Es el área concentrada y especializada en el seguimiento de las disposiciones –así como en la valoración de su impacto- que se emitan en los informes o documentos respectivos de las demás áreas de fiscalización superior, previa coordinación con ellas y desde el momento en que se elaboren esos productos.

Su propósito es promover las mejoras en la gestión pública que aporten valor a las partes interesadas, mediante un seguimiento constante, resiliente y efectivo.

Para ello, como parte de las funciones dispuestas en el artículo 12 del Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República, le corresponde específicamente:

1. Asegurar oportunidad y efectividad en el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
2. Preparar los informes y relaciones de hechos correspondientes, ante eventuales incumplimientos de las disposiciones emitidas por parte de los responsables de cumplirlas.
3. Servir como interlocutor de la DFOE ante la División Jurídica en relación con los casos en donde se presuma la responsabilidad de algún funcionario por incumplir con disposiciones de la DFOE.
4. Procurar el aseguramiento de la calidad de las disposiciones derivadas de los informes u otros documentos, y valorar el impacto de la fiscalización a partir de las disposiciones dictadas por el órgano contralor.
5. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del servicio al cliente externo, emisión de criterios vinculantes, capacitación y asesoría sobre Hacienda Pública en la materia de su competencia.

Está a cargo de: