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La CGR emitió un informe dirigido a la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur) respecto a la gestión del proyecto de infraestructura del Depósito Libre de Golfito mediante un fideicomiso inmobiliario. El Depósito es la principal fuente de recursos para Judesur y se utiliza para el financiamiento de programas de desarrollo y becas en la Zona Sur, por lo que resulta relevante fiscalizar cómo Judesur gestionó ₡5.506 millones destinados a este proyecto, y si generó las condiciones necesarias para que la infraestructura contribuya efectivamente al fin público previsto y al desarrollo de la Zona Sur.

¿Qué encontramos en el estudio?

Incumplimiento generalizado del marco normativo y técnico aplicable: debilidades de gestión se extendieron desde la decisión inicial de inversión hasta la ejecución, recepción, utilización de los activos y aseguramiento posterior de la operación y protección de la infraestructura. Como resultado, se redujo el valor público esperado del proyecto, con los consecuentes riesgos para la Hacienda Pública y los recursos destinados al desarrollo de la Zona Sur.

Veamos algunos datos relevantes:

Detalle de los hallazgos:

Tras un rezago de 16 años, no se construyó el edificio administrativo, se rehabilitaron 8 de los 14 locales previstos y, al cierre de la auditoría, los ocho nuevos locales permanecían sin operar.
Judesur no dispone de información suficiente que acredite el sustento técnico-financiero de las decisiones ni la trazabilidad del uso de: a) ₡5.506 millones para el proyecto y b) ₡882 millones pagados por indemnizaciones judiciales a concesionarios entre 2015 y 2022.
Judesur no aseguró una supervisión estratégica ni verificaciones técnicas independientes que permitieran acreditar la razonabilidad del mecanismo utilizado y confirmar, antes de la recepción definitiva, la corrección de deficiencias detectadas en las obras.
Los ocho locales nuevos permanecían inactivos, por lo que al 30 de junio de 2026, Judesur dejó de percibir ₡342,78 millones.
Judesur carece de planes de mantenimiento o matrices de control.

La CGR emitió un informe de Seguimiento de la Gestión Pública, sobre las instituciones responsables de los sectores de movilidad vial, suministro eléctrico, hidrocarburos y atención de desastres, en relación a la capacidad que tiene nuestra infraestructura pública para resistir desastres naturales. Este tema es relevante pues estas obras son altamente vulnerables a los eventos climáticos extremos, lo que pone en riesgo constante la prestación de servicios básicos y la protección de las comunidades. Los resultados muestran la persistencia de un modelo de gestión reactivo, centrado en la reparación y reconstrucción en lugar de la prevención. Se detallan los reportes acá:

Infraestructura diseñada sin valorar riesgos: en el servicio de electricidad no se integran evaluaciones de riesgo multi-amenaza, desde la preinversión hasta la puesta en marcha de los proyectos.
Se siguen construyendo obras vulnerables: para la infraestructura de movilidad vial, no se analiza las amenazas del clima en los proyectos, por lo que la infraestructura puede sufrir daños recurrentes, y tampoco se utilizan datos científicos clave sobre clima y riesgo.
No se formalizan los roles y falta preparación técnica: en los proyectos de reconstrucción, se detectaron dificultades para definir roles y responsabilidades, así como para capacitar a los equipos de trabajo.
Integración de las comunidades y de sus necesidades: en el tema de hidrocarburos no se integra a las comunidades ni se evalúa si las obras en este ámbito realmente mejoran su calidad de vida.

Instituciones responsables:

Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en movilidad, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL) y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) en electricidad, Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en hidrocarburos y en proyectos de reconstrucción la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), así como las Municipalidades de Aserrí, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Desamparados, Dota, Guatuso, León Cortés, Limón, Osa, Pérez Zeledón, San Carlos y Sarapiquí.

La CGR emitió un informe al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) cómo rector técnico y responsable último, en relación a la seguridad hídrica del servicio de agua potable a cargo de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), para garantizar el acceso sostenible a agua de calidad y la protección de las fuentes hídricas. En Costa Rica, 1089 ASADAS dan servicio de agua al 21% de la población nacional.

Analizamos 42 de estas asociaciones, resultando los siguientes hallazgos:

Agua potable a cargo de las ASADAS sin seguridad hídrica. No se cumplen parámetros de calidad ni se satisface la demanda actual y futura en su totalidad en la población bajo su cobertura. No se mide la cantidad de agua producida y se desconoce el volumen de agua no contabilizada. Se denota una disminución en la cantidad de fuentes protegidas y 50% de las ASADAS analizadas no posee plan de mantenimiento.
AyA requiere reforzar la rectoría técnica y direccionamiento a las ASADAS. Existe poca capacitación técnica requerida para la operación de las ASADAS. La atención por asesorías por parte del AyA es inferior al 39%. Casi la mitad de estas asociaciones manifestaron que la colaboración del AyA no genera valor en funciones operativas a su cargo. Las fallas en la rectoría ejercida por el AyA repercuten directamente en las brechas evidenciadas en el servicio brindado por las ASADAS que abastece a más de 78.000 personas.

La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) respecto la gestión operativa-financiera en relación a las tarifas y la sostenibilidad de los servicios públicos brindados por el AyA y la respectiva regulación que compete al ARESEP, en los servicios de agua potable, alcantarillado, hidrantes, protección del recurso hídrico y servicios conexos. Se encontraron deficiencias importantes, que inciden de forma directa en la sostenibilidad de los servicios y en el costo para el usuario final.

Hallazgos de la auditoría

El AyA mantiene tarifas desactualizadas desde 2 y hasta 21 años en servicios de agua potable, alcantarillado, hidrantes y servicios conexos, que pone en riesgo la continuidad del servicio.
Por omisiones de AyA y ARESEP, se cobra injustificadamente a los ciudadanos por activos completamente depreciados. Cobros estimados en ₡38.816 millones en alcantarillado, ₡26.074 millones en agua potable y ₡511 millones en hidrantes.
El AyA usó recursos de otros servicios, para cubrir las pérdidas operativas de ₡9.292 millones en el servicio de acueductos en 2024, desviando fondos pagados por los usuarios hacia otros fines, en contra del principio de servicio al costo.
El AyA multiplicó en más de 140 veces el valor de algunas tuberías viejas en una zona en donde se pierde el 70% del agua, pero ARESEP denegó su reconocimiento en tarifas por no reflejar las condiciones reales ni generar beneficios a los usuarios.
El desorden financiero proyecta un déficit tarifario en acueductos según el AyA superior a ₡34.000 millones, amenazando futuras obras necesarias para la calidad y continuidad del servicio.

Contraloría General de la República
San José, Costa Rica
Cédula Jurídica: 2-200-042154

Última actualización: 08 / 2026
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Comunicados de Prensa

CGR advierte incumplimientos en gestión de ₡5.500 millones en JUDESUR

Vocero CGR

Humberto Perera Fonseca, gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades

CGR señala vulnerabilidad en infraestructura ante desastres naturales

Vocera CGR

Lía Barrantes León, gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible

CGR alerta riesgos en seguridad del agua de ASADAS

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Lía Barrantes León, gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible

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Lía Barrantes León, gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible

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