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La CGR emitió un análisis sobre la gestión crediticia financiada con recursos públicos en 17 entes y órganos que otorgan créditos de desarrollo a los ciudadanos y MIPYMES, en el cuál se identificaron deficiencias originadas en la fragmentación del sistema y en la ausencia de una regulación y supervisión financiera efectiva. Esta desarticulación provoca, al menos, cuatro problemas críticos en el uso de recursos públicos, evidenciados en los datos a 2024 y 2025. Las situaciones detectadas comprometen la sostenibilidad de estos fondos y limita el acceso ciudadano al impacto social e inclusividad que busca el sistema.

¿Cuáles son las instituciones públicas analizadas?

Los entes y órganos analizados en este estudio son: Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Corporación Bananera Nacional (Corbana), los Fideicomisos N° 955 para el cultivo de Palma Aceitera y para los productores de Piña, Fondo de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme), Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), Fondo Nacional de Financiamiento Ambiental (Fonafifo), Fondos especiales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP Bienestar, Fondo Especial para el Desarrollo, Fondo Especial de Vivienda), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), Instituto Nacional de Fomento Municipal (IFAM), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (Faesupt).

¿Qué encontramos en el análisis?

Falta de focalización: los recursos no llegan prioritariamente a quienes más lo necesitan lo que revela una profunda desigualdad: el 10% de los beneficiarios con los mayores ingresos concentra el 19,6% del monto total de los créditos.
Ausencia de controles en el otorgamiento de créditos: el 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no están inscritos en la CCSS y el 28,8% no lo está en el Ministerio de Hacienda, esta informalidad debilita la trazabilidad, e incrementa el riesgo de legitimación de capitales.
Duplicidad y concentración de créditos: la falta de un sistema de información crediticia integrado ha permitido que tan solo 10 beneficiarios acaparen 684 operaciones crediticias por un monto de 6.434 millones de colones. Este patrón demuestra que el sistema tiende a recircular fondos entre unos pocos, distorsionando la distribución equitativa y limitando severamente su impacto social.
Insostenibilidad financiera del sistema crediticio: la morosidad promedio del sistema (5,53%) duplica el estándar bancario (cercano al 3%), (caso extremo JUDESUR con un 56,9%). Este alto nivel de riesgo, agravado por las condonaciones de deuda, pone en peligro la sostenibilidad de los fondos para futuros proyectos sociales y productivos.

La CGR acaba de aprobar los recursos presupuestarios para el pago de las licencias de cuido para pacientes en enfermedad y/o etapa terminal, por un monto de 2.700 millones de colones, incluidos dentro del presupuesto extraordinario No. 2 de la entidad, remitido a la CGR para su respectivo análisis el pasado jueves 6 de noviembre.

Para mayor referencia de los otros recursos sometidos a análisis en ese presupuesto extraordinario, remitimos al oficio correspondiente, DFOE-BIS-0653-2025.

Corresponde a la CCSS ahora disponer de dichos recursos, trámite en que la CGR no tiene responsabilidad alguna.

La CGR, en el marco de una denuncia ciudadana y en ejercicio de sus competencias legales, ante la crisis generada por la puesta en marcha del sistema ERP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), sin haberse garantizado condiciones mínimas de operatividad y funcionamiento, emitió una serie de órdenes dirigidas a la Junta Directiva y a Gerencias Institucionales de esa institución, para proteger la Hacienda Pública, la regularidad del servicio público esencial de salud y el sistema de control interno institucional.

¿Qué ocurrió para llegar a esta crisis?

La trayectoria de los incidentes escaló, en severidad, de forma progresiva y sistemática: comenzó con la interrupción de servicios; evolucionó hacia la pérdida de información esencial para la toma de decisiones; alcanzó un punto crítico al comprometer la seguridad financiera, operativa y de las personas; y, culminó en el nivel de crisis actual, con impactos que amenazan la continuidad de las operaciones. Esta tipificación fue reconocida por la firma asesora ante la Junta Directiva en septiembre de 2025 (Sesión No.9544), al señalar que “ya salimos del modo crisis de proyecto y entramos al modo crisis institucional. Porque esto ya nos empieza a afectar una parte importante, que es el impacto directo en el servicio”.

En atención a lo anterior, la CGR ordenó a la Junta Directiva:

Instruir a las Gerencias Financiera y de Logística la elaboración, implementación y supervisión de un plan de recuperación de las operaciones en el entorno del ERP.
Garantizar que dichas gerencias cuenten con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para ejecutar el plan.
Restituir las funciones otorgadas al Plan de Innovación mediante el oficio PE-2313-2025, trasladándose nuevamente a las gerencias competentes.
Establecer mecanismos de seguimiento y control desde la Junta Directiva para asegurar la trazabilidad de las acciones implementadas.

Asimismo, instruyó a las Gerencias Financiera y de Logística:

Elaborar el plan de recuperación considerando objetivos, acciones, resultados, plazos, responsables, riesgos y puntos de control.
Obtener apoyo experto independiente con experiencia en sistemas ERP de clase mundial.
Definir mecanismos efectivos de coordinación y ejecución, valorando la continuidad o sustitución del Comité Ejecutivo de Atención de Temas ERP.
Contratar una auditoría externa especializada en ERP para evaluar la integridad y seguridad del sistema, la confiabilidad de los datos y las configuraciones de acceso.

Corresponde ahora a la administración ejecutar las acciones necesarias de manera urgente. La CGR, dará seguimiento oportuno a lo dispuesto en esta orden, además, continúa en la ejecución de acciones de fiscalización.

Con el fin de mantener actualizado el tema del pago de licencias de cuido de la CCSS, se informa:

El presupuesto extraordinario remitido por la CCSS, que contiene ¢2.700 millones para el pago de las licencias de cuido, llegó a la CGR hasta el jueves 6 de noviembre. Esto es importante para desmentir versiones de que hace mucho tiempo estamos sin resolver.
El presupuesto extraordinario remitido por la CCSS NO tiene solo ese rubro de gasto sino varios gastos por un monto total de ¢50.459 millones, de modo que no podemos resolver solo sobre esos recursos de la licencia de cuido sino sobre el presupuesto global enviado por la CCSS. Esto es relevante pues no implica solo revisar los ¢2.700 millones sino la totalidad de los recursos.
El presupuesto se encuentra en análisis desde el instante que ingresó a la CGR, no al Despacho de la Contralora (quien no tiene la competencia institucional de aprobación presupuestaria) sino a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, área sustantiva donde tienen esa competencia.
La CGR, absolutamente comprometida con la diligencia que requiere esta gestión, está analizando a la brevedad este presupuesto extraordinario de la CCSS y, en cuanto resolvamos, informaremos con la urgencia que requiere. Las personas beneficiarias del subsidio del programa de fase terminal pueden tener la certeza de que la CGR está comprometida con la agilidad del análisis para su atención expedita.
La responsabilidad por haber remitido la gestión presupuestaria conforme a derecho y reglas presupuestarias es de la CCSS, no de la CGR. Esto lo indicamos porque la intención de culpabilizar a la CGR por lo que pueda ocurrir está fuera de lugar, además de lo tardío de la gestión y de las claras responsabilidades que recaen sobre el gestionante de cumplir con el bloque de legalidad aplicable.
Mientras la gestión se encuentre en estudio, no podemos adelantar criterio al respecto. Apenas resolvamos, informaremos de forma inmediata, como es nuestro habitual proceder.

Contraloría General de la República
San José, Costa Rica
Cédula Jurídica: 2-200-042154

Última actualización: 11/2025
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