíso, disminuyen las calificaciones del IGM-2015 con respecto a las obtenidas en el año 2014. La Municipalidad de San Carlos refleja el mayor retroceso del sector municipal en el IGM-2014, con 15,64 puntos menos respecto del IGM-2014.

La calificación más alta del IGM-2015 en el Grupo A, la obtuvo la Municipalidad de Moravia (84,67), en el Grupo B la Municipalidad de San Rafael (83,91), en el Grupo C la Municipalidad de San Isidro (71,12) y en el Grupo D la Municipalidad de Valverde Vega (68,67).

Las calificaciones inferiores en cada grupo se asocian a las municipalidades de Puntarenas (48,61) en el Grupo A, Santa Bárbara (44,08) en el Grupo B, Turrubares (32,24) en el Grupo C y Matina (43,96) en el Grupo D.

La División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, autoriza al INCOFER la contratación directa de servicios ferroviarios a varias empresas para mantenimiento de vías, estructuras, servicios de taller de equipo ferroviario y transportes, por el plazo de 2,7 meses y por el monto total de ¢352.430.000,00 colones.

Ese instituto solicitó autorización por plazo y monto mayor; sin embargo, la Administración solo cuenta con contenido presupuestario disponible por el monto autorizado por lo que la autorización se otorga hasta dicho monto como límite máximo, lo que impacta en el plazo de la autorización. La CGR le advierte al INCOFER que debe tomar todas las medidas necesarias para gestionar oportunamente las contrataciones de servicios necesarios para mayor meses subsiguientes, una vez que se cuente con los recursos suficientes y disponibles para garantizar la prestación continua de los servicios.

La autorización se concede como un mecanismo excepcional para no dejar desprovista a la Administración de un servicio esencial ante el próximo vencimiento de los contratos que sustentan la prestación de servicios ferroviarios y el evidente interés público, ya que la ausencia de los servicios implicaría una afectación directa para el transporte de personas y carga, con incidencia directa en la ciudadanía.

El área de Infraestructura de la CGR emitió el Informe Nro. DFOE-IFR-IF-09-2016, estudio realizado en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para evaluar la razonabilidad del avance de las gestiones realizadas para el establecimiento de un Sistema de Administración de Carreteras, durante los años 2014 y 2015.

Costa Rica figura en el lugar 115 de 140 países evaluados en relación con la calidad de sus carreteras, casi 20 años después de que el país creó el CONAVI como órgano encargado de las inversiones en infraestructura vial. El CONAVI enfrenta serias debilidades asociadas a la planificación de esas inversiones, para las que anualmente recibe recursos cercanos al 1% del PIB del país.

Resumen general de hallazgos

• El CONAVI ha venido ejecutando las obras viales considerando un conjunto de acciones de planificación parcialmente coordinadas, sin la implementación de un sistema de administración de carreteras, a pesar de que dicho sistema debe dar sustento a la razón de ser del CONAVI según se indica en su misma ley de creación, lo cual no garantiza que los programas de obra nueva y conservación vial respondan razonablemente a criterios de rentabilidad social y económica.

• CONAVI continúa ejecutando las obras viales sin basarse en criterios técnicos que demuestren la optimización de la inversión a partir de un proceso integral, que comprenda la evaluación del estado de la red vial nacional, la delimitación de necesidades, costos de las intervenciones viales y prioridades de inversión con base en criterios de rentabilidad.

Disposiciones del informe

Se dispone al CONAVI que emprenda las acciones necesarias para diseñar e implementar el Sistema de Administración de Carreteras en forma gradual, iniciando con el Sistema de Administración de Pavimentos. El área de Seguimiento de Disposiciones de la CGR estará al tanto del cumplimiento de dichas disposiciones.

Mediante resolución adjunta, la CGR resolvió el recurso interpuesto por el CONSORCIO GRUPO OROSI en contra del acto de adjudicación de la línea 3 de la Licitación Publica 2014LN-000018-0CV00, promovida por el Consejo Nacional de Vialidad para “MP-R mantenimiento periódico y rehabilitación del pavimento de la Red Vial Nacional Pavimentada”, acto recaído en favor de CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.A.

Resumen de la resolución

Consorcio apelante no desvirtúo su exclusión. El Consorcio recurrente discutió que cumplía con la cotización del personal suficiente y necesario para operar la maquinaria, razón por la cual fue excluido. Sin embargo, la CGR determinó que el recurrente no logró demostrar, con la documentación ofrecida en la apelación, que había cotizado el personal necesario y suficiente para operar la maquinaria ofrecida para cumplir con el objeto contractual.

CGR resolvió de oficio los alegatos en contra de la adjudicataria. Se revisaron los incumplimientos contra la adjudicataria a saber: a) Precios inferiores a las bandas de razonabilidad y descuento ofrecido por la empresa adjudicataria: sobre lo que se determinó que existía falta de fundamentación en el razonamiento del Consorcio apelante, por lo que no se consideró argumento de mérito para anular el acto. De igual forma, se rechazó por esa misma razón los cuestionamientos del descuento asociados al argumento del bandas. b) Garantía de participación condicionada: Se determinó que la garantía de participación efectivamente se encontraba condicionada, pero que es un vicio subsanable conforme la normativa vigente, según hizo la adjudicataria tanto en vía administrativa como se acreditó en el trámite del recurso. c) Incumplimiento del formulario n° 6: Se concluyó que no llevaba razón el Consorcio apelante en la medida que el argumento se basó en una redacción que no consideró la modificación realizada al cartel sobre este formulario.

