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La CGR emitió un informe al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) respecto a la eficacia y economía en el uso de los recursos del canon de explotación de las concesiones portuarias en Puerto Caldera, destinados al financiamiento de obras y equipo para proyectos de mantenimiento, construcción de infraestructura, ornato, limpieza y seguridad ciudadana, con énfasis en la actividad turística, en la provincia de Puntarenas. Para esta labor el INCOP ha recibido aproximadamente $41.1 millones de dólares en casi 20 años (2006-2026); no obstante, los proyectos no son eficaces ni económicos en su contribución al fortalecimiento del turismo.

Principales resultados:

Desconocimiento de la contribución turística: el 70% de los proyectos entre 2016-2026 no muestran su énfasis en la actividad turística, por lo que no se garantiza su contribución al turismo.
Limitada cobertura de inversiones frente a necesidades y potencialidades de desarrollo turístico: 5 de 14 Centros de Desarrollo Turístico concentran más del 75% de los recursos destinados a proyectos, sin considerar otras zonas con necesidades y alto potencial para el desarrollo turístico, y sin que el INCOP fundamente técnicamente su asignación.
Incapacidad para asegurar los mejores precios y cantidades óptimas de los proyectos ejecutados: Diferencias en cantidades de insumos de hasta un 220%, modificaciones acumuladas en la estructura de precios de los ítems, de hasta un 56% del monto contractual original y aumentos del costo final hasta de un 53%. Además, en ninguno de los 26 proyectos evaluados el INCOP dispuso de una base confiable para demostrar la razonabilidad de los precios ni las cantidades óptimas.
Alto riesgo de sobrecostos: Esta falta de control económico compromete la sostenibilidad financiera de los proyectos, elevando el riesgo de sobrecostos e impactando de forma negativa el aprovechamiento de los recursos del canon.

La CGR emitió un informe de auditoría a la Municipalidad de San Carlos, respecto de la gestión de procedimientos de contratación pública por excepción. Entre 2024 y 2025, este Gobierno Local realizó 211 procedimientos de este tipo, por un monto total de ¢488,00 millones. De la muestra analizada, por un total de ¢103 millones, se concluye que dicha Municipalidad presenta incumplimientos significativos.

¿Qué concluimos?

La gestión de contratación pública por excepción en este Gobierno Local presenta un incumplimiento generalizado de aspectos significativos del marco normativo y técnico, asociados a debilidades relacionadas con la no vinculación de la planificación institucional con las compras por excepción; la necesidad de profesionalización del personal a cargo de los procesos de contratación; la falta de acreditación de requisitos en el sistema digital unificado que limitan la transparencia y trazabilidad del proceso.

Principales resultados:

En el 100% de las compras por excepción revisadas no se evidenció estudio de mercado en el expediente, ni la acreditación de precios razonables.
El 31% de estas contrataciones no se vinculó a los planes operativos y el municipio carece de estrategias actualizadas para la capacitación del personal y la mitigación de riesgos.
Se hallaron vacíos normativos en 48 expedientes (₡103 millones), destacando el incumplimiento del plazo de invitación en el 78% de los casos de proveedor único.
Se detectaron adjudicaciones con valores de ₡1 en SICOP (entrega según demanda) y una falta de acreditación de requisitos para contratar artistas, talleres, capacitaciones y pautas publicitarias.
El 70% de las contrataciones evaluadas no incluyeron completas las declaraciones juradas exigidas por el propio gobierno local para prevenir conflictos de interés.

La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Hacienda en relación a los controles tributarios extensivos (revisiones rápidas y masivas) del pago de impuestos sobre los ingresos y utilidades. La implementación de controles eficaces es necesaria para que la Administración Tributaria prevenga, detecte y subsane los riesgos de incumplimiento, dado que la evasión y otras irregularidades debilitan la facultad del Estado para proveer bienes y servicios esenciales. Los riesgos tributarios analizados se presentan a continuación.

Principales resultados:

Los posibles incumplimientos asociados a los 6 riesgos analizados representan un monto acumulado de ¢1,8 billones entre 2023 y 2026.
Desplome en la ejecución de los controles. Las acciones de control ejecutadas cayeron drásticamente, pasando de 1.767 casos atendidos durante 2023 a únicamente 2 casos en todo el 2025.
Controles con demoras de hasta 600 días. La DGT tarda en promedio entre 56 y 294 días hábiles en completar las actuaciones de control extensivo, alcanzando plazos extremos de hasta 600 días hábiles.
Bajos resultados para corregir incumplimientos y recuperar montos. Los controles para corregir diferencias monetarias permitieron recuperar apenas entre el 1,9% y el 4,7% de los montos previstos en los riesgos analizados. Monto potencial no recaudado ¢87.721 millones (2023-junio 2026).

La Contraloría General de la República emitió el Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al periodo 2027. En este documento se analizan las perspectivas fiscales, el comportamiento de los ingresos y egresos, las normas de ejecución presupuestaria, las asignaciones realizadas a la Caja Costarricense de Seguro Social, el gasto social y el cumplimiento de los principios presupuestarios, entre otros.

Contraloría General de la República
San José, Costa Rica
Cédula Jurídica: 2-200-042154

Última actualización: 10 / 2026
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Comunicados de Prensa

Uso ineficaz del canon limita contribución al desarrollo turístico de Puntarenas

Vocera CGR

Marcela Aragón Sandoval, gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades

CGR señala incumplimientos en contrataciones por excepción en San Carlos

Vocero CGR

Francisco Hernández Herrera, gerente a.i. Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

CGR señala deficiencias en controles para el cobro de impuestos

Vocera CGR

Julissa Sáenz Leiva, gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

CGR emite Informe Técnico sobre el Proyecto de Presupuesto 2027

Vocera CGR

Julissa Sáenz Leiva, gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas

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