Antecedentes históricos

En Costa Rica, los esfuerzos por lograr un correcto manejo de los fondos públicos se remontan a la época colonial, cuando se generaron una serie de disposiciones que regulaban las actuaciones de funcionarios de Gobierno. Tal es el caso de las Leyes de Indias, las cuales, en conjunto con algunas instituciones como la Residencia, la Visita y la Rendición de Cuentas, constituyen un antecedente básico del control financiero actual.

En el año 1825, como país independiente, se promulgó la 1era Ley Fundamental de Costa Rica, el Pacto Social Interino o Pacto de Concordia, en la cual se destaca la preocupación por salvaguardar el orden en el manejo de la Hacienda Pública. De ahí que se creara un Tribunal de Cuentas a cargo del Congreso, cuya función principal era ejercer un control financiero de orden político, examinando los resultados de las principales rentas que debían rendir los Jefes de Estado.

Posteriormente se emitieron diferentes decretos que organizaron y reorganizaron una Contaduría Mayor, la cual se definía como un tribunal superior de cuentas que examinaba, glosaba y fenecía las cuentas que debían rendir los administradores, tesoreros y recaudadores de fondos públicos. Este tribunal de cuentas, que en sus orígenes fue competencia del Poder Ejecutivo, sufrió diversos altibajos en el transcurso del tiempo, llegando incluso a suprimirse.

En 1922, mediante Ley No. 8 del 26 de mayo, se creó la Oficina de Control, la cual asumió las funciones de la Contaduría Mayor. Además, debía aprobar anticipadamente el presupuesto del año siguiente y ejercer el control presupuestario. Dependía también del poder Ejecutivo y tenía rango constitucional.

Por otra parte, con la Ley No. 6 de 26 de mayo de 1924 se establece un Centro de Control, encargado de fijar los gastos ordinarios de la Administración Pública para el año siguiente y los extraordinarios cuando fuera el caso, velar porque esos gastos se ajusten a dicha fijación y cuidar de la debida y oportuna entrada y salida de los ingresos y egresos del Tesoro Público, dicho Centro estaba a cargo de un Jefe de Centro y su respectivo suplente.

Posteriormente, la Ley No. 8 de 1922 y sus reformas fueron derogadas mediante la Ley No. 2000 del 6 de septiembre de 1945, Ley Orgánica del Centro de Control, que estableció el Centro de Control como una institución auxiliar del Poder Legislativo, con independencia de los demás poderes.

Esta Ley y sus reformas se derogaron mediante Ley No. 200 del 6 de setiembre de 1945, cuando se creó el Centro de Control, que era una institución auxiliar del Poder Legislativo, con independencia de los demás poderes.

En 1949, la Asamblea Constituyente convocada luego de la guerra civil del año anterior y su consecuente ruptura del orden constitucional, evaluó las funciones del Centro de Control y determinó la necesidad de que existiera un órgano que vigilara permanentemente la inversión, procedencia, manejo financiero, económico y legal de los fondos públicos. Es así como se incluyó en la Constitución Política actual un capítulo que creó a la Contraloría General de la República, entidad que tendría la finalidad de ser el freno y contrapeso legislativo en la ejecución y liquidación de presupuestos.

1950
Mediante la Ley No.1252 del 23 de diciembre de 1950, que empezó a regir el 1 de enero de 1951, se emite la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que dio vida jurídica a la Institución. Esta Ley fue sustituida por la Ley No. 7428 del 7 de setiembre de 1994, la cual señala los objetivos, funciones, atribuciones, procedimientos y organización de la CGR.

1951
Comienza sus funciones la Contraloría General de la República con un presupuesto de ¢300.000 y bajo la dirección de los señores Amadeo Quirós Blanco y Rodolfo Castaing Castro, Contralor General y Subcontralor General de la República, respectivamente.