Anulación de oficio relativa a la no desagregación de rubros de maquinaria y personal para la mezcla asfáltica. Se anuló el acto final para la línea 3 dado que el CONAVI no detalló sobre las justificaciones que lo llevaron a considerar que la mezcla asfáltica se trata de un producto terminado, lo que justifica que no se detallara maquinaria y mano de obra en este rubro, pese a que el cartel exigía que los oferentes debían contar con plantas productoras de mezcla asfáltica.

Por lo tanto

• El CONAVI debe determinar si en las memorias de cálculo de la empresa adjudicataria y de las otras empresas elegibles para la línea 3 se incluyen los rubros de maquinaria y de personal y si se cumple con las obligaciones legales; o bien, si efectivamente se trata de un producto terminado y ello resulta consistente con lo dispuesto en el cartel del concurso en cuanto a la propiedad de las plantas de mezcla asfáltica.

• Se anula el acto de adjudicación de la línea 3, con el fin de que la Administración realice el estudio ordenado por la CGR y proceda a adjudicar conforme al resultado de dicho análisis; para lo cual cuenta con un mes, de conformidad con el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Antecedentes relevantes

• El 15 y 18 de abril de 2016 se presentaron los recursos de apelación de la Licitación Pública No. 2014LN-000018-0CV00, por parte de los oferentes CONSORCIO GRUPO OROSI, CONSORCIO ZONA NORTE, CONSTRUCTORA SANTA FE LIMITADA, CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJAL, CONSTRUCTORA MECO S.A., y CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS, en contra del acto de adjudicación recaído a favor de CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS (líneas 2, 3, 4 y 6) y CONSTRUCTORA MECO (líneas 1, 5, 8, 9 y 10). En este caso, la única línea del concurso que no fue impugnada fue la 7 recaída a favor de Quebradores del Sur Costa Rica S.A., la cual adquirió firmeza desde el momento en que finalizó el plazo legal para apelar, por lo que no consta especial pronunciamiento respecto de ésta.

• Mediante la resolución R-DCA-361-2016 se rechazaron por falta de fundamentación los recursos interpuestos por CONSORCIO ZONA NORTE, CONSTRUCTORA SANTA FE LIMITADA, CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJAL, mientras que se admitieron para su trámite los recursos interpuestos por CONSORCIO GRUPO OROSI, CONSTRUCTORA MECO S.A., y CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS.

• Posteriormente, mediante resolución R-DCA-404-2016 se acogió las solicitudes de desistimiento de los recursos de apelación interpuestos por CONSTRUCTORA MECO S.A., y CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.A. Es por ello que, únicamente se procedió a resolver por el fondo la acción interpuesta por el CONSORCIO GRUPO OROSI en contra de la línea 3.

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR emitió el informe DFOE-AE-IF-09-2016; la auditoría tuvo como objetivo determinar si el proceso para concesionar la extracción de material de ríos y tajos permite asegurar el aprovechamiento racional de los recursos y el cumplimiento de la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.

El Estado costarricense tiene el dominio absoluto de los recursos minerales del país y puede otorgar concesiones para su extracción. Por ello, es relevante analizar la eficiencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) para determinar si el proceso de concesión se gestiona al menor costo para la Hacienda Pública y responde a la simplificación de trámites, de forma que se garantice el equilibrio ambiental y prevenga eventuales actos de corrupción.

Resumen general de hallazgos

• El proceso utilizado para concesionar la extracción de material de ríos y tajos es costoso e ineficiente en la DGM, debido a que se revisan requisitos innecesarios, se consulta en forma tardía a municipalidades, se consulta en forma inoportuna a la Dirección de Aguas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (cuya respuesta negativa puede llevar al archivo del caso en fase avanzada), el proceso es manual rezagado en el uso de la tecnología, todo lo cual impide simplificar el trámite y ejercer mayor control del recurso.

• Las inspecciones de campo para asegurar la extracción racional de los recursos de ríos y tajos, se efectúa sin priorizar amenazas como la falta de demarcación en áreas de extracción, roca expuesta en ríos (General y Toro Amarillo), concentración de concesiones en el río Barranca; lo cual alerta de posible sobreexplotación o disminución en la recarga de material por sequía.

• La CGR considera que estos procesos deben mejorar en eficiencia y eficacia, evitar incongruencias e inconsistencias en el otorgamiento de concesiones así como falta de oportunidad en trámites establecidos para explotar materiales en ríos y tajos.

Disposiciones del informe

Se giran disposiciones al Ministro de Ambiente y Energía y a la Directora de Geología y Minas, con el propósito de solventar las debilidades encontradas en este informe. La CGR dará seguimiento a estas disposiciones.

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe DFOE-DL-SGP-00002-2016, el cual señala las principales debilidades de control interno determinadas en la gestión presupuestaria de todas municipalidades; resultados de la ejecución de sus presupuestos, y un detalle de las principales razones por las cuales la CGR se ve obligada a improbarlos total o parcialmente.

Es importante destacar que no todas las debilidades relacionadas con la ejecución de los ingresos y gastos a que hace referencia este informe están presentes en todas y cada una de las municipalidades. El período objeto de esta fiscalización es de enero de 2013 a diciembre de 2015.

Importancia del presupuesto

El presupuesto municipal reviste de una alta relevancia para el cumplimiento de los fines encomendados a las municipalidades en la Constitución Política, el Código Municipal y en otras leyes conexas. Éste constituye un instrumento para una sana administración de los fondos públicos, fundamentado en principios presupuestarios y en la planificación operativa, que a su vez se sustenta en la planificación de mediano y largo plazo, todo en virtud de que el presupuesto es la expresión financiera del plan. Además, constituye una herramienta fundamental para soportar los procesos de toma de decisiones, evaluación de resultados, rendición de cuentas y propiciar la transparencia institucional.

• A las debilidades en la ejecución de los dineros municipales se suma la existencia de cuantiosos y recurrentes superávits o déficits presupuestarios, sumas millonarias sin ejecutarse para la construcción de proyectos comunales y servicios destinados al desarrollo local, que al 31 de diciembre de 2015 alcanzaron los ¢31.682,3 millones.

• Existen fondos sin utilizarse por falta de identificar al contribuyente que los depositó; al 31 de diciembre de 2015 el monto asciende a ¢3.700,0 millones aproximadamente.

• Una de las razones de los resultados deficitarios en los servicios municipales radica en que no se captan los ingresos necesarios para atender los costos de su prestación, y al cúmulo de recursos específicos que se deben transferir por disposición legal a diferentes organizaciones sin que esto se cumpla.

Por lo tanto: resulta una responsabilidad ineludible e impostergable para el Alcalde, Concejo Municipal y demás funcionarios municipales involucrados, corregir las debilidades señaladas en la gestión presupuestaria, a fin de garantizar a sus ciudadanos que el uso de los recursos públicos que administran se dirigen en la atención de las necesidades e intereses de los ciudadanos y en favor del desarrollo local, con observancia de los requerimientos del ordenamiento jurídico y de la técnica presupuestaria.

El Área de Servicios Sociales de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-SOC-IF-03-2016 cuyo el objetivo de determinar el grado de avance en la implementación del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior. Este proyecto es financiado con $200 millones del Banco Mundial, para ser ejecutado en un plazo de 5 años, con un vencimiento establecido para diciembre de 2017, por cuatro de las universidades estatales, conforme a los Planes de Mejoramiento Institucional diseñados por cada una de ellas.

Los objetivos del proyecto están vinculados a: desarrollo de obras con el fin de aumentar la capacidad institucional, elevar la admisión de estudiantes mediante la creación de infraestructura física, la dotación de equipamiento, becas, capacitación a docentes y ampliación de servicios estudiantiles, con el fin de fortalecer y desarrollar las capacidades del talento humano potenciando el conocimiento e incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación, en las áreas relevantes de las universidades estatales.

Resumen de hallzgos

• Las universidades encargadas de la ejecución del proyecto han generado cambios en su Plan de Mejoramiento Institucional original, cambios que ocasionaron rediseños en obras de infraestructura, trámites de permisos adicionales y demoras en los procesos de adjudicación, entre otros; aspectos que impactan los plazos de los proyectos, e inciden en su oportuna ejecución.

• A marzo del 2016 se han ejecutado $18,06 millones (de $ 200 millones), lo que implica una ejecución efectiva acumulada a dicha fecha de un 9,03%, porcentaje de ejecución que plantea retos para las distintas universidades en cuanto a la finalización del Proyecto en la fecha prevista con el Banco Mundial, establecida para diciembre 2017.

• No se ha elaborado el plan de sostenibilidad financiera que garantice razonablemente que la inversión realizada en infraestructura y equipamiento, se perpetúe en el tiempo, y ofrezca eficientemente el servicio que se espera de éstos; dicho plan de sostenibilidad que está previsto en los acuerdos suscritos con el Banco Mundial.

• La contratación de la auditoría externa y el Comité de Seguimiento y Evaluación han presentado atrasos con respecto al plazo estipulado en los acuerdos con el Banco Mundial, puesto que, dicha contratación se realizó en setiembre del 2015, luego de más de dos años de haber iniciado el proyecto, lo que a juicio de la CGR repercutió en que las distintas universidades no contaran con las alertas que pudo haber emitido el citado comité, y por ende, haberse solventado en forma oportuna parte de los rezagos ocurridos.

Disposiciones del informe

Se giran disposiciones al Consejo Nacional de Rectores con el propósito de corregir las debilidades encontradas en el presente estudio. El área de Seguimiento de Disposiciones dará el correspondiente seguimiento a lo dispuesto en el informe.

La CGR realizó una auditoría sobre la contribución al impuesto de las utilidades de las personas físicas y jurídicas con actividad económica lucrativa, que prestan servicios profesionales pertenecientes a las actividades de Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura, Abogacía, Notariado, Contabilidad, Auditoría, Informática y afines y Veterinaria, en el periodo del 2011 al 2015. Además, se analizaron las acciones de mejora en el control y los resultados de fiscalización que ha realizado la Administración tributaria sobre este grupo de contribuyentes.

Principales hallazgos del estudio

• En el período 2011-2015, en promedio anual, un 56% de las personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa, que prestan servicios profesionales declararon cero impuesto a las utilidades.

• Hay 10.893 contribuyentes que declararon cero de impuesto de utilidades reiterativamente en los cinco períodos del estudio; 8.681 lo hicieron en cuatro períodos y 9.797 en tres períodos.

• En el periodo fiscal 2015, 53.005 contribuyentes (86% del total), tienen el 48 % de los activos y el 30 % de los ingresos brutos de todo el grupo; no obstante, aportan solamente el 9% del Impuesto (¢52.128 en promedio por año).

• Sin embargo, tanto el control como el cobro tributario se han visto limitados, en razón de que el dictado de actos finales en relación con la liquidación de impuestos, se encuentran suspendidos, debido a la acción de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la cual está en trámite.

• Existen una serie de limitaciones importantes en la tecnología y los sistemas que dispone la Administración para la gestión y el control tributarios, lo cual requiere una atención prioritaria de las autoridades del Ministerio de Hacienda y la Administración Tributaria.

Disposiciones del informe

Al Director General de Tributación: 1) elabore y ejecute un plan selectivo de control tributario (que incluya acciones de control extensivo e intensivo) sobre aquellos contribuyentes que prestan servicios profesionales, con actividad económica lucrativa Y que han declarado cero en el Impuesto sobre las Utilidades; 2) defina e implemente, para las actividades de servicios profesionales, mecanismos adicionales a los existentes, que promuevan e incentiven el uso de medios de pago electrónicos de las transacciones y que permitan un mayor control tributario, conforme a las facultades de la Administración Tributaria. Este informe será objeto de seguimiento de las disposiciones por parte de la CGR.

La CGR realizó una auditoría sobre el pendiente de cobro acumulado del impuesto a las personas jurídicas, correspondiente al período 2012 a 2015, así como la eventual aplicación de las sanciones establecidas por el no cumplimiento de dicho Impuesto.

La Ley Nro. 9024 del 23-12-2011, estableció el Impuesto a las Personas Jurídicas cuyos recursos debían destinarse en su mayoría a los programas de seguridad ciudadana y combate a delincuencia. La Administración, fiscalización y cobro de este tributo corresponde al Ministerio de Justicia y Paz, por medio del Registro Nacional.

Principales hallazgos del estudio

• En el período 2012-2015, en promedio anual, un 55% de las personas jurídicas sujetas al cobro, no cancelaron el Impuesto respectivo.

• Si bien en 2015 la Sala Constitucional declaró inconstitucional el cobro de este tributo a partir del 2016, dicha Sala dispuso: “…todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional”.

• A octubre 2015, 365.482 personas jurídicas inscritas no cancelaron el Impuesto respectivo. Si se computara en forma conservadora al valor menor que debió pagar una persona jurídica inactiva en ese período (¢100.850), podría representar eventualmente un Impuesto pendiente solo en este último período aproximado a los ¢37.000 millones de colones.

• El artículo 6 de la citada Ley establece que el no pago del referido Impuesto por tres períodos consecutivos, es causal de disolución de la persona jurídica, y la cancelación de la inscripción.

• A octubre de 2015, 23.476 personas jurídicas inscritas presentaban tres períodos vencidos en el pago del referido Impuesto y 250.501 tenían cuatro períodos en los cuales no realizaron ningún pago, y sobre las cuales aún no se habían ejecutado acciones para la disolución y cancelación de la inscripción.

Disposiciones del informe

A la Ministra de Justicia y Paz, para que se efectúen las acciones procedentes para el cobro del impuesto pendiente para el período 2012-2015 y se ejecuten las acciones sobre las respectivas sanciones por el no pago de dicho Impuesto. La CGR dará el seguimiento correspondiente a las disposiciones de este informe.

En cumplimiento de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la función pública, Nº 8422, del lunes 2 de mayo al viernes 20 de mayo, la CGR recibirá la declaración jurada de bienes de alrededor de 19.650 funcionarios que ocupan cargos en la Administración Pública o que, por la naturaleza de sus funciones, administran, fiscalizan o recaudan fondos públicos.

A partir de este año, la declaración jurada de bienes se tendrá como recibida formalmente en la Contraloría, cuando el declarante la haya completado en el Sistema de Declaración Jurada de modo que ya no es necesario contar con firma digital y no se requiere entregarla de forma personal en las oficinas de la CGR ni en los lugares que se habilitaban durante el periodo de presentación de la declaración anual (resolución R-DC-19-2016 de la CGR).

Las consultas o dudas sobre el proceso de recepción serán evacuadas a través del correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr, al teléfono 905-DECLARE (905-3325273), y mediante el chat habilitado desde nuestra página web en la dirección www.cgr.go.cr.

Modelo anterior del proceso de recepción de Declaración Jurada

 

Modelo actual del proceso de recepción de Declaración Jurada electrónica

 

Beneficios del nuevo modelo

• Uso efectivo de los mecanismos tecnológicos.

• Optimización de los recursos institucionales destinados al proceso de DJB.

• Reducción de huella ambiental.

• Fortalecimiento de la confidencialidad de la información.

• Reducción de costos económicos para la Administración Pública en general.

Datos curiosos

• En este 2016 se cumplen 10 años desde que se implementó por primera vez el Sistema de Declaración Jurada de Bienes.

• Para el proceso de declaraciones anuales 2015 se requirió la colaboración de 63 funcionarios de la CGR; con la implementación de la recepción de DJB de manera electrónica, para el 2016 se requerirá únicamente la participación de 30 funcionarios.

• La implementación de la recepción de la declaración jurada de manera electrónica, representa un ahorro de más de 10 millones de colones para la CGR, solamente tomando en cuenta la recepción de DJB Anuales durante el mes de mayo.

El Área de Servicios Económicos de la CGR emitió el informe DFOE-EC-IF-09-2016; la auditoría tuvo como propósito determinar la eficacia y eficiencia del servicio educativo que brindan los colegios nocturnos (período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015) en función del valor agregado que éstos brindan a sus usuarios e incorporando criterios de eficiencia en el uso de los recursos disponibles.

El presente estudio aplica por primera vez un enfoque para valorar la eficacia del servicio educativo que prestan los colegios nocturnos, en función del valor agregado que éstos brindan a sus usuarios, incorporando adicionalmente, criterios de eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Lo anterior implica la valoración de los directores, docentes y estudiantes de esta modalidad educativa, en lo referente a las áreas y variables que como usuarios del servicio, consideran críticas por su incidencia en la prestación del servicio.

Datos relevantes de los colegios nocturnos

En términos de derechos ciudadanos, la modalidad de colegios nocturnos brinda oportunidad a aproximadamente 47.000 estudiantes (año 2014) cifra que representa un 14,4% del total de estudiantes matriculados en educación secundaria durante ese año. Adicionalmente, la cantidad de colegios nocturnos (modalidad académica y técnica) ha tenido un crecimiento cercano al 21,7% en un período de 12 años (46 colegios en 2003, 56 colegios en 2014) siendo que para este último año representó el 15% de la totalidad de instituciones de educación secundaria del país.

Resumen general de hallazgos

• El servicio educativo que brindan los colegios nocturnos, de conformidad con la valoración de sus docentes y estudiantes, como usuarios de esos servicios, obtiene en la medición de su eficacia un puntaje de 60,9 puntos.

• El estudio revela que los estudiantes y profesores de los colegios nocturnos reciben, según sus requerimientos, un servicio educativo con condiciones de infraestructura insuficiente o no apta para sus necesidades; asimismo enfrentan limitaciones en el acceso de instalaciones existentes, entre las cuales están las aulas para impartir y recibir lecciones, laboratorios de cómputo, bibliotecas, comedores, servicios sanitarios, dotación de mobiliario y, además tampoco cuentan con un adecuado aprovisionamiento de los suministros necesarios para su funcionamiento.

• Se detectaron debilidades en la gestión del servicio educativo que ofrecen los colegios nocturnos, en aspectos tales como: cumplimiento del calendario escolar, suficiencia de las visitas de supervisión y asesoría, puntualidad y asistencia a clases, así como en la implementación del Programa de Informatización para Alto Desempeño (PIAD), creado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) con el objetivo de que los docentes incorporen, información relacionada con la gestión pedagógica y administrativa, así como información de la población estudiantil, permitiendo con ello mejorar la calidad de la educación.

• Se evidencian debilidades en los mecanismos que utiliza el MEP para mejorar las condiciones de acceso y lograr la permanencia de los jóvenes y adultos en el sistema educativo, denominados Programas de Equidad

Disposiciones del informe

Se emiten disposiciones y recomendaciones a la Ministra de Educación Pública con el propósito de solventar las debilidades encontradas en este informe. Dichas disposiciones serán objeto de seguimiento en el área correspondiente en la CGR.

Mediante oficio adjunto, la CGR refrendó el Acuerdo de Contrato y a las Adendas 1, 2, 3 y 4 del "Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón", suscritos entre el Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI- y las empresas China Harbour Engineering Company Limited y China Harbour Engineering Company de Costa Rica, S.A, por un monto de $465.593.387,06 dólares bajo la modalidad de suma alzada.

Razones del refrendo

El referido contrato y sus adendas, se sustentan en los dispuesto en la Ley No.9293, mediante la cual se “Aprueba financiamiento al proyecto rehabilitación y extensión de la ruta nacional N° 32 sección cruce ruta 4-Limón”, en la que se avaló la contratación de la empresa china CHEC para la ejecución de este proyecto. De esa forma, el análisis de la Contraloría General tomó también como punto de partida las reglas definidas en la ley del préstamo, en donde se definió varios aspectos no solo del financiamiento sino del mismo contrato y su ejecución.

La modalidad de la contratación es de suma alzada, de tal forma que el contratista se compromete a la ejecución de la totalidad de los diseños y las obras, por el monto que ha sido definido en el contrato. Le corresponderá a la Administración implementar los mecanismos de fiscalización adecuados, a partir de las diferentes instancias que se han establecido en la ley y en el contrato, de frente a la ejecución del contrato comercial para este proyecto y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de préstamo.

Pasos a seguir

Las observaciones más relevantes del documento se refieren a elementos clave como: la estructura organizativa del proyecto, el tratamiento planificado de las expropiaciones y reubicación de servicios públicos, así como la razonabilidad del plazo y el precio, y la necesidad de contar con el suficiente contenido presupuestario para la ejecución (ver detalle de ítems en oficio adjunto).

Una vez refrendado el contrato, la Administración debe notificar al contratista la orden de inicio de la etapa de diseño. Contractualmente se estableció para la etapa de diseño un plazo de 8 meses, mientras que para la etapa de construcción se estipuló un plazo de 34 meses, para un total de 42 meses de ejecución.

Mediante el programa "Juntos somos más", la CGR inicia esta semana un programa de vinculación ciudadana mediante dos proyectos directamente enlazados con el sistema educativo, tanto en primaria como secundaria. Estos dos proyectos serán expuestos este jueves 14 de abril, a las 10 am, en la escuela Alejandro Rodríguez, en Vuelta de Jorco de Aserrí. Les detallamos a continuación los contenidos de ambos:

Este proyecto busca certificar como “proba” la gestión de la comunidad de los centros educativos de primaria, incluyendo el cuerpo docente-administrativo así como todo el estudiantado. Dicha certificación se logra mediante el cumplimiento de una serie de actividades vivenciales en la que demostrarán la realización en su gestión de cinco de los principios que conforman el valor “Probidad”: rectitud, buena fe, no discriminación, uso eficiente de los recursos y respeto a lo normado/dispuesto o legal. Se aplicará una metodología dinámica y lúdica que permita a los menores relacionarse fácilmente de tales principios.

Centro educativo proyecto piloto 2016:
Escuela Alejandro Rodríguez Rodríguez, Vuelta de Jorco de Aserrí.
Población estudiantil meta: 400 niños (maternal a sexto grado).

El objetivo de este proyecto es formar, fomentar y desarrollar la participación activa, responsable e inclusiva de los estudiantes de secundaria a través de la integración de una denominada “contraloría estudiantil” por medio de la realización de una serie de acciones orientadas en tres ejes centrales: 1) Formación en ciudadanía, derechos y valores para la generación de prevención de la corrupción y su intolerancia, 2) Desarrollo de destrezas para el ejercicio del control social o ciudadano en temas inherentes a su realidad que sean de interés directo de toda la comunidad estudiantil, y, 3) Implementación de actividades de proyección a su comunidad con el objeto de desarrollar habilidades gestoras en coadyuvancia a la realización del bienestar general y como medio para informar y rendir cuentas sobre su labor a los demás.

Centro educativo proyecto piloto 2016: Liceo de Vuelta de Jorco de Aserrí
Población estudiantil meta: 260 jóvenes (de sétimo a undécimo año)

Impacto de la CGR en la prevención de la corrupción

En la CGR estamos conscientes que la formación en valores resulta ser hoy el eje primordial en la lucha contra la corrupción. La prevención ha promoverse desde los primeros años de la infancia y desde todos los estrados posibles. Con tal objeto, hemos establecido estos dos proyectos con la intención de impactar la comunidad nacional a través de la ruptura de la indiferencia y la generación de la intolerancia a toda forma de corrupción, esto con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía consiente, participativa y vigilante.

La CGR publicó el Informe “Presupuestos públicos 2016. Situación y perspectivas”, en el cual se presenta la información correspondiente a los presupuestos del Sector Público que se ejecutarán en el 2016 y su vinculación con la situación fiscal del país. Este Informe pretende contribuir al ejercicio del control político y administrativo, lo mismo que a la toma de decisiones que favorezcan el uso eficiente de los recursos públicos.

Datos relevantes del análisis

Para 2016, los presupuestos públicos (291 presupuestos) aprobados alcanzan la suma de ¢22.127.834 millones (72,8% del PIB), conformados por:

• Gobierno Central: ¢8.000.120 millones (36%)

• Entidades de los sectores descentralizado y municipal: ¢14.062.555 millones (64%)

• Entidades privadas que administran fondos públicos: ¢65.158 millones

Los presupuestos improbados suman ¢171.406 millones, y obedecen a la aplicación de la política presupuestaria de contención del gasto por parte de la Autoridad Presupuestaria, a la falta de razonabilidad de algunas estimaciones contenidas en los presupuestos, y al financiamiento de gastos con ingresos no autorizados para tal fin, entre otras razones (BCR, ITCR, BPDC, AYA, Bomberos, PANI, IAFA, y INS son algunos de los presupuestos improbados -ver archivo adjunto-).

Presupuestos 2016 y situación fiscal

Aunque las cifras contenidas en los presupuestos públicos implican por lo general un déficit en torno al 13% del PIB, la ejecución presupuestaria real genera finalmente un déficit inferior al 6,0%. Así, para el 2016 el Programa Macroeconómico estima un déficit del 5,9% del PIB para el sector público.

Este resultado es producto de la combinación de un superávit generado por las instituciones descentralizadas (superior a ¢2 billones) y al déficit del Gobierno Central (se proyecta 6,2% del PIB) lo que refleja reiteradamente que el Gobierno transita una ruta de insostenibilidad dado que la deuda sigue en aumento en proporción al PIB hacia niveles cada vez más preocupantes. En 2015, la deuda del Gobierno Central aumentó 3,4% del PIB y se ubicó en 42,7%. Por su parte, la deuda no consolidada del Sector Público (sin entidades financieras salvo el Banco Central) se ubicó en 60,3% del PIB, frente a 56,7% en 2014.

Composición de los presupuestos 2015

La atomización y fragmentación de la estructura del Estado Costarricense:

• Dificulta la coordinación en la implementación de políticas.

• Genera duplicidades de funciones con consecuente desperdicio de recursos públicos.

• Dificulta la evaluación de resultados y el control de la gestión.

Según objeto del gasto, la mencionada suma de ¢22 billones, se distribuye de la siguiente manera:

• Remuneraciones: 26%. Crece 5,0% respecto al presupuesto definitivo 2015.

• Transferencias corrientes: 23%. Crece 3,3% respecto al presupuesto definitivo 2015.

• Servicios: 11%. Decrece 0,4% respecto al presupuesto definitivo 2015.

• Materiales y suministros: 10%. Decrece 3,4% respecto al presupuesto definitivo 2015.

• Intereses y comisiones: 9%. Crece 4,9% respecto al presupuesto definitivo 2015.

• Amortización: 8%. Decrece 6,4% respecto al presupuesto definitivo 2015.

• Bienes duraderos, activos financieros, transferencias de capital y cuentas especiales, en orden de importancia: 13%. Decrecen en conjunto 24,9% respecto al presupuesto definitivo 2015.

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe N.° DFOE-DL-IF-01-2016; el objetivo del estudio fue evaluar la gestión llevada a cabo por los 81 gobiernos locales en cuanto a la prestación accesible, selectiva, periódica y eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios. El período objeto de análisis fue el comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

La recolección de residuos ordinarios atiende una necesidad básica de saneamiento ambiental, la cual contribuye a garantizar el derecho constitucional de las personas a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta necesidad debe satisfacerse en las jurisdicciones de los 81 gobiernos locales, a lo largo y ancho de los 51.100 km2 que conforman el territorio costarricense, y para una población nacional que supera los 4,5 millones de habitantes.

Resumen general de hallazgos

Entre otros:

• En 70 de los 81 gobiernos locales, existen algunas comunidades que no tienen acceso al servicio de recolección de residuos municipal. Se estima que son 87 distritos de 481, los que no tienen acceso a dicho servicio municipal. En consecuencia, en las comunidades donde no existe el servicio, sus habitantes por lo general, recurren a utilizar métodos o prácticas no controladas, tales como: enterrarlos, quemarlos o botarlos en un lote baldío.

• Las frecuencias definidas en la recolección de residuos en algunos casos, presentan riesgos asociados al hecho de que los ciudadanos se vean motivados a utilizar prácticas como la quema de residuos o su disposición en cuerpos de agua, o bien, que no se brinde la igualdad en el trato a los usuarios del servicio cuando se cobra una misma tasa por el servicio de recolección, pero con frecuencias de recolección distintas.

• El acceso y la frecuencia de un servicio que le garantice a los ciudadanos la recolección de residuos selectiva sigue siendo limitado, ya que en la mayoría de gobiernos locales no se realiza, se carecen de datos para demostrar el avance, solo ofrecen campañas de recolección ocasionales o los porcentajes de recuperación de residuos son poco significativos.

• Estas situaciones incidieron para que en el año 2014, el porcentaje nacional de recuperación de residuos municipal destinados al reciclaje y compostaje, no superara el 1,26%, es decir, de 961,5 mil toneladas recolectadas en ese año, se recuperaron para la valorización 12,1 mil toneladas y las restantes 949,4 mil toneladas, se enviaron a rellenos sanitarios y vertederos municipales.

El servicio de recolección de residuos presenta debilidades en el diseño de las rutas de recolección, casi la mitad de los camiones recolectores municipales no se encuentran en óptimas condiciones, y el extenso recorrido realizado en el transporte de los residuos hasta los sitios de disposición final por algunas municipalidades, son factores que tienen repercusiones en la eficiencia, continuidad y la cobertura del servicio de recolección.

En conclusión, la mayoría de gobiernos locales no han demostrado que el servicio de recolección de residuos a su cargo, se brinda en apego a principios de eficacia y eficiencia, de modo que se atiendan completamente las necesidades de todos los habitantes del cantón en esta materia, y a su vez, se garantice la prestación de un servicio con la mejor calidad, con procesos de recolección optimizados, al menor costo posible y orientado a evitar que se siga desperdiciando el valor que realmente tienen los residuos ordinarios.

Disposiciones

A los Alcaldes/as de las 81 municipalidades se les dispone, realizar un análisis que considere los resultados expuestos en el presente informe, a fin de que se establezcan las acciones de mejora necesarias para corregir las debilidades asociadas a la gestión del servicio de recolección de residuos ordinarios. También, se giran disposiciones a 14 gobiernos locales, para que se emita y apruebe el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos. Adicionalmente, se emiten recomendaciones al Ministro de Salud y a la Ministra de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, valoren los resultados del presente informe y los considere como un insumo en el cumplimiento de los mandatos que el ordenamiento jurídico les establece en materia de gestión integral de residuos. Las disposiciones serán objeto de seguimiento por la de la CGR.

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió el informe Nro. DFOE-SOC-IF-26-2015, cuyo objetivo fue evaluar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio de consulta externa-medicina general en el Primer Nivel de Atención, el cual está conformado como se muestra en la figura adjunta:

Resumen de hallagos

• Los recursos asignados al Primer Nivel de Atención, durante los últimos diez años, han sido en promedio menores con respecto al Segundo y Tercer Nivel de atención, situación que va en dirección contraria respecto de lo que se pretendía en la Reforma del Sector.

• El servicio de consulta médica que brindan las Áreas de Salud mostró un deterioro de la eficiencia, reflejado por un aumento real del costo por consulta en la atención del Primer Nivel de un 62%, en los últimos diez años.

• El indicador “Promedio de consultas por hora en las Áreas de Salud”, arrojó resultados que no alcanzan los parámetros institucionales establecidos, debido a que el promedio máximo alcanzado por las Áreas de Salud, para los últimos diez años, en conjunto, fue de 3,78 consultas por hora.

• El indicador “Porcentaje de EBAIS conformados con 4.000 habitantes o menos” evidenció que de los 1.019 EBAIS (al 31/12/2014) sólo el 39% tiene asignada una población igual o inferior al criterio indicado, mientras que el restante 61% lo supera, o sea, 624 EBAIS, mantienen poblaciones asignadas que van desde los 4.000 y hasta los 21.637 habitantes.

• El indicador denominado “Cantidad de habitantes por médico general en función clínica dedicado a la atención de la consulta externa-medicina general”, en donde se consideró como parámetro, el que deba existir un médico general por cada 4.000 habitantes como máximo, mostró que existe una relación de 4.684 habitantes en promedio por cada médico general en los EBAIS conformados al 2014.

• Aproximadamente el 80% de las Áreas de Salud analizadas programan actividades de promoción de la salud a menos del 1% de su población adscrita.

• Según encuesta realizada por la CGR para esta auditoría, la percepción de los usuarios en la mayoría de los aspectos consultados alcanzan porcentajes del rango “No cumple”, en especial los referidos con el acceso para conseguir citas y la participación en actividades de promoción de la salud.

Se giran disposiciones a la Junta Directiva, Gerencia Médica y Gerencia Financiera con el fin de que se atiendan las debilidades señaladas en este informe, mismas que serán objeto de seguimiento por parte del área correspondiente en la CGR.

El Área de Administración Financiera de la CGR emitió el informe DFOE-SAF-IF-06-2016 sobre la eficacia en la gestión de las aduanas, la evaluación de la infraestructura, la existencia de equipo de control en las aduanas, y se analizaron los resultados de varios indicadores relevantes atinentes a los objetivos principales de las aduanas: facilitación del comercio, control del tráfico de mercancías y la recaudación tributaria. El periodo analizado fue del 1° de enero de 2011 y el 30 de setiembre de 2015.

La recaudación tributaria producto de las operaciones del comercio internacional es de alta relevancia, ya que representó en promedio un 28% (sin el impuesto a los combustibles) de los ingresos tributarios del Gobierno Central en el periodo 2011-2014.

Resumen general de hallazgos

• Se estableció que la infraestructura aduanera en Costa Rica es muy deficiente, especialmente en las aduanas fronterizas, lo cual afecta el cumplimiento de sus objetivos de facilitación, control del comercio, y la recaudación tributaria. A pesar de esto, las partidas de materiales y suministros y bienes duraderos son las que presentan los menores niveles de ejecución durante el periodo 2011-2014. En promedio la ejecución de los bienes duraderos alcanzó durante el periodo el 33%, con un mínimo en 2013 de 12%. La negociación de un préstamo con el BID desde 2013 para mejorar las aduanas fronterizas, no se ha finiquitado aún.Estas debilidades afectan las labores de control y limitan la facilitación del comercio y son condiciones que aumentan la posibilidad de defraudación fiscal, la corrupción y el tráfico ilegal de mercancías.

Aduanas de Costa Rica carecen de equipo de revisión y control adicionales a los sistemas informáticos como:	Otras problemáticas presentes en algunas aduanas:
X  Escáneres X  Equipo de pesaje X  Rayos X X  Rayos láser	X  Edificaciones defectuosas X  Ausencia de cámaras de seguridad X  Poca iluminación X  Ausencia de agujas de control vehicular X  Bodegas saturadas X  Hacinamiento de oficinas X  Problemas de salubridad X  Uso deficiente del espacio X  Limitada disponibilidad de horarios X  Dinámica vial y social compleja alrededor de la zona aduanera

 

• En materia de facilitación del comercio, se determinó que, en promedio anual, aproximadamente en un 40% de los casos de revisión física no se autorizó al importador el retiro de la mercancía en menos de 48 horas, en 25,7% de los casos el tiempo de despacho superó las 96 horas y 15,3% de los casos superó las 120 horas.

• En cuanto al control de mercancías, en los regímenes de importaciones y exportaciones en las aduanas se presentan algunos meses con porcentajes de revisión física y documental bajos y muy bajos con relación aquellos meses en los cuales sus porcentajes fueron muy altos, situación que representa una oportunidad de mejora para la administración dado que cada aduana presenta particularidades y puntos de eficacia a los cuales deberían de migrar.

• En el tema de recaudación, no fue posible identificar un impacto estadísticamente significativo de la revisión física en la recaudación tributaria, y se determinaron brechas entre los volúmenes de varias partidas de importaciones registradas en aduanas y la información de cuentas nacionales, que generaron una diferencia en la recaudación potencial de dichas partidas del 20,9%, lo cual debe ser valorado por la Administración.

Disposiciones de la CGR

Al Ministro de Hacienda: para que establezca las medidas de contingencia que se adoptarán a la brevedad para atender la seria problemática de infraestructura y equipamiento que muestran las distintas aduanas del país, y además para que elabore una cartera de proyectos de mantenimiento y modernización de las aduanas. Al Director General de Aduanas: valorar las reglas de riesgo detectadas en este informe y tomar las medidas que le competen para solventar dichos hallazgos.

El Área de Infraestructura de la CGR realizó una auditoría operativa en el Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI-, cuyo objetivo fue evaluar la eficiencia y economía en el desempeño del proceso contractual y de gestión de calidad así como el costo y plazo en la ejecución de los proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras de la Red Vial Nacional.

La construcción y el mejoramiento de infraestructura vial es de suma importancia para el desarrollo socioeconómico del país; por una parte, mejora el transporte interno de los ciudadanos a sus centros de estudio, trabajo o recreación; por otra, facilita el transporte de productos a los puertos, aeropuertos, fronteras terrestres y centros de consumo, agilizando los flujos de comercio nacional e internacional.

Hallazgos principales

• En cuanto al proceso de ejecución de las obras, se determinó que de cinco proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras finiquitados, cuatro presentan un bajo nivel de eficiencia global en la gestión y uno presenta un nivel de eficiencia medio. Además, en cuatro proyectos la orden de inicio se dio de forma inoportuna y se firmó bajo protesta por parte del contratista por cuanto no se cumplía con todas o algunas condiciones precedentes responsabilidad de la Administración.

• De 14 proyectos revisados (finiquitados y no finiquitados a julio de 2015), en todos se incorporaron “trabajos no contemplados” o no considerados en los diseños y cantidades de obra a ejecutar; un 36% de los proyectos, contaba con los diseños de las obras desactualizados al momento de licitar el proyecto para la fase constructiva, un 36% de los diseños requirieron revisión y únicamente el 28% de los diseños estaban actualizados.

• En ningún caso se contrató la verificación de la calidad oportunamente y se encontraron dificultades en relación con la disponibilidad del derecho de vía, además no se realizaron de manera oportuna las coordinaciones o convenios pertinentes para la reubicación de los servicios públicos y la asignación de la cuadrilla de topografía fue ausente, insuficiente o tardía.

• De 7 proyectos, solo en uno se efectuaron todos los ensayos requeridos para el control de la calidad. Las pruebas de ensayo a los materiales granulares como subrasante, subbase y base estabilizada son las que se realizan en menor cantidad. Tampoco se realiza verificación de la calidad por parte del CONAVI, pese a contar con dependencias que podrían efectuar dicha verificación y a haber adquirido equipos para ejecutar los ensayos de control de calidad para los materiales referidos.

• Se presentan oportunidades importantes de mejora en el proceso de finiquito de los proyectos, pues solo tres proyectos se finiquitaron en el tiempo recomendado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

• En relación con el proceso contractual de proyectos, se determinó que de la revisión de 49 diseños de proyectos contratados en el periodo 2000-2014, ninguno estuvo basado en estudios de preinversión, con el agravante que un 65% de esos diseños aún no han sido licitados para la fase constructiva, siendo un gasto para el CONAVI de 3.040 millones de colones.

• Los procesos de licitación no promueven el máximo esfuerzo del contratista en beneficio del interés público, pues únicamente se premia el precio con posibles descuentos, dejando de lado incentivos relacionados con el plazo y la calidad.

• El CONAVI no cuenta con un sistema que garantice la confiabilidad, oportunidad y utilidad de la información para elaborar los presupuestos para evaluación de las ofertas.

Se giran disposiciones a las autoridades del CONAVI para corregir las situaciones detectadas en esta auditoría, mismas que serán objeto de seguimiento por parte del área correspondiente en la CGR conforme los plazos establecidos en el informe.